Cosa juzgada, renuncia, desistimiento, allanamiento y costas procesales en el proceso civil

La Cosa Juzgada

a) Concepto y Resoluciones que la Producen

La cosa juzgada es el efecto impeditivo que, en un proceso judicial, ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. Es firme una sentencia judicial cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. Este efecto impeditivo se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido sobre lo mismo, en un juicio anterior. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se utiliza como un medio de defensa frente a una nueva demanda planteada sobre idéntico objeto que lo fue de otra controversia ya sentenciada, y que le cierra el paso.

Tipos de Cosa Juzgada:

• Cosa juzgada formal: es aquella que implica la imposibilidad de que una determinada decisión sea recurrida, o sea, la improcedencia o cierre de los recursos procesales contra ésta. En otras palabras, una resolución judicial que goza de esta clase de cosa juzgada no puede ser objeto de más recursos. Sus efectos se producen exclusivamente en el proceso en que se ha dictado la sentencia, por lo que se considera precaria.
• Cosa juzgada material: es aquella que implica la inatacabilidad de un resultado procesal mediante el inicio de un nuevo juicio, al cerrarse toda posibilidad de que se emita una decisión que se contradiga o se oponga a lo antes dictado. Sus efectos se producen en el proceso en que se dictó la sentencia y en otros futuros, por lo que se considera estable y permanente.

b) Límites de la Cosa Juzgada

Los límites subjetivos vienen referidos a las partes del proceso en el que se produzca la cosa juzgada y a sus herederos y causahabientes, al igual que a los sujetos no litigantes que fueran titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes, de acuerdo con lo previsto por el artículo 10 L.E.C.. No obstante tendrá la cosa juzgada efectos erga omnes en caso de sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad, incapacitación y reintegración de la capacidad, desde que se inscriban en el Registro Civil. Por último hay que decir que en caso de sentencias dictadas sobre impugnación de acuerdos societarios, la cosa juzgada afectará a todos los socios, aunque no hubieran litigado.

Los límites objetivos excluyen un ulterior proceso, cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que se produjo la cosa juzgada. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, al igual que a los puntos a los que se refieren los apartados primero y segundo del artículo 408 L.E.C.. En relación con el fundamento de estas pretensiones se consideran hechos nuevos y distintos, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formulen. Reiteramos en este lugar que debemos entender esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 400 L.E.C., que consagra la preclusión de las alegaciones fácticas y jurídicas que se pudieron efectuar y no se hicieron.

La Renuncia

a) Contenido y Efectos

b) Requisitos

La renuncia es el acto jurídico unilateral por el cual una persona manifiesta su voluntad de discontinuar permanentemente el goce de un derecho o de extinguir un vínculo jurídico.

• Es un acto jurídico unilateral. Esto implica que necesita sólo la voluntad de su autor para ser eficaz, y no la voluntad concurrente de dos o más partes.
• Tiene por finalidad desasirse o sacar del patrimonio propio, el derecho sobre el cual recae dicha renuncia.
• Carece de beneficiario determinado.

Para que la renuncia sea eficaz requiere:¹ El derecho debe mirar sólo al interés individual del renunciante. En el derecho no está comprometido el interés público, social o de otra persona. La renuncia del derecho no debe estar prohibida por la ley. La renuncia no se presume, siempre debe ser expresa.

El Desistimiento

a) Concepto y Efectos

b) Requisitos

Supone el abandono del proceso por parte del demandante, dejando imprejuzgado el fondo del asunto, por lo que nada impide volver a plantear un pleito posterior con el mismo objeto. El desistimiento debe ser total.

Requisitos:

• Subjetivos: El actor debe tener plena capacidad de actuación procesal y otorgar poder especial que autorice al procurador a desistir.
• Objetivos: Se puede desistir de cualquier tipo de proceso civil, incluidos los de objeto indisponible (capacidad, filiación, etc.).
• De actividad: Se puede desistir en cualquier momento y forma.

Efectos:

• Finaliza el proceso mediante auto o decreto.
• La pretensión quedará imprejuzgada; esto es, el Juez no se pronunciará sobre el fondo del asunto.
• La resolución no tendrá efectos de cosa juzgada, excepto que el proceso se halle en segunda instancia.
• Condena en costas: Se condenará en costas al demandante si el demandado no consintiera el desistimiento. En caso contrario, no habrá condena expresa en costas.

El Allanamiento

a) Concepto y Características

b) Clases de Allanamiento

Por tanto estamos ante una manifestación del poder dispositivo que las partes tienen sobre el proceso. Los litigantes están facultados para ello y en consecuencia pueden renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Es un acto unilateral, sentencia dictada es de fondo, reconocimiento de hechos, pues el allanamiento también reconoce consecuencias jurídicas.

Se habla de allanamiento total o parcial, pero esta clasificación puede ser entendida:

a) total: como allanamiento a la pretensión en su unidad, cuando no se han planteado pretensiones acumuladas; cuando esta existe, es total el allanamiento a todas las pretensiones acumuladas de forma simple o prejudicial, o a cualquiera de ellas, en la alternativa, o, finalmente, a la preferentemente planteada, si se trata de acumulación eventual-subsidiaria

b) parcial: como allanamiento a parte de la cantidad reclamada en la única pretensión formulada; si existe acumulación, existirá allanamiento parcial cuando se refiere a alguna o algunas de las pretensiones acumuladas de forma simple o a la principal pero no a alguna o algunas de las acumuladas por razones de prejudicial.

Las Costas Procesales

a) Concepto, Fundamento y Criterios de Imposición

Se encuentran regulados en el art 241 LEC

En Derecho procesal, son los gastos en que debe incurrir cada una de las partes involucradas en un juicio. Dentro de las mismas se incluyen los gastos inherentes al proceso: notificaciones, tasas y demás, así como, en ciertos casos, los gastos de asistencia letrada (coste del abogado y procurador).

En algunos ordenamientos, los honorarios de los abogados y demás personas que han intervenido en el juicio (por ejemplo, procuradores y peritos), se denominan costas personales, en oposición a los gastos causados en la tramitación del proceso, llamadas costas procesales. Aunque ambos conceptos se engloban bajo el término general de costas.

Se imponen por resolución judicial en la parte dispositiva o fallo y siempre a instancia de parte.

b) La Tasación de Costas

Valoración de las costas del proceso que practica el Secretario judicial que haya actuado en el pleito, si se solicita, una vez firme la sentencia o auto en que se hubiese impuesto la condena en costas.

Se incluirán los créditos que contra las partes tengan los procuradores, abogados, peritos y demás personas que hayan intervenido en el juicio y que estén en la minuta detallada de sus derechos u honorarios y en la cuenta detallada y justificada de los gastos que hubieren suplido, que han de presentar al órgano judicial.

Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos.

Los abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán sus honorarios con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatutoprofesional.

No obstante, no se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. El Secretario Judicial reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite fijado para la condena en costas y no se hubiese declarado la temeridad del litigantecondenado en costas.

Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal (arts. 242 y 243 de la L.E.C. de 2000).

Es el procedimiento por el que se determina la cuantía de las costas procesales. Se lleva a cabo por el secretario del órgano jurisdiccional que haya actuado en el pleito. Hecha y presentada la tasación, se da vista a las partes, empezando por la condenada a su pago.

c) Impugnación de la Tasación de Costas

IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS

La tasación de costas podrá ser impugnada dentro del plazo que se da para que el Secretario Judicial la traslade a las partes, es decir, 10 días.

En el escrito de impugnación habrá que incluir las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta.

De no efectuarse dicha mención, el Secretario judicial, mediante decreto, inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer únicamente recurso de reposición.

IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS POR HONORARIOS DE ABOGADOS Y PERITOS

Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados, se oirá en el plazo de 5 días al abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe. Lo mismo ocurrirá con los peritos pidiéndose el informe al Colegio, Asociación o Corporación profesional a que pertenezcan.

Atendiendo a los informes el Secretario judicial dictará posteriormente decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas.

Si la impugnación es totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante. Si es total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos.

Contra este decreto cabe recurso de revisión y a su vez frente al auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.

IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS POR INCLUIR PARTIDAS INDEBIDAS O NO HABERSE INCLUIDO GASTOS JUSTIFICADOS Y RECLAMADOS

Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios indebidas, o por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados, el Secretario judicial dará traslado a la otra parte por 3 días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas.

El Secretario judicial resolverá en los 3 días siguientes mediante decreto. Frente a esta resolución podrá ser interpuesto recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.

IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS CON ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

La ley señala que cuando una de las partes es titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se discutirá ni se resolverá en el incidente de tasación de costas cuestión alguna relativa a la obligación de la Administración de asumir el pago de las cantidades que se le reclaman por aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO

Se considera “proceso declarativo ordinario” cuando los trámites procesales o actos procesales que constituyen el procedimiento civil son los previstos con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos trámites han de ser desarrollados hasta que se llegue a la resolución del conflicto. Tal y como indica el art.248 de la LEC, estos procesos declarativos ordinarios están compuestos de los procesos ordinarios, como su nombre indica, y de los juicios verbales.

Los procesos ordinarios, es decir, tanto el juicio ordinario como el juicio verbal, están diseñados para poder resolver la mayoría de conflictos que pueden ser presentados ante un Juez. La aplicación del juicio ordinario o del juicio verbal depende de dos criterios: el criterio material y el criterio de la cuantía del procedimiento.

En primer lugar, se aplica el criterio material para poder decidir cuáles son las materias que se someten al juicio. Según la materia la LEC prevé un determinado procedimiento. Las normas de determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia” (art. 248.3 LEC).

Si, por el contrario, no existe un criterio material, se aplica el criterio de la cuantía. Este criterio se fundamenta en la valoración económica de la pretensión del objeto del proceso civil. La cuantía es fijada en la demanda dependiendo de la relación con el interés económico de la demanda que tenga. Son tramitadas por juicio ordinario las demandas cuya cuantía sobrepase los 6.000€, o cuando sea indeterminada.

. Los juicios ordinarios se utilizan para decidir sobre determinadas materias jurídicas. Para establecer cuáles son estas materias que se someten al juicio ordinario y clasificarlas, se establecen el criterio de materia y el criterio de cuantía.

Respecto al tipo de materias que son tratadas en los procesos ordinarios, podemos hablar de materiales tales como: derechos fundamentales, acciones ejercitadas en virtud de las condiciones generales de contratación o los acuerdos tomados por órganos societarios de entidades mercantiles.

El juicio verbal se utiliza en una serie de materias previstas en el L-436271-250, Ley de Enjuiciamiento Civil, sin importar la cantidad. En este artículo se determinan también unas cantidades específicas para clasificar los asuntos como procedentes en un juicio verbal.

Competencia Objetiva, Territorial y Funcional

La competencia objetiva es la atribución del conocimiento de un determinado tipo de asunto a una clase de órgano judicial (por ejemplo, al Juzgado de Primera Instancia o al Juzgado de Paz) en detrimento de otra clase de órgano judicial perteneciente al mismo orden jurisdiccional. La genérica atribución de un conjunto de asuntos a un órgano integrante de la planta judicial se establece por la ley, en función de criterios cuantitativos (el valor o cuantía de la pretensión) o cualitativos (la naturaleza de la materia). La competencia objetiva en el orden civil viene establecida en los artículos 53 a 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro del Título dedicado a la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales, así como en los artículos 45 a 49 de la Ley de Enjuiciamiento de 2000.

La competencia territorial es la que atribuye el conocimiento de un determinado asunto a un órgano judicial determinado con preferencia a los de su misma clase (por ejemplo, a los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla entre todos los Juzgados de Primera Instancia existentes en toda España). La atribución de competencia al Juzgado de un determinado territorio en detrimento de otro se produce aquí por razones de vinculación, conexidad o proximidad de la materia litigiosa o del domicilio del promovente con el territorio en el que ese Juzgado o Tribunal ejerce su jurisdicción. La competencia territorial en el orden civil viene establecida en los artículos 50 a 60 de la Ley de Enjuiciamiento de 2000.

Fueros Legales Imperativos

El art 52 LEC establece unos supuestos en los que la competencia territorial viene fijada por ley imperativa, por lo que las partes no pueden acordar otra cosa. Algunos de estos supuestos son:

• Cuando se ejercita una acción real de un bien inmueble, será tribunal competente el del lugar en que esté el inmueble.
• En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.
• En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca.
• En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.

Fueros Convencionales

Según el art 54.1 no es posible la sumisión en el caso de que haya fueros legales imperativos ni en el caso de juicios verbales. El tratamiento procesal será siempre a instancia de parte, mediante la declinatoria. Los fueros convencionales son:

• Sumisión expresa, porque las partes lo han pactado (art 55).
• Sumisión tácita, cuando el demandante haya interpuesto la demanda ante un Juzgado y una vez presentado el demandado realiza cualquier actuación que no es la interposición de la declinatoria (art 56).

Fueros Legales No Imperativos

Se utilizan en el caso de que no haya fueros legales imperativos y las partes no hayan llegado a un acuerdo. Se pueden distinguir:

• Fueros legales especiales. Se aplican con preferencia a los fueros generales. Vienen regulados en el art 52.1:
  • En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos será tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor.
  • En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren.
  • En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor.
• Fueros generales de las personas físicas. El art 50 establece que:
  • Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez competente el de su residencia en dicho territorio. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.
  • Los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.
• Fueros generales de las personas jurídicas. Señala el art 51 que las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.
• Reglas especiales procesales. Para el caso de que se produzca una acumulación de acciones, es decir, el demandante ejercite varias pretensiones distintas frente al demandado, y/o exista una pluralidad de demandados (art. 53 LEC).

Por último, la competencia funcional es la que determina el Juzgado o Tribunal al que corresponde conocer de cada acto, etapa o fase del proceso. Este criterio permite saber qué Juzgado o Tribunal es competente para conocer cada una de las etapas o fases del proceso, las incidencias que se suscitaran así como llevar a efecto las providencias y autos que dictare, con especial referencia a la ejecución de la sentencia o convenio o transacción que aprobara. La competencia funcional en el orden civil viene establecida en los artículos 61 y 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.