Codificación del Derecho Civil español y relación con los derechos forales

La Codificación del Derecho Civil y su Estructura Actual

Formación Histórica del Derecho Civil Español

El Derecho Civil tiene su origen en el Derecho Romano y se fue desarrollando durante la Edad Media. Posteriormente, en la Edad Moderna, el Derecho Civil se consolidó como un derecho propio de los nuevos estados nacionales. En definitiva, la idea principal de la codificación, como proceso cultural e histórico del siglo XIX, se caracteriza por las exigencias del iusracionalismo y por los ideales liberales que triunfaron con la Revolución Francesa.

Hay que tener en cuenta que la codificación no consiste meramente en recopilar, sino que se trata de que un Código contenga reglas generales que permitan dar una solución jurídica a los supuestos litigiosos que se den. Otro objetivo de la codificación es acabar con la dispersión legislativa, agrupando en un único cuerpo legal las normas que regulan una determinada materia, logrando la uniformidad jurídica. Entonces, la racionalización de la materia jurídica en su conjunto permitió al sistema jurídico tener una mayor claridad y situarse a las estructuras sociopolíticas del momento.

Itinerario Hacia la Codificación Civil Española

El punto de partida de la codificación civil española es el Proyecto de Código Civil de 1851, denominado también “Proyecto Isabelino”. Este proyecto se caracterizó por ser afrancesado y por pronunciarse abiertamente por la unificación de la legislación civil española. Ambas características provocaron su fracaso, aunque posee cierta relevancia en relación con la interpretación de las normas del Código definitivo.

Finalmente, con una Ley de Bases de 1888 se trató de retomar la codificación en España. Sin embargo, este proyecto poseía algunas lagunas, por lo que fue reformado, y ya con un Real Decreto de 1889 se aprobó el Código Civil (CC), dándose lugar al texto articulado definitivo.

Relaciones entre el Derecho Civil General y los Derechos Civiles Forales tras la Constitución

En nuestra nación existen distintas regulaciones civiles y, dado el larguísimo periodo transcurrido sin lograrse un punto de encuentro, nace la denominada “cuestión foral”. Una vez aprobado el Código Civil, este se aplica a la mayor parte del territorio nacional, mientras que en los territorios forales rigen disposiciones de naturaleza civil propias, pero de muy diferente alcance, extensión y significado.

Conclusiones del Panorama Legislativo Histórico

Del panorama legislativo anterior deben extraerse las siguientes conclusiones:

• El propio Código se muestra respetuoso con los derechos forales, garantizando que se conserven “en toda su integridad”.
• La pervivencia de los derechos forales se consideraba provisional.
• Se establecía que los derechos forales no eran paralelos al Código, sino que eran complementos o especificaciones del mismo. Además, existía un respeto por parte del Derecho Civil común en materias concretas de los derechos forales como la familia o las sucesiones.

Dicho punto ha dejado de ser cierto al aprobarse la vigente Constitución de 1978, pues esta permite que en las Comunidades Autónomas (CCAA) existan derechos forales o especiales para su conservación, modificación y desarrollo (art. 149 CE). Dándose así un modelo de Derecho Civil plural, es decir, un ordenamiento civil estatal y una legislación civil autónoma, a partir de la Constitución vigente. También en este artículo se defiende la “diferenciación regional” vinculada al desarrollo de los derechos forales.

Una vez aprobados los Estatutos de Autonomía, los órganos legislativos de las CCAA han comenzado a desarrollar el derecho privado propio de los antiguos territorios forales. La diferenciación normativa va en aumento, incurriendo algunos Parlamentos autónomos en una excesiva recreación de lo que podría considerarse derecho autónomo.

Competencias Estatales y Autonómicas en Materia Civil

En el artículo 149 de la CE se atribuye exclusivamente al Estado la competencia sobre “legislación civil”, aunque existe una excepción, pues se defiende que las CCAA conserven y desarrollen su derecho civil, foral o especial.

Por otro lado, se dice en este artículo que la reserva final es estatal sobre determinadas materias como:

1. Las relaciones jurídico-civiles relativas al matrimonio.
2. La ordenación de los Registros e instrumentos públicos.