Acusación popular y asistencia letrada en el proceso penal: concepto, requisitos y funciones del Ministerio Fiscal

Acusación popular: concepto y requisitos

Se entiende por acusación popular la que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la LECrim, puede ser ejercida por cualquier ciudadano no ofendido por el delito. La acción popular pretende el restablecimiento del ordenamiento jurídico perturbado por la comisión del delito y asiste a todo ciudadano español capaz que no haya sido ofendido por el delito (art. 101.2).

La acción popular alcanza hoy su fundamentación constitucional, pues aparece instaurada en el artículo 125 de la Constitución (los ciudadanos podrán ejercer la acción popular). De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, la acción popular es un derecho constitucional reconocido por el artículo 125 CE, pero no integra un auténtico derecho fundamental que, como sí es el caso del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, pertenece exclusivamente al ofendido o perjudicado.

El derecho a la asistencia de abogado

Concepto, derechos fundamentales a los que afecta, regulación, momento en el que se genera el derecho y renuncia del abogado.

A diferencia de la defensa privada, la del abogado pertenece al ámbito del derecho público y, por tanto, es indisponible, porque a la sociedad interesa no solo que el interrogatorio policial se efectúe con pleno respeto a la integridad y dignidad del detenido, sino también que nadie pueda ser condenado sin el patrocinio de su abogado.

El derecho a la asistencia de abogado consiste, en primer lugar, en la facultad que asiste al imputado de elegir un abogado de confianza; en segundo lugar, en reclamar a su costa la intervención de un abogado de oficio, siempre que la actuación procesal pueda generar una indefensión material; y, en todo caso, la asistencia gratuita de dicho abogado cuando carezca de recursos para litigar. En tercer lugar, exige que pueda comunicarse libremente con su abogado, a fin de que le asesore para poder ejercer con eficacia su autodefensa. Finalmente, el derecho de defensa conlleva la facultad de poder realizar el abogado todos los actos y medios de impugnación conducentes a obtener el restablecimiento y declaración del derecho a la libertad de su defendido.

La única misión del abogado defensor, sea de confianza o de oficio, consiste en la actuación en el proceso penal del derecho a la libertad y a la presunción de inocencia de su patrocinado. Por eso el abogado no puede ser concebido, sin más, como un órgano colaborador de la justicia, hasta el punto de que debiera contribuir al esclarecimiento del hecho o la condena del culpable. Antes al contrario, tiene la obligación del secreto profesional, el cual le ampara incluso frente a la genérica obligación de colaborar con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en orden a denunciar las operaciones de blanqueo de capitales que haya podido efectuar su patrocinado. Por esta razón, el carácter colaborador debe reclamarse de la naturaleza de la defensa como parte procesal dialécticamente enfrentada a la acusación, cuya exclusiva misión constitucional consiste en acreditar la validez del derecho a la libertad del artículo 17 CE.

El Ministerio Fiscal: concepto y funciones que desarrolla como parte

El Ministerio Fiscal es un órgano colaborador de la jurisdicción regido por los principios de legalidad, imparcialidad, unidad y dependencia jerárquica. El artículo 124 de la Constitución le otorga la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, lo que en el ordenamiento procesal penal se traduce en la obligación de ejercitar la acción penal ante la sospecha de la comisión de un delito público, con la sola excepción de los dependientes de la instancia privada (art. 105 LECrim).

El MF, aunque sea una autoridad imparcial, también es, al propio tiempo, una parte que ha de solicitar la actuación del ius puniendi del Estado. Esta aparente contradicción en realidad no lo es, pues al MF no le corresponde el ejercicio de potestad jurisdiccional alguna, sino la de provocar dicha potestad cuando se haya cometido un delito público (art. 105), por lo que asume la función de defensa de la sociedad, instando la reinstauración del orden jurídico perturbado por la comisión del delito.

La legitimación del MF es siempre originaria y en calidad de parte principal, razón por la cual puede impugnar con independencia las resoluciones judiciales. Hay que exceptuar los supuestos en que el MF actúa en defensa de menores o de personas desvalidas, en los que ejercita una legitimación derivada que bien puede calificarse de representativa. En dicho ejercicio, que según el artículo 271 debiera revestir la forma de querella, está sometido al principio de legalidad, sin que nuestro ordenamiento procesal le permita la invocación del principio de oportunidad.

El Ministerio Público tiene el deber de ejercitar la acción penal ante la sospecha de la comisión de un delito público y la obligación de comparecer para sostener la pretensión penal en aquellos procesos penales incoados por las ofensas que obedezcan a la comisión de delitos semipúblicos, así como la prohibición de solicitar la incoación o de personarse en los procesos por delitos privados.

Órganos jurisdiccionales penales

• Órganos unipersonales: los juzgados de paz, los juzgados de instrucción y centrales de instrucción, los de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo penal y centrales de lo penal, y los juzgados de menores y central de menores.
• Órganos colegiados: las audiencias provinciales, con o sin tribunal del jurado, los tribunales superiores de justicia (sala de lo civil y penal), la Audiencia Nacional (sala de lo penal) y el Tribunal Supremo (sala de lo penal).

Asimismo, al orden jurisdiccional penal pertenecen también los juzgados de vigilancia penitenciaria y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que tienen como misión la aplicación de la Ley General Penitenciaria y, de modo especial, revisar la relación administrativa de los presos con la dirección del centro penitenciario y el régimen de sanciones de la población reclusa. Por último, de la responsabilidad penal contra autoridades militares aforadas conoce el Tribunal Supremo, a través de la sala de lo militar.

La teoría de los frutos del árbol envenenado: consecuencias de la anulación de la prueba ilícita

La presunción de inocencia exige que la actividad jurisdiccional, tanto la probatoria, no pueda practicarse con vulneración de las normas tutelares de los derechos fundamentales. Tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional, aun careciendo de regla legal expresa que establezca la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. Dicha regla expresa la constituye hoy el artículo 11.1 LOPJ.

Constituyen claros supuestos de prohibición de valoración de la prueba la que pudiera obtenerse mediante vulneración de garantías constitucionales, tales como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones, con violación de derechos fundamentales o a través de medios que la Constitución prohíbe o expresamente no autoriza.

Funciones del proceso penal

• La actuación del ius puniendi. Como consecuencia de la prohibición de la autotutela penal, el Estado ostenta en régimen de monopolio la facultad de actuar una vez declarada la existencia de un delito y su participación en él del acusado, mediante la imposición al mismo por el tribunal penal de la correspondiente pena prevista en el Código Penal.
• La protección del derecho a la libertad. A diferencia de los regímenes autocráticos, en un Estado de Derecho la función del proceso penal no puede identificarse exclusivamente con la aplicación del ius puniendi, y ello por la sencilla razón de que también está destinado a declarar el derecho a la libertad del ciudadano inocente. El proceso penal se erige, pues, en un instrumento nutricio de la jurisdicción cuya finalidad consiste tanto en aplicar dicho ius puniendi como en declarar e incluso restablecer puntualmente, a través del habeas corpus, el derecho a la libertad.
• La protección de la víctima. En aquellos países que, como es el caso de nuestro, secundaron el modelo francés de acumulación de la acción o pretensión civil a la penal derivada del delito, también el proceso penal debe convertirse en un instrumento útil para la reparación de la víctima.
• La rehabilitación del imputado. Tampoco cabe desconocer la función de reinserción que debe asumir el proceso penal contemporáneo. Es cierto que desde un punto de vista estrictamente jurídico esta discutible función es más propia de las penas y de las medidas de seguridad que del proceso penal, pero, en la práctica, tampoco cabe desconocer que, sobre todo en el caso de las penas cortas privativas de libertad, es difícil alcanzar esa finalidad, lo que aconseja incluir en el sistema punitivo, para el tratamiento de los delitos leves, sanciones o penas alternativas a la de privación de libertad que eviten el contagio criminal.