6.1 El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

Las regencias, liberalismo y guerras carlistas.

El reinado de Isabel II (1833-1868) simboliza el triunfo de la revolución liberal burguesa en nuestro país. España pasa definitivamente de un régimen señorial a una economía capitalista, triunfando los principios liberales del constitucionalismo. Este proceso se va a ver influido por la guerra carlista, que consagrará a los militares como árbitros de la vida política española.

Es por tanto el momento del paso del absolutismo al liberalismo en España, mediante una alianza o pacto entre las élites del antiguo y del nuevo régimen: la antigua nobleza, los comerciantes, industriales, altos cargos del ejército y la administración.

El periodo de regencias (1833-1843)

Tras la muerte de Fernando VII fue proclamada reina su hija Isabel II. Al ser menor de edad, se estableció un periodo de regencias, que fueron desempeñadas por su madre, María Cristina de Borbón (1833-1840), y por el general Baldomero Espartero (1840-1843).

Esta fase estuvo determinada por dos acontecimientos:

La Primera Guerra Carlista.

El establecimiento definitivo de un régimen liberal constitucional.

La regencia de María Cristina (1833-1840)

Durante la regencia de María Cristina, que coincidió con el desarrollo de la primera guerra carlista, se inició la transición desde el absolutismo al liberalismo. No lo hizo la regente por convicción, sino por la necesidad de encontrar el apoyo de los liberales frente al carlismo. La regente colocó en el gobierno al absolutista moderado Cea Bermúdez que inició una serie de tímidas reformas, como la liberalización del comercio, de la industria y los transportes, la libertad de imprenta y una nueva división territorial de España (1833) desarrollada por el ministro Javier de Burgos.

La primera medida legal que muestra este camino de transición hacia el liberalismo será el Estatuto Real (1834), redactada por Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado de la época del Trienio liberal:

Se trata de una Carta Otorgada, no de una Constitución, ya que suponía una concesión de la Corona a sus súbditos, que no participaron en su redacción.

Las Cortes tenían un carácter consultivo, ya que no estaban revestidas de capacidad legislativa, que recaía exclusivamente en la Corona.

Las Cortes eran bicamerales: estamento de Próceres, cuyos miembros tenían carácter vitalicio (jerarquía eclesiástica, grandes de España, miembros designados por la Corona) y estamento de Procuradores, cuyos miembros eran elegidos por sufragio censitario muy restringido, lo que reserva la participación política a las clases más acomodadas.

En esta etapa se consolidó la división, ya existente desde el Trienio, de los liberales en dos corrientes:

Los liberales moderados: daban más poder a la Corona y restringían mucho el sufragio, así como los derechos de los que disfrutaban los españoles. Serán el gran apoyo de la regente y la futura reina en esta etapa

Los liberales progresistas, en cambio, querían limitar el poder legislativo del que disfrutaba la monarquía y que recayera exclusivamente en las Cortes. El sufragio, aunque censitario, sería más amplio y extenderían más derechos.

Los progresistas, desencantados con la tibieza de la regente, se organizaron en juntas locales y protagonizaron un conjunto de levantamientos y revueltas urbanas ayudados por la Milicia Nacional entre 1935 y 1936 con el objetivo de dar un viraje progresista al gobierno del país. La necesidad de ampliar la base social de la causa isabelina y de conseguir recursos financieros para la guerra, hizo que María Cristina entregara el poder a los progresistas (Gobierno Mendizábal), aunque poco después encargó gobierno a los moderados (Istúriz), debido a la oposición de nobleza y clero ante la desamortización realizada.

Como consecuencia, los liberales progresistas incrementaron los altercados callejeros contra la política moderada de la regente. En el verano de 1836 se produce finalmente el pronunciamiento de la Granja de San Ildefonso, en el que un grupo de militares progresistas asalta el palacio real y obliga a María Cristina a derogar el Estatuto Real y a restablecer la Constitución de 1812.

El nuevo gobierno progresista dirigido por Calatrava asumió la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. La primera tarea fue la redacción de la Constitución de 1937, de carácter ecléctico, ya que aúna rasgos del liberalismo moderado con rasgos del liberalismo progresista.

Otorgaba a la Corona el poder moderador y amplios poderes legislativos y ejecutivos (veto de leyes, disolución del Parlamento, nombramiento y cese de los ministros).

Cortes bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado).

Sufragio censitario muy restringido.

Soberanía nacional.

División de poderes (teórica)

Reconocimiento de derechos: libertad de prensa, de opinión, de asociación, etc.

Ausencia de confesionalidad católica.

Además se abolieron los señoríos jurisdiccionales y fiscales, el mayorazgo, la Mesta, los gremios y el diezmo. Se liberalizaron los precios y el comercio interior, eliminando las aduanas. Por último, se procedió a iniciar una gran desamortización de bienes eclesiásticos desarrollada por Mendizábal. Estas medidas iban encaminadas a reactivar la economía, aumentando los ingresos del Estado destinados a la guerra carlista.

El triunfo de los moderados en las elecciones de 1837 supuso el inicio de un proceso de revisión de la legislación progresista:

Ley electoral más restrictiva.

Limitación de los derechos constitucionales

Freno a la desamortización eclesiástica.

El apoyo de la reina a la Ley de Ayuntamientos de carácter moderado (1840) que otorgaba a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia provocó el enfrentamiento entre los progresistas y la Regente, lo que dio lugar a un amplio movimiento insurreccional que condujo a su renuncia y su partida al exilio.

Los sectores progresistas volvieron sus ojos hacia el general Espartero, vencedor de la guerra carlista, la única autoridad con carisma que podía asumir el poder y convertirse en regente.

La regencia de Espartero (1840-1843).

Nombrado por las Cortes en 1840, la regencia de Espartero se caracterizó por la evolución del régimen hacia el autoritarismo, lo que desembocó en el progresivo aislamiento del regente, que prescindirá de los progresistas para dar un giro hacia un gobierno más personalista y de talante populista:

Durante la regencia de Espartero se retomó el programa de reformas progresistas: desamortización de los bienes del clero secular, recorte de los fueros vasco-navarros, etc.

Política económica librecambista. El arancel de 1842, menos proteccionista que los anteriores, provocó un levantamiento en Barcelona, ya que la industria catalana se veía amenazada por la entrada de tejidos ingleses. Espartero respondió con el uso de la fuerza, bombardeando Barcelona, lo que puso en su contra a Cataluña y a buena parte del partido progresista.

Los moderados aprovecharon la división del progresismo y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O'Donnell, que acabaron con la regencia de Espartero, dando lugar a la proclamación de Isabel II como reina en 1843, adelantando su mayoría de edad a los 13 años

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

A la muerte de Fernando VII, los sectores ultra-absolutistas se negaron a reconocer a la princesa Isabel como reina, proclamando rey al infante don Carlos con el título de Carlos V y se sublevaron contra el gobierno de la regente María Cristina de Borbón, lo que dio lugar a una Guerra Civil que se prolongó entre 1833 y 1840.

Entre las causas del conflicto carlista se pueden señalar:

El problema sucesorio: Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII sigue considerando vigente la Ley Sálica, según la cual él sería el legítimo heredero al trono.

El conflicto ideológico: el carlismo rechaza el liberalismo y sus medidas: libertades políticas, sociales y económicas, la centralización y la laicización. Su lema “Dios, patria y Rey” defendía el tradicionalismo, el integrismo religioso, los fueros, el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta.

El problema foral: se defendía el mantenimiento de los fueros y privilegios tradicionales de las regiones frente al centralismo liberal.

El conflicto socioeconómico: la pequeña nobleza, el bajo clero y el campesinado propietario de tierras se oponían a las reformas liberales de la propiedad que suponían el fin de una serie de privilegios en los que se basaba su existencia.

Los apoyos a los bandos fueron:

Las bases sociales del carlismo estaban compuestas por aquellos sectores contrarios al liberalismo, como parte de la nobleza rural, gran parte del clero y el campesinado del País Vasco, Navarra, interior de Cataluña y de Valencia y Bajo Aragón. Los apoyos externos llegaron por parte de las potencias extranjeras absolutistas: Prusia, Rusia, Estados Pontificios y Nápoles.

La causa isabelina encontró el apoyo de los sectores absolutistas que habían apoyado las tímidas reformas del último periodo del reinado de Fernando VII y los sectores más moderados del liberalismo (clases medias urbanas), partidarios de un compromiso con la Corona para construir el régimen liberal. Además, contó con el apoyo internacional de Inglaterra, Francia y Portugal.

Las fases del proceso bélico en esta época son las siguientes:

Entre 1833 y 1835 se delimitaron los espacios controlados por ambos bandos. Los carlistas, dirigidos por el general Zumalacárregui, dominaron el País Vasco y Navarra. También algunos puntos aislados de Valencia y Aragón (comarca del Maestrazgo) gracias al general Cabrera. El bando cristino dominaba el resto de España. Se produjeron contadas victorias carlistas que tomaron algunas villas vascas, pero fueron derrotados por las tropas cristinas en Bilbao, que se saldó con la muerte de Zumalacárregui.

Entre el verano de 1835 y finales de 1837 tienen lugar las principales acciones del carlismo fuera de su zona de influencia, aunque sin conseguir apoyo popular a su causa

Desde finales de 1837 hasta 1840 la contienda se decanta a favor de los isabelinos. Don Carlos se repliega al norte del Ebro y se produce una escisión dentro del carlismo entre los partidarios del pacto o transaccionistas de Maroto y los intransigentes, contrarios al pacto, de Cabrera. Los transaccionistas firmaron con los isabelinos el Convenio de Vergara (Agosto de 1839), sellado por Espartero y Maroto. Don Carlos no reconoce el Convenio de Vergara y la guerra continua en los focos de resistencia de Levante, hasta la derrota final de los últimos leales carlistas, acaudillados por Cabrera, y su retirada hacia Francia.

Entre 1846 y 1849 estalló la segunda guerra carlista, por el posible matrimonio del pretendiente Carlos Luis, conde de Montemolín (futuro Carlos VI) con la reina Isabel II, que no llegó a materializarse. El campo de batalla fue, sobre todo, Cataluña, aunque pronto se extendió a las tradicionales zonas de apoyo carlista como País Vasco, Navarra y el Maestrazgo.

La década moderada (1844-1854)

En el otoño de 1843 Isabel II, que contaba con 13 años de edad, fue proclamada mayor de edad para evitar una nueva regencia y dar estabilidad al naciente régimen. Durante este periodo, una vez desmantelado el Antiguo Régimen y puestas las bases del Estado liberal durante la época de regencias, se procedió a su apuntalamiento, y ello fue obra, sobre todo, del partido moderado. De ahí el nombre de este periodo.

En 1844 Isabel II nombró como jefe de Gobierno al líder moderado Ramón María Narváez. Narváez representa la posición centrista dentro de los moderados, partidarios de hacer una nueva constitución. Los progresistas quedaron relegados de las tareas de gobierno.

La Constitución de 1845.

Fue una de las más duraderas del constitucionalismo español y refleja claramente los principios del liberalismo moderado o doctrinario. Sus principales características fueron:

Soberanía compartida entre la reina y las Cortes.

Separación de poderes ficticia, ya que el poder legislativo recaía en las Cortes y la reina y el poder ejecutivo en los ministros, nombrados por la monarca. Se reservaba a la Corona la convocatoria de Cortes y el derecho de veto.

Estado confesional.

Cortes bicamerales formada por el Senado, compuesto de senadores vitalicios nombrados por la reina dentro de la nobleza y el clero, y el Congreso, elegido por sufragio censitario muy restrictivo (menos del 1% de la población tenía derecho a voto).

Derechos muy limitados: expresión, reunión, imprenta, etc

Obra legislativa de la Década moderada.

Un conjunto de leyes y reformas completaron el proceso de formación del nuevo Estado moderado que en el periodo 1844-1868 institucionalizó el régimen liberal al servicio del nuevo grupo dominante: la burguesía terrateniente.

Ley de Ayuntamientos de 1845, por la que el Gobierno se reservaba la elección de los alcaldes. Se crea la figura del gobernador civil, representante del poder central.

Reforma de la educación, que quedó en manos del Estado

El Concordato con la Santa Sede de 1851 supone un intento de reconciliación con la Iglesia, suprimiendo la venta de los bienes desamortizados, reconocimiento de su papel en la enseñanza y el matrimonio canónico como único legítimo. Quedaba, además, en manos de la Corona, la designación de los obispos y el mantenimiento de la Iglesia con cargo a los presupuestos.

Creación de la Guardia Civil en 1844 por el duque de Ahumada para garantizar el orden sobre todo en el medio rural. Era un cuerpo militar pero con funciones civiles. Supone la desaparición de la milicia nacional, considerada progresista.

Primera ley de ferrocarriles que supuso el pistoletazo de salida de este medio de transporte en nuestro país. Supuso una continua fuente de casos de corrupción.

Reforma fiscal del ministro Alejandro Mon que intentaba racionalizar el fisco universalizando el cobro de los impuestos bajo los principios de igualdad y proporcionalidad: directos (inmuebles, cultivos, industrias) e impuestos indirectos o "consumos" que encarecían los productos de consumo diario, muy contestados por los progresistas.

La caída de los moderados.

A lo largo de la década moderada se desarrolló una política económica claramente favorable a los sectores agrarios terratenientes. Políticamente, los distintos grupos moderados se disputaban el poder al margen de la organización parlamentaria, lo que vició y corrompió el sistema. La manipulación electoral degradó definitivamente el sistema y dejó a la oposición progresista en la más absoluta marginación política.

Fue el proyecto de Bravo Murillo en 1852, sucesor de Narváez, de reformar la Constitución de 1845, con la finalidad de fortalecer más los poderes del ejecutivo en detrimento del Parlamento, la chispa que encendió el descontento que condujo a progresistas, moderados descontentos y unionistas a levantarse contra el régimen, dando lugar, en 1854, al movimiento de sublevación popular conocido como Vicalvarada.

Esta rebelión debe circunscribirse en el marco europeo de las revoluciones de 1848 (La primavera de los pueblos) que dieron origen a un nuevo grupo político escindido del ala más radical de los progresistas: los demócratas. Reivindicaban el sufragio universal, la extensión de los derechos y libertades, como la enseñanza primaria, la reforma de los consumos y la participación del Estado en materia laboral. El movimiento demócrata nace vinculado a la extensión del movimiento obrero en nuestro país.

El bienio progresista (1854-1856)

El pronunciamiento de 1854 respondió a una confluencia de varias causas:

Suben los precios del grano en una típica crisis de subsistencia frecuente en un país atrasado.

El gobierno persigue a la prensa que había elegido la vida íntima de la reina como motivo de protesta, por la falta de libertad de expresión que imponía el gobierno.

Descontento político de moderados izquierdistas, progresistas y demócratas por la reforma reaccionaria de la Constitución de 1845.

El pronunciamiento militar se va a apoyar en dos patas:

La primera, de origen moderado se inició con el pronunciamiento de Vicálvaro en Junio de 1854 dirigido por los generales Dulce, O´Donnell y Serrano. El desarrollo incierto de la Vicalvarada hizo comprender a los sublevados la necesidad de sumar a los progresistas al pronunciamiento.

La segunda, a través de la publicación del Manifiesto de Manzanares de 1854, por el que los sublevados tratan de atraerse a los progresistas al movimiento tras el pronunciamiento. Dicho manifiesto, redactado por Cánovas del Castillo, incluía importantes puntos del programa progresista:

Exigencia de control de la "camarilla" que rodeaba a Isabel II, con Sor Patrocinio y el padre Claret a la cabeza.

Exigencia de rebaja de los impuestos.

Autonomía municipal, Milicia Nacional, nueva ley electoral y de imprenta.

La consecuencia inmediata de la publicación del Manifiesto de Manzanares es la formación de Juntas y levantamientos populares en forma de barricadas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia,.... Ante la crítica situación, la reina llama a Espartero para formar un gobierno progresista.

La principal tarea que van a llevar a cabo los progresistas es retomar la tarea de desmantelamiento del Antiguo Régimen, y la profundización del régimen liberal. El Gobierno progresista con O´Donnell de ministro restaura la Constitución de 1837, aunque ampliando el voto.

Las reformas emprendidas por los gobiernos del Bienio estuvieron marcadas por la inestabilidad:

Desamortización civil de Pascual Madoz (1855) que afectó sobre todo a los bienes de propiedad municipal y tuvo mayor impacto que la de Mendizábal.

Restablecimiento de las leyes derivadas de la Constitución de 1837: restablecimiento de la milicia nacional, libertad de imprenta, ley electoral que ampliaba el sufragio censitario, etc.

Aprobación de la Ley General de Ferrocarriles (1855) y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias, que pretendía crear un verdadero mercado nacional y proporcionar capital a las nuevas inversiones procedentes de la incipiente industrialización.

Redacción de una nueva Constitución en 1856, que no llegó a promulgarse, por lo que pasó a la historia del constitucionalismo español como la no nata: proclamaba la soberanía nacional, los derechos individuales, el bicameralismo y la reducción de poderes de la reina.

Las reformas progresistas no pudieron evitar el estallido de disturbios sociales y el levantamiento de partidos carlistas que provocan la división de progresistas y unionistas (O´Donnell). El Bienio concluyó con la destitución de Espartero y el nombramiento como nuevo jefe del ejecutivo de O´Donnell. Sus primeras medidas, disolución de la milicia nacional por la fuerza y promulgación de un decreto que restablecía la constitución de 1845

La Unión Liberal y la crisis.

En ese clima de gran conflictividad social en el que se desarrolló el Bienio, el general O´Donnell había creado un partido político con el objetivo de fusionar las tendencias del moderantismo más suave y a los progresistas menos radicales. Ese partido se llamó Unión Liberal, de ideología claramente conservadora y autoritaria, que contaba con el apoyo de la burguesía y de los terratenientes. Pretendía ser la única alternativa al creciente movimiento demócrata y republicano.

La reina encomendó formar gobierno, tras el fracaso de O´Donnell, a Narváez, que siguió los dictámenes del moderantismo más clásico. Durante ese gobierno se aprobó la famosa Ley Moyano (1957), que ordenaba el sistema educativo español.

En 1858 se produce el regreso de O´Donnell y su partido. Supone el gobierno más estable de todo el reinado de Isabel II, conocido como el Gobierno largo de O´Donnell.

El gobierno de la Unión coincidió con una fase de expansión de la economía española, provocada por la inversión bancaria y bursátil y por una ambiciosa política de obras públicas, transportes y comunicaciones, nacidas al calor de la Revolución Industrial. Esta prosperidad económica calmó también la crispación social al mejorar el nivel de vida de las clases populares.

Más importancia tuvo la política exterior. Fue una acción agresiva, relacionada con el Imperialismo europeo, que pretendía ensalzar el patriotismo, la conciencia nacional y el restablecimiento del Imperio español para desviar la atención sobre los problemas internos de España. Nuestros militares intervinieron, ayudando a Francia, en la Cochinchina, en Santo Domingo y México. Pero la acción militar más importante de este periodo fue la intervención en Marruecos, con el que España consiguió algunos pequeños territorios cerca de Ceuta, Melilla y Sidi Ifni. En conclusión, la aventura colonial no reportó grandes beneficios sino más bien, muchos gastos y demasiados muertos sobre la mesa.

Desde 1863 se sucedieron gobiernos de moderados y unionistas muy inestables y dictatoriales. Comenzó una profunda crisis económica que encendió de nuevo las protestas callejeras y los levantamientos:

La noche de San Daniel (1865) en la que los universitarios madrileños se enfrentaron a las fuerzas gubernamentales por la expulsión del rector Castelar por motivos políticos. 

La sublevación del cuartel de San Gil (1866), fomentada por los sargentos progresistas, terminó con decenas de ejecuciones.

En Agosto de 1866 se reunieron en Ostende (Bélgica) representantes de los progresistas, demócratas y republicanos (más tarde se unieron los unionistas), eligiendo a Juan Prim como líder de la conspiración: es el famoso Pacto de Ostende. Tenían un doble objetivo: derrocar a Isabel II y convocar elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal. Isabel II se quedó sin apoyos al morir Narváez y O´Donnell y se tuvo que enfrentar a la Revolución Gloriosa que acabó por destronarla en 1868