La Transición Española: Del Franquismo a la Democracia

El Reinado de Juan Carlos I y el Gobierno de Arias Navarro

Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, se lleva a cabo el traspaso de poderes según lo dispuesto por el propio Franco para garantizar la continuidad del Régimen. El 21 de noviembre, Juan Carlos I es nombrado capitán general de los tres ejércitos y jura las Leyes Fundamentales del Reino. El día 22 es proclamado rey de España ante las Cortes españolas y pronuncia su primer discurso oficial como rey, aludiendo a Franco, a la tradición y con leves referencias a la modernidad.

Parecía indicar que se mantenían las posiciones del régimen, aunque dejaba entrever un espíritu nuevo, pues hablaba de reconciliación, tolerancia, reconocimiento de las peculiaridades regionales, etc. También establecía el tono del proceso, ya que dijo que en el futuro los grupos políticos que gobernasen España tendrían que lograr acuerdos. Entre las opciones que se manejaban estaban el continuismo, la ruptura o la reforma.

• Continuismo: Defendía un franquismo sin Franco. Dentro de este sector se encontraban los inmovilistas (el famoso búnker), partidarios de continuar igual y que no aceptaban ninguna modificación, y aquellos que aceptaban pequeñas reformas, pero dentro de los principios inmutables del franquismo.
• Ruptura: Representada por el PCE y el PSOE, partidarios de establecer un gobierno provisional que asumiese el poder (al estilo del Pacto de San Sebastián) e iniciase el proceso democratizador del país.
• Reforma: Partidarios de democratizar el país, pero desde la legalidad. Esta sería la opción elegida.

El primer gobierno de la monarquía mantuvo como jefe de gobierno a Carlos Arias Navarro. Este gobierno contó con una fuerte oposición, al mismo tiempo que se producía un incremento de la conflictividad social y laboral que provocaba huelgas, protestas, etc. La respuesta del gobierno fue la represión, en algunos casos con gran dureza.

El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma Política

El cambio estaba paralizado, así que el Rey, que ya había estado lanzando mensajes de libertad y cambio (discurso en el Congreso de Estados Unidos), solicitó a Arias su dimisión el 1 de julio de 1976. Tras la dimisión de Arias, el 3 de julio de 1976, el Rey designa a Adolfo Suárez para desempeñar el cargo de jefe de gobierno. Suárez provenía del franquismo y había sido ministro en el gabinete anterior, por lo que su nombramiento causó un gran recelo en la oposición y satisfacción en los sectores del régimen.

El gabinete presidido por Suárez hizo una declaración programática que marca el inicio de las reformas. En esa declaración deja claro que la voluntad de la Corona es "alcanzar una democracia moderna para España", donde los gobiernos del futuro sean el "resultado de la libre voluntad de la mayoría". Suárez, para conseguir eso, pide "colaboración de todas las fuerzas sociales".

La idea era hacer la reforma para desmantelar lentamente la dictadura y llegar a la democracia. Acompañando esta idea, Suárez pone en marcha algunas medidas reformistas para demostrar que va en serio en su proceso. Así, aprueban una amnistía para presos políticos, se amplía la libertad de expresión o comienzan las negociaciones para legalizar centrales sindicales y partidos políticos. El conjunto de estas medidas eran recibidas con satisfacción por el pueblo español, aunque en la calle el clima era de protestas y enfrentamientos. Se sucedían las manifestaciones.

Los atentados terroristas de ETA y el GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) eran frecuentes y traían la sombra de una parada en las reformas. Por su parte, la extrema derecha (los ultras) también empleaban la violencia como medio para parar los cambios.

El gobierno de Suárez, entre los meses de julio y agosto de 1976, prepara el proyecto de Reforma Política, que fue presentado ante un grupo de oficiales de alta graduación. Suárez les pidió su "patriótico" apoyo. Sus planes fueron aceptados, pero insistían en que el PCE debía ser excluído de cualquier futura reforma.

La Ley para la Reforma Política reconocía la "voluntad soberana del pueblo", la inviolabilidad de los derechos fundamentales y creaba unas Cortes democráticas compuestas "por el Congreso de los Diputados y el Senado", elegidas por sufragio universal, directo y secreto. Serían elegidos 350 diputados y 207 senadores, de los que el Rey podría "designar para cada legislatura" un número no superior a una quinta parte. La Ley fue tramitada por el procedimiento de urgencia y debatida en las Cortes del 16 al 18 de noviembre de 1976. Para sorpresa de todos, fue aprobada por 425 votos a favor y 59 en contra. Las propias cortes franquistas votaban a su disolución, por lo que fueron conocidas como "las Cortes Haraquiri".

Después de ser aprobada, como la propia Ley establecía, fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. En la votación participó el 77% del censo, votando afirmativamente el 94%. El gobierno había obtenido un gran éxito, aunque el referéndum no reuniera todos los requisitos democráticos. El gobierno salió reforzado del referéndum, pero en un ambiente muy hostil. Así, buscó un pacto con la oposición. El 23 de diciembre de 1976 se abrió oficialmente el diálogo entre ambas partes. La oposición aceptaba la reforma y renunciaba a la ruptura democrática. Esta confluencia desembocó en una política de consenso para evitar tensiones. Comenzaba de este modo la voladura controlada del régimen. En este sentido, las acciones más importantes fueron la supresión del Tribunal de Orden Público (T.O.P.), que estaba destinado a la represión política, la legalización (febrero de 1977) de todos los partidos políticos menos el PCE, la disolución del Movimiento Nacional, etc.

La Legalización del PCE y las Elecciones de 1977

La legalización del PCE se produce, después de intensas conversaciones entre Suárez y Carrillo, el 9 de abril de 1977 (Semana Santa). A cambio de su legalización, el PCE aceptaba la monarquía como forma de gobierno, la bandera bicolor, la unidad de España y la democracia. Todos cedían algo de sus principios buscando la reconciliación, la paz y la democracia. Paralelamente a este proceso, se producía la vuelta de muchos exiliados, como: Alberti, Pasionaria, Federica Montseny, Tarradellas, etc.

La campaña electoral para las elecciones de junio de 1977 es muy intensa, y Suárez aglutina a los grupos y personalidades de centro y moderadas. En su discurso del 13 de junio de 1977, se presenta como un buen gestor y cumplidor de las promesas hechas. Él destaca que se le devolvió "la soberanía al pueblo español", que se está construyendo "la democracia desde la legalidad" y que en las elecciones todos los partidos políticos pueden "tener un lugar en las Cortes".

Suárez anuncia lo que queda por hacer: elaborar una Constitución por consenso de todos los partidos "representativos en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños", conseguir un pacto que fije "las líneas básicas" de la economía española y un "marco legal" para institucionalizar cada región.

En los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 salieron reforzados los grandes partidos y ganó la moderación y el centro de la UCD (165), PSOE (118), a mayor distancia se situaron el PCE (20), AP (Alianza Popular) (16) y el PSP de Tierno Galván (6); dentro de las fuerzas nacionalistas tuvieron importancia los 8 diputados del PNV de X. Arzallus y los 11 del PDC de J. Pujol.

La Constitución de 1978

El 22 de julio de 1977, el Rey presidió la apertura de las Cortes, que comienzan a elaborar una Constitución. Un relatorio del Congreso comenzó la redacción de la Constitución. La elaboración de la constitución respondía, por primera vez en la historia de España, a una negociación entre los más importantes partidos políticos y fruto de un gran pacto nacional entre ellos. Después de una compleja y dilatada tramitación (1.133 enmiendas), el 31 de octubre de 1978, el Congreso y el Senado aprobaron por mayoría absoluta el texto constitucional (votaron en contra los diputados de extrema derecha y el PNV se abstuvo). El pueblo español también la aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978 (67% de participación y 88% de votos afirmativos).

Los principios más destacados de la nueva Constitución son que España se define como un "Estado social y democrático de Derecho". El cualificativo democrático implica la participación ciudadana y el reconocimiento de la soberanía popular, "del que emanan los poderes del Estado". El aspecto social hace referencia a los principios rectores que debe tener la ley. En cuanto a la forma política del Estado, establece una monarquía parlamentaria. Este Estado es unitario, "patria común e indivisible de todos los españoles", que garantiza el derecho a la autonomía de las "nacionalidades y regiones", dando lugar al Estado de las Autonomías. En él, el castellano es la lengua oficial, siendo las demás lenguas cooficiales en las respectivas nacionalidades con lengua propia. En cuanto a los derechos, aparecen muy detallados, destacando la igualdad ante la ley, la objeción de conciencia, la libertad de reunión y asociación, el derecho al sufragio, a la vida (abolición de la pena de muerte), etc. Entre los deberes destacan la defensa de la patria y la contribución al gasto público.

Las Elecciones de 1979 y la Dimisión de Suárez

Después de aprobada la Constitución, se celebraron elecciones el 1 de marzo de 1979, que tuvieron unos resultados semejantes a los de 1977. No supusieron un aumento de la UCD, como pensaba Suárez, ni un triunfo de la alternativa socialista. También fueron convocadas elecciones municipales para el 3 de abril, consiguiendo el PSOE un triunfo en los núcleos urbanos. Suárez comenzaba a tener problemas para gobernar y, al no tener mayoría absoluta, tenía que ir pactando para sacar adelante las distintas leyes orgánicas que desarrollaban la Constitución. Eran momentos de tensión y de gran éxito, como fue la aprobación de los Estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia. Dentro de su partido se hacían más fuertes las diferencias ideológicas y los personalismos que finalmente llevarían a la UCD a su desintegración en 1983. Por su parte, ETA seguía con los atentados terroristas (ahora más numerosos que durante el régimen de Franco), a los que se añadían los realizados por la ultraderecha. Por otro lado, el principal partido de la oposición, el PSOE, llevó a cabo una serie de cambios para presentarse como una alternativa viable. Cambios en la organización y dirección que lo convierten en un partido muy centralizado y cohesionado, con gran disciplina. En lo que respecta a la estrategia política, a partir de mayo de 1980, abandonan la política de consenso y presentan una moción de censura al gobierno, que fracasa, pero que potenció la figura de Felipe González y erosionó definitivamente la de Adolfo Suárez. Finalmente, a estas dificultades políticas hay que añadir las económicas y la presión de los militares (romper la unidad de España con las autonomías y no parar el terrorismo), que llevan a la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981.

El Gobierno de Calvo Sotelo y el 23-F

El candidato propuesto para la presidencia del gobierno fue Calvo Sotelo. Al no tener la UCD la mayoría absoluta, fue necesaria una segunda votación. El 23 de febrero de 1981, cuando se estaba celebrando la votación, se produjo el intento de golpe de Estado (23-F). El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que ya había participado en otros intentos golpistas, al mando de unos cuatrocientos guardias asaltó el Congreso y mantuvo como rehenes al gobierno y a los parlamentarios, mientras se anunciaba la llegada de una autoridad que se pondría al mando. El resto de capitanías generales y regiones militares mantuvo la legalidad, menos el general Miláns del Bosch en Valencia, que sacó los tanques a la calle exigiendo la rendición de la población. La actuación del Rey fue clave para la resolución del conflicto. Desde el Palacio de la Zarzuela convocó a la Junta de Jefes de Estado Mayor, contactó con las capitanías, exigiendo el respeto a la Constitución y su lealtad, y emitió un mensaje por televisión en el que confirmaba que "había ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor" mantener el orden constitucional vigente y que "no podía tolerar" la interrupción por la fuerza del proceso democrático. Tras el mensaje del Rey, la situación queda controlada y, en la mañana siguiente, se produce la rendición de los sublevados.

El Triunfo del PSOE y la Consolidación Democrática

El 25 de febrero, Calvo Sotelo inicia su gobierno, durante el que lleva a cabo la aprobación de leyes muy importantes, como: la Ley del Divorcio, la Ley del Defensor del Pueblo y la LOAPA (ley que obligaba a las comunidades autónomas no históricas a desarrollar su Estatuto de Autonomía por el artículo 143 (vía lenta)). También se produce, en junio de 1982, la entrada de España en la OTAN. El gobierno de Calvo Sotelo fue ganando cada vez una oposición mayor, sobre todo con la LOAPA y la entrada en la OTAN. A eso se une el proceso de descomposición de la UCD tras la salida de Adolfo Suárez. En ese contexto, se produce la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 28 de octubre de 1982. El resultado de esas elecciones fue el esmagador triunfo del PSOE (48%) y la casi desaparición de la UCD (7%). La coalición de derechas AP-PDP quedó en segundo lugar, pero muy lejos (106 diputados), y los partidos nacionalistas se mantuvieron. El PCE sufrió una gran derrota. El triunfo socialista en estas elecciones cerraba la etapa de la transición democrática. La mayoría de la población apostaba por el cambio ofertado por los socialistas. Se inauguraba el período de la consolidación democrática.