Derecho Internacional Público: Tratados, Responsabilidad y Organismos Internacionales
1. Los tratados: celebración y validez
El artículo 2.1.a) del Convenio de Viena de 1969 establece que se entiende por tratado un «acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular».
Esta definición es limitada y reducida, por lo que recurrimos a la definición doctrinal de Paul Reuter, quien señala que «es una manifestación de voluntades concordantes imputables a dos o más sujetos de derecho internacional destinada a producir efectos jurídicos de acuerdo con el derecho internacional».
Son necesarios cuatro elementos fundamentales:
- Acuerdo en forma escrita o verbal.
- Celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional, pudiendo ser bilateral o multilateral.
- Destinado a producir efectos jurídicos.
- Regido por las normas de derecho internacional público.
Las normas aplicables a los tratados han sido objeto de dos codificaciones principales:
- El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969: regula la celebración de tratados entre Estados. Los Estados que no son parte lo aplican de modo consuetudinario.
- La Convención de Viena del 21 de marzo de 1986 sobre Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales: aunque no ha entrado formalmente en vigor como norma convencional general, su contenido es tenido en cuenta por la práctica estatal.
En el Convenio de Viena del 23 de mayo de 1969 se regula sustancialmente el derecho de los tratados internacionales, con exclusión expresa de:
- Los acuerdos celebrados en forma no escrita.
- Los efectos de las hostilidades y el uso de la fuerza armada en caso de guerra.
- La sucesión de Estados en materia de tratados.
- La responsabilidad internacional por violación de tratados (materia asumida por la Comisión de Derecho Internacional en sus proyectos específicos).
Celebración de tratados en derecho internacional
Este procedimiento está regulado por el Convenio de Viena de 1969 y las normas constitucionales de cada Estado. Constituye un proceso complejo en el que, desde la negociación hasta la entrada en vigor, se suceden diversas fases orientadas a garantizar que los Estados manifiesten su consentimiento con la máxima seguridad jurídica.
El Convenio de Viena establece un procedimiento estándar que se supedita al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, limitado por el principio de buena fe, el cual impone a los Estados dos obligaciones esenciales:
- Comportarse de tal manera que la negociación del tratado tenga sentido y facilite la consecución de un acuerdo.
- No frustrar el objeto y fin del tratado, lo que supone el deber de abstenerse de realizar actuaciones dirigidas a vaciar su contenido una vez negociado.
Fases de celebración de un tratado
- Negociación: Consiste en la participación en la elaboración del texto. En los tratados bilaterales, las conversaciones suelen ser más discretas; en los multilaterales, la negociación se realiza comúnmente en el seno de conferencias u organizaciones internacionales.
Capacidad y representación: Regulada en el artículo 2.1.c) del Convenio de Viena, que define los «plenos poderes» como el documento formal que emana de la autoridad competente de un Estado para designar a una o varias personas como representantes en los diversos actos de celebración. Por su parte, el artículo 7 establece una presunción de representación formal a favor de los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros de Asuntos Exteriores y Jefes de Misiones Diplomáticas.
- Adopción del texto: Es el acto formal por el que se declara convenido el texto negociado (artículo 9). Se efectúa por consentimiento de todos los Estados participantes, salvo en conferencias internacionales, donde basta una mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que se decida aplicar otra regla.
- Autenticación del texto: Acto de naturaleza notarial por el que se certifica que el texto adoptado es definitivo y formal (artículo 10). Las formas usuales, salvo pacto en contrario, son:
- Firma expresa de quien ostenta plenos poderes.
- Firma ad referéndum sujeta a confirmación superior.
- Rúbrica con iniciales cuando la capacidad es limitada o requiere visto bueno ulterior.
- En organizaciones internacionales: incorporación del texto a una resolución o firma del titular del órgano interviniente.
- Manifestación del consentimiento: Regulada en los artículos 11 al 16. Puede revestir:
- Formas simplificadas: Aquellas donde la manifestación coincide con la firma o autenticación, sin intervención directa del poder legislativo.
- Formas solemnes: Ratificación (vía clásica de mayor solemnidad reservada a la más alta autoridad del Estado), adhesión (habitual en tratados ya en vigor), aceptación y aprobación.
2. Régimen jurídico de las reservas
Los tratados multilaterales presentan particularidades como la institucionalización de su proceso de elaboración y la utilización de reservas para promover una mayor participación estatal (artículos 19 al 23).
El artículo 2.1.d) del Convenio de Viena de 1969 define la reserva como «una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado».
Requisitos y clases de reservas
Las reservas deben formalizarse por escrito al manifestar el consentimiento y notificarse a los demás Estados. Se dividen en:
- Reservas de exclusión: Tienen por objeto inaplicar determinadas cláusulas del tratado al Estado que las formula.
- Reservas de interpretación: Condicionan la aplicación de ciertos preceptos a una interpretación específica asumida por dicho Estado.
El artículo 19 determina la invalidez de una reserva si:
- Está expresamente prohibida por el tratado.
- El tratado dispone que solo pueden formularse ciertas reservas entre las que no figura la propuesta.
- Es incompatible con el objeto y el fin del tratado.
El régimen de aceptación y objeción (artículo 20) estipula que una reserva autorizada no requiere aceptación posterior, salvo disposición contraria. En tratados constitutivos de organizaciones internacionales se requiere la aceptación del órgano competente. Salvo oposición en un plazo de doce meses, la reserva se considera tácitamente aceptada. Conforme al artículo 22.1, las reservas pueden ser retiradas en cualquier momento sin requerir el consentimiento de los Estados aceptantes.
3. El depositario, entrada en vigor y registro de los tratados
Los artículos 76 y 77 del Convenio de Viena regulan la figura del depositario, designado para centralizar las comunicaciones y la documentación oficial (un Estado o el órgano directivo de una organización internacional).
Entrada en vigor y aplicación provisional
Conforme al artículo 24, el tratado entra en vigor en la fecha y forma acordadas. En acuerdos multilaterales se suele requerir un número determinado de ratificaciones. El artículo 25 contempla la posibilidad de una aplicación provisional previa a la entrada en vigor si el tratado lo prevé.
Registro y publicación
El artículo 80 del Convenio de Viena y el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas ordenan el registro y la publicación de los tratados ante la Secretaría General de la ONU para garantizar la transparencia internacional.
4. Los actos unilaterales de los Estados
Consisten en manifestaciones de voluntad emanadas de un solo Estado que generan derechos y obligaciones concretas sin supeditarse a otros sujetos. Su obligatoriedad descansa en el principio de autonomía de la voluntad y en el principio de buena fe.
Declaraciones unilaterales de voluntad
A raíz de la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia (sentencias sobre ensayos nucleares de 1974), son actos realizados públicamente por autoridades con capacidad de representación (Jefes de Estado, Presidentes de Gobierno, Ministros de Asuntos Exteriores) con la intención de obligarse jurídicamente frente a situaciones específicas. Se rigen por la libertad formal e integran actos como el reconocimiento, la notificación, la promesa, la renuncia y la protesta.
Comportamientos del Estado: Estoppel y Aquiescencia
- Estoppel: Principio que impide a un Estado adoptar conductas contradictorias respecto a sus propios actos precedentes cuando estos han generado expectativas legítimas y derechos en terceros Estados.
- Aquiescencia: Calificación jurídica del silencio o inacción de un Estado ante reclamaciones o situaciones notorias que exigían normalmente una protesta, consolidando jurídicamente la situación tolerada en virtud de la buena fe.
5. La responsabilidad internacional del Estado
La responsabilidad internacional es la institución básica que garantiza la eficacia coercitiva del ordenamiento internacional ante la comisión de hechos ilícitos. Regulada consuetudinariamente y sistematizada por el Proyecto de Artículos de la CDI de 2001, parte de la premisa de que todo hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado genera su responsabilidad jurídica y la obligación consiguiente de reparar.
Elementos constitutivos
- Elemento subjetivo: Imputación de un comportamiento activo u omisivo al Estado a través de sus órganos o agentes (artículos 4 al 11) o por conductas asumidas de terceros (artículos 16 al 19).
- Elemento objetivo: Violación de una obligación internacional en vigor impuesta al Estado infractor (artículo 12).
El proyecto consagra un régimen agravado para la transgresión flagrante de normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens, artículos 40 y 41), facultando a Estados no directamente lesionados a invocar dicha responsabilidad (artículo 48).
Circunstancias que excluyen la ilicitud y formas de reparación
Las causales de exclusión (artículos 20 al 27) abarcan el consentimiento válido, la legítima defensa individual o colectiva conforme a la Carta de la ONU, las contramedidas lícitas, la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad.
Las modalidades de reparación comprenden:
- Restitución íntegra (restitutio in integrum): Restablecimiento de la situación previa al hecho ilícito.
- Indemnización: Compensación pecuniaria de daños materiales y morales, comprensiva del daño emergente y lucro cesante.
- Satisfacción: Remedio no pecuniario de daños morales, concretado en excusas oficiales, reconocimientos o desagravios.
6. Medidas de autotutela y sanciones institucionales
Las contramedidas son reacciones autónomas del Estado lesionado frente a un hecho ilícito ajeno, destinadas a inducir al infractor a cesar en su conducta y cumplir sus deberes reparatorios. Se diferencian de la retorsión (medidas perjudiciales pero formalmente lícitas) y de las represalias (actos contrarios a una obligación internacional tolerados exclusivamente como respuesta a un ilícito previo).
Límites a las contramedidas
Deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción, reversibles, dirigidas exclusivamente contra el infractor y cesar de inmediato tras el cumplimiento de la obligación. Quedan expresamente vetadas las contramedidas armadas, las que vulneren los derechos humanos fundamentales o el derecho humanitario, y aquellas que desconozcan la inviolabilidad diplomática y consular o normas de ius cogens.
Sanciones institucionales
Comprenden la tutela organizada impuesta por organizaciones internacionales e integran:
- Sanción social: Censura o reprobación colectiva ante el quebrantamiento de pautas o recomendaciones.
- Poder disciplinario: Suspensión de derechos de voto, revocación de representaciones o expulsión del organismo.
- Poder de coerción: Aislamiento diplomático, sanciones económicas de alcance general e intervenciones coactivas legítimas conforme a la Carta de las Naciones Unidas.
7. Protección regional de los derechos humanos
El Consejo de Europa impulsó el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Roma, 1950, vigente desde 1953 y ratificado por España en 1977). Su mecanismo jurisdiccional es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), órgano permanente ante el cual los particulares pueden interponer demandas directas tras agotar los recursos de la jurisdicción interna dentro del plazo legal previsto.
Otros modelos regionales de protección son:
- Sistema Interamericano: Sustentado en la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), articulado mediante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Sistema Africano: Basado en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), supervisada por la Comisión y el Tribunal Africano de Derechos Humanos.
8. El sistema del comercio internacional: la Organización Mundial del Comercio (OMC)
Sustituyendo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, la OMC inició su funcionamiento el 1 de enero de 1995. Su ordenamiento jurídico abarca el comercio de mercancías, servicios y derechos de propiedad intelectual conexos (ADPIC).
Principios liberalizadores de la OMC
- Protección arancelaria exclusiva: Prohibición de restricciones cuantitativas y fomento de aranceles como único instrumento de protección ordinaria.
- Principio de no discriminación: Configurado a través de la cláusula de la nación más favorecida y del principio de trato nacional.
- Principio de transparencia: Obligación de publicar todas las disposiciones normativas y notificarlas a la Secretaría de la OMC.
Solución de diferencias
La OMC dispone del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y un Órgano Permanente de Apelación. El procedimiento transcurre desde fases de consulta diplomática hasta paneles de expertos cuyos informes vinculantes deben ser aprobados formalmente por el OSD, constituyendo uno de los esquemas jurisdiccionales multilaterales más activos.
9. Estructura financiera y cooperación internacional al desarrollo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (integrado por el BIRF, la AIF, la CFI, el OMGI y el CIADI) conforman los pilares de la gobernanza económica internacional surgidos tras los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Las decisiones en su seno se canalizan mediante esquemas de voto ponderado vinculados a las cuotas financieras de los Estados miembros.
En el marco de las Naciones Unidas, la cooperación al desarrollo se articula a través de agencias y organismos tales como la UNCTAD, la ONUDI y el PNUD, junto con foros de coordinación económica como la OCDE y las políticas de ayuda exterior de la Unión Europea.