La Construcción del Estado Liberal en la España del Siglo XIX: De Cádiz a La Gloriosa

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1. Fundamentos del liberalismo frente al Antiguo Régimen

El liberalismo surgió como la corriente político-ideológica orientada a desmantelar las estructuras del Antiguo Régimen y consolidar una sociedad basada en derechos individuales y libertades públicas. Sus principios doctrinales fundamentales abarcan:

  • Modelo político: Fundación de un Estado de derecho regulado por una monarquía constitucional, sustentado en la soberanía (nacional o compartida entre el Rey y las Cortes), la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y una democracia representativa a través de elecciones.
  • Modelo civil y social: Abolición de los privilegios estamentales del clero y la nobleza, establecimiento de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley y consagración de un Estado unitario y centralizado.
  • Modelo económico: Libre mercado sin intervencionismo estatal (laissez-faire), rebaja de impuestos arancelarios, libertad de propiedad y libertad de contratación mercantil y laboral.

2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

En septiembre de 1810, el Consejo de Regencia convocó en la Isla de León (Cádiz) la reunión de las Cortes Generales y Extraordinarias, dominadas ideológicamente por los diputados liberales frente a absolutistas y moderados o jovellanistas.

El 19 de marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz («La Pepa»), primer texto constitucional de la historia de España, cuyas principales características fueron:

  • Reconocimiento de derechos individuales inviolables y división estricta de poderes.
  • Definición del régimen como una monarquía moderada hereditaria.
  • Confesionalidad católica del Estado con exclusión explícita del ejercicio público de cualquier otra religión.
  • Creación de un ejército regular permanente junto a la Milicia Nacional de ciudadanos armados.

Paralelamente, las Cortes gaditanas acometieron una radical transformación estructural:

  • Abolición del régimen señorial y jurisdiccional.
  • Eliminación de mayorazgos y de los gremios tradicionales, favoreciendo la libre propiedad privada.
  • Supresión formal del Tribunal de la Inquisición.
  • Desamortización incipiente sobre bienes comunales de propios y baldíos.

3. El reinado de Fernando VII (1814-1833)

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII regresó a España. Apoyado por el estamento nobiliario y eclesiástico mediante el Manifiesto de los Persas, dictó el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, mediante el cual declaró nula la obra de Cádiz y restauró el absolutismo monárquico. La etapa subsiguiente se caracterizó por una feroz persecución y represión contra los liberales y los afrancesados, así como por una profunda crisis financiera e institucional.

El Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el comandante Rafael del Riego encabezó un pronunciamiento militar en Cabezas de San Juan (Sevilla) a favor del orden constitucional. La extensión de la revuelta forzó al rey a jurar la Constitución de 1812. No obstante, el periodo estuvo condicionado por:

  • La división interna del liberalismo entre moderados (doceañistas) y exaltados (veinteañistas).
  • El descontento del campesinado ante medidas de reforma agraria que no satisficieron sus aspiraciones inmediatas.
  • La fuerte oposición de la Iglesia católica ante la supresión de órdenes religiosas, la desamortización y el cierre de conventos.
  • La constante conspiración contrarrevolucionaria absolutista interna.

En octubre de 1822, el Congreso de Verona facultó a la Santa Alianza militar europea a intervenir en España. En abril de 1823 ingresaron los Cien Mil Hijos de San Luis bajo el mando del duque de Angulema, restaurando el poder absoluto de Fernando VII.

La Década Ominosa y el conflicto sucesorio (1823-1833)

A su restitución, el monarca anuló toda la legislación del Trienio e impuso una severa represión caracterizada por censura, purgas y ejecuciones emblemáticas (como las de Riego, Torrijos o Mariana Pineda). Durante estos años surgió la facción de los realistas puros o ultraabsolutistas, agrupados en torno al hermano del rey, el infante Carlos María Isidro de Borbón, quienes en 1827 protagonizaron la insurrección de los Malcontents en Cataluña.

Hacia 1830 confluyeron las conspiraciones liberales con el conflicto sucesorio. Fernando VII carecía de descendencia directa, pero tras contraer cuartas nupcias en 1829 con María Cristina de Borbón, publicó en 1830 la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica impuesta por los Borbones en 1713. En octubre de ese año nació la infanta Isabel. Durante los Sucesos de La Granja (1832), Fernando VII, gravemente enfermo, fue presionado para revocar la Pragmática, rectificando su firma al recuperar la salud.

4. La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

El 29 de septiembre de 1833 falleció Fernando VII, asumiendo su viuda María Cristina la regencia. El 1 de octubre, Carlos María Isidro publicó el Manifiesto de Abrantes reclamando la corona, y fue proclamado rey legítimo por partidas sublevadas el 3 de octubre.

  • Ideología y base social del carlismo: Reivindicación de la monarquía absoluta tradicional, el ultracatolicismo y la defensa foral frente al centralismo liberal. Sus filas estaban compuestas por la pequeña nobleza rural, el bajo clero y el campesinado tradicionalista.
  • Focos geográficos: País Vasco, Navarra, zonas del Maestrazgo en Aragón y Valencia, Cataluña rural y núcleos castellanos.
  • Evolución bélica: Tras una primera fase favorable a los carlistas bajo el mando de Zumalacárregui, los repetidos fracasos en sitiar Bilbao y la fallida Expedición Real hacia Madrid provocaron el agotamiento carlista. La guerra concluyó formalmente con el Convenio de Vergara (1839) firmado entre los generales Baldomero Espartero y Rafael Maroto.

El conflicto dejó un saldo dramático de decenas de miles de víctimas mortales, ruina hacendística, infraestructuras arrasadas y la consolidación permanente de la fractura ideológica foral y carlista.

5. El periodo de las Regencias (1833-1843)

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

La regente se vio forzada a pactar con el liberalismo moderado, designando a Martínez de la Rosa, autor del Estatuto Real de 1834 (una carta otorgada de corte aristocrático).

El verano de 1835 conoció levantamientos populares y la formación de juntas revolucionarias, lo que forzó a la regente a encargar el gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Su gabinete impulsó la disolución del régimen feudal mediante la desamortización eclesiástica de 1836. Las discrepancias de la Corona con Mendizábal provocaron su destitución en mayo de 1836, lo cual desató en agosto el Motín de los Sargentos de La Granja.

María Cristina tuvo que jurar de nuevo la Constitución de 1812 y nombrar un ejecutivo progresista encabezado por José María Calatrava, que impulsó la redacción de la consensuada Constitución de 1837.

La Regencia de Baldomero Espartero (1840-1843)

Una nueva insurrección progresista forzó en 1840 la dimisión y el exilio de María Cristina. El general Espartero asumió la regencia unipersonal. Su gestión derivó en un acentuado autoritarismo personalista. Su decisión de bombardear la ciudad de Barcelona en diciembre de 1842 para sofocar una revuelta civil hundió de forma definitiva su prestigio. En el verano de 1843, una sublevación coordinada de moderados y progresistas provocó su caída y huida a Gran Bretaña.

6. El reinado efectivo de Isabel II (1843-1868)

En noviembre de 1843, con tan solo trece años de edad, se declaró la mayoría anticipada de Isabel II, dando paso a una etapa marcada por la hegemonía conservadora y la creciente injerencia militar (espadones):

La Década Moderada (1844-1854)

Bajo el liderazgo férreo del general Ramón María Narváez (presidente desde mayo de 1844), se implementó un modelo centralista y conservador:

  • Promulgación de la Constitución de 1845, de soberanía compartida con sufragio censitario muy restringido.
  • Creación de la Guardia Civil (1844) como cuerpo de seguridad en el ámbito rural.
  • Firma del Concordato de 1851 con la Santa Sede.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La deriva autoritaria moderada derivó en el pronunciamiento de Leopoldo O'Donnell (la Vicalvarada) y la redacción del Manifiesto de Manzanares redactado por Cánovas del Castillo. En julio de 1854 la revuelta popular obligó a Isabel II a entregar el poder a Espartero junto con O'Donnell. Se promulgó la Desamortización general de Pascual Madoz (1855) y la Ley General de Ferrocarriles. La falta de resolución de los conflictos sociales distanció a las clases populares del régimen, provocando la dimisión de Espartero en 1856.

La Unión Liberal y el agotamiento del régimen isabelino (1856-1868)

O'Donnell vertebró un partido de centro, la Unión Liberal, alternando el poder con Narváez entre 1858 y 1863, una etapa de estabilidad parlamentaria, crecimiento económico y expediciones bélicas exteriores. Hacia 1863 el desgaste gubernamental y las divisiones internas llevaron a la dimisión de O'Donnell.

7. La Revolución Gloriosa de 1868

Los últimos años del reinado estuvieron definidos por el autoritarismo, la censura y la represión violenta (como la Noche de San Daniel en 1865 o el fusilamiento de los sargentos de San Gil en 1866), provocando el desprestigio irreversible de la reina.

En agosto de 1866 las fuerzas de oposición (progresistas, demócratas y republicanos) sellaron el Pacto de Ostende con dos metas prioritarias:

  1. El destronamiento de Isabel II.
  2. La convocatoria de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino.

Con la adhesión de los unionistas tras la muerte de O'Donnell y el fallecimiento de Narváez, la monarquía quedó sin bases de apoyo. El 19 de septiembre de 1868 estalló en Cádiz «La Gloriosa», un pronunciamiento militar liderado por los generales Prim y Serrano junto al almirante Topete, respaldado por juntas revolucionarias ciudadanas. Tras la victoria revolucionaria en la batalla del Puente de Alcolea, el 29 de septiembre de 1868 Isabel II partió hacia el exilio, abriendo paso al Sexenio Democrático.

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