Aborto en México: situación legal y debate social
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Aborto en México
El aborto en México, referido al aborto inducido, se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación y todos salvo los códigos de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer; catorce de los treinta y dos extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños.[1]
Situación legal
Sin embargo, según Jo Tuckman del periódico The Guardian, en la práctica hay pocos estados que faciliten el aborto inducido en estos casos, aunque tampoco procesan a los médicos que ofrecen abortos seguros ilegales ni a los médicos clandestinos.[2]
En la Ciudad de México y Oaxaca está despenalizado desde 2007 y 2019 respectivamente, a petición de asociaciones pro-aborto hasta las doce semanas de embarazo.[3][4][5][6][7]
Debate social
La despenalización del delito de aborto ha venido a revivir en días recientes, uno de los más álgidos debates de la sociedad mexicana. El tema confronta a distintos puntos de vista que con frecuencia son defendidos con gran vehemencia entre dos bandos, como si fueran enemigos acérrimos irreconciliables. Ambas posturas, radican en las diferencias tan profundas e históricas, similares a las que se vivieron en la época de la Reforma, suscitada entre liberales vs. conservadores. Tal parece que, todo el debate quisiera simplificarse en una falsa pugna entre quienes están a favor de la vida y quienes están en contra de ella. Tratar de reducirlo a ello, es un falso debate. El verdadero problema cuando se aborda el aborto es la ausencia de una visión integral para tratar de entender la situación, como un derecho humano de salud reproductiva de la mujer, pues su defensa, en ningún momento significa anular o violentar el derecho a la vida. El centro de la controversia debería focalizarse en la criminalización de la mujer embarazada, cuya decisión personal de practicarse un aborto le provoca graves consecuencias y no solamente jurídicas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año 22 millones de mujeres se someten a abortos inseguros, lo que deriva en cerca de 50 mil muertes y por lo menos en cinco millones de complicaciones. En México 7.3% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros. Según a datos proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (G.I.R.E.) en nuestro país se practican más de un millón de abortos al año, la mayoría de ellos en forma clandestina e insalubre, provocando diversos problemas de salud a las mujeres, en una década más de 4,200 mujeres fueron denunciados por el delito de aborto en México. Solo una de las 32 entidades que componen la República Mexicana permite el aborto libre hasta la duodécima semana de gestación: la Ciudad de México desde el año 2007. Las diferencias con el resto de los Estados son abismales. La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación; 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas. El propio ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en un proyecto de juicio de amparo que “ni la Constitución ni los tratados internacionales han reconocido al concebido como una persona en el sentido jurídico, por lo que éste no es titular de derechos fundamentales. No obstante, se reconoció que tiene un valor intrínseco muy relevante, el cual incrementa en la medida en la que se acerca a su nacimiento. Frente a ese interés, sin embargo, se ubican los derechos de la mujer, quien verá modificada su vida y salud de manera trascendental si se le impone la decisión de llevar a buen término el embarazo”. Asumir posturas absurdas y radicales como el señalar que “quien decide interrumpir un embarazo es equivalente a ser un sicario” no abona de ninguna manera a la reflexión científica y seria del tema, pues solamente polariza originando cerrazón para la discusión y debate. Esperamos que por el bienestar de las mujeres, los Legisladores poblanos asuman una postura congruente con los derechos humanos de salud reproductiva, del libre desarrollo de la personalidad y de seguridad jurídica.