Antecedentes de la Guerra del Pacífico: Situación de Chile, Perú y Bolivia en 1879
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Situación de los Países Combatientes al Inicio de la Guerra del Pacífico
La situación de los países combatientes al inicio de la guerra era bastante deficiente. Ninguno de los tres países estaba preparado para un conflicto bélico en la década de los años 1870.
Chile
Chile sufría una aguda crisis económica, producida por el déficit de dinero metálico en las arcas fiscales, lo que llevó a una inflación producto de la "ley de inconvertibilidad de billetes de banco" promulgada por el presidente Aníbal Pinto.
Bolivia
En Bolivia, los caudillos militares se sucedían vertiginosamente, lo que produce una inestabilidad política crónica. El presidente Hilarión Daza es quien asume el poder poco tiempo antes del inicio de la guerra.
Perú
Y finalmente en el Perú, el régimen del presidente Mariano Ignacio Prado sufre una crisis económica producida por la nacionalización de las salitreras de Tarapacá, que el Estado peruano no podía financiar, y que realizó con la esperanza de que Bolivia hiciera lo mismo con sus salitreras en Antofagasta, expulsando así a los capitales chilenos de sus dominios.
Situación de Chile en 1879
En Chile, al inicio de la Guerra del Pacífico, gobernaba el presidente Aníbal Pinto en el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 1876 y el 18 de septiembre de 1881. Pinto era una persona inteligente, liberal desde sus inicios, y su padre, el general Francisco Antonio Pinto, había sido presidente de la República desde 1826 a 1829. Sin embargo, los antecedentes del conflicto comienzan poco tiempo atrás, durante el mandato del presidente Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876), quien enfrentó el peligro de una alianza entre Perú, Bolivia y Argentina, ya que el presidente Prado invitaba al gobierno de Nicolás Avellaneda a sumarse al tratado secreto. Sin embargo, las gestiones realizadas por el plenipotenciario, y futuro presidente de Chile, José Manuel Balmaceda (1886-1891), lograron impedir la triple alianza en contra de Chile, supuestamente, por el peligro de una intervención de Pedro II, emperador del Brasil. Ante este contexto, el presidente Errázuriz ordenó construir dos poderosos acorazados en Europa: el Blanco Encalada y el Cochrane, que fueron la columna vertebral de la Armada de Chile durante el conflicto.
El presidente Pinto, electo sucesor de Errázuriz, y recién comenzado su mandato, se enfrentó a la grave crisis económica producida por la escasez de moneda metálica. Chile, que en tiempos anteriores había vivido el auge argentífero en la mina de Caracoles, se encontraba con las arcas fiscales vacías, lo que obligó al gobierno a emitir billetes de curso forzoso para paliar el déficit. El autor de la ley fue el ministro Augusto Matte, que reemplazó a Rafael Sotomayor Baeza en el Ministerio de Hacienda. La ley decía:
"Artículo Único. Desde la fecha de la promulgación de esta ley hasta el 31 de agosto de 1879, se considerarán como moneda legal para la solución de todas las obligaciones que deban cumplirse en Chile, contraídas antes o con posterioridad a la fecha de esta ley, y cualquiera que sea la forma en que se hayan otorgado, los billetes de banco a la vista y al portador, emitidos por los bancos enumerados en el artículo 1º de la ley de 27 de junio...".
Esto produjo una profunda desconfianza en la opinión pública chilena en el momento de comenzar la guerra. El presidente Pinto se enfrentaba a fuerzas militares superiores, pero tenía Chile de su parte su profunda estabilidad política, fruto del régimen portaliano, que la transformaba en la más ordenada de las repúblicas latinoamericanas.
En el ámbito militar, Chile contaba con un ejército de aproximadamente 2995 soldados de línea, que casi en su totalidad se encontraban en la Guerra de Arauco contra los pueblos mapuches. Su artillería, sin embargo, había sido mejorada por el presidente Errázuriz, y contaba con los poderosos cañones Krupp de origen prusiano. Su comandante en jefe era el anciano general don Justo Artiaga.
La Armada contaba con dos acorazados lo suficientemente poderosos como para enfrentar a cualquier barco enemigo, los blindados Cochrane y Blanco Encalada. Se sumaban a ellos la cañonera Magallanes, las corbetas O'Higgins y Chacabuco, la Goleta Covadonga y las viejas corbetas Esmeralda y Abtao. Mandaba la escuadra el almirante Juan Williams Rebolledo.
Situación de Perú en 1879
En 1868, durante el gobierno de José Balta, se inició el proyecto de ampliación de los ferrocarriles obteniendo crédito en base a la producción del guano concedido a Augusto Dreyfus. Pero en 1870 los ingresos decaen por la competencia del salitre de Tarapacá. Los préstamos realizados y la venta del guano, aun sin explotar, no habían cubierto las inversiones.
En agosto de 1872 fracasa la expedición de Quintin Quevedo en Antofagasta.
El 31 de agosto de 1872, el gobierno del Perú recibe una carta del doctor don Daniel Ruzo, delegado fiscal en Londres, informando de la construcción de dos blindados y de rumores de una alianza entre Chile y Bolivia por la cual Bolivia cedería a Chile, Mejillones, a cambio de entregarles Moquegua (y sus puertos de Ilo y Arica) a Bolivia. El 4 de octubre de 1872, José de la Riva Agüero hace de conocimiento de ello al Consejo de Ministros del Perú, viendo con beneplácito las informaciones de Daniel Ruzo.
El 19 de noviembre de 1872, el presidente Manuel Pardo crea el Departamento de Tarapacá, que lo separaba de Chile el desierto de Atacama, cuyos recursos eran poco defendibles por una inexistente escuadra boliviana.
Para sostener las inversiones en la construcción de ferrocarriles, el gobierno peruano interviene la producción de salitre en Tarapacá, monopolizando su comercio durante el gobierno de Manuel Pardo en 1873 con el fin de limitar su producción en beneficio del precio del guano. También el gobierno peruano arrienda la región de El Toco en Tocopilla por veinte años, siendo la Compañía de Salitres, de capitales chilenos, la única competencia del monopolio peruano en el salitre.
El 18 de enero de 1873 se emite una ley disponiendo el estanco del salitre en la República Peruana, lo que obligaba a los explotadores del salitre a vender obligatoriamente toda la producción de salitre al Estado peruano al precio de dos soles y cuarenta centavos.
Perú y Chile no eran países limítrofes. En el Perú se tenía el temor de un Chile expansionista y si invade Antofagasta podría ampliarse a Tarapacá, donde también se explotaba el salitre. El Congreso aprueba los gastos en armamentos, pero no se contaba con caja para estos gastos, por lo que no se realizaron.
En el ámbito militar, las fuerzas navales peruanas habían permanecido como las más poderosas del Pacífico sur desde la Guerra Hispano-Sudamericana, calidad que habían perdido después de que Chile aumentara su escuadra en 1874. La Marina de Guerra basaba su poderío en dos buques: la fragata Independencia y el monitor Huáscar, a los que se sumaban los monitores Manco Cápac y Atahualpa, naves artilladas, pero de escaso andar. Complementaban la flota las corbetas Unión y Pilcomayo, lo suficientemente rápidas.
El ejército, en tanto, lo formaban cerca de seis mil hombres, que no tenían la experiencia.
Situación de Bolivia en 1879
Durante el gobierno del dictador Mariano Melgarejo, se realizaron concesiones a empresas chilenas en territorio boliviano. Pero Melgarejo es derrocado por Agustín Morales el 15 de enero de 1871.
Las concesiones fueron anuladas en agosto de 1871 y Agustín Morales envía a Rafael Bustillos a renegociar con Chile el acuerdo de asistencia de 1866, sin resultados. En noviembre de 1871, Rafael Bustillos se entera de que el navío "Tomé" iba a salir rumbo a Antofagasta con el fin de derrocar a Agustín Morales, pidiendo al gobierno chileno los detenga, lo cual logra. Nuevamente en agosto de 1872, Quintin Quevedo (general que apoya al regreso de Melgarejo al poder) organiza una expedición que sale desde Valparaíso con el fin de derrocar a Morales, pero el pedido de Bustillos por detener en Chile la expedición no tiene acogida. La expedición llega a Antofagasta, donde es disuelta por el prefecto de Cobija. Quevedo se refugia en la corbeta Esmeralda, que se encontraba patrullando la zona, bajo el mando de Patricio Lynch, quien lo traslada al Perú.
Bustillos pide explicación al gobierno de Chile por no acoger su pedido, pero no tiene respuesta. El presidente Morales recibe informes del apoyo de capitalistas chilenos y extranjeros a la expedición de Quevedo para que, con el retorno de Melgarejo, reciban concesiones e intercambios territoriales.
En Bolivia se temía la ocupación militar chilena de sus costas, y pide al Perú su mediación. Así el presidente Manuel Pardo comunica a Chile su intención de intervenir si Chile ocupa la costa de Bolivia. En noviembre de 1872, Bolivia propone al Perú el tratado de alianza defensiva que no tuvo acogida inicial.
En 1872, Chile intenta comprar a Bolivia la región en cuestión. No tuvo éxito.
El 8 de noviembre de 1872, la Asamblea Nacional de Bolivia, bajo la presidencia de Tomás Frías, brinda permisos a la Marina del Perú a navegar por sus costas y autoriza al presidente de Bolivia a declarar una guerra si recibe agresión de otro país. Bolivia no contaba con una escuadra.
El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta firmó un contrato con el gobierno de Bolivia, que le autorizaba la explotación del mineral libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Este contrato no fue ratificado por el Congreso de Bolivia, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile —que darían por resultado el tratado de límites de 1874—.
En 1874, Chile y Bolivia suscribieron un tratado de límites, en reemplazo de uno anterior, de 1866. Dentro de sus puntos estaba la obligación de no imponer nuevos tributos a las personas, industrias y capitales chilenos durante 25 años.
Para Bolivia, el contrato de 1873 aún no se encontraba vigente, porque de acuerdo con la constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el congreso. En 1878, la Asamblea Nacional Constituyente boliviana, en medio de una crisis económica, se avocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Decidió ratificar el contrato si se pagaba un impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado de territorio boliviano. Esta decisión, que afectaba los intereses de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, finalmente fue considerada por el gobierno chileno como una violación al artículo IV del tratado de 1874. Dicho impuesto de 10 centavos, que afectaba a esta empresa, es mencionado como el casus belli de la Guerra del Pacífico.