Derecho Procesal Romano: Órdenes, Acciones y Procedimientos Judiciales

Derecho procesal romano

El derecho procesal es el conjunto de normas relativas para hacer valer el derecho y así mantener la paz. Los juicios pueden ser privados (particulares) y su aprovechamiento privado de las cosas, presidido por uno o varios jueces, o públicos (políticos y criminales), con tribunales especiales y magistrados.

Formas de organización de los juicios

Los juicios se organizaron de dos formas diferentes:

• Ordo iudiciorum privatorum: dos fases: in iure (ante el magistrado) y apud iudicem (ante el juez privado).
• Extra ordinem: ante magistrado-juez.

Sistemas procesales

• Legis actiones
• Per formulas (o.i.p.)
• Cognitio extra ordinem

Las legis actiones

Las legis actiones más antiguas son la sacramentum in rem (para apropiarse de algo suyo) y la manus iniectio (para apoderarse de algo del deudor), que perduró como acción de ejecución cuando la reclamación contra los deudores pasaba por un trámite previo de juicio declarativo, también fundado en una especie de sacramentum.

Las XII Tablas son una de las legis actiones. El demandante iniciaba la causa oralmente y, si el demandado no satisfacía al demandante, se designaba a un juez o un árbitro (si hubiese que dividir). Las XII Tablas concedían esta acción para reclamar deudas nacidas de la sponsio, dividir herencia o dividir copropiedad según la Lex Licinia. Después, la Lex Silia para reclamar certa pecunia y la Lex Calpurnia para certa res.

En esta forma de litigar, el demandante no indicaba la causa de la reclamación y pedía la comparecencia a los 30 días para elegir al juez. Esta reclamación por condictio parece imitada de las antiguas reclamaciones contra pueblos extranjeros.

La Lex Ebutia y la Lex Iulia iudiciorum privatorum

La Lex Ebutia permitió la forma escrita. Mientras las legis actiones siguen, imitando procesos extranjeros, las legis actiones desaparecen con la Lex Iulia iudiciorum privatorum, y las leyes municipales ya que Augusto reconoció la legalidad del procedimiento por escrito.

Se redactaba la fórmula previa comprobación de la deuda y su estimación. Si no es pecuniaria, así se generaliza el procedimiento formulario. También surge el procedimiento cognitorio y surgen los jueces-magistrados.

El procedimiento formulario

El procedimiento formulario es el utilizado durante la época clásica y el Alto Imperio. Se generaliza el procedimiento cognitorio y el formulario queda como minúsculo; el procedimiento se centra en el procedimiento formulario.

Juicios legítimos: en Roma, cives romanos y juez privado único; caduca en 18 meses. Si falta uno de esos requisitos, se trata de un quod imperio continet, que caduca con lo que resta del gobierno del pretor. Esto según la Lex Iulia.

Las dos partes del proceso

• Declarativa: afirma la existencia de un derecho ante el pretor (in iure) o ante el juez privado (apud iudicem).
• Litis / ejecutiva: fuerza el cumplimiento de la sentencia. Solo si no se cumple la declarativa; tampoco se necesita si la sentencia es condenatoria o absolutoria.

El acto jurídico más importante: la acción

La acción es la actuación encaminada a resolver una controversia y corresponde a una fórmula del edicto, redactadas abstractamente porque son casuísticas.

• La decisión definitiva se llama iudicatum, fundada en la opinión del juez privado; es la sententia.
• El que la efectúa es el actor y el demandado es el reus (defensor).
• El objeto del litigio es la res de qua agitur.
• Se identifica: actio con la acción personal, petitio con la acción real y persecutio para la acción extra ordinem.

El magistrado puede intervenir para autorizar la reclamación o para prohibirla durante su magistratura.

Fórmulas procesales

Las fórmulas procesales se caracterizan por su tipicidad. El juez condena si se da un determinado supuesto y, si no, absuelve. En cabeza aparece la nominatio iudicis o recuperatores.

Intentio

Es la parte ordinaria de la fórmula, en la que el demandante expresa su pretensión jurídica. Cuando el objeto es certa (determinado): pecunia (acción personal), res (personal o real).

• En las acciones personales, el demandado aparece en la intentio porque el deudor es determinado.
• En las acciones reales se dirige contra cualquier persona que perturbe el derecho real del demandante; por eso aparece en la condemnatio.
• Puede caer en una plus petitio y así perder el litigio y la reclamación. Esta puede ser: re (pedir demasiado), tempore (antes del tiempo) o causa.

Incerta (indeterminada): necesita demostración que indique la causa de reclamación; el juez debe averiguar todo lo que el deudor debe.

Demonstratio

• Acciones causales: formula que expresa la causa de la reclamación, por lo que hay demonstratio.
• Acciones abstractas: no expresan la reclamación, sino el derecho pretendido; no hay demonstratio.

Acciones de buena fe y de derecho estricto

• De buena fe: permiten al juez mayor arbitrio para conocer el caso y dictar sentencia. Son los contractuales de compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad y depósito, y de tutela, y también los de fiducia y de dote.
• De derecho estricto: el juez está atado por la fórmula.

Adiudicatio

Son acciones para dividir una cosa común. El juez, para crear derecho, necesita autorización del pretor. La condena es complementaria. Son acciones dobles: la sentencia crea derecho. Pueden ser:

• Familiae erciscundae: para dividir el reparto por sucesiones familiares.
• Communi dividundo: para dividir copropiedades distintas de la familiae erciscundae.
• Finium regundorum: acción de deslinde de fincas.

Condemnatio

• Certa: implica una cantidad de dinero determinada.
• Incerta: cuando el objeto no es pecuniario, hay que hacer una litis aestimatio para determinar su valor. Aquí la estimación del juez actúa como árbitro.

La litis aestimatio puede referirse: al momento del delito (en las acciones penales), al momento de la litis contestatio (en las acciones personales de dar la propiedad de una cosa determinada), o al momento de la sentencia o al arbitrio del juez. Por ejemplo, en las acciones de buena fe el juez puede determinar el interés del demandante, es decir, lo que pasaría si el deudor hubiese cumplido su parte, o el perjuicio del incumplimiento. A veces se puede pedir más del valor, teniendo en cuenta el valor personal de un objeto.

Se utiliza en las acciones reales, la actio ex interdicto y las acciones personales de restitución. Esto se hace a partir de una declaración jurada del demandante llamada iusiurandum in litem; aun así, puede haber un tope fijado en la fórmula llamado cum taxatione. El iusiurandum sirve para coaccionar la devolución del objeto, y por eso la condemnatio se supedita a una cláusula arbitraria: si no restituye, paga. Al pagar adquiere la propiedad bonitaria.

Beneficium competentiae

La condemnatio puede ser limitada por la fórmula en casos como el beneficium competentiae, es decir, según el grado de solvencia del deudor. Este beneficio favorece a los ascendientes y patronos, a los maridos frente a la actio rei uxoriae o las demás deudas de la mujer, a la mujer que prometió constituir una dote, al que prometió donar, al socio omnium bonorum, al hijo de familia que no hereda las deudas paternas y al deudor que hizo cessio bonorum, y quizás a los militares.

También existe la condemnatio bonum et aequum, que da al juez mayor libertad. Hay acciones por el lucro obtenido. Si se trata de un bonorum emptor, la condena se hace con una deductio de los créditos recíprocos.

Acciones pretorias

Según la intentio, encontramos:

• Acciones civiles: derivan de las legis actiones.
• Acciones in factum: las publica el pretor en sus edictos; estas pueden modificar una acción civil o crear una ley ex novo.

Pueden ser:

• Ficticias: el pretor manda al juez fingir algo que no existe para que sea más justo.
• Útiles: las acciones que el pretor extiende a nuevos casos mediante una fórmula.
• Rescisorias (iudicia rescissoria): tipo especial en el que el pretor elimina algo del edicto por injusto. Anuncia en el edicto que rescindirá el acto y después decide mediante decretos la rescisión. Las consecuencias directas e indirectas se valen por expedientes pretorios.

Los perjuicios se restituyen por estas restitutiones in integrum: intimidación y engaño, capitis deminutio por arrogación o manus, negocio con menor de 25 años, ausencia, error, enajenación de cosa litigiosa y otros supuestos que considere el pretor. Una exceptio también puede anular el acto.

Transposición de personas

En la condemnatio aparece una persona distinta que en la intentio. Por ejemplo, alieni iuris → sui iuris.

Actio in factum

El pretor sanciona el inconveniente aunque no esté en el ius civile; no tiene intentio porque no es un derecho que pida el demandante, sino una indicación. Así no pueden darse ficción ni transposición de personas. El pretor las podía poner en el edicto.

• In factum conceptae: se refieren a esos inconvenientes y se miran a la intentio para saber si hubo pretensión jurídica.
• In ius: las que hacen referencia a una pretensión jurídica.

Partes extraordinarias de la fórmula

• Praescriptio: el demandante precisa su pretensión jurídica; puede servir para no caer en la plus petitio y es a favor del demandante.
• Exceptio: el demandado alega nuevos hechos que anulan los del demandante. Cuando se anula el procedimiento per formulas, se entiende por excepción la alegación ante el juez del hecho que no tiene en cuenta si no se alega. Se basa en excepciones; si el demandante tiene algo más que añadir, hay replicatio y triplicatio.

El derecho pretorio suele tener actuar ope exceptionis, que puede tener origen en un senadoconsulto, en una ley, en la exceptio pacti, etc. En los pactos (exceptio pacti) y la exceptio doli; en los juicios de buena fe no tienen excepciones, ya que pasan directamente a la fase apud iudicem.

La excepción siempre se refiere a un hecho, aunque aparentemente se refiera al ius que justifica el hecho de la tenencia del demandado.

El magistrado puede coaccionar indirectamente la redacción de la fórmula, porque puede denegar la acción y la excepción, algo que el juez no podrá evitar, pues su función es comprobar los hechos y dar su opinión.

Recurso complementario de la jurisdicción pretoria

• Actionem dare: el pretor da la fórmula con el nombre del juez y el planteamiento de la acción.
• Dicere: instrucciones del pretor para el correcto funcionamiento del litigio.
• Addicere: declaraciones constituyentes de derecho a favor de los litigantes.

Las decisiones del pretor son objeto de decreta. Muchas veces el pretor no sentenciará hasta haber conocido el hecho mediante una causae cognitio (causa cognita).

Otras medidas pretorias

• Stipulationes pretoriae: promesas que el pretor exige en caso de incumplimiento de una acción; en estos casos la coacción es indirecta.
• Missio in possessionem: medida preventiva para preservar derechos. El embargo puede ser completo o parcial; el que adquiere esos bienes se llama missus. Hay interdictos que lo favorecen, como el de dejarlo pasar al inmueble embargado, y contra quien lo impide, la actio in factum.

Cuatro tipos de embargos:

1. Missio in bona: embargo para luego subastar.
2. Legatorum servandorum gratia: como coacción para obtener una cautio.
3. Ventris nomine: a favor de la madre, para asegurar derechos del nasciturus.
4. Damni infecti nomine: para prevenirse de perjuicios que pueda producir una obra en el fundo vecino.

Interdictos

Son órdenes del pretor para conseguir que se respeten las situaciones de hecho y de apariencia jurídica, para evitar que se tome la justicia por su mano. También hay interdictos que defienden la propiedad pública, por ejemplo, el interdicto contra la construcción en suelo público.

Hay tres tipos de interdictos:

1. Prohibitorios: el pretor prohíbe que mediante la violencia se altere la situación de hecho.
2. Restitutorios: se exige volver una cosa a como estaba antes.
3. Exhibitorios: se exige que se exhiba algo.

Se publican en los edictos y se expresan con pronombres. Cuando no se cumplen, se puede crear una actio ex interdicto para que el juez condene pecuniariamente al infractor.

El antiguo proceso interdictal tenía dos juicios: de indemnización por incumplimiento, que consistía en una actio in factum y arbitraria; y de pena por incumplimiento, que se hacía mediante una serie de promesas: si es culpable el demandante hace una sponsio y si es el demandado hace una restipulatio.

Existen interdictos dobles, en los que una persona es demandante y demandada a la vez. Además, existen los interdictos populares, que pueden ejercerlos cualquier ciudadano sin necesidad de hallarse en una relación con el objeto del interdicto.

Proceso in iure

Se desarrolla ante el pretor y termina con la litis contestatio. Para iniciarlo, ambas partes deben estar ante el pretor; para eso existen medidas para coaccionar al demandado, pues no se le puede sacar de su domicilio.

El demandante tiene que hacer la in ius vocatio, informándole sobre la citación y los medios que dispone contra él. Basta con una promesa de que acudirá (vadimonium) y, a veces, debe prometer que no actuará con dolo y que cumplirá la sentencia (cautio iudicatum solvi). Cuando no se cumplen estas dos, hay indefensio, que puede ser castigada con embargo.

La missio in bona puede darse cuando el demandado se esconda para no ser citado, o una vez citado se niegue a comparecer. Tiene carácter preventivo. Cuando la indefensión es sobre un inmueble o sobre la herencia, procede una missio in possessionem sobre lo reclamado. Si no se defiende ante una vindicatio servitutis, se le pueden imputar cautios. Si se trata de una acción real sobre un mueble, se entregará este mismo al demandante; si no está presente, la actio exhibitoria implica una missio in bona si no es aceptada o si dejó dolosamente de poseerla. Si alguien impide acudir al demandado, procede la actio in factum.

El demandado ya conoce los hechos por los que se le imputa antes de presentarse ante el pretor (editio actionis), que debe renovarse ante el magistrado antes de pedirle que le dé la acción deseada.

Capacidad de las partes

Antes de comenzar, el pretor comprueba si las personas son aptas para el proceso: sui iuris (incluso extranjeros); no los esclavos. Los hijos pueden actuar, no en lo relativo a su peculio castrense o con la actio iniuriarum, en ausencia del padre y de las personas que lo representen. También tienen capacidad pasiva cuando sus padres no los defienden, y la hija puede reclamar su dote.

Los incapacitados, sordos, mujeres y ciegos deben ser representados. En los juicios divisorios, los copropietarios deben asistir de forma voluntaria, salvo división de esclavo o decisiones sobre un tutor.

Los representados pueden ser representados por:

• Cognitor: se nombra solemnemente delante del adversario y lo que ocurra en el juicio se atribuye al representado.
• Procurator: carece de esta solemnidad o se ofrece por su propia iniciativa; lo que ocurra en el juicio afectará indirectamente al representado (ej., tutor o curador-actor de empresa). Si el procurator es demandante, debe dar una cautio de rato asegurando que el representado cumplirá la sentencia y no reclamará. Si es cognitor, la acción se consume y la acción ejecutiva se dará a favor del representado.

Cuando el representado es el demandado, la acción se consume, la condena y la acción ejecutiva se dirigirán contra el representado por un cognitor, y en cuanto al procurator, consecuentemente. La cautio iudicatum solvi deberá ser dada por el representado si es cognitor y por el procurator si actúa; si se trata de una acción real o quiere algo más, cautio de rato (procurator).

Cuando el demandado presenta el juicio, el procurator responderá aunque el procurator haya dado la cautio iudicatum solvi; en cambio, si es el demandante quien presenta al procurator, este no tendrá que dar la cautio de rato.

Cuando el cognitor o el procurator actúa en su propio interés y no rinde cuentas al representado, se habla de procuratio in rem suam. Cuando no hay mandato por parte del procurator demandante, se aplica una exceptio procuratoria y se absuelve al demandado. Si es un procurator demandado, solo hace falta la cautio iudicatum solvi por miedo a la indefensión.

Si el demandante es incapaz, la acción ejecutiva se da en el representado, pero debe dar la cautio de rato. Si el incapaz es el demandado, la acción ejecutiva recae sobre el representante, por lo que debe dar una cautio iudicatum solvi, salvo que sea necesaria esta representación. Si se trata de un actor de una corporación, su intervención será equivalente a la de un cognitor respecto a un particular.

Causae cognitio y legitimación

En su causae cognitio, el pretor debe examinar si la fórmula pedida en la postulatio es válida según el edicto; si no lo es, es inválida o impropia. Resulta impropia, por ejemplo, si no corresponde con la petición del demandante.

La legitimación es la capacidad para intervenir en el proceso; puede ser activa o pasiva. Así, el demandante puede pedirle al demandado una interrogatio in iure, aunque existen acciones que no requieren legitimación, pues son populares.

El pretor puede exigir un iusiurandum calumniae para no litigar sin razón, y luego la datio/denegatio actionis.

Interrupción de la litis

• Transactio: acuerdo entre los litigantes en que el demandante renuncia a continuar a cambio de algo o de su promesa. En el derecho clásico solo es un pacto; en el postclásico es un contrato innominado, sancionado por la actio praescriptis verbis y la actio ex stipulatu. Si el demandante presenta acción, se usa la exceptio pacti. El pacto puede anularse si es contrario a las normas públicas. El efecto del pactum es el negativo de una excepción y no el positivo de una acción; aunque sirva para obligarse, el pacto tendrá solo una excepción. En la época postclásica, a pesar de tener condición de contrato, se aplicaba igual que antes; solo tenía esa condición en los pactos legítimos, pretorios o pacta adiecta.
• Confessio in iure: supone el allanamiento del demandado, que dice que el demandante tiene razón; quien confiesa su deuda queda condenado. Puede dar lugar a una atribución de derecho sobre un objeto. Si es certa pecunia, se aplica la norma confessus pro iudicato habetur; si se produce sobre una cosa real, se procede a una adictio a favor del demandante, siempre que no la restituya por la cláusula arbitraria.
• Iusiurandum: una parte hace un juramento y la otra puede ofrecerle atenerse a ello (deferre). Esta parte puede jurar a su favor (dare iusiurandum) o la parte que la invitó puede absolverla de ello si acepta darlo (remittere iusiurandum). Este juramento puede ser obligatorio en las actiones certi: el demandante puede exigir al demandado que jure que no debe, pero puede devolverlo (referre) para que jure que sí debe. Este juramento lo hace el demandante, ante los dioses; quien no jura ni devuelve queda indefensus.

Nombramiento del juez

Se elige al juez (iudex o recuperator). Las partes pueden ponerse de acuerdo sobre el juez si cumple los requisitos; si no, lo eligen de una lista (album iudicum). La lista contenía personas honorables en la época clásica; como condicionante debían tener mínimo 30 años, aunque Augusto lo rebajó a 25 y Claudio a 24. De esta lista se sortean 3 o 5 recuperatores, de entre siete; a esto se llama recusación. Los recuperatores solo actuaban en situaciones establecidas por el edicto. El juez o los recuperatores son nombrados por el pretor y su nombre comienza la fórmula.

Litis contestatio

El pretor fija definitivamente la fórmula, que se graba sobre unas tablillas con testigos. Es la parte central del proceso: las acciones se convierten en perpetuas y transmisibles. El procurator aparece directamente vinculado a la litis contestatio; el cognitor, no. No se puede traspasar el bien en litigio. El demandante no puede variar su petición ni el demandado añadir excepciones o rehusar un juicio ya aceptado.

La litis contestatio sirve de referencia al juez para comprobar la veracidad de los litigantes: tiene que comprobar si los alegatos presentados eran ciertos en la litis contestatio. La cuestión litigiosa se convierte en objeto de juicio.

Non bis in idem

El efecto de la consumación de la acción es aplicable con tres condiciones:

1. Acción personal con fórmula ius concepta.
2. Que el juicio sea legítimo.
3. Que la obligación del deudor se extinga por la sentencia a la que se tiene que atener (novación necesaria).

En estos casos se opera ipso iure. Si falta alguna de estas condiciones, se opera mediante ope exceptionis, mediante la exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae o la exceptio doli. Aquí el juez tiene que comprobar si se trata de un nuevo proceso o de una eadem res. La excepción es doble y puede utilizarse para sus dos causas. Si uno de los litigantes o el juez muere, se crea una nueva fórmula, pero no un nuevo litis contestatio.

Apud iudicem

El juez particular es autorizado por el pretor y debe cumplir con su deber (munus personale). Puede excusarse por motivos graves (excusatio) y puede aplazar el juicio (diffissio), hasta 18 meses en el pretorio. Si descuida su deber, se le aplica la actio in factum: el juez puede ser condenado a lo mismo que el demandado, por eso el juez hace suyo el litigio.

El juez tiene que jurar obrar bien; y si no está seguro, tiene que jurar (rem sibi non liquere). Los jueces pueden ser aconsejados por juristas. El juez tiene que estar presente aunque los litigantes no lo estén, porque esto podría perjudicarlo y ser condenado como contumax.

Las actuaciones son orales: abogados, retórica, demostrar que su parte tiene razón. El tiempo de intervención está limitado por el juez, que valora las pruebas sin estar condicionado por normas positivas. El juez debe atenerse a las pruebas presentadas (principio dispositivo), y los litigantes defienden su intentio o exceptio.

Existen presunciones de hechos que no pueden ser probados, y se dan por el hecho probado. Pueden ser:

• Iuris tantum: puede ser anulada por la prueba del hecho contrario.
• Iuris et de iure: no admite prueba en contrario.

Tipos de prueba

• Declaraciones de los litigantes: siempre vinculan al juez; pueden ser confesiones o juramentos.
• Declaraciones de testigos: son voluntarios, salvo que se trate de actos solemnes o si participaron en un acto oral previo. No pueden ser testigos los esclavos, los niños, los familiares, los libertos ni los patronos del afectado.
• Documentos presentados al juez (instrumenta): el primero son las tablillas con declaraciones de dos testigos, presentadas ante el juez (testationes). Estas tablillas estaban enceradas (una capa de goma laca sobre la que se podía escribir, y para borrar se utilizaba una espátula), sujetas por un triple cordón, y los sellos de cera debían ponerse sobre el cordón; en las caras externas se podía resumir el contenido.

También existen cartas privadas y libros de cuentas (rationes). El pretor obligaba a los banqueros a presentar las edere rationes. Existe también el chirographon, que puede utilizarse para la escritura externa de un documento objetivo; es un documento subjetivo. Los documentos surgen gracias a la expansión de un núcleo que vale más la palabra; el principio solo tenía valor probatorio, pero con el tiempo también tuvo valor probatorio. También hay documentos registrados oficialmente (apud acta) y copias (exempla).

Los principios del juez pueden variar: el juez formulario se rige por la libre apreciación (le da el valor a las pruebas que quiere) y el principio dispositivo, por lo que tiene que limitarse a las pruebas. Mientras tanto, el juez cognitorio se rige por el principio de prueba tasada y el principio inquisitivo de las pruebas.

La sentencia

La sentencia es la opinión personal del juez; su opinión es un iudicatum, que decide el juicio. Cuando existe condena arbitraria, debe anticiparse su decisión para que el demandado elija. Si prefiere la litis aestimatio, podrá defender la posesión con interdictos pretorios. Sin embargo, no tendrá la propiedad civil hasta que Juliano extienda el título pro emptore, de modo que disponga de la actio Publiciana y pueda alcanzarla por usucapio.

El juez no debe exceder la taxatio. En algunos casos debe reducir la condena al saldo que resulte de la compensación o deducción de deudas entre los litigantes. En las acciones penales se condenará a un múltiplo de la estimación. Si contiene una adiudicatio, el juez puede atribuir derechos con efectos civiles.

Existen los praeiudicia: la sentencia tiene que limitarse a la intentio, sin condenar. Quien litiga sin perjuicio pagará por ello (poena temere litigantium), aunque en Roma litigar es gratuito, salvo los abogados. Algunas acciones crecen al doble contra quien se resistió sin razón a la reclamación del demandante, que resulta vencedor.

En una acción crediticia las partes se cruzan promesas de pagar 1/3 de la cantidad reclamada en caso de perder el litigio: sería una sponsio si la promesa es del demandado, y una restipulatio si es del demandante (tertiae partis o dimidiae partis). Una acción petoria de pecunia constituta se aplica si la promesa la hace el demandado.

El demandante que litiga para dañar al rival puede ser atacado por un iudicium calumniae y ser condenado a 1/10 de lo que se reclamaba. También puede interponer una acción penal por el cuádruplo de la cantidad cobrada por entablar de mala fe una acción o por omitirla.

Algunas acciones in factum se dan contra el demandante que no consigue la condena del demandado, aunque no se pruebe mala fe: un iudicium contrarium por una décima o quinta parte. En las acciones en que se da la estimación por iusiurandum in litem, la condena aumenta respecto al valor real del objeto en litigio por no querer restituir.

Algunas condenas producen efecto infamante, como las acciones penales de derecho civil que suponen un dolo no demandado, las acciones pretorias que sustituyen antiguas acciones penales de derecho civil, o las que suponen falta a la confianza prestada, siempre que la condena sea por dolo.

El iudicatum del juez tiene fuerza de res iudicata y excluye la revisión. Pero debe mantenerse no juzgado: la sentencia es impugnable y eficaz por algún defecto que vicie el juicio entero o la sentencia en particular. Así, la sentencia produce una nova novatio (novación necesaria) que obliga a cumplir el fallo.

Aquí también distinguimos la consumación ipso iure y ope exceptionis (con la exceptio rei iudicatae) en las acciones reales y en las que tienen demonstratio. La consumación solo se produce con el fallo judicial favorable al demandante, pues una sentencia absolutoria podría volver a litigarse, ya que la res in iudicium deducta no es la no titularidad definitiva del demandante y, por otro lado, se puede presentar una nova demonstratio.

La cosa juzgada no afecta a las personas que no intervinieron en el proceso, pero pueden prejuzgar conexos. Como los jueces no tienen relación jerárquica, no podían revisar la sentencia de otros; sin embargo, cuando aparece el príncipe surge la práctica de trasladar a su juicio algunas causas, produciendo una apelación. Las sentencias se hacían ejecutivas si no eran apeladas; el traslado de las causas al emperador se hacía por cognitio oficial.

Ejecución de la sentencia

El condenado debe pagar la estimación; si no paga, se le puede aplicar una actio iudicati, en la que pagaría el doble, aunque el demandante tiene la mínima posibilidad de reclamar.

Las ejecuciones pueden ser:

• Personales: recaen en el deudor.
• Patrimoniales: recaen en el patrimonio (época clásica).

En la época de las legis actiones, la ejecución contra los deudores era mediante la manus iniectio, que conducía a la addictio de la persona del deudor a favor del vencedor. Muchas veces los deudores no pagan a sus acreedores primarios, sino a sus fiadores, que pueden ser sus patronos o amigos.

La ejecución no se da contra quien no tiene bienes, sino contra quien no tiene efectivo. Hay que distinguir entre el insolvente ordinario y el que la oculta dolosamente, que puede ir a la cárcel.

Medidas concursales

El juez decreta contra el demandado la missio in bona, cuando se acude al pretor para que decrete el embargo de los bienes del deudor. Tiene carácter concursal, es decir, pueden intervenir varios acreedores. Entre todos los acreedores se somete una par condicio creditorum, por lo que tendrán un trato igual: cobrarán en relación a sus garantías y se excluyen los que tengan garantía real sobre un objeto. Sin embargo, hay acreedores, como el fisco, que cobran antes.

Los acreedores elegirán un magister bonorum, que elaborará un inventario de los bienes y una lista de acreedores con el valor de su deuda; así, los bienes del deudor se atribuyen al mejor licitador. Cuando sea necesario, se designa un curator (por ejemplo, cuando la propiedad no se siembra).

Durante el embargo se produce la proscriptio bonorum, un anuncio público que informa de que se produjo el embargo y la fecha de la subasta; su objetivo es dar publicidad. Tiene carácter infamante para el deudor, que queda tachado con una nota de infamia que colocan los censores. Esto sirve para cuando el deudor oculta su deuda y no se adelanta a hacer la cessio bonorum. Por eso la situación se agrava por el dolo, la ejecución será forzosa y después se procede a la venditio bonorum (venta de todos los bienes). En este caso, el deudor no queda protegido por el beneficium competentiae, por lo que los acreedores pueden exigir la parte que les corresponde si el deudor vuelve a tener bienes.

Las subastas tienen un régimen de limitación (se ofrece una cantidad mayor). Aquí conviene aclarar la venditio bonorum (venta de todos los bienes): los objetos se suelen vender por poco, porque hay especuladores que los compran a bajo precio y los venden más caros. Así es posible que queden créditos sin pagar. En estos casos, los titulares de prendas e hipotecas quedan excluidos de la venta general de los objetos de su garantía, para satisfacer con ellos sus propios créditos. La garantía a veces puede extenderse a todo el patrimonio, y organismos como el fisco tienen preferencia.

Aun así, es posible que queden créditos sin satisfacer, pues los acreedores tienen derecho a cobrar lo que quede si el deudor tiene bienes de nuevo. El que puja más por un patrimonio se llama bonorum emptor, adquiere el bien por derecho pretorio y dispone de un interdicto para reclamar la posesión de los bienes.

• Si el deudor está difunto, se le concede una actio Serviana (el bonorum emptor es heredero del deudor concursado).
• Si está vivo, una actio Rutiliana (el bonorum emptor interviene contra el demandante como procuratio in rem suam; el deudor le debe al bonorum emptor. El deudor tiene que estar vivo. En la intentio aparecerá el deudor y la persona a la que le debe, mientras que en la condemnatio aparecerá el bonorum emptor).

El bonorum emptor entrega el precio al magister bonorum, quien lo reparte entre los acreedores. Como ya se dijo, el magister hace el inventario de los bienes, las deudas y la lista de acreedores con sentencia judicial a su favor. Los excluidos podían pedir una revisión del inventario si no se hacía, calumniando. Si hubiese créditos del deudor, se podría introducir en una condemnatio de fórmula una deductio para que se tengan en cuenta las deudas del bonorum emptor con el deudor.

En cambio, también existe la cessio bonorum, forma de ejecución contra los deudores que, al ser conscientes de que son insolventes, ofrecen sus bienes al pretor para que los subaste. Se regula por una Lex Iulia de cesión de bienes. Así evitan la proscriptio, es decir, el anuncio no tiene carácter infamante. Además, queda protegido por el beneficium competentiae, que implica que la ejecución se reduce al límite del valor actual de los bienes del deudor beneficiado más lo que perdió maliciosamente.

También hay medidas como la distractio bonorum, que consiste en vender el patrimonio por partes. Se concede en casos especiales, como familias senatoriales: en estos casos el pretor designa un curator para que venda los objetos por separado.

Si a pesar de eso no se satisfacen todos los créditos, se podrá proceder a un interdictum fraudatorium mediante un curator, en el que se puede exigir la restitución de los bienes que el deudor enajenó antes de la missio in bona, cuando ya era deudor. Para que exista este interdicto hay que haber tres elementos:

1. Eventus damni: un resultado dañoso para los acreedores.
2. Consilium fraudis: la previsión de que con ese acto se estaría dañando a los acreedores.
3. Scientia fraudis: conocimiento de los terceros de que ese acto fue un fraude.

Los dos últimos son subjetivos y, por tanto, difíciles de demostrar.

Nota: La exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae y la aclaración de que, en las acciones reales y en las que tienen demonstratio, la consumación solo se produce cuando el fallo es favorable al demandante, son aspectos clave de la cosa juzgada. La cosa juzgada no afecta a terceros que no intervinieron en el proceso, aunque pueden prejuzgar otros juicios conexos, y en la jurisprudencia no existen reglas uniformes al respecto.