Comentario de texto histórico - Manifiesto de Sandhurst

(...) La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!,

dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. (...)".

Discurso de Azaña.
El texto es un discurso de contenido político, realizado por Manuel Azaña, político que será histórico de Guerra, Presidente del Gobierno y Presidente de la República, ante las Cortes Constituyentes españolas de 1931, surgidas de las elecciones de junio de 1931. El texto se sitúa en el otoño de 1931 y los destinatarios son los diputados de las Cortes.
La intención es la defensa de un estado laico, concretamente de los artículos 26 y 27 de la Carta Magna, y la defensa que el cambio de régimen debe abordar los problemas profundos del país, el dominio oligárquico de los pueblos, la propiedad concentrada y el papel de la iglesia.
En primer lugar el autor plantea en su discurso que se está en una revolución iniciada con la caída del máximo culpable de las desgracias de España, el rey y la proclamación de la República. En segundo lugar el problema social derivado de la propiedad de la tierra, en tercer lugar el problema autonómico y en cuarto lugar el religioso, problema que Azaña quisiera ver en el ámbito privado, pero que al hacerse político hay que solucionarlo con la separación entre el Estado y la Iglesia.
El problema histórico de este texto es, por un lado, la constatación del problema autonómico y el de la reforma agraria, y por otro, el de la relación Iglesia-Estado, defendiéndose la opción del laicismo con la plena separación de ambos organismos.
Laicismo: Laicismo puede usarse para designar la tendencia a conceder a los laicos una importancia excesiva en detrimento de las prerrogativas de la jerarquía. Pero en el lenguaje corriente designa la posición de aquellos que conciben la religión como un asunto subjetivo y personal. El problema se plantea en Europa en la Edad Contemporánea y da origen a diferentes visiones de la laicidad:
Laicidad de la enseñanza: Puede existir una enseñanza laica y una confesional católica.
Laicidad del Estado, entendida como separación de los poderes espiritual y temporal, o como neutralidad religiosa, o ateísmo oficial.
República: Sistema de gobierno que preconiza que el jefe del Estado salga de la voluntad popular. Los principios se basan en un régimen constitucional con división de poderes y cuyo dirigente máximo es un presidente. En España ha habido dos intentos de República, pero ambas han fracasado porque se han dado en un contexto de radicalización e inestabilidad progresivas.
Cortes: Órgano de gobierno representativo existente en los distintos reinos de la Península Ibérica desde la época medieval. Convocadas por los monarcas con el objetivo de pedir asesoramiento en algún asunto de estado, solicitar aumento de impuestos o algún nuevo tributo. Son el órgano legislativo y representativo de la soberanía de la nación. En los textos constitucionales españoles predomina el modelo bicameral salvo en la Constitución de 1812 que era unicameral.
Alfonso XIII nombró jefe de gobierno al general Berenguer. Su objetivo declarado era la vuelta al régimen constitucional de 1876. Los políticos conservadores y liberales se negaron a participar en el gobierno, sólo algunos miembros de la oligarquía financiera y caciquil se prestaron a colaborar. La lentitud con que se restablecieron las libertades constitucionales fue minando el poco prestigio del nuevo Gobierno, al que la prensa calificó de Dictablanda. A lo largo de 1930 la oposición al rey fue creciendo, incluso entre los propios monárquicos, muchos de los cuales se declararon públicamente monárquicos sin rey y otros se declararon republicanos. A la derecha republicana se incorporaron políticos procedentes del turno, como Alcalá Zamora y Miguel Maura. La izquierda liberal republicana se agrupó con Azaña como principal líder. También se sumaron los nacionalistas, que veían en la República la posibilidad de conseguir Estatutos de autonomía. Lo mismo hizo el movimiento obrero. Estudiantes e intelectuales mantuvieron las huelgas y manifestaciones contra el gobierno de Berenguer. Por último, el republicanismo comenzó a cuajar entre los militares más jóvenes.
En Agosto de 1930 los representantes de los principales partidos de la oposición llegaron a un acuerdo: el Pacto de San Sebastián. Se decidió organizar un Comité Revolucionario, encabezado por Alcalá Zamora y con los líderes obreros. Tras muchas vacilaciones el PSOE decidió sumarse al Pacto y poco después la CNT decidió apoyar la conspiración.
Se preparó un golpe militar para el 15 de diciembre, pero tres días antes, Fermín Galán y García Hernández, se adelantaron y se pronunciaron en Jaca por la República. Al no conseguir apoyos, fueron detenidos, juzgados y ejecutados. Berenguer anunció su decisión de convocar elecciones e intentó promover un partido monárquico para ganarlas, pero muy pocos estaban dispuestos a colaborar con el rey. Berenguer presentó su dimisión el 14 de febrero. El nuevo jefe de Gobierno, el almirante Aznar, convocó elecciones municipales para el día 12 de abril. El tribunal que juzgaba a los miembros del comité Revolucionario impuso condenas muy leves, al admitir que se sublevaban contra una dictadura y no contra la Constitución. El 12 de abril se celebraron las elecciones municipales y sus resultados desencadenaron en pocas horas la abdicación del rey y la proclamación de la Segunda República.
Los resultados de las elecciones del 12 de abril produjeron una conmoción. En las áreas rurales los concejales elegidos eran en su mayoría monárquicos, pero en las ciudades los candidatos republicanos ganaron. Daba igual que fueran unas elecciones municipales: el rechazo a la Corona había sido contundente. En la mañana del 14 de abril, la República fue proclamada en varias ciudades (Eibar y Sahagún). Cuando ya Lluis Companys la había establecido en Barcelona, los miembros del comité republicano revolucionario llegaron a la Puerta del Sol, donde tomaron posesión del gobierno del país y proclamaron la República. Esa misma noche Alfonso XIII abandonaba el país por Cartagena rumbo a Marsella.
Los hombres que formaron el Gobierno provisional representaban todas las fuerzas progresistas del país. El Gobierno decidió abordar una serie de problemas mediante decretos ministeriales, mientras se procedía a convocar las elecciones a Cortes. El ministro Largo Caballero adoptó las primeras medidas de reforma agraria y de reforma laboral. El Gobierno promovió una legislación educativa y se crearon nuevas plazas de maestros, se inició un programa de construcción de escuelas y se fundó el Patronato de Misiones Pedagógicas. También se puso en marcha el Estatuto Provisional de autonomía de Cataluña. Maciá fue el presidente de la Generalitat.
Anarquistas y socialistas estaban divididos entre quienes querían dar tiempo al Gobierno y quienes exigían cambios rápidos y radicales.
En la derecha, los decretos del Gobierno provocaron la oposición de los terratenientes, los patronos y buena parte de los militares. Pero el conflicto más grave se produjo a causa del enfrentamiento entre la Iglesia y el nuevo régimen. Desde el principio, los sectores más reaccionarios del clero hostigaron al Gobierno a través de pastorales por su política laicista en materia de enseñanza y de abandono de la financiación de la Iglesia. Para las elecciones se fundó Acción Nacional.
La situación desembocó en mayo en la quema de conventos. La actitud hostil de la Iglesia hacia la República había despertado el viejo anticlericalismo. La quema de conventos fue utilizada por las clases propietarias, que hicieron de la defensa de la religión una eficaz arma de propaganda antirrepublicana. La campana transcurrió con bastante normalidad y el 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes constituyentes. Votó aproximadamente el 70 por 100 del censo, que dio una victoria a la conjunción republicano-socialista.
Empezamos comentando el problema de las autonomías: Sabino Arana fundaba el Partido nacionalista Vasco, aunque en un principio sus planteamientos fueron muy radicales, proponiendo la secesión frente al Estado Español y pronto arraigó en unas clases medias que veían con temor el crecimiento del socialismo entre la clase obrera vasca. La más ambiciosa reforma de Maura era la Ley de Administración Local, por la que se creaban las mancomunidades. La ley contó con el respaldo de la Lliga, pero la resistencia de los representantes de la oligarquía impidió su aprobación. En 1912 Canalejas obtuvo su mayor éxito, cuando el Congreso aprobó la Ley de Mancomunidades, que permitía un inicio de autogobierno y satisfacía las peticiones catalanistas. Con la muerte de un radical anarquista se inició una etapa de crisis permanente en los dos partidos del turno. El auge del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco era visto con recelo entre la derecha conservadora. En 1921 se había fundado el Partido Comunista de España y las luchas sociales, que asustaban a las clases dirigentes y les llevaron a valorar que un gobierno autoritario podía ser el freno definitivo al crecimiento del movimiento obrero. Por último se puso en marcha el Estatuto Provisional de autonomía de Cataluña y el presidente de la Generalitat fue Maciá.
Otro de los problemas fue la reforma de la propiedad: El Gobierno decidió abordar una serie de problemas mediante decretos ministeriales, mientras se procedía a convocar las elecciones a Cortes. Así, el ministro Largo Caballero adoptó las primeras medidas de reforma agraria y de reforma laboral. Manuel Azaña inició también la reforma militar, exigiendo el juramento de fidelidad a la República a los militares y proponiendo el retiro voluntario a quienes optaran por negarse. Con la reforma agraria se trataba de asentar a los campesinos en las tierras de latifundio que se consideraban causa principal de la miseria campesina. La Ley de Bases para la Reforma Agraria de septiembre de 1932 afectaba a toda Andalucía, Extremadura, la Mancha y Salamanca. Se creó el Instituto de Reforma Agraria con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios, pero su aplicación fue un fracaso y se tardó casi un año en completar el registro de propiedades y en organizar el IRA, y además el escaso presupuesto apenas permitía expropiar fincas.
Por último, el problema religioso: El conflicto más grave se produjo a causa del enfrentamiento entre la Iglesia y el nuevo régimen. Los sectores más reaccionarios del clero hostigaron al Gobierno a través de pastorales por su política laicista en materia de enseñanza y de abandono de la financiación de la Iglesia. La situación desembocó en mayo en la quema de conventos y la actitud hostil de la Iglesia hacia la República había despertado el viejo anticlericalismo. La quema de conventos fue utilizada por las clases propietarias, que hicieron de la defensa de la religión una eficaz arma de propaganda antirrepublicana. En la cuestión religiosa se centraron los más encendidos debates. La Constitución estableció la disolución de las congregaciones religiosas de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Desaparecía el presupuesto de culto y clero. Se prohibía a las congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza, la industria y el comercio, al tiempo que quedaban sometidas a una ley especial. La Constitución proclamaba la libertad de conciencia y cultos y establecía la jurisdicción sobre los cementerios.
Este es sin duda el tema principal que plantea el texto. En el documento aparece una argumentación de tipo casi filosófico: anula el problema desplazándolo a la esfera privada e íntima del individuo. Sin embargo esto no es más que una simplificación: España deja de ser católica sí, es decir, el Estado español deja de ser confesionalmente católico, pero la mayoría de los españoles son católicos. Además, el punto de partida del debate para los diputados de derechas es la posición de privilegio de la Iglesia ratificada en la última Constitución, la de 1876 que establecía que el Estado era confesionalmente católico y de los presupuestos del Estado al culto y clero católicos. Había cierta libertad de cultos pero siempre en privado, sin permitir su manifestación pública. Uno de los grandes debates de las Cortes constituyentes, de los que forma parte este documento, fue, el religioso y que se plasmó en la Constitución de 1931. En ella se declaraba que el estado español es laico, se aprobaba la ley de cultos y el matrimonio civil, se suprimía en el plazo de dos años el presupuesto de culto y clero, se prohibía ejercer la enseñanza, la industria y el comercio a las congregaciones religiosas, se suprimía la Compañía de Jesús y la incautación de sus inmuebles por parte del Estado. La aprobación de los artículos religiosos de la Constitución de 1931 provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno como Miguel Maura y Alcalá Zamora, Azaña sustituyó al católico Alcalá Zamora en la Jefatura del gobierno, mientras que éste pasó a Presidente de la república. Amplios sectores de la Iglesia interpretaron estas medidas como una provocación; para ellos el Estado había seguido una trayectoria que iba de la pasividad a la violencia anticlerical y el ataque frontal a la Iglesia tal y como se redactó la Constitución. La cuestión religiosa se convirtió en uno de los ejes de la política de la República, sobre todo por la capacidad de organización política que mostró la Iglesia a través de periódicos, organizaciones sindicales agrarias y partidos. La mayor parte de la jerarquía eclesiástica, encabezada por el cardenal Segura, se manifestaron en contra del régimen republicano.
A modo de conclusión se podría decir que el Discurso de Azaña en las Cortes Constituyentes demuestra una de las contradicciones de la República y la Constitución de 1931. La cuestión religiosa fue tratada sin tacto, quizás, y contribuyó a radicalizar a los españoles que en su mayoría eran católicos, sobre todo los de la España rural y del norte. Se puede decir que la implantación del estado laico fracasó y no fue entendida la libertad religiosa como una más de las libertades para pasar a ser un arma esgrimida por los enemigos de la República y las clases más conservadoras.