Transición Española y Estatuto de Autonomía de Canarias
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La Transición Española: De la Dictadura a la Democracia
El Reinado de Juan Carlos I y las Alternativas Políticas
Tras la muerte de Franco en 1975, Juan Carlos I juraba como rey de España. El gobierno de Arias Navarro, apoyado por la prensa del movimiento, no cumplió con las expectativas democráticas de la sociedad. En este contexto, surgieron tres alternativas políticas:
- Continuidad del Franquismo: Con leves reformas, defendida por el sector inmovilista del gobierno y apoyada por Arias Navarro.
- Ruptura Democrática: Propuesta por la oposición al régimen, reunida en la “Coordinación Democrática” o “Platajunta”. Exigían amnistía general, elecciones a Cortes Constituyentes, reconocimiento de partidos políticos, y derechos y libertades.
- Transición hacia la Democracia: Un proyecto complejo que, partiendo de la legislación franquista, buscaba un cambio de sistema político. Esta alternativa era apoyada por el rey y los miembros reformistas del gobierno.
El Gobierno de Adolfo Suárez y la Reforma Política
Con la tercera opción como hoja de ruta, el rey consiguió la dimisión de Arias Navarro en julio de 1976. Se nombró a Adolfo Suárez, partidario del reformismo, como presidente del gobierno, y a Torcuato Fernández Miranda, hombre de confianza del rey, como presidente de las Cortes.
Suárez, con realismo, aceleró las reformas para alcanzar las libertades democráticas. A pesar del recelo inicial de la oposición democrática, logró atraerla a su proyecto. Su gabinete, compuesto en su mayoría por democristianos reformistas, despenalizó las asociaciones políticas, reguló el derecho a huelga y aprobó una amnistía política.
La sociedad civil española, con la movilización de sindicatos como UGT y CCOO, presionó por reformas laborales, derechos, libertades y autonomía para las regiones, especialmente el País Vasco y Cataluña.
El nombramiento del general Manuel Gutiérrez Mellado como vicepresidente en asuntos militares, leal a Juan Carlos I, y la legalización del Partido Comunista de España (PCE) generaron tensiones con el sector inmovilista. La extrema derecha asesinó a cinco abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid en enero de 1977, mientras ETA continuaba con sus atentados terroristas. El gobierno de Suárez se enfrentaba a una crisis de desestabilización.
A pesar de las dificultades, el gobierno elaboró la Ley de Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas en 1976 y refrendada por el pueblo español en referéndum con amplia mayoría. Sus objetivos eran:
- Recuperar la soberanía popular.
- Establecer unas Cortes democráticas.
- Defender los derechos fundamentales e inviolables de las personas.
- Reconocer el pluripartidismo.
Esta ley permitió la ruptura pactada con el franquismo, evitando un cambio traumático, e inició el proceso negociador con la oposición democrática.
El Estatuto de Autonomía de Canarias
El Estatuto de Autonomía de Canarias, norma institucional básica de la Comunidad Autónoma Canaria, configura su organización institucional. Fue establecido mediante la Ley Orgánica 10/1982, entrando en vigor el 16 de agosto de 1982, y reformado por la Ley Orgánica 4/1996 el 30 de diciembre de 1996.
El Camino hacia la Autonomía
Las elecciones constituyentes de 1977 abrieron una etapa preautonómica con la creación de la Junta de Canarias mediante el Real Decreto 9/1978. Este órgano de gobierno, encargado de redactar el Estatuto de Canarias, gestionaba y administraba las funciones y servicios transferidos por la administración del Estado.
El Estatuto fue aprobado el 10 de agosto de 1982, junto con la LOTRACA, que ampliaba las competencias de la Comunidad Autónoma.
Reformas del Estatuto
La reforma de 1996 introdujo el término"nacionalida", el concepto de archipiélago en la determinación del territorio, una mejor consideración de las islas y cabildos, y asumió las materias transferidas por la LOTRACA.
En 2006, el Parlamento de Canarias aprobó una segunda reforma que fue remitida al Congreso de los Diputados. Sin embargo, la propuesta fue bloqueada y finalmente retirada.
Estructura y Órganos del Estatuto
El Estatuto vigente consta de 65 artículos y establece la capitalidad compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El territorio comprende las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, además de los islotes Alagranza, La Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.
Sus órganos principales son:
- Parlamento de Canarias: Poder legislativo.
- Gobierno de Canarias: Compuesto por el presidente, el vicepresidente y los consejeros, dirige el poder ejecutivo.
- Cabildos: Representantes de cada isla.
- Diputado del Común: Alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.
- Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Poder judicial.