Desamortización en España: Transformación y Consecuencias (1766-1924)

Desamortización en España (1766-1924)

Concepto

La desamortización en España fue un proceso histórico que abarcó desde 1766 hasta 1924. Consistió en la enajenación de propiedades, principalmente de entidades civiles y eclesiásticas (fincas, archivos, bibliotecas, monasterios, etc.), que no circulaban en el mercado libre. El Estado las convirtió en propiedades privadas que podían ser compradas y vendidas según la oferta y la demanda.

Las desamortizaciones fueron un factor clave en la introducción del sistema liberal en la economía española, extendiendo la propiedad privada y el capitalismo. Los objetivos principales eran:

• Asegurar el apoyo de la burguesía, beneficiada por la adquisición de propiedades.
• Disminuir el poder de los estratos sociales antiliberales.
• Amortizar la deuda pública y cubrir las necesidades de la Hacienda.

Características de las Desamortizaciones

Las desamortizaciones buscaban sanear la Hacienda pública, permitiendo a los contribuyentes pagar impuestos, bajo el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares constituye la riqueza de la nación.

Durante la Ilustración, las medidas para enriquecer la nación a través del comercio y la industria fracasaron por la falta de consumidores. La mayoría de la población, campesina, vivía en una economía de subsistencia y sometida a una doble fiscalidad. Para que estos campesinos pudieran contribuir a la Hacienda, debían convertirse en empresarios y propietarios de sus tierras. El Estado debía eliminar los obstáculos para lograrlo.

En 1766, se inició un expediente para elaborar una Ley Agraria. El resultado evidenció la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras en manos muertas (señoríos, Iglesia, Ayuntamientos), que no podían venderse y no generaban riqueza. La solución fue que el Estado subastara esas tierras.

Las desamortizaciones fueron procesos políticos y económicos de larga duración. El Estado convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos del patrimonio de entidades civiles y eclesiásticas, incluyendo fincas rústicas y urbanas, derechos censales y patrimonio cultural. El objetivo era instaurar la propiedad libre y desarrollar el capitalismo en el campo. La entrada de bienes en el mercado se realizó mediante subastas al mejor postor y redención por el censatario.

Etapas de las Desamortizaciones:

• Primera etapa (1766-1798): Venta de bienes de los jesuitas y la desamortización de Manuel Godoy (hospitales, escuelas, etc.).
• Segunda etapa (1808-1823): Desamortización impulsada durante la Guerra de la Independencia por la administración de Bonaparte y las Cortes de Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción de monasterios y conventos).
• Tercera etapa (1834-1854): Desamortización de Mendizábal y Espartero, con el despojo patrimonial de la Iglesia y la desaparición de monasterios y conventos.
• Cuarta etapa (1855-1924): Iniciada con la Ley General de 1855, fue la más importante en duración y ventas.

La privatización de fincas rústicas afectó a una gran extensión del territorio. El cometido financiero se cubrió con las cantidades recaudadas. La burguesía capitalizó las fincas de mayor extensión, mientras que campesinos y colonos tuvieron menos acceso a la propiedad. La desamortización de fincas urbanas transformó el modelo de ciudad del siglo XIX, pasando de la ciudad conventual a la ciudad burguesa, con crecimiento en altura, nuevas vías y edificios públicos. Los edificios restantes se usaron para fines parroquiales o fueron demolidos. El patrimonio mueble se reservó para los museos.

Desamortización de Mendizábal

Mendizábal, ante la situación financiera precaria y el aumento de la deuda pública, liquidó la deuda mediante la venta de bienes nacionales. Suprimió los conventos y monasterios con menos de doce individuos, destinando sus bienes al mismo fin.

La primera ley desamortizadora (1836) aprobó la venta de bienes de comunidades religiosas y la supresión de institutos monásticos, excepto los destinados a servicios públicos o monumentos. El objetivo era disminuir la deuda pública. Mendizábal creía que facilitar el acceso de los campesinos a la tierra mejoraría la estabilidad social. Aunque muchos capitales estériles entraron en circulación, la subasta no tuvo el éxito esperado debido a la condena pontificia.

La segunda ley desamortizadora (1837), ante el fracaso de la primera en sanear la Hacienda, suprimió los diezmos y declaró bienes nacionales casi todos los del clero secular. Sin embargo, su aplicación fue nula.

Oposición a Mendizábal

Flórez Estrada, entre los progresistas que se opusieron a Mendizábal, se declaró partidario de la desamortización, pero contrario al sistema del ministro de Hacienda. Su preocupación era social, buscando mejorar la condición de las clases rurales y el proletariado agrario. Propuso arrendar por 50 años las tierras a los colonos que las trabajaban para la Iglesia, con posibilidad de renovación. Esta propuesta beneficiaba al Estado, que mantenía la propiedad y podía invertir las rentas en el pago de deudas. Además, advertía que solo los especuladores se beneficiarían del sistema de Mendizábal.

Resultados de la Desamortización de Mendizábal

La desamortización no fue una revolución agraria. Las regiones con pequeña y mediana propiedad mantuvieron su estructura, pero en las regiones con condiciones favorables para el cultivo a gran escala, la propiedad se concentró aún más. Grandes propietarios y burgueses adquirieron las fincas subastadas, surgiendo propietarios locales que se incorporaron al latifundismo y arrendaron sus tierras, lo que provocó revueltas por el reparto de la tierra en el siglo XIX. Aunque la desamortización incrementó la productividad rural, la deuda pública aumentó incluso antes de terminar la guerra.

Desamortización de Madoz

La Ley de 1855 de Pascual Madoz buscaba la desamortización general de los bienes de manos muertas de menor entidad. La reina se resistió a firmarla por el perjuicio a la Iglesia, lo que enturbió las relaciones entre España y el Vaticano. El importe de las ventas debía financiar obras públicas, pero se usó para subvencionar compañías ferroviarias. Narváez suspendió la ley en 1856, pero O'Donnell la restableció en 1858, excluyendo los bienes de la Iglesia. En 1860, el gobierno español prometió a la Santa Sede no vender ni comunicar bienes, reconociendo a la Iglesia la capacidad de adquirir y retener propiedades, derogando la Ley de Madoz en lo que se opusiera al convenio.

Valoración

La desamortización fue una medida controvertida que afectó a diversos aspectos de la vida social y económica del país (derecho, hacienda, agricultura). Fue una oportunidad perdida para repartir la tierra entre los campesinos y transformar la agricultura española. Aunque la propiedad de la tierra cambió de manos, el campesinado no pudo comprarla. La necesidad de obtener dinero benefició a quienes tenían medios para comprar, despojando a los campesinos.