Evolución Histórica del Régimen Foral en Navarra y el País Vasco: Del Siglo XIX a la Constitución de 1978

2. Supresión (con matices) de las instituciones públicas navarras y vascas (s. XIX) → Las Guerras Carlistas y la unidad constitucional de la Monarquía Española

Precisamente será en el siglo XIX cuando se produzcan una serie de cambios que afectarían nuevamente al mapa jurídico español, esta vez tanto en su vertiente pública como privada. En efecto, la implantación del ideario liberal era absolutamente contraria al mantenimiento de las antiguas estructuras políticas y jurídicas procedentes del Antiguo Régimen. La nueva forma de entender el mundo aborrecía los privilegios que surgían como consecuencia de la disparidad de legislaciones característica de la etapa precedente.

El choque entre estos dos mundos tuvo su mejor exponente en España en las Guerras Carlistas:

• Por un lado, los partidarios del Infante Carlos María Isidro, predominantes en regiones como Navarra y Vascongadas —aunque también existieron en el resto del territorio—, perseguían el mantenimiento de una sociedad tradicional, anclada en modelos típicos del Antiguo Régimen.
• Por el otro lado, los partidarios de Isabel II eran liberales que pretendían imponer una monarquía constitucional.

La victoria de estos últimos tendrá consecuencias importantes desde una perspectiva jurídica, como la supresión de la mayor parte de las instituciones públicas en Navarra y Vascongadas por su incompatibilidad con el régimen constitucional liberal. Así, el artículo 1 del Convenio de Vergara de 31 de agosto de 1839, por el que se puso fin a la Primera Guerra Carlista, establecía:

Mediante la Ley de 24 de octubre de 1839 se procedió a la confirmación de los fueros en Navarra y las Provincias Vascongadas “sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía” (art. 1), estableciendo su art. 2 que:

De esta forma, Navarra y las tres Provincias Vascongadas no se integrarían plenamente en la organización constitucional de España, concediéndoles una cierta autonomía desde una perspectiva administrativa y tributaria, que es lo que se ha venido en llamar Régimen foral, y que se articuló principalmente a través de:

• La Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 para Navarra.
• La Ley de 19 de septiembre de 1837, los Decretos de 27 y 29 de octubre de 1841 y la Ley de 21 de julio de 1876 para las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Por ello, en atención al mantenimiento de algunas competencias de carácter público basadas en sus antiguos fueros, se suele denominar a estos territorios como “Territorios forales” o “Territorios con régimen foral”. La Ley de 21 de julio de 1876, para que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contribuyan, con arreglo a la Constitución del Estado, a los gastos de la Nación y al servicio de las armas, más conocida como “Decreto Abolitorio de Cánovas”, establece que:

3. La Constitución Española de 1978: el Estado de las Autonomías (art. 148, regla 1.ª) y el “régimen foral” en Navarra y Vascongadas (Disposición Adicional 1.ª)

La creación de las Comunidades Autónomas por la Constitución de 1978 va a suponer, en cierto sentido, la recuperación de las instituciones públicas para nuestros Derechos históricos, como atestigua el artículo 148.1, regla 1.ª, que reconoce que una de las competencias que estas pueden asumir es la de organizar “sus instituciones de autogobierno”, competencias que, por otra parte, también se reconocen al resto de Autonomías.

Sin embargo, la Disposición Adicional 1.ª va un poco más allá y establece un estatus especial para lo que constitucionalmente se conoce como “territorios forales”, es decir, para Navarra y las tres provincias que conforman el País Vasco, porque a lo largo de la Historia contemporánea de España han ejercido de forma continuada un conjunto de competencias de carácter público.