La crisis del Antiguo Régimen en España (1788-1833): Guerra de Independencia, Cortes de Cádiz y Absolutismo

La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833)

Introducción

En 1788, año en que murió Carlos III y accedió al trono su hijo Carlos IV, España seguía presentando los rasgos de la sociedad feudoseñorial. El modelo político del absolutismo ilustrado era incapaz de resolver los graves problemas estructurales de la sociedad española: déficit crónico de la hacienda, crisis de subsistencia periódicas y estancamiento económico. La influencia revolucionaria de Francia y su intervención en España agudizó las contradicciones de la sociedad en crisis, culminando en la terrible guerra con dimensiones de guerra de liberación frente al invasor francés; guerra civil entre partidarios y detractores de la intervención francesa; y conflicto internacional con presencia de Francia e Inglaterra enfrentadas en España.

La crisis tuvo un momento culminante en 1808. Comenzó la terrible guerra, que tuvo varias dimensiones: guerra patriótica frente a los ejércitos napoleónicos; guerra civil, pues una parte del país estaba del lado de José I Bonaparte; y, finalmente, guerra internacional, ya que España fue teatro principal de operaciones de los ejércitos inglés y francés.

La Guerra de Independencia (1808-1814)

Se produjo la salida de la familia real española a Francia, donde se debía reunir con Napoleón. Esto enfureció tanto a los madrileños que el 2 de mayo de 1808 se levantaron contra todas las fuerzas francesas que ocupaban la capital. Pocas horas después, el general Murat reprimía la revuelta fusilando a cientos de personas. Más tarde, los levantamientos antifranceses se extendieron por toda España.

El gobierno de José I: los «afrancesados»

José Bonaparte no lograba un apoyo suficiente de las minorías ilustradas, porque resultaba demasiado patente el espíritu de conquista de su hermano Napoleón. El rey José I trataba vanamente de emprender las reformas que el Estatuto de Bayona había proyectado, contando, ya de hecho, con la ayuda de los afrancesados, partidarios del reformismo ilustrado pero enemigos de medidas revolucionarias.

Las juntas provisionales

Con el estallido de los levantamientos y las abdicaciones de Bayona, se produjo un gran vacío de poder y la ruptura del territorio español. Ante la imposibilidad de controlar la situación en las regiones no ocupadas por el ejército francés, los ciudadanos más prestigiosos establecieron un nuevo poder: las juntas provisionales, que asumían su soberanía y legitimaban su autoridad en nombre del rey ausente.

Las Cortes de Cádiz

La otra cara de la Guerra de la Independencia la constituyen las Cortes de Cádiz. Las derrotas militares desacreditaron a la Junta Central, que dio paso a la Regencia colectiva, una especie de gobierno provisional compuesto por cinco miembros, muy conservadores, pero sometidos a la presión ambiental de la ciudad, sede de la nutrida burguesía mercantil y de importantes colonias de comerciantes extranjeros. Muchos burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales procedentes de otras ciudades tomadas por el ejército del rey José, huyendo de la guerra, se habían concentrado en Cádiz, ciudad-refugio protegida por la marina británica.

4.1 Convocatoria y composición de las Cortes

La Regencia no se decidió a convocarlas hasta que no llegó a Cádiz la noticia del establecimiento de juntas locales en distintas ciudades americanas que podían poner en peligro el imperio español. Las Cortes inauguraron sus reuniones en septiembre de 1810, con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española, y prolongaron su actividad hasta la primavera de 1814. Manifestaban su deseo de transformación del país mediante la aplicación de importantes reformas que debían convertir España en una monarquía liberal y parlamentaria.

La representación y sus problemas

Predominaban en las Cortes las clases medias con formación intelectual: eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares y catedráticos, aunque no faltaban algunos miembros de la burguesía industrial y comercial. No hubo representación alguna de las masas populares: ni un solo campesino tuvo sitio en la asamblea de Cádiz. Tampoco las mujeres, carentes todavía de todo derecho político.

Carácter y tendencias en las Cortes de Cádiz

Las Cortes demostraron que en nada se parecían a las antiguas. Al autoconstituirse en asamblea constituyente y asumir la soberanía nacional, los diputados gaditanos ponían en marcha la revolución liberal, que contaba ya con el precedente de la Francia de 1789. Asimismo, con la concesión de iguales derechos a todos los ciudadanos, incluidos los de América, convertían a España y sus colonias en la única nación repartida a ambos lados del océano. De inmediato surgieron dos grandes tendencias en la cámara gaditana: los liberales, partidarios de reformas revolucionarias, y los absolutistas, llamados despectivamente «serviles», que pretendían mantener el viejo orden monárquico. La prensa de Cádiz, en su mayoría, estuvo del lado de los liberales, que siempre dominaron los debates de las Cortes, manteniéndose, en cambio, los púlpitos de las iglesias al servicio de la ideología absolutista.

4.2 La obra legislativa

Derechos de abolición del Antiguo Régimen. Libertad de expresión. Los liberales aprobaron el decreto de libertad de imprenta, primera formulación del derecho a la libre expresión, que suprimía la censura para los escritos políticos, pero no para los religiosos.

Anulación del régimen feudal. Las Cortes de Cádiz desmontaron la arquitectura del Antiguo Régimen, aboliendo los señoríos jurisdiccionales, que impedían la modernización de la administración local y provincial. Fueron derogados también los gremios, estructura medieval tachada de inoperante desde el reinado de Carlos III, para dar paso a las modernas relaciones de producción liberal-capitalistas. En el campo se anunciaba la reforma agraria burguesa, anticipada por Jovellanos.

Legislación religiosa. Las Cortes decretaron la abolición de la Inquisición. Se decretó la supresión de los conventos que contaran con menos de doce miembros y se secularizaron los bienes de las órdenes religiosas.

Reforma administrativa y ordenación del territorio. Las Cortes eliminaron los antiguos reinos, provincias e intendencias y decretaron una nueva división provincial, que no llegó a concretarse, con el fin de conseguir la uniformidad territorial y la centralización política.

4.3 La Constitución de 1812

Los diputados de Cádiz aprobaron la Constitución, la primera de la historia de España, que asumía su labor legisladora y establecía las ideas y el lenguaje del liberalismo español.

Un solo Estado, los mismos derechos. Su idea de nación quedó plasmada en el diseño de un Estado unitario que afirmaba los derechos de los españoles en su conjunto por encima de los fueros históricos de cada reino. La Constitución de 1812 daba un nuevo paso adelante en el proceso de centralización política y administrativa emprendido por los primeros Borbones. Y, al mismo tiempo, con su afirmación de los derechos individuales y colectivos de los españoles, ponía los fundamentos para acabar con un modelo de sociedad basado en las exenciones y los privilegios. Con el fin de conseguir la igualdad de los ciudadanos, la Constitución de 1812 fijaba una burocracia centralizada, una fiscalidad común, un ejército nacional y un mercado libre de aduanas interiores.

Estado constitucional y soberanía nacional. La Constitución proclamaba la soberanía nacional en detrimento del rey, al que se le quitaba la función legisladora, atribuida ahora a las Cortes, que tendrían una sola cámara, elegida por sufragio universal masculino mediante un complicado sistema de compromisarios. Los ciudadanos reconocían a Fernando VII como rey de España, pero no como rey absoluto, sino constitucional. Aunque símbolo del liberalismo radical, la Constitución de 1812 reflejaba el influjo de la religión y la nobleza a través de la definición de un Estado confesional y el reconocimiento de las propiedades de los grupos privilegiados.

5. La restauración del absolutismo

5.1 El regreso de Fernando VII. El sexenio absolutista (1814-1820)

La acción contrarrevolucionaria del ejército contaba, además, con el apoyo de un grupo de diputados absolutistas, firmantes del Manifiesto de los Persas, que rechazaban de forma rotunda la legislación gaditana.

Abolición de la Constitución de 1812. Fernando VII declaró ilegal la convocatoria de las Cortes de Cádiz y anuló toda su obra legislativa. Con el golpe de Estado fernandino, España volvía a la situación anterior a la «francesada». El rey abolió la libertad de prensa y resucitó la Inquisición.

Regreso al Antiguo Régimen: represión y conspiración. La Iglesia inauguró su peculiar cruzada y colaboraba gustosa con el Santo Oficio delatando a los liberales. Decrecieron las rentas eclesiásticas y el clero sufrió una notable disminución a causa del desbarajuste producido por la guerra. Cuando la Iglesia exigió la devolución de sus tierras, vendidas en el reinado anterior, Fernando VII se negó a satisfacer su reclamación.

Los «pronunciamientos» militares. El triunfo de Riego encabezaría el ciclo de pronunciamientos triunfantes a lo largo del siglo, que ofrecían la posibilidad de dar un giro al régimen mediante la alianza de los hombres militares y la prensa. Las conspiraciones del ejército se nutrían del descontento popular ocasionado por la situación calamitosa en que se encontraba España después de la guerra.

Crisis económica y financiera. Con el fin de facilitar la contabilidad gubernamental, por vez primera en Europa, las Cortes gaditanas habían elaborado el presupuesto nacional, que hacía repaso anticipado de los ingresos y gastos del Estado. Fernando VII volvió al régimen fiscal anterior, hasta comprobar que en menos de dos años la deuda pública se había incrementado peligrosamente.

5.2 El Trienio Constitucional (1820-1823)

Todas las dificultades y el malestar de la población española configuraban una situación insostenible que estalló en 1820, cuando el comandante Rafael Riego, al frente de unas tropas dispuestas cerca de Cádiz para su traslado a América, se levantó a favor de la Constitución de 1812.

Reformas del Trienio. Desde el poder, los liberales eliminaron la Inquisición, impusieron el sistema fiscal aprobado en Cádiz, suprimieron los señoríos, expulsaron a los jesuitas y confirmaron las leyes que garantizaban los derechos y las libertades de los ciudadanos. La prensa empezó a convertirse en un poderoso instrumento de acción política al servicio de los partidos, llegando a oscurecer incluso las mismas sesiones de las Cortes.

División del liberalismo español. La aplicación de las reformas provocó enseguida la ruptura del bloque liberal en dos grupos de gran trascendencia posterior: por un lado, los hombres que participaron en las Cortes de Cádiz, ahora moderados, y por otro, los jóvenes seguidores de Riego, que se atribuían en exclusiva el triunfo de la revolución de 1820: los exaltados.

Oposición interna e intervención exterior. En la primavera de 1821 ya estaban constituidas numerosas partidas armadas de voluntarios realistas, que contaban con el apoyo no disimulado de Fernando VII. Alentada por amplios sectores de la Iglesia, irritados por la política anticlerical, se proclamó la Regencia de Urgel, que declaraba nulo todo lo dispuesto desde 1820. Los liberales formaron un gobierno exaltado. Los enfrentamientos casi estaban degenerando en guerra civil. En 1823, un ejército francés (los Cien Mil Hijos de San Luis), respaldado por la Santa Alianza, entró en España con el fin de restablecer a Fernando VII. Nada pudieron hacer los liberales. El rey invalidó toda la legislación del Trienio liberal y puso fin al segundo intento de revolución liberal.

La Década Ominosa (1823-1833)

Represión y exilio

Fernando VII gobernó en todo momento como monarca absoluto. Lo primero que hizo al recuperar su poder fue vengarse de los liberales, desatando una durísima represión que golpeó sobre todo a políticos, funcionarios y oficiales del ejército. El país volvió a cerrarse a las novedades del pensamiento y la ciencia. Varios españoles se pusieron a salvo fuera de España, donde conspiraban contra los gobiernos de Fernando VII. Pero a partir de 1830, el triunfo del liberalismo en Francia favoreció el acercamiento con España. Los liberales mantenían la esperanza de la revolución española.

Necesarias e insuficientes reformas en la economía

La nueva restauración absolutista de Fernando VII significó el restablecimiento del Antiguo Régimen. En 1823 se creó el Consejo de Ministros, órgano de consulta del monarca. Uno de los ministros reorganizó la hacienda. A partir de ese año se inauguró una fase de autarquía económica con el fin de compensar lo perdido. Se montó la primera siderurgia moderna en Marbella. Pero ni la mejora económica ni el crecimiento demográfico conseguían cambiar a un país que estaba arruinado.

Crisis política permanente

Dos graves amenazas gravitaron de continuo sobre los gobiernos de Fernando VII: por un lado, los liberales exaltados, con sus principales dirigentes en el exilio, siempre dispuestos a preparar levantamientos; por otro, los realistas puros o ultras, el sector reaccionario y clerical del absolutismo que desconfiaba del rey. El descontento de los ultrarrealistas se identificó con la figura del infante Carlos María Isidro, hermano del monarca y su supuesto heredero. La rebelión de los realistas «agraviados», que triunfaron en las zonas rurales de Cataluña, fue incapaz de conquistar ciudades. Otros levantamientos ultras en Navarra, norte de Castilla y La Mancha fueron castigados con gran dureza.

La cuestión sucesoria

La revolución liberal había triunfado en Francia, y en Madrid, la mujer de Fernando VII, María Cristina, quedó embarazada de la princesa Isabel. Antes de su nacimiento, el rey había mandado publicar la Pragmática Sanción, donde permitía reinar a las mujeres. Los partidarios de don Carlos no se resignaban y, aprovechando la enfermedad del rey, obtuvieron un documento en el que se derogaba la Pragmática Sanción. Pero Fernando VII se recuperó, anuló a sus colaboradores y formó un nuevo gobierno presidido por Burgos. En 1833 murió Fernando VII, y su viuda, María Cristina, heredó en nombre de su hija Isabel la corona de España.