España: el camino hacia la democracia (1975-1979)

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La Transición Española a la Democracia

La Transición política española se refiere al proceso de desmantelamiento de la dictadura franquista, que se desencadenó tras la muerte de Franco en 1975 y culminó con el establecimiento de un régimen democrático. La Constitución de 1978 es la expresión jurídica de este cambio político.

El Papel del Antifranquismo en la Transición

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado Jefe del Estado, con el título de Rey. Arias Navarro fue confirmado como presidente del gobierno y formó un nuevo gabinete con Fraga y el monárquico José María de Areilza. Este gobierno demostró ser incapaz de llevar a cabo cualquier reforma democrática, no yendo más allá de aprobar leyes sobre el derecho de reunión o de asociación sin partido político.

Ante esta inacción, la oposición democrática, que defendía la ruptura democrática y una alternativa unitaria entre todas las fuerzas antifranquistas, inició movilizaciones reivindicativas. Surgieron plataformas como la Asamblea de Cataluña (en 1971), la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática.

Movilizaciones Populares

Las movilizaciones populares incluyeron reivindicaciones de libertades, amnistía, autonomía para las regiones, la liberación de los presos políticos del franquismo y la resolución de conflictos laborales.

La Reforma Política

Los llamados "inmovilistas" del régimen no aceptaban otra opción que la represión policial o la acción de bandas o grupos paramilitares. Sin embargo, los reformistas, alarmados por la respuesta de la oposición antifranquista, preocupados por la incapacidad del gobierno de Arias Navarro y con el visto bueno de la propia monarquía, se esforzaron por desplazar del gobierno a los inmovilistas. El proyecto reformista planteaba un cambio a partir de las leyes vigentes y sin una ruptura drástica con el pasado.

El 30 de junio de 1976, Arias Navarro se vio obligado a dimitir. Le sustituyó Adolfo Suárez, un joven reformista del Movimiento Nacional, que conectaba con las pretensiones de la Corona. Suárez formalizó contactos con la oposición democrática y adoptó decisiones significativas, como proponer la Ley de Reforma Política, aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las propias Cortes franquistas.

La Ley de Reforma Política (LRP)

  1. Proclamación de la democracia.
  2. Soberanía popular.
  3. Creación de un Congreso de los Diputados y un Senado.
  4. Sufragio universal.
  5. Concurso de partidos políticos.

Esto marcó el principio del desmantelamiento del franquismo. La aprobación de la LRP fue un proceso complejo, posible gracias a la fuerza reformista de la monarquía y al apoyo de la mayoría de procuradores en Cortes a la propuesta de no exigir responsabilidades a los implicados en la dictadura y mantener la ilegalidad de la izquierda comunista. En definitiva, representaba una transición sin riesgo, a la que solo se negó el "búnker" franquista.

Las Elecciones Democráticas

Se produjo la progresiva legalización de partidos políticos y sindicatos, el restablecimiento de libertades y el desmantelamiento de las organizaciones franquistas. Este proceso provocó acciones de violencia ultra y la actividad de grupos terroristas como el GRAPO o ETA. El 9 de abril de 1977 se legalizó el Partido Comunista de España (PCE).

Se anunciaron elecciones para junio de 1977, con los siguientes candidatos principales: Adolfo Suárez (Unión de Centro Democrático - UCD), Manuel Fraga (Alianza Popular - AP), Felipe González (Partido Socialista Obrero Español - PSOE) y Santiago Carrillo (PCE).

Las elecciones del 15 de junio dieron la victoria a la UCD. El PSOE se convirtió en la segunda fuerza política, mientras que el PCE y AP quedaron muy lejos de sus expectativas.

La Constitución de 1978

La izquierda obtuvo una importante representación parlamentaria, lo que evidenció la necesidad de abordar un proceso constituyente. Se optó por elaborar un texto de consenso entre las fuerzas parlamentarias, para lo cual se formó una ponencia constitucional de siete miembros.

El resultado fue un texto constitucional que declaraba a España como un "Estado social y democrático de derecho", organizado como una monarquía parlamentaria. La Corona tendría funciones representativas y el ejército quedaría sometido al poder civil. Se estableció el carácter no confesional del Estado, se abolió la pena de muerte y se incluyó un amplio capítulo de derechos sociales y económicos. La Constitución consagró el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, reconociendo como lengua oficial el castellano y las demás lenguas españolas. Se configuró así una constitución políticamente progresista.

Aprobada en el Congreso y en el Senado, la Constitución fue presentada en referéndum a los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978 y posteriormente promulgada. Poco después, las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones en 1979.

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