1789: Revolución Francesa - Orígenes, Etapas y Legado

Causas de la Revolución Francesa (1789)

Crisis económica y social

En 1789, Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Desde 1760, las malas cosechas provocaron el alza del precio de los alimentos y el descontento popular. La burguesía, enriquecida por el crecimiento económico del siglo XVIII, se mostraba descontenta ante su marginación política; solo los privilegiados podían ostentar cargos y gozar de reconocimiento social. Animada por las ideas ilustradas, aspiraba a poner fin al absolutismo y al sistema del Antiguo Régimen.

Crisis financiera de la monarquía

La monarquía estaba sumida en una profunda crisis financiera debido a los elevados gastos del Estado y de la corte, así como al coste de la ayuda francesa a la independencia de Estados Unidos. La solución pasaba por una reforma fiscal que obligara a la aristocracia a pagar impuestos, pero el monarca absoluto temía desconcertar a los privilegiados, su principal apoyo social.

El comienzo de la Revolución (1789)

La Revolución Francesa se inició con una revuelta de la aristocracia. Los privilegiados se negaron a pagar impuestos y exigieron a Luis XVI que convocase los Estados Generales, único organismo que podía aprobar la reforma fiscal.

Los Estados Generales

Los Estados Generales se abrieron en Versalles en mayo de 1789, presididos por el rey y formados por los representantes de la nobleza, el clero y el Tercer Estado. Siguiendo la tradición, cada estamento contaba con el mismo número de diputados, estaba separado a la hora de deliberar y tenía un único voto. Los representantes del Tercer Estado exigieron la doble representación, la deliberación conjunta y el voto por persona, ya que constituían la mayoría. Estaba en juego la idea de soberanía nacional: admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación.

El monarca y parte de la nobleza solo aceptaron la doble representación. Los diputados del Tercer Estado, reunidos el 20 de julio en un pabellón de París, se erigieron en Asamblea Nacional y se comprometieron a elaborar una constitución que reflejase la voluntad de la mayoría de los franceses.

El fin del Antiguo Régimen

El pueblo de París respaldó en la calle a los representantes del Tercer Estado. Ante el temor de que las tropas reales detuvieran a los diputados, el 14 de julio asaltaron la fortaleza de la Bastilla, tomaron las armas y se dispusieron a defender por la fuerza el proceso revolucionario.

La revolución se extendió al campo en forma de revuelta antiseñorial (Gran Miedo), que comportó la quema de muchas residencias nobiliarias y la destrucción de documentos señoriales.

Ante la radicalización popular, la Asamblea Nacional Constituyente decretó, el 4 de agosto, la abolición de los privilegios feudales y promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que reconocía como derechos inalienables las libertades individuales y colectivas, así como la igualdad ante la ley y los impuestos.

Monarquía Constitucional (1789-1792)

El proceso reformista

En el otoño de 1789, el rey y la nobleza aceptaron la nueva situación. Una vez pacificado el país, la Asamblea Nacional inició un proceso reformista para convertir Francia en una monarquía constitucional y parlamentaria.

En 1791 se promulgó una constitución que ejemplificaba los ideales del liberalismo político: separación de poderes, soberanía nacional e igualdad legal de los ciudadanos, aunque reservaba al rey el derecho de veto. Se estableció el sufragio indirecto y censitario, que dividía a los ciudadanos en activos (quienes poseían una determinada riqueza y tenían derecho a votar) y pasivos (quienes, por no poseer fortuna, carecían de derechos políticos).

Se formó una Asamblea Legislativa, en la que se redactaron nuevas leyes para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, prohibir la tortura, obligar a pagar impuestos a la nobleza y abolir los gremios. Para defender las conquistas de la revolución frente a los defensores del absolutismo, se creó un nuevo ejército (Guardia Nacional). Finalmente, para solucionar la crisis financiera, se expropiaron los bienes de la Iglesia, que fueron declarados bienes nacionales (desamortización) y vendidos a particulares. El Estado aseguró el mantenimiento del culto, y una Constitución Civil del Clero separó la Iglesia y el Estado.

Diferentes opciones políticas

Las reformas del periodo 1789-1791 satisfacieron a los grupos burgueses (monárquicos constitucionales) al concederles derechos políticos y libertad económica. Pero el nuevo régimen contaba con muchos opositores: la nobleza, que deseaba recuperar sus privilegios; el clero, descontento ante la desamortización; y la monarquía, que conspiraba para derribar a la Asamblea.

Los sectores populares también mostraron su descontento ante la restricción del sufragio a quienes poseían bienes o dinero y el encarecimiento del coste de la vida. Entre los revolucionarios destacaban los girondinos y, sobre todo, los jacobinos y los cordeliers, que contaban con el apoyo de los sans-culottes, milicias populares de París que aspiraban a profundizar en las reformas y proclamar la república.

Fracaso de la monarquía constitucional

La oposición de la familia real a la Revolución se manifestó a raíz de su huida de París para unirse al ejército austriaco, que planeaba invadir Francia y restablecer el absolutismo (fuga de Varennes, junio de 1791). El monarca, desprestigiado, fue devuelto a la capital, evidenciándose su rechazo al progreso revolucionario.

En abril de 1792, la Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria. Los austriacos invadieron Francia y llegaron a las puertas de París. La situación originó un clima de revuelta entre los sans-culottes, quienes el 10 de agosto de 1792 asaltaron el palacio real, encarcelaron al monarca y proclamaron la república (septiembre de 1792).

La caída de los jacobinos

En el verano de 1794, los peligros disminuyeron: las revueltas interiores habían sido sofocadas y los ejércitos franceses se imponían a los de la coalición extranjera. Pero la radicalización de la revolución, el Terror y el gobierno dictatorial de los jacobinos provocaron la oposición de gran parte de la población. Mediante el golpe de estado de Thermidor, en julio de 1794, fueron derrocados y ejecutados Robespierre y otros dirigentes jacobinos.

La República Burguesa (1794-1799)

Tras el golpe de estado, la burguesía conservadora volvió a tomar el control de la Revolución. Se elaboró una nueva constitución (1795) que otorgaba el poder ejecutivo a un gobierno colegiado (Directorio), restablecía el sufragio censitario y confiaba el poder legislativo a dos cámaras (el Consejo de los Quinientos y el Consejo de los Ancianos).

El nuevo gobierno pretendía volver a los principios de la constitución de 1791. Para ello, clausuró y persiguió a los jacobinos, derogó la Constitución de 1793 y anuló todas las medidas de aquel periodo. También promovió una política de retorno de los exiliados a causa del Terror.

El liberalismo de la nueva república se situaba entre el absolutismo y la democracia social de los jacobinos. Tuvo que hacer frente a la oposición tanto de la aristocracia como de las clases populares, que sufrían la continua subida de los precios.

En ese contexto de crisis económica y social, y en plena guerra contra las potencias absolutistas de Europa, el ejército empezó a ganar prestigio y se propuso como la única institución capaz de imponer el orden y asegurar la defensa nacional.

En 1799, un joven general, Napoleón Bonaparte, con el apoyo de la burguesía, protagonizó un golpe de estado que puso fin al Directorio e inauguró el Consulado (1799-1804).