Desamortizaciones y Periodo Revolucionario en España (1836-1875)

Desamortizaciones del Siglo XIX

Desamortización de Mendizábal (1836)

La puesta en práctica del decreto de D. Mendizábal (1836) trajo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y removió la opinión pública, quedando en la historia contemporánea como la Desamortización por antonomasia. Ante la mala situación de Hacienda, calificada entonces de espantosa, Mendizábal juzgó que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación, y estas no eran otras que los bienes del clero regular. De esta forma, tierras, casas, monasterios y conventos, con todos sus enseres, quedaron en manos del Estado y se subastaron. Al año siguiente (1837), otra ley amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular (los de las catedrales e iglesias en general). Con la Desamortización se pretendía lograr varios objetivos a la vez: ganar la guerra Carlista, eliminar la deuda pública, atraerse a los liberales, poder solicitar nuevos préstamos y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica. Así, la Iglesia sería transformada en una institución del nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y subvencionar el culto.

Desamortización de Madoz (1855)

El 1 de mayo de 1855, el Ministro de Hacienda, Madoz, sacó a la luz su Ley de desamortización general, que se prolongó hasta 1924. El procedimiento utilizado fue una copia del de Mendizábal, pero con claras diferencias:

• El dinero obtenido fue dedicado a la industrialización del país y a la expansión del ferrocarril.
• El Estado no era el propietario, sino los ayuntamientos.

En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiada, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue mucho mayor que la de Mendizábal.

Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

A. de Saboya ocupó el trono desde enero de 1871 hasta febrero de 1873, dos escasos años en los cuales tuvo que enfrentarse a graves dificultades desde el momento de su coronación. Pocos días antes de su llegada, su principal valedor, Prim, fue asesinado por un anarquista. Con este asesinato, el nuevo gobierno de España perdió a la persona que, de hecho, estaba interviniendo entre las diferentes fuerzas políticas. La inestabilidad política y las disensiones entre los partidos gobernantes se manifestaron en las tres elecciones generales y los seis gobiernos diferentes que hubo durante este breve reinado. Además, existía una oposición al régimen por parte de los carlistas, quienes se habían levantado en armas en 1872; los alfonsinos, dirigidos por Cánovas del Castillo y partidarios de que el hijo de Isabel II, Alfonso, fuera el rey; y también los republicanos, contrarios a toda forma de monarquía, quienes protagonizaron diversas insurrecciones armadas en Andalucía y Cataluña. En estas insurrecciones se mezclaron reivindicaciones populares como el reparto de tierras, la abolición de las quintas y de los impuestos de consumos, manifestándose la falta de apoyo entre el pueblo, que no aceptó al nuevo monarca. Ante esta situación, Amadeo de Saboya abdicó y las Cortes, en una reunión de ambas no prevista en la Constitución de 1869, proclamaron la Primera República el 11 de febrero de 1873.

Primera República Española (1873-1874)

La asamblea nombró a Figueras como presidente del ejecutivo de una república unitaria, pero inmediatamente chocó con los republicanos federales. Su principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva Constitución, habiendo graves problemas de por medio: una Hacienda exhausta, una incipiente guerra carlista en el norte, el problema de Cuba y un ejército inclinado al moderantismo. Pronto surgieron, entre los republicanos federales, discrepancias sobre cómo debía organizarse la España federal. Los transigentes, que constituían la mayoría, consideraban primordial conseguir el orden social para luego proceder a la construcción de la federación "desde abajo", lograda la cual, llegaría la paz y el orden.

El proyecto constitucional de los intransigentes fue rechazado y estos se retiraron de las Cortes. Este fue el punto de partida de una revolución cantonal que comenzó en Cartagena y se extendió por las ciudades del sur y levante peninsular. Las clases populares creyeron encontrar en el federalismo la panacea de sus males, por ello seguían a los intransigentes que querían acabar con el centralismo. Pi y Margall dimitió, sucediéndole Salmerón. Este se limitó a restablecer militarmente el orden y a reprimir los movimientos obreros internacionalistas. El programa del nuevo presidente, Castelar, se redujo a restablecer el orden. El giro a la derecha de Castelar y su llamada al ejército para que mantuviera el orden llevaron a los diputados de izquierdas a procurar su dimisión para que la República virara de nuevo hacia la izquierda. Este intento fue interrumpido por el golpe de Estado del general Pavía, quien con fuerzas de la Guardia Civil disolvió las Cortes Constituyentes, finalizando así, de hecho, la Primera República.

Restauración Borbónica (1874-1875)

A lo largo de 1874, el gobierno de Serrano restableció el orden público, tomando medidas excepcionales: disolución de los internacionalistas, limitación del derecho de asociación, represión de los republicanos y sus órganos de expresión. También se propuso finalizar la guerra carlista. Sin embargo, el gobierno carecía de apoyos sociales; los republicanos unitarios y el partido alfonsino no colaboraron con él. Y mientras tanto, la causa del hijo de Isabel II, Alfonso, promovida por Cánovas del Castillo, avanzaba y recibía constantemente a los tránsfugas de la Revolución de Septiembre. Finalmente, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto en 1874 a favor de la restauración de la monarquía, que se produciría ya en 1875 con Alfonso XII.