La Dictadura de Primo de Rivera: Orígenes, Desarrollo y Política en España

El Ascenso y Consolidación de la Dictadura de Primo de Rivera en España (1923-1930)

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lideró un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional. El profundo malestar del ejército, la indecisión del gobierno y la falta de confianza del rey Alfonso XIII en el sistema constitucional de la Restauración, desprestigiado y sumido en una profunda crisis, facilitaron que el golpe militar no hallase prácticamente oposición.

Primo de Rivera hizo públicas sus intenciones en un manifiesto. Presentó la dictadura como un régimen transitorio y afirmó que una vez extirpados los males del país se retornaría a la normalidad constitucional. Imbuido de regeneracionismo, en una versión simplista y manipulada de la teoría de Joaquín Costa del «cirujano de hierro», anunció su propósito de resolver los graves problemas que padecía la sociedad española: liberar al país de la «vieja política», destruir el caciquismo, poner fin al desgobierno y la subversión social, y a la amenaza del separatismo.

La opinión pública, en general, lo acogió favorablemente o se mostró pasiva. El golpe contó con el apoyo de los sectores empresariales, de los principales bancos nacionales y de la Iglesia. Los republicanos no se opusieron y las organizaciones socialistas, PSOE y UGT, se mantuvieron a la expectativa. Solo los anarquistas y los comunistas manifestaron su repulsa e hicieron llamamientos a la huelga general, pero no tuvieron respuesta popular.

El 15 de septiembre, el rey Alfonso XIII encargó a Primo de Rivera la formación de un nuevo gobierno y le concedió el cargo de presidente y de ministro único (Directorio Militar).

El Directorio Militar (1923-1925)

Primo de Rivera acometió su gran proyecto regeneracionista: liquidar la vieja estructura de poder de la Restauración y organizar el nuevo régimen, mediante una reforma de la administración que destruyese el caciquismo. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares y se creó la nueva figura de los delegados gubernativos, también militares, que ejercieron el control de los nuevos ayuntamientos. Los ayuntamientos fueron disueltos y sustituidos por juntas de «vocales asociados» elegidos por los mayores contribuyentes estrechamente vinculados al sistema caciquil.

La aprobación del Estatuto Municipal (1924) inició en la práctica la formación de una nueva administración adicta y centralizada, y el «descuaje» del caciquismo se limitó a perseguir a los no adictos al régimen. Lejos de desaparecer, el viejo caciquismo simplemente cambió de forma. También las diputaciones fueron disueltas y los nuevos diputados provinciales fueron designados por los gobernadores.

En Cataluña, ayuntamientos y diputaciones cayeron en manos de personajes fieles al régimen, y con el Estatuto Provincial (1925) desapareció la Mancomunidad. Ello significó la ruptura definitiva, no solo con el catalanismo conservador de la Lliga Regionalista, sino con la realidad catalana, lo que potenció el nacionalismo radical e incluso separatista.

El Directorio Civil (1925-1930)

Resuelto el problema del orden público y solucionada con éxito la cuestión marroquí, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil, con la clara intención de permanecer en el poder. Se rodeó de políticos de derechas, como José Calvo Sotelo o Eduardo Aunós.

En esta segunda fase de la dictadura, el Directorio Civil, se afirmó la voluntad de construir un régimen inspirado en las dictaduras autoritarias y de corte corporativo de la Europa de entreguerras.

Con el fin de consolidar el régimen, se impulsó desde el poder la formación de un gran partido de derechas, la Unión Patriótica, creada en 1924. Carente de un programa y una ideología definida, nunca logró convertirse en un partido moderno y potente y fue solo un instrumento de propaganda gubernamental. Sus primeros impulsores procedieron del catolicismo político y social, del que surgieron «nuevos políticos», en muchos casos de ideas antiliberales. Pero la mayoría de los afiliados eran funcionarios y pequeños y medianos propietarios rurales.

En 1926 Primo de Rivera anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar una nueva constitución. En 1927 se reunió dicha Asamblea, compuesta por representantes del Estado y de los distintos niveles de la administración, de representantes de Unión Patriótica y de las diversas actividades y clases sociales. De sus 400 miembros, dos tercios fueron designados por el gobierno. Además de estar bajo el control del gobierno, sus funciones eran meramente consultivas.

La oposición de los viejos políticos dinásticos, la negativa de los socialistas a seguir colaborando y la actitud reticente del rey, paralizaron el proyecto de Estatuto Fundamental de la Monarquía (nombre que se dio a la constitución) y aceleraron la oposición al dictador.

Política Económica y Social durante la Dictadura

La política económica de la dictadura se benefició de la coyuntura expansiva internacional de los años veinte. Se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico, cuyos objetivos fueron regular e impulsar la industria nacional mediante unos elevados aranceles proteccionistas, la concesión de ayudas a las grandes empresas y el aumento del gasto público. También creó grandes monopolios estatales, como la Compañía Arrendataria de Petróleos S.A. (CAMPSA), a la que concedió en exclusiva la importación, refinado, distribución y venta del petróleo y la gasolina, y la Compañía Telefónica Nacional de España.

El fomento de las obras públicas (construcción de embalses, carreteras, ferrocarriles, puertos) fue uno de sus aspectos más destacados. En 1926 se crearon las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento de los ríos, tanto para el regadío como para la producción de energía eléctrica. Se extendió la electricidad al mundo rural, se electrificó parte de la red de ferrocarriles y se construyeron casi 10.000 km de carreteras.

Esta política de gasto público no se acompañó de una reforma fiscal que aumentase los ingresos, lo que incrementó el déficit presupuestario y obligó a una emisión constante de deuda pública.

La escasa conflictividad social del período de la dictadura se explica en parte por la represión, en particular de los anarquistas, pero también por otros dos factores: en primer lugar, el desarrollo de una amplia política social (construcción de viviendas baratas, creación de escuelas, servicios sanitarios, protección a la emigración); en segundo lugar, influyó el nuevo modelo de relaciones laborales, el sistema corporativo, basado en la intervención del Estado y en la integración de las organizaciones obreras moderadas y reformistas.

La base de la Organización Corporativa Nacional eran los «comités paritarios» de cada uno de los oficios, formados por igual número de vocales obreros y patronos. A diferencia del sistema corporativo del fascismo italiano, se reconocía el principio de libertad de sindicalización. El objetivo de los comités era resolver pacíficamente los conflictos mediante la negociación, y tenían atribuciones sobre cuestiones laborales tales como la reglamentación del trabajo, los contratos y la asistencia social.

Su puesta en práctica contó con la decisiva colaboración de los socialistas, que lo consideraron ventajoso para mantener y consolidar tanto al partido como al sindicato. Pero un sector minoritario opinaba que esa colaboración dañaría el prestigio de los socialistas.

A partir de 1926, la dictadura empezó a perder apoyos y arreciaron las críticas y la oposición, de las que no se libró Alfonso XIII.

Uno de los problemas más graves fue el conflicto militar. Se produjo cuando Primo de Rivera trató de llevar a cabo algunas reformas militares. Partidario de los ascensos por méritos de guerra, aprobó una norma general que suprimía los ascensos por estricta antigüedad. Ante la