Estrategias Ineficaces contra el Delito: Crítica a la Expansión Policial y Penitenciaria

El Debate sobre la Seguridad y el Delito

¿Aumentar el número de policías es la solución?

Quienes abogan por reducir el delito aumentando el número de policías reducen el tema del delito y de la seguridad a un problema de "seguridad policial".

No tiene sentido pretender reducir la violencia y el número de homicidios aumentando la cantidad de personas que andan sueltas con un arma. Además de ser una medida cara que podría contribuir a multiplicar la violencia, se ha observado que el mayor volumen de esta violencia no se encuentra "en los extraños" (de cuyo ataque callejero pudiera defendernos la policía), sino esencialmente en la familia, en las relaciones personales, en las relaciones de género y en las relaciones sociales en general.

Aumentar la policía más allá de la dimensión que le corresponde distorsiona gravemente el sistema de justicia penal, mina seriamente el equilibrio de poderes del Estado y desvía cuantiosos recursos que deberían destinarse a programas de bienestar social.

¿Es viable agravar las penas y aumentar el número de presos?

Si se juzgaran los efectos de la prisión para reducir la criminalidad a partir del panorama observado, deberíamos dudar seriamente de su eficacia y centrar nuestra atención en las razones objetivas que han provocado un aumento tan notable del número de presos en el país en un corto período de tiempo.

No es cierto que la prisión regenere, reeduque o rehabilite. Este fenómeno ha sido estudiado extensamente en países "desarrollados" que cuentan con prisiones sofisticadas, excelente alimentación e higiene, y una alta tasa de personal técnico y de seguridad por interno.

Los criminólogos, psiquiatras y profesionales de las ciencias sociales han concluido que:

• Definitivamente, no es posible socializar para la vida en libertad a quienes están presos.
• Cuanto más tiempo permanece presa una persona, más difícil se hace su posterior reinserción regular en la vida social.

Esto ha motivado a países de Europa y Canadá a realizar grandes esfuerzos para reducir y mantener bajas las tasas de presos, así como para disminuir el tiempo promedio de las penas de prisión.

La ineficiencia económica de la prisión

Que la prisión es una solución ineficiente lo revela la relación entre su costo y el de otras penas posibles no privativas de libertad.

En Costa Rica, el presupuesto anual por preso en 1990 fue de $3.749³⁷.

Para ejemplificar en el caso de Costa Rica, si dividiéramos $3.749 entre los meses del año, podríamos becar con $312 mensuales a muchos de quienes están encerrados y que durante su vida en libertad no solo no pudieron estudiar, sino tampoco satisfacer sus necesidades básicas.

Los estudios de clase de la población penitenciaria determinan que las personas de esa condición social son la inmensa mayoría de los sancionados con prisión. Quienquiera que haya trabajado en el sistema de justicia penal sabe que un empleo regular y un ingreso modesto habrían cambiado la vida de muchos "clientes" del sistema.

Errores de las Respuestas Simplistas (Más Policía, Más Presos)

Las dos respuestas simplistas que acabamos de analizar (aumentar la policía y aumentar los presos) son erradas porque:

1. Ignoran la existencia del sistema penal y actúan solo sobre uno o dos factores o sobre uno de sus segmentos.
2. Ignoran la existencia del más amplio "sistema de política criminal", que en toda sociedad que no desee limitar su política a 'vigilar y castigar', incluye otros componentes sociales además de los que integran el sistema de justicia penal (primordialmente componentes de los sectores estatales de bienestar social y no gubernamentales de los sectores más diversos de la sociedad).
3. Como corolario de lo anterior, omiten la necesidad de una política criminal integral, o bien la reducen a una "política policial" con objetivos y acciones muy limitadas: detener personas para aumentar el número de presos.

La verdadera prevención del delito

Las acciones verdaderamente preventivas del delito son aquellas que lo evitan o reducen su frecuencia, y que actúan antes e independientemente del sistema de justicia penal.