Carlismo, Guerras Civiles y Construcción del Estado Liberal en la España de Isabel II

La oposición al sistema liberal: Las guerras carlistas y la cuestión foral

El carlismo, movimiento político de carácter tradicionalista y antiliberal, englobó a una parte de la nobleza rural, a gran parte del clero y a una base social campesina de determinadas zonas rurales (País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Maestrazgo principalmente).

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Ante el levantamiento carlista tras la muerte de Fernando VII, la regente María Cristina (en nombre de su hija Isabel II) buscó y obtuvo el apoyo de los realistas moderados y, fundamentalmente, del liberalismo, tanto moderado como progresista.

La guerra se inició con el levantamiento de partidas carlistas, que pronto adoptaron el método de guerrillas. El general carlista Tomás de Zumalacárregui logró organizar un ejército eficaz en el norte. Mientras tanto, el general Ramón Cabrera se destacó como líder carlista en el Maestrazgo.

El pretendiente al trono, Don Carlos María Isidro (hermano de Fernando VII), recibió el apoyo moral y a veces material de potencias absolutistas (como Rusia, Prusia y Austria), mientras que el gobierno de Isabel II contó con el respaldo diplomático y militar de la Cuádruple Alianza (Gran Bretaña, Francia y Portugal).

El general liberal Baldomero Espartero obtuvo una victoria decisiva sobre las tropas carlistas en la batalla de Luchana (1836), inclinando la balanza a favor del bando isabelino.

Surgió una división interna en el bando carlista: los transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales para poner fin a la guerra, y los intransigentes, defensores de continuar la lucha hasta la victoria final.

Finalmente, el general carlista Rafael Maroto (líder transaccionista) alcanzó un acuerdo con Espartero, conocido como el Convenio de Vergara (agosto de 1839), simbolizado por el "abrazo de Vergara". Este acuerdo puso fin a la guerra en el frente norte. El Convenio incluía un compromiso ambiguo de respetar los fueros vascos y navarros, aunque su adaptación al nuevo marco constitucional liberal sería fuente de conflictos posteriores (la 'cuestión foral'). Cabrera, sin embargo, resistiría en el Maestrazgo hasta su derrota en 1840.

La Segunda Guerra Carlista (1846-1849)

La Segunda Guerra Carlista (1846-1849), también conocida como Guerra dels Matiners, se inició con el pretexto del fracaso del proyecto de matrimonio entre Isabel II y el pretendiente carlista, Carlos VI (conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro, quien había abdicado en él sus derechos). Esta guerra tuvo menor intensidad y extensión geográfica que la primera y se desarrolló principalmente en Cataluña, dirigida de nuevo por el general Cabrera.

La oposición carlista al liberalismo se manifestó como una contrarrevolución armada, dando lugar a sucesivas guerras civiles a lo largo del siglo XIX.

Isabel II: La organización del régimen liberal

Las reformas progresistas

Durante los periodos de gobierno progresista (como la Regencia de Espartero o el Bienio Progresista), se asumió la tarea de desmantelar las estructuras jurídicas y económicas del Antiguo Régimen. Su acción fue esencial en la transformación jurídica de los derechos de propiedad. Abordaron una reforma agraria basada en principios clave, consagrando la propiedad privada y la libre disponibilidad de la misma:

• Disolución del régimen señorial: La ley del 26 de agosto de 1837 (confirmada y desarrollada posteriormente) eliminó los señoríos jurisdiccionales. Esto significó la pérdida de las atribuciones judiciales y administrativas de los señores, pero les permitió, en muchos casos, convertir sus antiguos derechos señoriales sobre la tierra en plena propiedad privada. El antiguo señor se convirtió así, frecuentemente, en un gran propietario agrario liberal.
• Desvinculación: Se suprimieron los mayorazgos, permitiendo la venta de tierras antes vinculadas a linajes nobiliarios.
• Desamortización: Proceso por el cual se expropiaban tierras y bienes de "manos muertas" (Iglesia, municipios, etc.) para venderlos en subasta pública. Iniciada con fuerza por Mendizábal (bienes eclesiásticos) y continuada por Madoz (ver más adelante).

El decidido apoyo de la regente María Cristina a la política moderada provocó un enfrentamiento directo con los progresistas y la Corona. Un amplio movimiento insurreccional en 1840, motivado por la Ley de Ayuntamientos moderada, llevó a la renuncia de la regente. Los sectores progresistas vieron en el general Baldomero Espartero, figura de gran carisma popular tras sus victorias carlistas, la única autoridad capaz de asumir el poder, convirtiéndose en regente (1840-1843).

La construcción del Estado Moderado (Década Moderada 1844-1854)

Tras la caída de Espartero y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II (1843), el Partido Moderado se hizo con el poder durante un largo periodo conocido como la Década Moderada (1844-1854). Emprendieron la tarea de construir una estructura de Estado liberal a su medida, bajo los principios del centralismo, la uniformización y el orden social.

• Se aprobó la Constitución de 1845, de carácter moderado.
• Se abordó la unificación y codificación legal: se aprobó el Código Penal de 1848 (revisado en 1850) y se sentaron las bases del futuro Código Civil.
• Se reorganizó la Administración pública, reforzando una estructura centralista con el fortalecimiento de los Gobernadores Civiles en cada provincia (representantes del poder central) y la figura de los Gobernadores Militares. Se aprobó una nueva Ley de Ayuntamientos (1845) que reforzaba el control gubernamental sobre los municipios.
• Se reformó la Hacienda con la Ley Mon-Santillán (1845), buscando racionalizar y centralizar los impuestos.
• Las competencias educativas pasaron a manos del Estado central, que reguló el sistema de instrucción pública (sentando las bases para la posterior Ley Moyano de 1857).
• Se disolvió la Milicia Nacional, cuerpo cívico-militar vinculado al progresismo, y se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo armado con finalidades civiles (mantenimiento del orden público y la propiedad, especialmente en el ámbito rural) pero con estructura militar y dependencia directa del gobierno central.
• Se firmó el Concordato con la Santa Sede (1851), que restablecía las relaciones con la Iglesia Católica tras las desamortizaciones y reconocía a esta un importante papel social y educativo, a cambio de que la Iglesia aceptara la pérdida de sus bienes ya vendidos.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Un pronunciamiento militar (la Vicalvarada) y la posterior insurrección popular dieron paso al Bienio Progresista (1854-1856), un breve retorno de los progresistas al poder en coalición con sectores moderados más aperturistas (la "Unión Liberal"). Se retomaron algunas políticas reformistas, siendo las dos líneas de acción económica más importantes:

• La reanudación de la obra desamortizadora: Esta vez a cargo del ministro de Hacienda Pascual Madoz, mediante la Ley de Desamortización General de 1855. A diferencia de la de Mendizábal (centrada en bienes eclesiásticos), la de Madoz afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia que aún quedaban, de las órdenes militares, cofradías, obras pías y, muy significativamente, a los bienes de los municipios (bienes de propios y comunes). Tuvo importantes consecuencias económicas y sociales.
• La aprobación de la Ley General de Ferrocarriles (1855): Regulaba la construcción de la red ferroviaria nacional y ofrecía importantes incentivos y facilidades a las empresas, mayoritariamente de capital extranjero (francés y británico), que intervinieran en ella. Buscaba modernizar las infraestructuras de transporte del país, consideradas clave para el desarrollo económico.