Concepto, objeto y sujetos de la expropiación forzosa en el derecho administrativo español

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Concepto y objeto de la expropiación

La expropiación surge en la época constitucional contemporánea como un instrumento formalizado para el sacrificio de derechos privados sobre bienes por causa de utilidad pública, consistente en la realización de obras públicas. Desde sus orígenes, la institución expropiatoria fue evolucionando por su progresiva administrativización, la ampliación de su campo de aplicación y su adaptación a la evolución del derecho de propiedad.

La actual Ley de Expropiación Forzosa de 1954 recoge un concepto muy amplio de la institución expropiatoria: toda privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que sean las personas o las entidades a las que pertenezcan, acordada imperativamente y que implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal u otra cesación en su ejercicio.

  • Privación singular: supone un ataque al contenido de un derecho. Que sea singular implica que se dirige a un sujeto o grupo concreto de sujetos, lo que la diferencia de las nacionalizaciones o estatalizaciones.
  • Acordada imperativamente: dato básico para distinguir el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración del de expropiación. Es básico porque en nuestro derecho no se valida la distinción entre responsabilidad y expropiación en función de la diferenciación entre daños legítimos e ilegítimos, ya que en nuestro derecho la Administración responde por todos los daños que cause. Por tanto, el hecho de que el daño sea deliberado o no es lo que permite distinguir claramente entre expropiación y responsabilidad.
  • Que implique venta: significa que la expropiación no tiene que consistir siempre en una enajenación forzosa. Puede ser ocupación temporal, cesación de su ejercicio o arrendamientos forzosos de fincas.

En definitiva, la expropiación supone, por un lado, el ejercicio de la potestad por el poder público y, por otro, la garantía patrimonial del particular frente a la acción de ese poder.

Objeto de la expropiación

El artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que son objeto de expropiación la propiedad privada, los derechos e intereses patrimoniales legítimos. La posibilidad de expropiar se entiende tanto respecto de bienes inmuebles como de muebles.

Al referirse el artículo 1 a la propiedad privada, se excluye como objeto expropiatorio a los bienes de dominio público, caracterizados por su inalienabilidad, en el sentido de que tienen una vinculación permanente a la función pública que cumplen. Solo en caso de que el bien sufra una desafectación, pasando a titularidad privada, podrá ser expropiado.

¿Qué intereses patrimoniales legítimos son indemnizables?

La ley menciona expresamente la indemnizabilidad de algunos intereses patrimoniales. La jurisprudencia ha señalado que la indemnización expropiatoria debe cubrir la totalidad de los perjuicios ocasionados por la expropiación.

Sujetos de la expropiación

1. Sujetos de la potestad expropiatoria

a) Expropiante: es el titular activo de la potestad expropiatoria, es decir, las distintas administraciones territoriales dentro del ámbito de su respectivo territorio. La razón es que solo los entes territoriales materializan el interés público del territorio al que representan. Respecto a qué órgano concreto realiza la expropiación, el artículo 3 del Reglamento establece:

  • Estado: gobernador civil.
  • Provincias: presidente de la diputación.
  • Municipios: alcaldes.
  • CCAA: el gobierno autónomo.

b) Beneficiario: es el sujeto que representa el interés público o social que motiva la expropiación. En general, es la persona que adquiere el bien o derecho expropiado y que, por tanto, se beneficia con la expropiación. El beneficiario es quien debe pagar la indemnización expropiatoria o justiprecio.

La ley distingue a los beneficiarios según se expropie:

  • Por causa de utilidad pública: los beneficiarios en este caso pueden ser entidades públicas o concesionarios de servicios públicos.
  • Por causa de interés social: los beneficiarios en este caso pueden ser, además de los anteriores, simples particulares.

c) Expropiado: es el titular de las cosas, derechos o intereses objeto del ataque expropiatorio. Tiene derecho a participar en el procedimiento y a recibir el justiprecio.

Respecto a cómo se determina quién es expropiado:

  • a) Las titularidades inscritas en registros públicos o fiscales que produzcan presunción de exactitud.
  • b) En su defecto, quien ostente pública y notoriamente la correspondiente titularidad. En el caso de titularidades secundarias no basta con esto, sino que es necesario que los titulares lo soliciten.
  • c) En caso de que no aparezcan titulares o si son incapaces y no tienen representante legal, las diligencias se entenderán con el Ministerio Fiscal. Si no recibe la indemnización, esta se consignará en la Caja General de Depósitos.
  • d) La condición de expropiado es una cualidad determinada por su relación con el objeto expropiado. Esto implica que es una cualidad en la que se subroga cualquier adquirente de dicho objeto.

La causa de la expropiación. Requisito de la declaración de utilidad pública

El artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que es objeto de la presente ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social. El artículo 33.3 c) exige la existencia de causa justificada de utilidad pública o interés social. Por tanto, la expropiación debe legitimarse en una causa precisa que excluya el arbitrio de la Administración.

Se entiende por causa el motivo o finalidad que justifica el apoderamiento o sacrificio de un bien o derecho a favor de la Administración. La causa expropiandi ha variado notablemente de significado a lo largo de la historia. La causa que legitima actualmente es la utilidad pública o interés social. Sin embargo, las primeras leyes hacían referencia únicamente a la utilidad pública, característica que se predicaba exclusivamente de las obras públicas. Posteriormente, la aparición de expropiaciones de bienes muebles, así como de beneficiarios privados, determinó la necesidad de ampliar el concepto.

  • Utilidad pública: supone las exigencias del funcionamiento de la Administración o de sus concesionarios.
  • Interés social: se entiende cualquier forma de interés prevalente al individual o distinto al anterior.

En todo caso, últimamente se observa la evolución de la causa hacia valores cada vez más inmateriales.

¿Quién determina la causa de utilidad pública?

Cabe preguntarse quién determina en nuestro sistema la causa de utilidad pública, es decir, quién decide si efectivamente existe una causa que justifique la expropiación. Este juicio está reservado en nuestro derecho a la ley.

El sistema de la ley respecto a la causa es el siguiente. El artículo 9 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que para proceder a la expropiación es indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin al que haya de afectarse el objeto expropiado. Esta declaración implica la autorización para expropiar los bienes necesarios para la realización de la obra o establecimiento del servicio. Como consecuencia de esta naturaleza, la declaración es algo previo, presupuesto al inicio del expediente expropiatorio.

Esta declaración puede producirse de dos formas:

  1. Expresamente, mediante ley. En tal caso puede ocurrir que lo sea: a) de manera genérica para categorías determinadas de bienes, en cuyo caso requiere una concreción posterior del Consejo de Ministros; o b) para bienes en cada caso concreto.
  2. Implícitamente, lo que implica que no es necesario realizarla al haberse producido un determinado hecho. Se entiende realizada esta declaración y se produce en: a) todos los planes de obras y servicios del Estado, CCAA, provincia y municipio; b) las expropiaciones necesarias para la ejecución de un plan urbanístico.

Es el sistema impuesto por la ley. Sin embargo, ocurre en la práctica que numerosas leyes sectoriales y el abuso de la técnica planificadora han convertido este último sistema, que debería ser una excepción, en norma general, lo cual reclama una urgente rectificación legislativa.

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