Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812: reformas, soberanía y resistencia frente a Napoleón

Cortes de Cádiz, Constitución de 1812 y el contexto de la ocupación napoleónica

2.1. Las Cortes de Cádiz

Ante la ausencia del rey legítimo, una minoría liberal aprovechó el vacío de poder para iniciar el desmantelamiento del Antiguo Régimen. Cádiz, ciudad no ocupada por los franceses, fue la sede de las Cortes, convocadas en 1810 por el Consejo de Regencia.

Las Cortes estuvieron integradas mayoritariamente por diputados liberales procedentes de las clases medias y burguesas, mientras que la nobleza y el clero quedaron en minoría. Se declararon Asamblea Constituyente y asumieron la soberanía nacional, proclamando la igualdad jurídica de los ciudadanos.

Desde el inicio se formaron tres grupos políticos: los liberales, partidarios de profundas reformas; los absolutistas o serviles, defensores del Antiguo Régimen; y los jovellanistas, que defendían posturas intermedias. Gracias a su mayoría, los liberales aprobaron importantes decretos para acabar con las estructuras del Antiguo Régimen, entre los que destacaron:

• Libertad de imprenta.
• Abolición de los señoríos jurisdiccionales.
• Supresión de los gremios.
• Eliminación de los privilegios de la Mesta.
• Abolición de la Inquisición.
• Desamortización (propuesta que, sin embargo, no llegó a aplicarse plenamente en ese momento).

2.2. La Constitución de Cádiz de 1812

La Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812, conocida popularmente como La Pepa, fue la obra más importante de las Cortes de Cádiz y el primer texto constitucional de la historia de España. Inspirada en el liberalismo ilustrado europeo, proclamó el principio de soberanía nacional y la división de poderes.

El poder legislativo residía en las Cortes junto con el Rey; el poder ejecutivo recaía en el Rey; y el poder judicial se organizaba en tribunales independientes, estableciendo así una monarquía constitucional. La Constitución reconocía la igualdad jurídica de los ciudadanos, implantaba un sistema fiscal único sin privilegios, suprimía las aduanas interiores y establecía el sufragio universal masculino indirecto. También creó nuevas instituciones, entre las que se encuentran:

• El Tribunal Supremo.
• Las diputaciones provinciales.
• Los ayuntamientos (reformados con criterios representativos).

No obstante, el texto mantenía el carácter confesional del Estado al declarar la religión católica como la única permitida. La Constitución tuvo una vigencia muy limitada: fue abolida por Fernando VII en 1814. Aun así, su importancia histórica fue enorme, convirtiéndose en un referente del liberalismo español y en un modelo para movimientos constitucionales en Europa y América.

1.2. El levantamiento contra los franceses

El 2 de mayo de 1808, ante la salida de los últimos miembros de la familia real hacia Francia, el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas francesas. El general Murat reprimió duramente la revuelta, causando cientos de muertos. Estos hechos fueron inmortalizados por Goya en La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo.

En Bayona, Napoleón consumó su plan al entregar el trono español a su hermano José Bonaparte, quien reinó como José I. La insurrección se extendió rápidamente por toda España y en muchas ciudades y pueblos se formaron juntas locales y provinciales para organizar la resistencia y el gobierno. En sus proclamas aparecían con frecuencia los conceptos de nación, patria, rey y religión.

El levantamiento sorprendió al ejército francés, que fracasó en la ocupación de ciudades como Zaragoza, Girona o Valencia; los sitios de estas ciudades se convirtieron en símbolos de la resistencia popular frente al invasor.

1.3. El Estatuto de Bayona y el gobierno francés

Los franceses intentaron implantar en España un sistema político inspirado en el liberalismo, aunque con un marcado carácter autoritario. Este proyecto quedó plasmado en el Estatuto de Bayona de 1808, que en realidad fue una carta otorgada, ya que no emanaba de la soberanía nacional sino de la voluntad de Napoleón.

El Estatuto proclamaba el carácter católico del Estado y concentraba los poderes en el rey, aunque establecía órganos consultivos como el Senado, el Consejo de Estado y unas Cortes de carácter limitado. Incluía algunas reformas de corte liberal, tales como la libertad de imprenta, la libertad de comercio y el habeas corpus.

José I intentó gobernar con el apoyo de los afrancesados, un sector de ilustrados españoles que colaboraron con el nuevo régimen y defendieron la modernización del país. Sin embargo, el rey careció de autonomía real, ya que todas sus decisiones estaban subordinadas a los intereses de Napoleón, y su proyecto fracasó por la guerra y la falta de apoyos sociales.