Constitución de 1931 y el Bienio Reformista: Transformación de la Segunda República
La Constitución de 1931: Bases de la Segunda República
La Constitución de 1931 posee una clara inspiración alemana y mexicana. Sus pilares fundamentales recogen una República parlamentaria con Cortes unicamerales y un Presidente de la República con un mandato de seis años. Este texto reconoce amplias libertades y derechos individuales, destacando por ser pionero en la inclusión de derechos sociales y económicos, los cuales quedaban subordinados a los intereses del país, aunque con una amplia cobertura de asistencia social.
Entre sus hitos principales se encuentran:
- Reconocimiento del voto femenino: Un avance democrático fundamental.
- Laicismo del Estado: El culto pasa a ser privado, se deja de financiar a la Iglesia y se prohíbe su labor en la enseñanza.
- Estructura territorial: Se define a España como un Estado integral con la posibilidad de ser descentralizado.
En este periodo inicial, Niceto Alcalá-Zamora asumió la presidencia de la República, mientras que Manuel Azaña lideró el gobierno.
El Bienio Reformista (1931-1933)
La Cuestión Territorial
En 1932, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, estableciendo instituciones propias como el Parlamento y el poder ejecutivo (Generalitat), con amplias competencias y la cooficialidad del castellano y el catalán. Francesc Macià fue el primer presidente de la Generalitat. Sin embargo, los procesos de autonomía para el País Vasco, Galicia y Andalucía no llegaron a votarse debido al cambio de gobierno en 1933.
La Reforma Agraria: Objetivos y Conflictos
El objetivo principal era el reparto de tierras a nuevos propietarios (campesinos republicanos) frente al poder de los grandes terratenientes. Entre las medidas implementadas destacan:
- Decreto de laboreo forzoso: Obligación de cultivar las parcelas.
- Términos municipales: Contratación obligatoria de jornaleros del propio municipio.
- Prórroga forzosa de arrendamientos: Medida para evitar desahucios.
Estas reformas provocaron un deterioro en las relaciones entre propietarios y trabajadores, derivando en enfrentamientos y ocupaciones de tierras en localidades como Castilblanco (Badajoz), Arnedo (La Rioja) o Corral de Almaguer (Toledo).
Los proyectos clave fueron:
- Ley de Bases para la Reforma Agraria (1932): Permitía la expropiación de tierras a la nobleza, latifundios y tierras abandonadas.
- Instituto de Reforma Agraria (IRA): Organismo encargado de aplicar la ley, cuyos resultados fueron limitados debido a retrasos burocráticos, la conflictividad social y la resistencia de los terratenientes.
La Cuestión Religiosa y la Laicización
La Iglesia mantuvo una actitud distante ante la laicización del régimen. En 1932, se aprobaron leyes como el divorcio y el matrimonio civil, se disolvió la Compañía de Jesús y se prohibió la docencia a las órdenes religiosas. Estas medidas alejaron a los sectores católicos del régimen, impulsándolos hacia los partidos de derecha en defensa de la religión.
La Reforma del Ejército y el Orden Público
El estamento militar, acostumbrado a intervenir en política, recibió al nuevo régimen con recelo. El gobierno de Azaña derogó la Ley de Jurisdicciones, reafirmó la supremacía de la autoridad civil y suprimió los tribunales militares para asuntos civiles. Asimismo, se revisaron los ascensos por méritos de guerra obtenidos durante la dictadura.
La tensión política y social se manifestó en varios episodios violentos:
- Sanjurjada (Agosto 1932): Intento fallido de golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo.
- Oleada revolucionaria (1932): Protestas campesinas que resultaron en la muerte de cuatro guardias civiles.
- Sucesos de Casas Viejas (1933): Una revuelta anarquista que terminó con la muerte de 14 campesinos, debilitando profundamente al gobierno de Azaña.
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