El bienio republicano-azañista: problema religioso, cuestión agraria y reacciones sociales en la España de 1931-1933

El bienio republicano-azañista: principales problemas, intentos de solución y reacciones suscitadas

El problema religioso y la secularización de la vida civil

Con la instauración del régimen liberal, la religión y la Iglesia en España habían ido perdiendo peso paulatinamente. Con todo, seguía estando en el punto de mira de los grupos progresistas y obreros, que veían en ella un freno al desarrollo del país y en su extensión los partidos de la coalición de gobierno tenían claro que el poder tradicional y la influencia que tenía la Iglesia en el país debían recortarse.

Esta pérdida de peso de la religión se resume en la frase «España dejaba de ser monolíticamente católica para ser mayoritariamente católica», expresión más o menos literal pronunciada por Azaña, con la que se quería significar que existían españoles que no participaban de las creencias cristianas. En línea con estas ideas se tomaron las siguientes decisiones:

• a) La separación de la Iglesia y el Estado, la aconfesionalidad o neutralidad de este en materia religiosa, y su conformación como Estado laico.
• b) Reglamentación laica sobre el divorcio, los matrimonios civiles y la secularización de los cementerios.
• c) Generalización de un sistema de enseñanza público y laico que desplazara a la enseñanza religiosa, solo al alcance de las familias pudientes.
• d) Decreto sobre libertad religiosa.
• e) Disolución de la Compañía de Jesús e incautación de sus bienes.
• f) Ley de Congregaciones, en virtud de la cual se privaba a la Iglesia del derecho a mantener centros docentes y se obligaba a las órdenes religiosas a pagar impuestos.

Como es lógico, las reacciones no se hicieron esperar: la Iglesia se mostró desde el primer momento contraria a su separación del Estado y a admitir la legislación laica de la República sobre matrimonios, cementerios, etc., al considerar que con ello se lesionaban sus derechos históricos. Aun así, el problema de la enseñanza fue el que suscitó más reacciones, al suprimirse la obligatoriedad de la enseñanza de la religión y decretarse la retirada de los crucifijos de las escuelas.

Las sucesivas cartas pastorales del cardenal Segura ponían en guardia a los ciudadanos contra la República y denotaban una progresiva hostilidad hacia el nuevo régimen, así como actitudes de alabanza y gratitud hacia la monarquía. Esto, junto con la creación de un club monárquico, hizo que grupos de republicanos asaltaran el diario monárquico ABC, acción en la que murieron dos personas. Inmediatamente se iniciaron los incendios de iglesias y conventos en casi toda España —solo en Madrid fueron quemados casi doscientos—, ante la pasividad del gobierno y la indiferencia de las fuerzas de orden público, que apenas intervinieron. Solo después de los desmanes se destituyó al director general de Seguridad y se declaró el estado de guerra.

Como consecuencia de estos incidentes, el cardenal Segura, que había hecho un viaje a Roma, no regresó a España, exiliándose en Francia. Algunos intelectuales republicanos, que observaban con onda preocupación el giro violento que tomaban los acontecimientos, no se recataron en manifestar su desilusión, como hizo Ortega y Gasset con la conocida frase «No es esto, no es esto», incluida en un artículo periodístico en el diario El Sol, al final del verano del año 1931.

El problema agrario y la cuestión social

Hasta que llegó la Segunda República, o tal vez hasta la guerra civil, la solución de los problemas sociales en España se había realizado presentando siempre una condición previa: que la reforma no representaba perjuicio alguno para el mantenimiento de los intereses de las oligarquías. El problema agrario era estructural y permanente, y además sumamente grave en un país que, a pesar del proceso de industrialización, era todavía predominantemente agrario. Junto a la tremenda desigualdad en el reparto de la tierra —problema aumentado por el contexto de crisis internacional de los años 30— hay que añadir la ineficacia y el atraso en la utilización de técnicas agrícolas.

El resultado: millones de campesinos vivían por debajo del nivel de subsistencia, y eso era un peligro potencial para la República. En la resolución del problema agrario se jugaba la República su prestigio y credibilidad, cuando no su propia pervivencia. La resolución de esta cuestión se convertía, por tanto, en un verdadero test sobre la voluntad reformista de las autoridades republicanas.

El líder de la UGT, Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo durante todo el bienio, fue el verdadero impulsor de toda una serie de medidas de urgencia para mejorar las condiciones de los campesinos que ya veníamos en la etapa del gobierno provisional. En marzo de 1932 empezó a discutirse en las Cortes el proyecto de Ley de Reforma Agraria, que fue aprobado en septiembre de 1932, tras superar las dificultades y resistencias que oponían las fuerzas parlamentarias de la derecha. Es posible que la discusión se hubiera prolongado durante más tiempo, pero el levantamiento militar fracasado de Sanjurjo (10 de agosto de 1932) contra la República aceleró su aprobación.

Las autoridades republicanas se vieron acosadas por la impaciencia de la izquierda ante la insuficiencia de los decretos, actitud que se puso de manifiesto en los trágicos sucesos de Casas Viejas, Ciudad Real, Castilblanco y Arnedo, pueblos donde estallaron violentos levantamientos campesinos. Ahora se sumaba además la actitud golpista de la derecha, capaz de acabar no solo con las medidas de reforma, sino con la misma República.

La Ley de Reforma Agraria preveía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, las tierras incultas, las de regadío no regadas, etc. Para ello se creó el I.R.A. (Instituto para la Reforma Agraria), con un presupuesto de 50 millones de pesetas al año. El procedimiento era el siguiente: el I.R.A. confiscaba las tierras y las pasaba a las juntas provinciales, y estas a los campesinos que previamente habían decidido sobre su explotación individual o colectiva.

Realmente fueron muchos los problemas con los que contó y poca la efectividad: no se conocían datos de mucha gente, se marginaron los terrenos ganaderos, etc. Los tratadistas se oponían a toda esta política, no se tenían datos sobre los rendimientos de las tierras, y el propio gobierno tampoco puso mucho empeño en solucionar el problema.

Los resultados prácticos de la Ley de Reforma Agraria fueron decepcionantes: de los varios millones de hectáreas expropiables de los latifundios, solo se habían expropiado realmente 116.837, y de entre 60.000 y 70.000 familias que se había programado instalar al año, solo se habían concedido tierras a 12.260.

Las reacciones de la patronal agraria contra la Ley de Reforma Agraria fueron de diversa índole: desde la ignorancia de la ley y su bloqueo de existencia, hasta la amenaza a los arrendatarios con arrojarlos de la explotación de la tierra en caso de apoyar al IRA. Para defender sus intereses crearon asociaciones legales como, por ejemplo, la Unión Nacional Económica y el Bloque Agrario. Además, utilizaron hábilmente las herramientas legales que la legislación republicana les otorgaba para obstruir la aprobación de la ley en las Cortes o para ralentizar su desarrollo.