La Argentina en la década de 1930: crisis y transformaciones

Nuevos Actores Políticos

En la década de 1930, cobraron importancia las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. La Constitución Nacional establecía que la función de las Fuerzas Armadas era la defensa del país frente a las agresiones extranjeras y el sostén de las autoridades elegidas por el voto. En los años 30, controlaban el funcionamiento, los destinos y los ascensos de sus integrantes. Este sector concibió que la democracia había llevado a la anarquía y a la crisis de los valores nacionales. El Ejército era visto como una institución que debía restablecer el orden. La Iglesia consideró que el poder militar era la mejor solución para reparar los efectos que consideraba perversos del capitalismo, la democracia liberal y el socialismo. Los puntos clave para la reconstrucción de la Iglesia fueron el mantenimiento de las disposiciones legales contrarias al divorcio y la lucha por la implantación de la enseñanza religiosa. La Acción Católica (1928) constituyó el verdadero grupo de presión a favor del clero y difundió el antiliberalismo y el nacionalismo.

La Crisis Económica y sus Respuestas

La crisis afectó a la Argentina de manera significativa en su vinculación con el mundo exterior. La caída de los precios de los productos de exportación no solo obligó a reducir las importaciones, sino que también afectó la capacidad de recaudación fiscal del gobierno. Castigó particularmente al sector agrario, que no solo redujo el crecimiento, sino que también perdió importancia en el valor de las exportaciones y bajó la tasa de inversión. La creciente intervención estatal obligó al gobierno a adoptar medidas relacionadas con la coyuntura. Para frenar la pérdida del valor del peso, se estableció la necesidad de contar con autorizaciones oficiales para importar (llamadas “permisos de importación”) y el control sobre la entrada y la salida de divisas del país. Este “control de cambios” se realizó estableciendo diferentes valores de las monedas extranjeras respecto del peso (“tipos de cambio diferenciales”), de acuerdo con las mercaderías que se importaban o exportaban. Se crearon Juntas Reguladoras destinadas a defender a los sectores económicos en crisis, especialmente a aquellos vinculados a la explotación. Se creó el Banco Central para regular la cantidad de moneda en circulación y el crédito, adaptándolos a las necesidades de la actividad económica. También se implementó una política de obras públicas que apuntaba al desarrollo industrial.

El Pacto Roca-Runciman

El pacto fue firmado entre Gran Bretaña y Argentina en 1933. El origen del acuerdo se vincula a la situación de crisis mundial. Gran Bretaña estableció en 1932 un sistema que daba preferencia a las importaciones provenientes de los países miembros de su Commonwealth, lo que llevaba a reducir sus compras de carne a la Argentina. Al mismo tiempo, los ingleses aspiraban a recuperar posiciones en un mercado en el que la presencia estadounidense estaba ganando terreno. El gobierno de Justo envió a Londres una misión encabezada por el vicepresidente de la nación, Julio Roca. Las negociaciones con el ministro de comercio británico, Walter Runciman, llevaron a la firma del acuerdo que, desde entonces hasta la actualidad, generó largas polémicas en la opinión pública y entre los historiadores y economistas.

Características del Acuerdo

Los dos objetivos que se había planteado el gobierno eran mantener las exportaciones de carne y aumentar la participación de los productores locales en ese comercio, a fin de negociar en mejores términos con los frigoríficos. La primera meta fue alcanzada; la segunda, no. Los británicos obtuvieron medidas en favor de sus intereses: se garantizaba la cantidad de divisas necesarias para hacer frente a los pagos corrientes destinados a Gran Bretaña, en un volumen igual a las ventas de productos argentinos; se asumía el compromiso de no reducir las tarifas ferroviarias, mantener libre de aranceles el carbón y reducir las tarifas de otros productos británicos.

Cuestionamientos del Pacto

A mediados de 1935, el senador Lisandro de la Torre denunció en el Congreso un negociado producto del “Pacto Roca-Runciman”, en el que incriminaba por fraude y evasión impositiva a los frigoríficos británicos Anglo, Armour y Swift. Las pruebas, que comprometían a los ministros del presidente Justo, Pinedo (de Hacienda) y Duhau, ponían en evidencia el trato preferencial que recibían estas empresas, que prácticamente no pagaban impuestos y nunca eran inspeccionadas.

Diversificación y Expansión

Los sectores capitalistas agrarios locales comenzaron a diversificar sus inversiones. De esta manera, se formaron grupos económicos como el consorcio de Bunge y Born, empresas que abarcaban actividades tan diversas como el comercio de cereales, molinos y productos de alimentos, textiles, química, pinturas y fabricación de envases de hojalata. Dicha expansión se vio favorecida por la estabilidad del salario real (que es la cantidad de bienes que pueden comprarse con el sueldo y que varía según el nivel de precios) y la disponibilidad de mano de obra que ofrecía la inmigración interna hacia las ciudades en las que se expandía la actividad manufacturera. Además, el Estado tomó algunas medidas que favorecieron a la industria nacional, tales como el beneficio de las licitaciones (aviso público del Estado en donde este propone arreglar algo y otras empresas lo hacen por distinto dinero) en los programas de obras públicas, lo que generó un incentivo para la producción de otros bienes. La sustitución de importaciones tomó características diferentes de acuerdo al sector. El sector textil estaba mejor posicionado y, por lo tanto, pudo crecer; otros, debido a la falta de insumos y de maquinarias que debían importarse, fueron menos eficientes. La expansión mostraba sus límites, relacionados con las características de las nuevas fábricas, que mostraban un diseño tecnológico y maquinarias más modernas.

El Plan Pinedo

La importancia de este plan reside en que fue el primer documento estatal elaborado para considerar la posibilidad de cambiar el rumbo económico del país. No se centraba exclusivamente en el sector primario y promovía la intervención del Estado en la economía a través de medidas (ej.: reforma financiera). Promovió la industrialización exportadora y especializada en materias primas nacionales e incentivó el intercambio con países vecinos. El núcleo de esta propuesta era la diversificación de mercados externos y lograr una mayor relación económica con EE. UU. El plan fracasó en el trámite de su aprobación parlamentaria, lo que mostró la gran medida de ilegitimidad del régimen político. Se cuestionó el sistema de dominación política y no el plan industrialista. La acción estatal era vista como la única alternativa, avanzando desde la intervención estatal en la economía hacia un mayor dirigismo (sistema en que el Estado no solo controla o interviene en la economía para regular su marcha, sino que además planifica y dirige la inversión y la producción en áreas consideradas clave para alcanzar determinadas metas, sin suprimir la propiedad privada).