El Bienio Progresista (1931-1933): Reformas y Transformación de la Segunda República

El Bienio Progresista (1931-1933): Reformas y Transformación

El Bienio Progresista, también conocido como Bienio de Izquierdas (1931-1933), estuvo marcado por el Gobierno liderado por Manuel Azaña, quien impulsó una serie de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española.

4.1. La Iglesia Católica y el laicismo

El Gobierno buscó limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. La Constitución de 1931 estableció los siguientes pilares:

• Estado laico y libertad de cultos.
• Supresión del presupuesto de culto y clero.
• Legalización del matrimonio civil y el divorcio.
• Secularización de los cementerios.

Asimismo, se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y se disolvió la Compañía de Jesús. Este proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitaba la posesión de bienes a las comunidades religiosas. Parte de los católicos percibió estas medidas como una agresión al catolicismo; la actitud hostil del cardenal Segura y del obispo de Vitoria provocó su posterior expulsión.

4.2. La reforma del Ejército

Azaña asumió el Ministerio de Guerra e impulsó una reforma para crear un Ejército profesional y democrático. Sus objetivos principales fueron reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia y asegurar la obediencia al poder civil:

• Ley de Retiro de la Oficialidad: Todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, aunque se les permitía retirarse manteniendo su sueldo.
• Cierre de la Academia Militar de Zaragoza (1931).
• Creación de la Guardia de Asalto (1932): Una fuerza de orden público fiel a la República.

Esta reforma fue recibida por algunos sectores, especialmente por los llamados africanistas, como una agresión a la tradición militar y al poder del Ejército.

4.3. La reforma agraria

El objetivo principal fue poner fin al predominio del latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros, quienes representaban casi la mitad de la población activa. Ante las grandes diferencias geográficas en la repartición de la tierra, se promulgaron decretos iniciales para proteger a los campesinos sin tierras y a los arrendatarios:

• Prohibición de rescindir contratos de arrendamiento.
• Establecimiento de la jornada laboral de 8 horas en el campo.
• Implementación de un salario mínimo interprofesional (SMI).
• Obligación a los propietarios de explotar sus tierras.

La verdadera reforma llegó con la Ley de Reforma Agraria, gestionada por el Instituto de la Reforma Agraria (IRA). Esta ley pretendía modernizar la agricultura y permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de los Grandes de España. Sin embargo, los resultados fueron escasos, ya que se expropiaron menos hectáreas de lo previsto y se asentaron menos familias. Esto aumentó la tensión social: los propietarios se mostraron enfadados y los campesinos, decepcionados, adoptaron en muchos casos posturas revolucionarias, llegando a ocupar tierras por su cuenta.