Transparencia, Probidad y Desigualdad Social en Chile
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Transparencia y Probidad
La transparencia, es decir, la verdad sobre un hecho ocurrido en un momento y lugar determinado, aplicada a las instituciones públicas, implica el deber del Estado de informar o poner en conocimiento de los ciudadanos interesados, la información sobre la gestión de un servicio público, para que ellos puedan consultarla, analizarla y, en caso de advertir irregularidades, usarla como mecanismo de sanción.
La probidad, por su parte, implica que las actuaciones de los funcionarios públicos deben adecuarse a los límites, requisitos y deberes que establecen las leyes. Pero, además, es un principio que tiene un componente ético, ya que el Estado está al servicio del bien común, y todo funcionario público se hace parte de esa tarea, por lo que debe actuar de manera recta y comprometida con ese objetivo.
Según hemos visto, ambos principios están consagrados en nuestra Constitución, en el artículo 8º.
La Desigualdad y la Superación de la Pobreza
La desigualdad puede ser entendida desde distintas perspectivas. Sin embargo, una de las obras más completas es la del sociólogo español Mariano Fernández (Los engranajes de la desigualdad), para quien es importante diferenciar dos tipos de desigualdad:
La desigualdad en el acceso final a los recursos o bienes económicos. Ésta es la visión general de los estudios internacionales sobre el tema de la desigualdad, que la consideran solo en su dimensión de ingresos (desigualdad de riqueza). Desde esta perspectiva, desde hace unos veinte años, Chile se encuentra entre los últimos lugares del ranking mundial de desigualdad de ingresos.
La desigualdad en el acceso inicial a las oportunidades. Esta es una dimensión escasamente trabajada en los estudios internacionales; sin embargo, cualitativamente hablando, la segunda acepción resulta más relevante aún, por cuanto se refiere a la desigualdad de derechos y de la posibilidad de ejercerlos.
Actualmente en Chile, todos los actores relevantes de la sociedad asumen como una realidad de nuestro país la existencia de altos estándares de desigualdad social, los cuales han ido en aumento en los últimos veinte años, mientras se ha reducido de manera significativa la pobreza extrema (indigencia) y los índices de pobreza, en general. Es decir, las políticas públicas que se han desarrollado desde el Estado para superar el problema de la pobreza de la población, han resultado eficaces en reducir el volumen de población pobre, pero los estándares de desigualdad se han mantenido y consolidado. A nivel regional, también se constata que existe mayor incidencia de pobreza en la IX Región y, en general, en hogares con jefatura femenina, dentro de una tendencia general de reducción de la desigualdad en todas las regiones.
El tema de la desigualdad no tiene una solución fácil ni directa, ya que implica la implementación de diversas iniciativas sociales, económicas y culturales que requieren de la participación del Estado, los agentes privados y la sociedad civil en su conjunto.