Derecho de la Información: Responsabilidad, Libertades y Protección Jurídica

Diferencias entre responsabilidad civil, penal y administrativa

• Civil: Se incurre por causar daños y perjuicios a otra persona. Regulada en el Código Civil o leyes especiales. La consecuencia es una indemnización económica impuesta por un juez civil.
• Penal: Se incurre por cometer un delito tipificado en el Código Penal. La consecuencia es la pena prevista (prisión, multa al Estado, inhabilitación). Solo la impone un juez penal tras un proceso obligatorio con todas las garantías (legalidad, tipicidad, culpabilidad, Ministerio Fiscal, defensa).
• Administrativa: Se incurre por cometer una infracción tipificada en una ley administrativa. La consecuencia es una sanción (multa a la Administración, privación de permisos). Nunca puede privar de libertad. La impone la Administración, pero es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Diferencias clave:

• Solo la penal puede privar de libertad y exige proceso judicial obligatorio.
• La civil indemniza al perjudicado; la penal y la administrativa ingresan en el Estado o la Administración.
• Toda responsabilidad penal conlleva responsabilidad civil, pero no a la inversa.

Contenido del art. 20 de la Constitución

Libertades comunicativas (expresas)

• Libertad de expresión de ideas y opiniones (art. 20.1.a CE).
• Derecho a comunicar y recibir información veraz (art. 20.1.d CE).
• Secreto profesional y cláusula de conciencia (art. 20.1.d CE).

Garantías de las libertades comunicativas

• Prohibición de censura previa (art. 20.2 CE).
• Secuestro de publicaciones solo por resolución judicial (art. 20.5 CE).
• Regulación legal de medios públicos (art. 20.3 CE).

Otros derechos y límites

• Libertad de creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1.b CE).
• Libertad de cátedra (art. 20.1.c CE).
• Límites (art. 20.4 CE): Derechos del Título I, especialmente honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud e infancia.

La veracidad informativa

El Tribunal Constitucional (TC) aplica el concepto de veracidad subjetiva. No exige una verdad absoluta, sino que el informador haya actuado con diligencia profesional en la comprobación previa. Los errores circunstanciales no invalidan la protección constitucional, pero no se admiten rumores sin contrastar o fuentes indeterminadas.

Relevancia pública de la información

Una información tiene relevancia pública cuando sirve al interés general. No debe confundirse con la mera curiosidad o audiencia. Los personajes públicos tienen reducida su esfera de privacidad, mientras que las personas privadas involucradas en asuntos públicos merecen mayor protección.

Regulación de los delitos de odio (art. 510.1 CP)

Se castiga el fomento del odio y la lesión de la dignidad de grupos protegidos (por motivos racistas, religiosos, de género, orientación sexual, etc.). Se exige que la difusión sea idónea para crear un peligro real de hostilidad.

Ofensas a los sentimientos religiosos (art. 525 CP)

Se requiere el escarnio y la expresa intención de ofender (dolo específico). La jurisprudencia del TEDH protege la crítica satírica o artística, siempre que sea proporcionada.

Censura vs. Secuestro

• Censura previa: Control anterior a la difusión por un poder público (prohibida).
• Secuestro: Retirada judicial de un contenido ya determinado (permitido bajo resolución judicial).

Intromisiones ilegítimas (LO 1/1982)

El art. 7 enumera intromisiones como el uso de cámaras ocultas, revelación de secretos privados o uso de la imagen sin consentimiento. La cámara oculta está prohibida salvo en casos de extrema necesidad, relevancia pública y cuando no exista otra forma menos invasiva de obtener la información.

Cláusula de conciencia

Faculta al periodista a rescindir su contrato con indemnización ante un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica del medio, o ante un traslado a otro medio del mismo grupo que suponga una ruptura patente con su orientación profesional.

Licencias audiovisuales

Los prestadores que emiten por ondas hertzianas requieren licencia (concedida por el Estado o CCAA). Tienen una duración de 15 años renovables. La participación extranjera de fuera de la UE está limitada al 25% individualmente y al 50% conjuntamente.