Conceptualización de los derechos y libertades fundamentales en la Constitución Española
Conceptualización de los derechos y libertades fundamentales
El proceso de conceptualización de los derechos y libertades fundamentales en el Título I de la Constitución Española es extenso y de gran complejidad en su organización. El legislador constitucional optó por una enumeración muy exhaustiva de derechos, evitando abstracciones para que su aplicación resultara más eficaz. Sin embargo, esta exhaustividad implica un problema: la lista cerrada de derechos podría petrificar estos y provocar el anquilosamiento de los derechos a nivel constitucional.
Existen autores que opinan que en la Constitución sí existe una cláusula abierta de derechos y libertades. Esta corresponde al artículo 10, que se subdivide en dos ramificaciones:
- Artículo 10.1: la redacción de este artículo deja la puerta abierta a la recepción de derechos no formulados de manera expresa en la Constitución.
- Artículo 10.2: las normas relativas a los derechos y libertades deben interpretarse conforme a los tratados internacionales ratificados por España.
Existen dos modos de ampliar los derechos:
- a) La interpretación del texto constitucional.
- b) El desarrollo legislativo de los derechos, habiendo leyes que regulan directamente los derechos y otras que, por sí mismas, no regulan derechos pero sí materias conectadas con ellos.
Estructura formal del Título I
El artículo 10 es el encabezamiento de este título.
- Capítulo 1º: "De los españoles y los extranjeros", delimita el estatuto de estos.
- Capítulo 2º: "Derechos y libertades". El artículo 14 preside la concepción constitucional de los derechos y libertades: nacimiento, sexo, religión… igualdad y no discriminación.
- Sección 1ª: recoge los derechos fundamentales, que tienen una posición preeminente en el sistema democrático español, desde el artículo 15 al 29. Esta sección se desglosa en cuatro círculos concéntricos: el primer círculo son los derechos inherentes al ser humano; el segundo, los derechos de naturaleza prepolítica; el tercero, los derechos políticos; y el cuarto, los derechos de naturaleza social, considerados necesarios para el completo desarrollo de la dignidad humana.
- Sección 2ª: "Derechos y deberes de los ciudadanos", artículos 30 a 38. Además de derechos, reconoce deberes. Regula un derecho con faceta de deber ("defender a España"), y se reconocen deberes, derechos de carácter económico y derechos laborales.
- Capítulo 3º: recoge los derechos de la política social y económica. Presenta una protección menos intensa que los del capítulo 2º, y para que se lleven a cabo es obligatorio que se desarrollen por ley.
- Capítulo 4º: trata las garantías de los derechos recogidos en los capítulos anteriores.
- Capítulo 5º: relativo a la suspensión de derechos y libertades.
Naturaleza jurídica y límites de los derechos fundamentales
1) Naturaleza jurídica
Hay que ponerla en relación con la organización política estatal, el Estado social y democrático de derecho. El artículo 10 establece que los derechos serán el fundamento del orden político y la paz social, y son fundamentales con respecto a la apertura internacional.
Existen dos tipos:
- a) Subjetiva: el ciudadano puede acoger eficazmente y demandar frente al Estado. Dentro de estas, la dimensión subjetiva en general, aunque se aplique también frente a terceros, se refiere a las relaciones entre el Estado y los individuos.
- b) Objetiva: elementos configuradores del sistema político, esencia del régimen constitucional y fundamento para la configuración del ordenamiento jurídico.
2) Límites de los derechos
La jurisprudencia (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) establece que los derechos no son absolutos, lo que significa que tendrán una serie de límites que deberán configurarse por ley. Existen dos tipos:
- a) Basados en los derechos de los demás.
- b) Basados en otros bienes constitucionalmente protegidos.
Los límites a los derechos no son absolutos y no pueden regular el contenido esencial de los derechos. El objetivo de los límites es alcanzar fines sociales que constituyan valores reconocidos por la Constitución. Se limitan algunos derechos para conseguir la igualdad, valores reconocidos en el artículo 1.1, y por ello deben interpretarse los límites de los derechos de manera restrictiva.
Clasificación de los derechos
a) Clasificación por contenido, objeto o finalidad
- Pellegrino Rossi (siglo XIX) propuso una triple clasificación: derechos privados (entre particulares); derechos público-sociales (son las libertades); y derechos políticos (los que permiten participar a los ciudadanos en las funciones públicas).
- Santi María Paredes (siglo XX) distinguió: derechos individuales (corresponden al individuo por ser individuo); derechos políticos (corresponden al individuo por ser ciudadano); y derechos mixtos (distingue los derechos de asociación y de reunión).
- Sánchez Agesta (español) distinguió: derechos civiles (tienen que ver con las relaciones interparticulares); derechos económicos (con aspecto económico); derechos públicos (son las libertades en general); derechos políticos; y derechos sociales.
- Prieto Sanchís distinguió: derechos de libertad (se encuentran las libertades, pero también las garantías individuales); y derechos de igualdad (se encuadrarían aquellos derechos cuya finalidad es la obtención de la igualdad real y efectiva).
- Jellinek (alemán) distinguió los derechos basados en las posiciones públicas que posee el ciudadano, y estas posiciones las denominó status:
- status subjectionis: es el estatus pasivo; dice que los individuos quedan sometidos al imperio del Estado. Existen en este Estado deberes, como puede ser el deber de defensa del Estado.
- status libertatis: es el Estado negativo; en este estatus se excluye el poder del Estado y se establece el ámbito donde el individuo se desenvuelve sin que interfiera el poder político.
- status civitatis: es el Estado positivo y es donde el individuo demanda prestaciones al Estado.
- status activae: se habla del Estado de ciudadanía. Es la esfera donde el individuo puede participar en las funciones públicas.
b) Clasificación por garantía
La Constitución distingue a los derechos según la garantía que les ofrece:
- Derechos que poseen una protección máxima: son los derechos que tienen las garantías más excepcionales, que son los derechos fundamentales de la sección 1ª del capítulo 2º, Título I.
- Derechos que poseen una protección alta: derechos de la sección 2ª del capítulo 2º.
- Derechos que poseen la protección general y común de cualquier norma constitucional: son los derechos rectores del capítulo III.
Interpretación de los derechos y libertades
Los derechos deben interpretarse conforme al Título I de la Constitución, lo que significa que el desarrollo de los derechos mediante normas infraconstitucionales debe seguir la línea marcada por la Constitución. La interpretación de los derechos es expansiva. Para saber cómo el legislador debe interpretar su regulación conforme a la Constitución se basa en dos aristas: el artículo 10.1 se basa en la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la paz social; y el artículo 10.2 establece que los derechos españoles deben respetar los tratados internacionales en esta materia.
Este artículo va más allá, pues otros artículos constitucionales establecen obligaciones respecto a los tratados internacionales. La importancia se recoge en el artículo 96.1: los tratados internacionales válidamente firmados por España y que entren en vigor se convierten en derecho interno. En cuanto al ámbito internacional, las materias de derechos son mucho más genéricas y menos amplias que los derechos de nuestra Constitución. Existen dos excepciones: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Unión Europea (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas).
Titularidad de los derechos y libertades
No se predican por igual para todas las personas; la Constitución establece las condiciones necesarias para ser sujeto de derecho.
A) Nociones básicas de derecho civil
- Personalidad jurídica: capacidad de las personas para poseer derechos y obligaciones. Tanto de personas físicas como jurídicas. Las físicas poseen personalidad jurídica desde que nacen; las jurídicas se constituyen.
- Capacidad jurídica: posibilidad de ser destinatario de los efectos jurídicos previstos en las normas. No implica que las personas sean titulares en todo momento de todos los derechos reconocidos en la Constitución.
- Capacidad de obrar: posibilidad de participar en el mundo jurídico de forma general.
- Titularidad: el ordenamiento jurídico determina qué sujetos son destinatarios de derechos. Tenemos que tener la capacidad jurídica, titularidad y capacidad de obrar para poseer el pleno ejercicio de los derechos. La Constitución, en el Título I, utiliza términos muy distintos para establecer la titularidad.
a) Titularidad de los derechos por parte de las personas jurídicas:
- La persona jurídica como existencia se debe a la técnica jurídica y requiere la intervención del legislador.
- La persona jurídica como artificio desconfianza al otorgar derechos no significa que en la realidad no sean titulares de derechos y libertades. Aun así, no son titulares de todos, depende de la naturaleza y de los fines de la persona jurídica.
- En la Constitución no hay ningún artículo que declare que las personas jurídicas son titulares de derechos y libertades. Lo que existen son artículos que proclaman derechos y que establecen la titularidad de las personas jurídicas. Esa titularidad puede ser de manera implícita (el artículo 24 de la Constitución y el artículo 162.1.b reconocen que todas las personas pueden interponer un recurso de amparo) o explícita (el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto a personas y comunidades; el artículo 27.6 establece la libertad de creación de centros docentes tanto a personas jurídicas como físicas).
Extranjería: el problema de la extranjería aparece cuando una persona no posee la nacionalidad; en España se regula en el artículo 13 de la Constitución. Los dos factores más importantes son: 1) la regulación de las condiciones de extranjería corresponde a la ley y a los tratados internacionales; 2) la Constitución solo impide a los extranjeros la titularidad de los derechos políticos. Los extranjeros pueden votar en las elecciones municipales, siempre que haya acuerdo entre los países.
El tema de la extranjería debe ser interpretado conforme al artículo 10.2 de la Constitución: "los derechos deben ser interpretados conforme a los tratados internacionales". En materia de titularidad de derechos de los extranjeros, el Tribunal Constitucional ha jugado un papel fundamental, ya que ha sido este el que ha consolidado los criterios a utilizar para declarar titulares de derechos a los extranjeros. Criterios (tres): solo se excluyen los derechos políticos; no puede tocarse el contenido esencial de los derechos; y los derechos fundamentales son para todos, independientemente de su nacionalidad.
La ley que regula la extranjería y la titularidad en España es la LO 4/2000, que ha sido modificada en muchas ocasiones. El artículo 3 de esta ley establece que los extranjeros van a ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad con los españoles. Regula diferentes derechos, pero también obligaciones. Somete el ejercicio de los derechos a que el extranjero tenga condición de residente. Por una parte, la ley pienso que es muy restrictiva, y se llevó al Tribunal Constitucional para que se estudiara la constitucionalidad de los artículos 7, 8 y 11. Estos declaraban que se excluía de los derechos de manifestación, asociación, sindicación y huelga, y se exigía el permiso de trabajo. Por esta razón, el Tribunal Constitucional los declaró inconstitucionales.
Dentro de la extranjería se diferenciaba entre: extranjeros de la UE (ventajas, derecho de residencia y libre circulación; el Tratado de la UE de 1992 introdujo la ciudadanía europea).