Concepto de reglamento: qué es, características y fundamentos de la potestad reglamentaria

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Concepto de reglamento

Se entiende por reglamento la norma jurídica emanada de la Administración pública que se sitúa en el ordenamiento jurídico con un rango formal inferior al de las leyes y demás normas con fuerza de ley. Se caracteriza por un contenido marcadamente técnico y por una vigencia que, en ocasiones, resulta fugaz, lo que lleva a hablar de "legislación motorizada".

Características de los reglamentos

Carácter normativo

El reglamento es, ante todo, una norma jurídica de derecho objetivo. No se dicta para un determinado caso concreto, sino para regular todos los casos que se refieran al supuesto de hecho que contempla y que en el futuro puedan presentarse. El concepto de reglamento es, por tanto, un concepto material.

Carácter secundario

El reglamento está subordinado a la ley (art. 97 CE), la cual ostenta una situación de primacía respecto al reglamento, hasta el extremo de que la ley puede restringir libremente el ámbito de acción del reglamento hasta los límites que estime oportunos. El ámbito material de la potestad reglamentaria es, en consecuencia, residual.

Carácter gubernativo

Esta potestad administrativa está reservada al Gobierno en su alcance externo, a los órganos de gobierno de las Administraciones públicas generales o territoriales.

Carácter fiscalizable judicialmente

El artículo 106.1 CE establece que los tribunales controlan la potestad reglamentaria. En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.

Fundamentos de la potestad reglamentaria

Fundamento desde el punto de vista práctico

La falta de agilidad del procedimiento legislativo y la composición política y no técnica de las cámaras legislativas hacen que la potestad reglamentaria, por su agilidad y versatilidad, sea un instrumento necesario en un Estado social. Cabe añadir que no se trata de sustraer poder al legislativo, sino de descargarlo para evitar que tenga que detenerse en cuestiones de detalle y pueda así cumplir su verdadera función de adopción de las decisiones fundamentales del proceso político.

Fundamento desde el punto de vista jurídico-positivo

La Constitución española (art. 97) establece que "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes". De esta atribución constitucional se extraen las siguientes consecuencias:

  • La potestad reglamentaria del Gobierno tiene un fundamento directo e inmediato en la Constitución, de modo que no puede concebirse como una atribución del legislador. Así, se establece expresamente un vínculo directo entre la Constitución y el reglamento sin mediación de la ley.
  • La Constitución atribuye la potestad reglamentaria al Gobierno al margen de la función ejecutiva.
  • La potestad reglamentaria del Gobierno, aunque sujeta a la ley por el principio de jerarquía normativa, no se circunscribe a los límites conceptuales de la ejecución de las leyes.

El Tribunal Supremo ha declarado que, cuando el Gobierno de la Nación ejerce su potestad reglamentaria en desarrollo de una ley, la misión de los reglamentos no se limita a llevar a cabo la mecánica repetición de los preceptos de la ley con alguna pequeña aclaración complementaria, sino que su cometido es la precisión y el desarrollo de los mandatos legales, lo que puede conllevar una interpretación que se efectúa legítimamente.

La Constitución únicamente reconoce y ordena reservas de ley, pero en ningún caso establece reserva reglamentaria alguna. En virtud del principio de primacía de la ley, ninguna materia está vedada o sustraída a la ley. Si bien la regulación de determinadas materias de carácter marcadamente técnico resultaría más propia de normas reglamentarias que de normas de rango legal, la regulación mediante norma con rango de ley en cuestiones claramente reglamentarias puede dar lugar a situaciones de abuso, al limitar el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos.

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