Resumen del tema

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1.01.1 Características
Nuestra Constitución es:
a) Extensa, puesto que es la más larga de nuestra historia, por extensión real (número de palabras) y la segunda en extensión por número de artículos (169).
b)
Rígida, por su dificultad en el procedimiento de reforma.
c)
Derivada, puesto que sigue otros modelos nacionales y extranjeros.
d)
Consensuada, pues es una Constitución de compromiso entre las distintas fuerzas políticas. Ello ocasiona cierta ambigüedad en su articulado, que viene dada porque el ella se aglutinan elementos propios de diferentes ideologías. Esta ambigüedad, lejos de ser perjudicial, puede considerarse beneficiosa ya que permite que con este texto puedan gobernar fuerzas políticas contrapuestas
e)
De origen popular, pues fue elaborada por el Parlamento que, a su vez, había sido elegido por el Pueblo y ratificada posteriormente por éste, mediante referéndum.
f)
Democrática, puesto que está basada en los principios democráticos, la separación de poderes y la soberanía popular, y establece una amplia regulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
g)
Es una constitución autonomista por lo que se refiere a la estructura territorial del Estado. Se aspiraba a crear un Estado regional, a caballo entre el unitarismo centralista y las tendencias federales, llegándose a una posición intermedia.
h) Es una constitución normativa, lejos de ser un conjunto de principios programáticos, nuestra constitución forma parte del ordenamiento jurídico, vincula a todos los poderes públicos ocupando la cúspide de la pirámide normativa y es por tanto la norma suprema del ordenamiento jurídico.
1.01.3 Principios constitucionales básicos
Según la Constitución, España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico:
- La libertad
- La justicia
- La igualdad
- El pluralismo político
Los principios constitucionales se encuentran básicamente recogidos en el Título Preliminar, en
el que se incluyen nueve artículos de significado e importancia distintos. Siguiendo al profesor LUCAS VERDU, vamos a distinguir entre:
a) Principios políticos, que son los principios fundamentales que inspiran nuestro modelo de Estado y que vamos a identificar con la fórmula política de Estado social y Democrático de Derecho.
b) Principios jurídicos, como son los mencionados en el artículo 9.3 CE al que luego nos referiremos.
a) Principios políticos
Aparecen constitucionalizados en el art. 1.1 “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho...”. En opinión de la doctrina, esta fórmula debe ser interpretada unitariamente, de tal forma que no equivale simplemente a la suma de sus tres términos aisladamente considerados, sino que ninguno de los términos puede afirmarse sin interacción con los otros. Veamos a continuación en qué consiste cada uno de ellos.
1) Estado de Derecho. Nos encontramos con un Estado de Derecho cuando existe una regulación jurídica en la organización y en el ejercicio del poder político, de tal manera que los individuos están protegidos por la existencia previa de normas e instituciones que garantizan sus derechos frente a la eventual arbitrariedad del Estado.
Este principio supone la primacía del principio de legalidad, y se plasma en los siguientes postulados:
Primacía de la ley en sentido formal, como norma suprema emanada de las Cortes y reguladora de la actividad estatal y a la cual se someten, los ciudadanos y el resto de los poderes públicos (9.1CE).
Separación de poderes. Como garantía de libertad y freno entre ellos. Existen tres poderes cada uno de los cuales desempeña una función distinta. El T III, regula las Cortes Generales, que representan al pueblo español y están formadas por el Congreso y el Senado. A ellas les corresponde, entre otras la función legislativa (art
66). El T IV, se refiere al Gobierno y la Administración, a quien corresponde, ex art 97, el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria. El T VI, regula el poder judicial, formado por jueces independientes, inamovibles, sometidos únicamente la imperio de la ley, al cual atribuye el 117.3 CE el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales incorporados al orden constitucional, los cuales aparecen constitucionalizados en el T II.

2) El Estado democrático.

La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo ejerce la soberanía y toma las decisiones por mayoría, lo cual se refleja en el preámbulo de nuestra Carta Magna que contiene “el deseo de constituir una sociedad democrática avanzada”.
Desde esta premisa podemos decir que las manifestaciones más importantes del Estado democrático son:
La proclamación de que la soberanía nacional reside en el pueblo, que hace en el artículo 1.2 CE, instituyendo el sufragio universal al regular la composición del Congreso y el Senado (68 y 69).
La aceptación del pluralismo político y social, cuya consagración más importante la tenemos en la contitucionalización de los partidos políticos (art 6) y los sindicatos y asociaciones profesionales (art 7), que se convierten en el cauce fundamental de participación política y social, exigiéndose que su funcionamiento y estructura sean democráticos.
El reconocimiento de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya sea directamente o mediante sus representantes (art 23).
La existencia de determinadas instituciones de democracia semidirecta, entre las que destacamos: la iniciativa popular recogida en el art 87.3 CE, el derecho de petición que puede ser realizado tanto individual como colectivamente (art 29) , así como el referéndum en sus distintas modalidades: el constitucional (arts 167 y 168), el consultivo (art 92) y el autonómico (art 151).

3) El Estado Social
Principios jurídicos.· Principio de legalidad
·
Principio de reserva material de ley.
· Principio de reserva formal.
· Principio de jerarquía normativa
·
Principio de publicidad
·
Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
· Principio de seguridad jurídica
·
Responsabilidad de los poderes públicos
·
La interdicción de arbitrariedad1.01.4 Contenido. Especial referencia a los poderes del Estado
Tal como hemos indicado en el primer punto, la Constitución tiene una parte dogmática, formada por el título preliminar y el título I, y una parte orgánica, formada por los títulos II a IX, en los que se regulan los órganos constitucionales y sus relaciones.
Los Derechos Fundamentales serán desarrollados en el siguiente tema, por lo que nos interesa destacar aquí, únicamente, determinados puntos del título preliminar y de los órganos constitucionales.
1. Título Preliminar
a) Que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas (CCAA) de acuerdo con sus Estatutos. (Art. 3)
b) Que la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas y que los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA. (Art. 4)
c) Que la capital del Estado es la villa de Madrid. (Art. 5)
d) Que los partidos políticos serán el instrumento fundamental para la participación política, puesto que expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. (Art. 6)
e) Que los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
(Art. 7)
f) Que las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. (Art.8)
g) Que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
(Art. 9)
2. Las Cortes Generales
Las Cortes Generales se regulan en el título III de la CE.
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución.
El Congreso de los diputados
El Congreso de los Diputados es la cámara legislativa básica, integrada por un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos diputados.
Actualmente se compone de trescientos cincuenta diputados elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.
La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado.
Baleares cuenta, actualmente, con ocho Diputados al Congreso.
El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, si ésta se disuelve anticipadamente.
El Senado
El Senado es la cámara legislativa de representación territorial.
El Gobierno
A) Composición
El Gobierno y la Administración se regulan en el título IV de CE.
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
El Gobierno se compone del Presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la Ley. El Presidente del Gobierno es designado por el Congreso de los Diputados y nombrado por el Rey. El Rey nombra y separa a los Ministros, a propuesta de su Presidente.
El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Todos sus miembros gozan de fuero especial ante la Sala de lo Penal del tribunal Supremo.
El Gobierno cesa en los siguientes supuestos: tras la celebración de elecciones generales; por pérdida de la confianza parlamentaria (cuestión de confianza o moción de censura), por dimisión o fallecimiento de su presidente.
B) Funciones
Entre las funciones que corresponden al Gobierno podemos citar las siguientes:
Funciones políticas:
Dirección de la política interior: dirige la Administración Civil del Estado, decreta el estado de alarma y el de excepción, propone al Congreso la declaración del estado de sitio.
Dirección de la política exterior: actuaciones políticas en el extranjero, solicita al Tribunal Constitucional que declare si un tratado internacional contiene estipulaciones contrarias a la Constitución.
Dirección de la política económica: elaboración de los presupuestos generales del Estado y planificación económica.
Funciones administrativas:
Deliberación del nombramiento y separación de altos cargos.
Establecimiento y supresión de Comisiones Delegadas.
Creación y supresión de órganos de la Administración del Estado superiores a Secciones y Negociados.
Resolución de asuntos en los que un Ministro discrepe del dictamen del Consejo de Estado.
Funciones normativas:
Potestad reglamentaria: reales decretos y órdenes
Iniciativa legislativa: proyectos de ley
Disposiciones normativas con rango de ley: Reales Decretos-Leyes y Reales Decretos-
Legislativos.
Funciones jurisdiccionales:
Resolución de recursos administrativos.
Prerrogativa de gracia.
Propuesta del Fiscal General del Estado.
Propuesta de dos Magistrados del Tribunal Constitucional.
1.02.3 Clasificación
La CE no ha seguido ningún sistema de clasificación en la enumeración y ordenación de los derechos. No obstante el artículo 53 de la CE establece distintos niveles de protección.
Así y en función de su grado de protección, podemos distinguir entre:
a)
Derechos de máxima protección: el derecho a la igualdad y los derechos de la Sección 1ª del capítulo segundo antes mencionada (artículos 15 a 29). Por citar algunos: derecho a la vida, la libertad ideológica, la libertad y seguridad, derecho al honor, la intimidad y propia imagen, a la libertad de circulación, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libre asociación, etc. Estos derechos gozan de la siguiente protección:
Vinculan a todos los poderes públicos y deberán regularse por Ley Orgánica.
Para el desarrollo de los derechos contenidos en la Sección I, Capítulo II, Título I, se requiere Ley Orgánica, Ley que deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. El TC entiende que “desarrollo” ha de entenderse en sentido restrictivo y ha de tratarse de un desarrollo frontal y directo, no bastando para que sea precisa LO, una mera afección o incidencia indirecta.
• Ante su vulneración por una ley podrá interponerse un recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad se interpone contra aquellas leyes cuyo contenido es contrario a algún precepto de la CE, y corresponde su conocimiento a Tribunal Constitucional, el cual decide, en su caso, anular la ley si resultara contraria a la CE.
• Ante su vulneración por cualquier conducta se podrá recabar la tutela de la jurisdicción ordinaria por un procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria y/o interponer un recurso de amparo ante el TC. El procedimiento preferente y sumario no excluye el procedimiento judicial ordinario, sin embargo resulta más expeditivo pues está basado en las notas de preferencia, lo que implica que la demanda ha de ser resuelta prioritariamente con respecto a las demandas ordinarias y sumariedad, lo cual implica que ha de ser resuelto con urgencia y celeridad.
El recurso de amparo cabe contra las vulneraciones de los Derechos Fundamentales que provengan de una norma de rango no de Ley o de una actuación material y corresponde resolverlo al TC.
Dicho recurso puede ser definido por las siguientes notas:
Se trata de un recurso extraordinario, lo que implica que para acudir a él es necesario que se den los siguientes requisitos: vulneración de uno de los DF regulados en el Art. 53.2 CE (Art. 14 + Arts. 15 a 29 + Art. 30 CE).
Es un recurso subsidiario, lo que implica que se deben agotar todas las vías judiciales ordinarias antes de acudir a él.
Tiene un objeto limitado, en el cual no se puede hacer valer cualquier pretensión, sino sólo las dirigidas a preservar o restablecer los derechos anteriormente mencionados.
Dicho carácter excepcional justifica que la fase de admisión tenga una importancia nuclear. Una vez admitido el recurso, el
TC dicta Sentencia que puede contener los siguientes pronunciamientos: denegación del amparo, o su otorgamiento, en cuyo caso: se declara la nulidad del acto o actuación material y se reconoce el derecho de conformidad con su contenido.
b)
Derechos de protección media. Son aquellos que sin mengua de su importancia social, la Constitución ha considerado menos vitales para la sociedad. Son los que contiene la Sección 2ª antes citada (artículos 30 a 38), entre ellos: el derecho a contraer matrimonio, el derecho a la propiedad privada y la herencia, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa, etc. Dichos derechos:
Vinculan a todos los poderes públicos y deberán regularse por ley. La regulación por ley hace que sólo las Cortes puedan dictar normas que regulen los derechos, estando prohibida la regulación del ejecutivo (Gobierno) mediante reglamentos lo cual resulta una garantía para los ciudadanos. Además dice el TC, que la ley reguladora ha de respetar el contenido esencial del Derecho que regula, entendiendo, Ley que habrá de respetar el contenido esencial de los mismos, entendida como aquella parte del derecho que es necesaria para que los intereses que le dan vida resulten real, efectiva y concretamente protegidos.
• Ante su vulneración por una ley podrá interponerse un recurso de inconstitucionalidad.
c)
Derechos de protección mínima. Son aquellos que el constituyente no considera indispensables y respecto de los cuales el Estado no asume compromisos ciertos para asegurar su ejercicio o disfrute. De hecho la CE no los llama derechos sino “Principios rectores de la vida social y económica” y los regula en el Capítulo III, entre ellos derecho a la seguridad social, derecho a la educación física y al deporte, derecho a la vivienda, derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, etc. Dichos derechos:
• No vinculan sino que sólo se limitan a informar la legislación y la actuación de los poderes públicos.
• No podrán ser requeridos por los ciudadanos directamente, sino que únicamente podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria con arreglo a lo que dispongan las leyes que los desarrollan.
1.02.4 Derechos de ámbito personal
Suponen una delimitación negativa del ámbito de actuación libre del individuo, sin que éste permita la injerencia de los poderes públicos.
a) Derecho a la vida (art.15 ce)
Todos
tienen derecho a la vida, quedando abolida la pena de muerte salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempo de guerra (la LO 11/95 abole la pena de muerte para tiempo de guerra).
El derecho a la vida, dice el
TC, “es el sustrato o presupuesto axiológico del que depende el cumplimiento del resto de los derechos”. Este derecho se proyecta sobre dos momentosimportantes: el inicio y el final de la misma. El TC entiende que “el concepto de vida humana empieza con la gestación y termina con la muerte con lo cual se puede decir que la vida del nasciturus, en cuanto encarna un valor fundamental garantizado por el art.15CE, constituye un bien jurídico digno de protección”.Por lo que se refiere al suicidio y la eutanasia, el TC entiende que “no existe derecho a la propia muerte, pues el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva, que si bien no prohibe la privación de la propia vida, en ningún caso permite un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a morir”.b) Derecho a la integridad física y moral (art. 15 ce)
Se debe entender como el derecho de toda persona a no ser sometido contra su voluntad a tratos vejatorios o denigrantes susceptibles de anular, herir o modificar sus ideas o sentimientos.
c) Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16 ce)
La libertad ideológica, que es un valor indisolublemente unido al pluralismo político (Art. 1.1 CE), debe ser entendida en una doble vertiente: una vertiente interna, que implica elderecho a adoptar una determinada actitud ante la vida y a enjuiciar la realidad según suspersonales convicciones; y una vertiente externa que implica el derecho a la manifestación de las ideas o convicciones sin más limitaciones que el mantenimiento del orden públicoexigido por la Ley.La libertad religiosa y de culto permite al individuo profesar las creencias religiosas que elija libremente y practicar actos de su religión, culto o creencia. Este derecho incluye también el no ser discriminado o tratado injustamente por razón de creencias religiosas; la consecuencia de esta igualdad y no discriminación por razones religiosas, es la aconfesionalidad del Estado, que, no obstante, podrá suscribir convenios de cooperación con otras confesiones más representativas o más arraigadas en la sociedad. Las libertades religiosas y de culto han sido desarrolladas en la LO 7/80.
d) El derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17 ce) Examen
“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad sin que pueda ser detenida, salvo lo dispuesto en este artículo y en los casos y en las formas previstos en la Ley(Art.17.1 CE). Según el TC, la libertad protegida con este derecho es “la libertad física frente a la detención, condena o internamiento arbitrarios que amenacen la libertad de toda persona de organizar, en cualquier momento, su vida individual y social con arreglo a sus propias opiniones y convicciones”.
Este derecho se encuentra regulado en la Ley 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana.La detención preventiva “no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial” (Art. 17.2 CE).La CE, en el art. 17.3, establece toda una serie de derechos que corresponden al detenido, que son completados por el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Examen
ô¹ Derecho a ser informado de las razones de su detención y de los derechos que le asisten.
ô¹ Derecho a no ser obligado a declarar.
ô¹ Derecho a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.
ô¹ Derecho a un reconocimiento médico y a un intérprete lingüístico.
A estas garantías, debe sumarse el
art. 17.4 CE que regula la institución del Habeas Corpus o puesta inmediata de toda persona detenida ilegalmente ante la autoridad judicial.Este derecho ha sido regulado por la L.O. 6/84 (L.R.H.C.), cuyo art. 1 enumera los supuestos de detención ilegal y donde el art. 3 establece, en términos muy amplios, la legitimación para solicitar este procedimiento, incluyendo además del interesado, al cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal. El procedimiento es sencillo y sin formalismos, pudiendo solicitarse la comparecencia verbal y no siendo necesaria la presencia de abogado.
Este
párrafo 4 del art.17 se refiere también a la Prisión Provisional, regulada por la L.E.Cr. y que vendrá establecida por auto judicial cuando se den las siguientes circunstancias:
ô¹ Comisión de un hecho que presente los caracteres de un delito.
ô¹ Que tenga señalada pena superior a prisión menor, o bien, que el juez la considere necesaria atendiendo a los antecedentes del imputado o a la alarma social.
ô¹ Que aparezcan indicios racionales de criminalidad contra la persona afectada.
Su duración dependerá del tipo de delito sin que pueda exceder de 4 años.
e) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art.18.1 ce)
• El Derecho al Honor puede definirse como la pretensión de respeto que corresponde a cada persona y que se deriva del reconocimiento de su dignidad, estando asociado a la buena reputación y al buen nombre de la persona y se vulnera cuando se profieren expresiones en descrédito o menosprecio de alguien.
• El Derecho a la Intimidad personal y familiar implica la existencia de un ámbito propio y necesario a la acción y conocimiento de los demás
• El Derecho a la Propia Imagen, es el derecho a difundir y publicar su propia imagen y, por tanto, a evitar su reproducción sin su consentimiento
Estos derechos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles y están regulados, entre otros, en la
Ley 1/82 reguladora de la protección civil del Derecho al honor, a laintimidad personal y familiar y a la propia imagen.f) Derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 ce) Examen
Cuya titularidad ostentan las personas físicas y jurídicas, entendiéndose por domicilio, según el TC, “el espacio donde el individuo vive sin estar sujeto a los usos yconsideraciones sociales y ejerciendo su libertad más íntima”. Incluye no sólo la introducción física en el mismo, sino toda clase de invasiones que puedan realizarse sin penetración por medio de aparatos mecánicos, eléctricos, etc.
El
art. 18.2 sólo contempla 3 excepciones:
• Consentimiento del titular.
• Autorización judicial.
• Supuestos de flagrantes delitos.
g) Derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 ce)
El TC ha dicho que este derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado. Sobre protección de los datos personales informatizados, cabe destacar la LO 15/99, sobre Protección deDatos de carácter Personal.h) Libertad de residencia y circulacion (art. 19 ce)
Los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente su residencia en territorio español; en cuanto a la libertad de circulación, no se trata de un derecho imprescindible para garantizar la dignidad humana ni, por tanto, pertenece a todas las personas al margen de su condición de ciudadanos. Por ello, es lícito que las leyes y tratados modulen este derecho en relación a los extranjeros.

1.02.5 Derechos de Participación
Son aquellos derechos que posee el individuo por su condición de miembro de una determinada comunidad política.
a) A. Libertad de expresión (art. 20 ce)
• El Art. 20.1a) reconoce el Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio.
• Se reconoce en el
Art. 20.1b) la Libertad de creación literaria, artística y científica, como una manifestación de ese derecho.
• También se reconoce la Libertad de cátedra
(Art. 20.1c). Este derecho se reconoce en la LO 8/85, reguladora del Derecho de Educación (LODE). El TC ha señalado que la Libertad de cátedra (LC) tiene un contenido negativo uniforme en cuanto habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a la enseñanza una orientación ideológica determinada.

Tiene también un amplio contenido positivo en los niveles educativos superiores, y se configura como la libertad individual del docente a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que cada profesor asume como propias en relación con al materia objeto de su enseñanza. En los niveles inferiores ese contenido positivo va disminuyendo puesto que son los planes de estudio los que determinan el contenido de la enseñanza y porque el profesor no puede orientar ideológicamente su enseñanza con entera libertad de la manera que juzgue más conforme a sus convicciones. En los centros privados, la LC es tan plena como en los públicos, pero ha de ser compatible con la libertad de centro del que forma parte el ideario del mismo, de manera que la libertad del profesor no le faculta para dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario.

Por último, se refiere el
Art. 20.1 d) al Derecho de comunicar y recibir información veraz. Este derecho, dice el TC, “no sólo es un DF, sino que significa el reconocimiento y garantía de una institución política fundamental que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político”. Este derecho o libertad de información se diferencia de la libertad de expresión ya que mientras la segunda recae sobre pensamientos, ideas, opiniones y juicios de valor, la primera recae sobre hechos que se prestan a demostración sobre su exactitud. En este sentido, señala el TC que “cuando la CE exige que la información sea veraz quiere decir que existe un deber de diligencia en el informador, a quien se le debe exigir que los hechos de que informe estén debidamente contrastados”.
De acuerdo con el
Art. 18.2 CE, “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa” y “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones en virtud de resolución judicial” (Art. 18.5 CE).En cuanto a los límites a los derechos reconocidos en este art. 20 CE, se encuentra el respeto a los reconocidos en el Título I (con especial atención al art. 18.1 CE), así como la protección de la juventud y la infancia.
b) El derecho de reunión (art. 21 ce)
Se encuentra regulado en la
LO 9/83 y el TC lo ha definido como “un derecho individual de ejercicio colectivo“, siempre que se trate de reuniones pacíficas y sin armas. Dicho derechono necesita de autorización previa. Destaca la doctrina que el ejercicio de este derechose realiza en locales cerrados, con número limitado de personas y que tiene caráctercerrado.El Derecho de manifestación (Art. 21.2 CE), se realiza en vía pública, no está limitado y tiene carácter dinámico.
Distingue la Ley entre reuniones en lugares cerrados y reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.
Las primeras no precisan comunicación alguna, aunque los promotores pueden solicitar la presencia de delegados gubernativos.
Las segundas deben ser previamente comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa con una antelación mínima de 10 días, salvo los supuestos urgentes en que bastan 24 horas.
La autoridad gubernativa puede prohibir la reunión o manifestación, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario, si existen razones fundadas de que pueden producirse alteraciones del orden.
c) El derecho de asociacion (art. 22 ce)
Este precepto reconoce el Derecho a la Asociación, declarando ilícitas las que persigan fines o actividades o utilicen medios tipificados como delito, y prohibiendo las asociaciones secretas o de carácter paramilitar.
El
TC ha definido la asociación como “una organización estable de varias personas para la gestión de intereses comunes, constituida sobre una base consensual”.
El Dº de Asociación se encuentra actualmente regulado en la LO 1/2002, de 22 de marzo, que sustituye a la Ley 191/64. La filosofía de toda la norma es la de fomentar la constitución y desarrollo de las asociaciones.
d) Derecho a participar en asuntos publicos y de acceso a funciones y cargos públicos (art. 23 ce)
El reconocimiento de estos derechos es consecuencia del principio de soberanía popular (Art. 1.2 CE); por esta razón, el Art. 9.2 CE establece que los poderes públicos facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, social y económica. Este derecho puede ser ejercitado directamente o por medio de representante y se concreta a lo largo de todo el texto constitucional: Art. 87. 3 CE (iniciativa legislativa); Art. 125 CE (acción popular, jurado y tribunales consuetudinarios); Art. 92 CE (referéndum).
El
párrafo segundo de este art. 23 CE, recoge el derecho de acceso a cargos públicos en régimen de igualdad. El TC ha señalado que este apartado del Art. 23 CE es una concreción del principio de igualdad y que no se refiere únicamente a los cargos públicos representativos. En este sentido, el precepto ha de vincularse también al Art. 103.3 CE que reconoce el derecho al acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
e) Derecho de peticion (art. 29 ce)
Expresa la facultad de toda persona de dirigirse a los poderes públicos para presentarles un hecho o un estado de cosas y reclamar su intervención. Este derecho se encuentra regulado en la LO 4/2001, de 12 de noviembre, que deroga la anterior Ley 92/60.
Puede ejercitarse individual o colectivamente, estableciéndose algunas restricciones para ciertos colectivos (Fuerzas Armadas y cuerpos sometidos a disciplina militar), que sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a su legislación específica.
1.02.6 Derechos institucionales
Son aquellos DF cuya efectividad requiere la previa aportación por parte del Estado de una infraestructura institucional.
a) Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 ce)
Todos tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales sin que en ningún caso se pueda producir indefensión.
Este derecho engloba, según el
TC:
• Acceso a los tribunales de justicia.
• Obtención de una resolución fundada en derecho y congruente.
• Derecho a que se ejecuten las sentencias.
• Reposición al recurrente en su derecho, si ha lugar.
• Derecho a interponer un recurso.
La indefensión se produce, según el
TC, cuando se sitúa a las partes “en posición de desigualdad; serían ejemplos claros aquellos supuestos en que se impide la posibilidad de alegar y demostrar en un proceso los derechos de una parte, vulnerando el principio de contradicción procesal. No resulta suficiente con que haya tenido lugar una vulneración meramente formal de las normas procesales, sino que es necesario que se produzca el efecto material de indefensión”.El párrafo segundo del art. 24 CE, establece una serie de garantías que deben estar presentes en todo proceso:
• Derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley.
• Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado.
• Derecho a ser informados de la acusación formulada sin dilaciones indebidas.
• Derecho a usar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
• Derecho a la presunción de inocencia.
b) Derechos de los condenados a penas privativas de libertad (art. 25.2 ce)
Las penas privativas de libertad irán orientadas a la reinserción social del condenado.
Además gozará de los DF en la medida en que no sean expresamente limitados por el fallo judicial, de acuerdo con el sentido de la pena y lo previsto en la Ley penitenciaria.
c) Derecho de educacion (art. 27 ce)
Este precepto recoge una serie de DF, fundamentalmente dos:
La Libertad de Enseñanza. Este derecho incluye, por un lado, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Por otro lado, incluye también la libertad para la creación de centros docentes. (Art. 27.3 y 6 CE).
El Derecho a la Educación, que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto de los principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales (Art. 27.2 CE). Este derecho incorpora una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar su efectividad, haciéndolo para los niveles básicos de enseñanza en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad (Art. 27.4 CE). Al servicio de tal acción prestacional, los poderes públicos gozan de los derechos de planificación y promoción mencionados en el Art. 27.5 CE, y ayudarán a los centros docentes que reúnan las condiciones exigidas por la Ley (Art. 27.9 CE) Asimismo, inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes (Art. 27.8 CE).
Para finalizar con este artículo 27 CE, en su párrafo décimo se reconoce la Autonomía de la Universidades.

Los principios generales de la organización territorial del Estado
La organización territorial diseñada por la CE se basa fundamentalmente en tres principios, proclamados en el Art. 2 CE: unidad, autonomía y solidaridad.
a) Principio de unidad Examen <--- en este tengo dudas pero creo que dijo que entraba…
Este principio se encuentra expresamente previsto en el Art. 2 CE, y se constituye como uno de los fundamentos de la Constitución, teniendo su reflejo de forma general y específica en el conjunto del articulado de la CE.
Este principio está íntimamente ligado con la soberanía y el poder constituyente que pertenecen al pueblo, considerado en su conjunto como una unidad. Precisamente esta concepción unitaria es lo que, en teoría, distingue los Estados federados de los Estados unitarios.
Los Estados federados, en principio, responden a una unión de diversos Estados preexistentes, que se unen en una federación. Esta unión supone la cesión de una serie de competencias que serán gestionadas por el gobierno federal, y el resto de competencias serán gestionadas por el gobierno de cada Estado federado. Por tanto, las competencias que no está expresamente previsto que sean de la federación son de los Estados federados (por ejemplo, Estados Unidos).
En cambio, los Estados unitarios no parten de la unión de diversos Estados, sino de la existencia de un Estado que los quiere descentralizar más o menos. En este Estado unitario no se parte de la diversidad sino de la uniformidad, y este punto de partida provoca que el principio de unidad sea el más importante de entre los principios que configuran el Estado.

En el caso español, la llegada de la democracia no fue una ruptura con la dictadura, si no que hay una transformación.
El principio de unidad tiene una doble repercusión sobre el sistema:
1. Funciona como un límite a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
2. Sirve como fundamento para asumir competencias del Estado central. Aunque no haya una relación de superioridad jerárquica se atribuye al Estado, como poder central que es, los instrumentos necesarios para el cumplimiento de la función de defensa específica de los intereses generales.
En esta línea, se prevén mecanismos de cierre del sistema como:
• La supletoriedad, Art. 149.3 CE.
• Mecanismos de seguridad como la vía de la previsión para la resolución de conflictos (vía judicial, por determinadas cláusulas). Por ejemplo: la prevalencia del derecho estatal sobre el autonómico.
No sólo se prevén estos mecanismos, sino que además también están previstos mecanismos excepcionales para garantizar la unidad, por ejemplo:
• La previsión de ejecución forzosa del Art. 155 CE.
• La armonización, Art. 150.3 CE.
• La igualdad de condiciones básicas en el ejercicio de los derechos y la unidad del mercado, Art. 139 CE.
Hay una supremacía de la unidad del Estado por encima de la autonomía. Así lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la sentencia 4/1981 de 2 de febrero, que establece que la unidad provoca la supremacía del interés del Estado por encima de las comunidades autónomas.
b) principio de solidaridad Examen
La Constitución reconoce este principio, aunque no lo reconoce como uno de sus principios fundamentales. Es evidente que la solidaridad está íntimamente relacionada con la unidad, ya que es la consecuencia de la integración de las diversas entidades en una superior.
Las manifestaciones más importantes de solidaridad son consecuencias de carácter económico y social. El principio de solidaridad reconocido en el Art. 2 CE se concreta en el Art.
138 CE ô carácter económico que exige un equilibrio económico entre todas las autonomías, equilibrio que se hace efectivo en la práctica a través de lo que prevé el Art. 158 CE.
Este precepto prevé la existencia de un fondo de compensación Interterritorial, que dio pie a la Ley 7/1984, norma que prohíbe la existencia de privilegios entre las diversas comunidades.
Además de este fondo, otra vía para la solidaridad la encontramos a través de la planificación económica (Art. 131 CE), que tiene como muestra más palpable los Presupuestos Generales del Estado que deberían repartir equitativamente el gasto público entre las autonomías, es decir, tiene relación directa con la financiación de las comunidades autónomas.
La solidaridad se concreta en el traslado de recursos económicos de las autonomías ricas a las pobres, y es en este aspecto donde han recibido más críticas la solidaridad y el financiamiento autonómico, porque el trasvase de recursos no responde a criterios objetivos, asumidos y compartidos por las partes, por todos los agentes involucrados (Estado y CCAA).
Objetividad y consenso que en principio deberían ser condición sine quanon para que funcionara la solidaridad y el financiamiento autonómico.
Principio de autonomía: Concepto Examen
La autonomía se contempla en la Constitución en una doble vertiente:
• Por un lado, es reconocida y garantizada como un derecho que tienen las naciones y regiones (Art. 2).
• Por otro lado, es proclamada como un principio general de la organización territorial del Estado, predicable de las diversas entidades territoriales del Estado. Es decir, de los municipios, de las provincias y de las comunidades autónomas
(Art. 137 CE).
Sin embargo, la CE no define lo que es autonomía lo cual, según el TC, no es obstáculo para que el contenido y los límites de la autonomía puedan inferirse de los preceptos constitucionales.
Autonomía significa poder para aprobar leyes y, en realidad, en un sentido amplio, podemos equipara autonomía con autogobierno. La CE no define lo que se debe entender por autonomía. Generalmente entendemos por autonomía la capacidad de dictar normas y la capacidad de autoorganizarse; es decir, el reconocimiento de una cierta potestad de dirección política dentro de ciertos límites. En este sentido se ha pronunciado el TC en diversas sentencias, por ejemplo, en la sentencia 25/1981 de 14 de julio.
El TC ha hablado de la autonomía desde sus primeras sentencias y ha dicho que la autonomía no es soberanía, sino que hace referencia a un poder limitado, puesto que cada organización dotada de autonomía es parte de un todo.
Al referirse en concreto a las comunidades autónomas, ha dicho que son entes dotados de una autonomía cualitativamente superior a la administrativa, que es la propia de los entes locales, ya que la comunidad autónoma tiene, además, potestades legislativas gubernativas que la configuran como una autonomía de carácter político.

1.03.2 La Administración local Examen
a) La Administración local en la Constitución.
El artículo clave es el 137 CE1 que dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y CCAA que se constituyan.
1
Artículo 137 CE. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

2
Artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

1.04.1 Los estatutos de autonomía
Contenido concreto: El Art. 147.2 CE establece el mandato, de que los Estatutos necesariamente regulen determinadas cuestiones.
Los Estatutos de autonomía deberán contener:
1. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
2. La delimitación de su territorio.
3. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
4. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

1.04.4 Las modificaciones del texto estatutario.
En concreto, el Estatuto de Autonomía ha sido reformado en tres ocasiones:
5. Mediante la LO 9/94, de 24 de marzo.
6. Mediante la LO 3/99, de 8 de enero.
3. Mediante la LO 1/07, de 28 de febrero. Examen (solo es saber la modificación vigente LO)
La última reforma llevada a cabo tiene su fundamento en el aumento de la población, en el deseo de profundizar en el hecho insular así como en la tendencia hacia una mayor descentralización del estado español

2. Tipología de competencias de la CAIB

Sistema competencial:
· Competencias exclusivas del Estado.
· Competencias exclusivas de las CCAA
· Competencias compartidas:
o El Estado legisla y la CCAA ejecuta
o El Estado legisla las bases y las CCAA las desarrolla y ejecuta.

d) Competencias relativas a la Seguridad.
Un vez realizada una exposición más general pero en cualquier caso necesaria de la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, hay que decir que el Art. 149.1.29, establece la posibilidad de creación por las CCAA, de sus propias Policías, en la forma prevista en sus respectivos Estatutos, en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
En esta materia no hay ningún género de duda, de si las CCAA pueden o no atribuirse la competencia en materia de Seguridad pública, y únicamente deberá incluirse dentro del marco de sus competencias en su Estatuto de Autonomía.
Actualmente y tras la reforma efectuada mediante la LO 1/07, de 28 de febrero, el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece la competencia para la creación y organización de un cuerpo de policía propio en el marco de la legislación estatal.
Antes de la reforma del estatuto de autonomia en materia de seguridad la CAIB únicamente podía ejercer las competencias que el Art. 148.1.22, en materia de “
Coordinación y demásfacultades en relación con las Policías locales en los términos que establezca una ley orgánica”.

B) El Gobierno balear
1. El Presidente de la Comunidad Autónoma: elección y posición política.
1. Elección del Presidente (investidura).
La elección del Presidente corresponde al Parlamento. Así lo establece el Art. 54 del Estatuto. Elección que debe ser entre los miembros del Parlamento (el Presidente ha de ser diputado, lo dice el Art. 152.1 CE).
El Estatuto remite a una ley del Parlamento para regular el estatuto y atribuciones del Presidente, así como su forma de elección. Ley 4/01, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.
El procedimiento de investidura puede dividirse en tres fases:
1. Fase de propuesta de candidato: esta propuesta corresponde al Presidente del Parlamento, previa consulta con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria.
2. Fase de debate y votación: dice el Estatuto de Autonomía, en el Art. 54.2, que el candidato propuesto presentará al Parlamento el programa político de su gobierno y solicitará, previo debate, la confianza de la Cámara.
Una vez producido el debate, se procede a la votación. En esta votación se requiere la obtención de mayoría absoluta de la Cámara. Si no se obtiene esa mayoría, se someterá la misma propuesta a una nueva votación 48 horas después.
En este caso bastará la mayoría simple.
De no obtenerse la confianza se tramitarán sucesivas propuestas de la misma manera (sucesivas propuestas que no significa que sean propuestas diferentes, necesariamente).
Si hubieran transcurrido 60 días desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza de la Cámara, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y se convocarán nuevas elecciones.
3. Fase del nombramiento regio: una vez obtenida la confianza por el candidato, el
Presidente del Parlamento lo comunicará al Rey dentro de las 24 horas siguientes, a efectos de su nombramiento como Presidente de la Comunidad Autónoma, y también lo comunicará al Presidente del Gobierno de la nación.
El nombramiento del candidato, que ha obtenido la confianza, como Presidente de la Comunidad Autónoma corresponde al Rey y esa actuación regia es refrendada por el Presidente del Gobierno. Ese nombramiento regio se publica mediante Real Decreto.
Finalmente, dice la Ley del Gobierno en su Art. 3 que en el plazo de 5 días, a partir de la publicación en el B.O.E. del Real Decreto de nombramiento, el Presidente tomará posesión de su cargo.
C) Los Consells Insulars
El Art. 141.4 CE considera a la isla como una entidad local organizada en forma de cabildos y de consejos.
El Art. 61 EAIB establece que los Consells Insulars són las instituciones de gobierno de cada una de las islas y ejercen el gobierno, la administración y la representación de las Islas de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, así como de las islas que le son adyacentes.
Nuestro EAIB dedica una regulación muy extensa a los CI, concretamente todo el capítulo IV integrado dentro del Título IV del EAIB, que lleva por título “De las instituciones de la CAIB”.
Cabe destacar la novedad en el sistema de elección de los miembros de los consells que desde la modificación del estatuto es directa ya que el artículo 64 del Estatuto establece que cada consell estará integrado por los consellers elegidos en las respectivas circunscripciones, por sufragio universal, igual, libres, directo y secreto mediante un sistema de representación proporcional respetando el régimen electoral general.
1. Organización de los Consells Insulars dijo importante pero no se si para examen
El Artículo 63.1 del EA establece los siguientes órganos como necesarios de cualquier Consell Insular, que son:
a) Presidente;
b) Pleno;
c) El Consell Executiu
En el caso del Consell Insular de Formentera lo integraran los regidores del Ayuntamiento de Formentera, sin que sea preceptiva la existencia del consell executiu.
2. Competencias de los Consells Insulares
• Competencias PROPIAS: Las establecidas en el articulo 70 EAIB, de las cuales estos ejercen la potestad reglamentaria.
• Función ejecutiva de competencias: Podrán asumir la función ejecutiva y la gestión de las materias señadas en el artículo 71 del Estatuto .