Tutela Judicial Efectiva: Alcance, Recursos y Ejecución de Sentencias

El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva: Fundamentos y Garantías

El derecho a la Tutela Judicial Efectiva (TJE) es un pilar fundamental en cualquier Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el acceso a la justicia y la protección de sus derechos e intereses legítimos. A continuación, exploramos sus aspectos esenciales, desde la titularidad hasta la ejecución de las resoluciones judiciales.

Titularidad y Objeto de la Tutela Judicial Efectiva

Es titular de este derecho toda persona física que tenga un interés legítimo. En cuanto a las personas jurídicas de carácter público, serán titulares de la Tutela Judicial Efectiva (TJE) en aquellos litigios en los cuales la persona pública tenga una situación similar a la que tendría una persona privada; es decir, que la Administración acuda al proceso sin privilegios y como si fuera una persona jurídica privada. La naturaleza del derecho es de carácter prestacional y necesita del desarrollo por parte del legislador. El objeto de este derecho es promover la actividad jurisdiccional y la defensa de los intereses de las partes o de la parte de un proceso judicial que ha iniciado otra persona, pero cuyo resultado afectará a sus intereses.

El Derecho a Recurso y la Segunda Instancia

Es el derecho a utilizar todos los recursos legales que el legislador haya establecido para cada supuesto de hecho. No aparece explícitamente en la Constitución Española (CE), sino que lo encontramos en los distintos tratados internacionales que España ha firmado sobre el Derecho a la TJE. Destacamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Tribunal Constitucional (TC) menciona que el derecho a la segunda instancia es obligatorio para el Orden Jurisdiccional Penal, y que para los demás órdenes jurisdiccionales será el legislador el que los establezca. El TC dice que la norma debe ser que siempre haya una segunda instancia, aunque excepcional y motivadamente el legislador pueda eliminarla. En cualquier caso, una vez que el legislador ha establecido una segunda instancia, el derecho a recurso entra a formar parte de la TJE. Se entenderá que un tribunal ha vulnerado el derecho a recurso cuando:

• Estando establecida la posibilidad de recurso legalmente, el tribunal deniega el acceso al recurso sin motivación, basándose en una causa legal inexistente o errónea.
• El tribunal desconozca arbitrariamente los recursos legales aplicables.

El Derecho a una Resolución Motivada y Congruente

Cuando iniciamos un proceso judicial lo hacemos pidiendo que el tribunal resuelva una controversia. El TC menciona que los tribunales deben pronunciarse sobre todos los motivos en los que se fundamenta la pretensión. Se entiende por "resolución sobre el fondo" que la resolución esté suficientemente motivada, que sea razonable, congruente y que sea una decisión secundum legem (conforme a derecho). La incongruencia activa se da cuando el juez contesta a más cuestiones de las que se le plantean. Se da incongruencia omisiva cuando el juez no contesta a todo lo que se plantea. En cualquier caso, este derecho no se refiere al reconocimiento de un derecho a una resolución favorable o acertada. Se reconoce el derecho a que el juez conteste, pero no a que resuelva a favor.

El Derecho a la Ejecución de Sentencias Firmes

Es el derecho a que se ejecuten las sentencias firmes. La ejecución puede contemplar el restablecimiento de un derecho o interés, o la compensación por el daño sufrido. Una vez que una sentencia es firme, ningún juez puede modificar su contenido. Ante una sentencia firme solo cabe un Recurso de Amparo (RDA) o un recurso ante los Tribunales Internacionales.