Transición Española a la Democracia: Etapas, Constitución de 1978 y Primeros Gobiernos

La Transición Española a la Democracia

a) La posición de partida del Rey

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, las Cortes franquistas proclaman, según voluntad del dictador, a Don Juan Carlos como rey de España. El papel del rey fue decisivo, optó por la vía reformista y, partiendo de las instituciones franquistas y del poder otorgado como rey, empieza el camino hacia el restablecimiento de las instituciones democráticas. Vacante en este momento el cargo de presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Don Juan Carlos nombró para tal cometido a su antiguo profesor y hombre de confianza: Torcuato Fernández Miranda, que había sido vicepresidente del gobierno con Carrero Blanco. Fernández Miranda será un hombre clave en la transición democrática, aconsejando en todo momento al monarca en el camino a seguir en su ardua tarea.

b) Gobierno de Arias Navarro (diciembre 1975 - julio 1976)

En un principio, se confirmó como Presidente del primer Gobierno de la Monarquía a Arias Navarro, quien a pesar de su talante franquista y consciente de la nueva situación inició una serie de cambios que no eran sino un “maquillaje” para no desmontar el régimen:

• Contó en su gobierno con hombres de matiz reformistas (Fraga, Areilza…).
• Indultó a numerosos presos políticos.
• Legalizó los partidos políticos (dejando fuera a los nacionalistas y los comunistas).
• Sin embargo, no habló de elecciones generales ni de autonomías.

El rey se encontró con que no podía llevar las reformas hacia la democracia con Arias Navarro, a la vez que las huelgas, manifestaciones políticas y protestas aumentaban en el país. No era aconsejable destituirlo directamente, por lo que parece ser que después de un despacho rutinario entre ambos, don Juan Carlos manifestó a Arias Navarro su descontento por la marcha de los asuntos del país. Arias, que no estaba acostumbrado a ningún tipo de recriminación y que tampoco tenía demasiado interés por su cargo, presentó su dimisión sin pensarlo. El rey se la aceptó en el acto.

c) Nombramiento de Adolfo Suárez

Tras numerosas negociaciones, Fernández Miranda consiguió que el Consejo del Reino incluyese en la terna preceptiva para la elección del nuevo presidente del gobierno como candidato a Adolfo Suárez, un hombre joven y vinculado a Falange. En aquel momento era ministro Secretario General del Movimiento y apenas hacía un mes antes había defendido ante las Cortes franquistas la Ley sobre Derecho de Asociación Política. El Rey eligió a Suárez el 3 de julio de 1976 como presidente del gobierno. El nombramiento de Suárez fue mal visto por la oposición, dado su origen falangista, y por los sectores reformistas del franquismo, al considerarle poco capacitado para ejercer la presidencia del gobierno. Muchos se negaron a formar gobierno con él. A Suárez no le quedó más remedio que formar un gobierno de "segundones" que fue calificado, despectivamente, como un gobierno de “penenes” (interinos). El rey contaba ya con los hombres que habían sido llamados a transformar el sistema franquista: Torcuato Fernández Miranda (desde el Consejo del Reino) y Adolfo Suárez (desde la presidencia del gobierno). Ambos políticos procedían del franquismo y no de la oposición política, por lo que la reforma se iba a llevar a cabo desde dentro del mismo sistema. El rey se convertía en el “motor del cambio” y Suárez en el principal “actor”. Comenzaba así una nueva tentativa de reforma que esta vez sería definitiva.

• Las reformas (1976-1977). Suárez, a todo ritmo y sobreponiéndose a las adversidades de la desconfianza, la contestación huelguística y el terrorismo, comenzó a actuar en dos frentes:
• Negociar secretamente con la oposición, incluidos todos los socialistas y comunistas, y aceptar la realidad de los nacionalismos mediante la amnistía.
• Liquidación de las Cortes franquistas, para lo que contó con la milimétrica actuación de Fernández Miranda. Ambos objetivos fueron alcanzados siguiendo el siguiente proceso: Ley de Reforma Política, en virtud de la cual se constituirían las futuras Cortes bicamerales (Congreso y Senado), ambas cámaras elegidas por el voto de los ciudadanos.

Aunque dicha ley suponía la liquidación de las estructuras franquistas y de las mismas Cortes, éstas la aprobaron por amplísima mayoría (429 votos a favor, frente a 59 en contra y 13 abstenciones). El 15 de diciembre de 1976 el pueblo español la aprobó en referéndum por abrumadora mayoría. Febrero de 1977: Decreto-Ley por el que se legalizan los partidos políticos. En muy poco tiempo quedaron legalizados o en trámite de legalización más de 150 partidos políticos, entre ellos no estaba el Partido Comunista, por su presunta negación a aceptar la monarquía y la bandera roja y gualda, y sobre todo, por la oposición del ejército. En abril del mismo año finalmente se legaliza el Partido Comunista, aunque supuso un descontento general por parte de los altos cargos militares, el rey supo controlar los ánimos. 23 de marzo de 1977: Decreto-Ley que regula las normas electorales (sufragio universal directo) para constituir las nuevas Cortes. Finalmente, el 15 de abril del mismo año se convocaron las elecciones a Cortes constituyentes, que habrían de celebrarse dos meses después, es decir el 15 de junio. En este intervalo de tiempo:

• Se suprimen tribunales especiales, como el del Orden Público.
• Se autorizó el uso de la “ikurriña”.
• Se legalizaron las centrales sindicales.
• Se concedió una segunda amnistía política y retornaron los exiliados.
• Se restableció con carácter provisional algunas instituciones autónomas como la Generalitat de Catalunya y el presidente de ERC, Josep Tarradellas, volvió del exilio. También se puso en marcha un gobierno preautonómico en el País Vasco.

Todo ello se realizó pacíficamente, aunque no faltaron tensiones: presión terrorista, asesinato por la extrema derecha de cinco abogados laboralistas en Madrid (atentado en la calle Atocha), alarma por la legalización del Partido Comunista…

3. Elecciones de 1977 y consenso constituyente

a) Partidos políticos

Convocadas las elecciones, se procedió a la formación de diversas coaliciones electorales, siendo las formaciones políticas más importantes:

• CENTRO: Unión de Centro Democrático (UCD), conglomerado de partidos de ideología democristiana, socialdemócrata, liberal y algunos regionalistas, la dirigía Adolfo Suárez.
• DERECHA DE SIGNO DEMOCRÁTICO: Alianza Popular (AP), encabezada por Fraga Iribarne, acogía a varios exministros de Franco.
• IZQUIERDA: Los socialistas presentaron tres candidaturas diferentes, encabezadas respectivamente por el PSOE (h), el PSOE (r) de Felipe González y el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván. El Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo concurrió en solitario.

Celebradas las elecciones el 15 de junio, el triunfo fue para la UCD (34% de los votos), seguido del PSOE con el 28,9%.

b) Proceso constituyente

Abiertas las Cortes, éstas iniciaron la tarea de elaborar una constitución que sirviera de base para iniciar la normalidad democrática. En octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, entre el gobierno, los partidos políticos y los sindicatos. Es el inicio de la política de consenso, entre todas las fuerzas sociales y partidos para salir de la crisis económica y asegurar el proceso de transición política. Este consenso culminaría en la elaboración de la Constitución.

4. La Constitución de 1978

a) La redacción de la Constitución

El encargo de elaborar la Constitución recae en una Comisión Constitucional formada por expertos, en concreto siete diputados procedentes de los distintos grupos políticos: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón –de UCD-, Jordi Solé Tura – del PCE-, Gregorio Peces Barba –del PSOE-. Fraga Iribarne – de AP- , Miguel Roca de CiU. Algo que se criticó a esta comisión fue la ausencia de un representante del nacionalismo vasco (excluidos por sus peticiones maximalistas en torno a la autonomía vasca). El 31 de agosto el proyecto fue discutido en las Cortes, tanto el Senado como el Congreso lo aprobaron por amplia mayoría, a excepción de los nacionalistas vascos (que se abstuvieron) y la extrema izquierda. El 6 de diciembre de ese mismo año se celebró un referéndum, donde el pueblo español le otorgó el apoyo del 87,9% de los votantes.

b) Contenido de la Constitución

El preámbulo recoge los valores en que basa (justicia, libertad, seguridad…), y las metas a las que apunta la convivencia democrática: Estado de derecho, protección de los individuos y de los pueblos, progreso cultural y económico… El título preliminar establece que la soberanía recae en el pueblo español, bajo la fórmula política de la monarquía parlamentaria. El título 11 desarrolla los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos: expresión, reunión, asociación, residencia. Queda abolida la pena de muerte – salvo en época de guerra- y se proclama la aconfesionalidad del Estado. Además, se creó la figura del Defensor del Pueblo, un instrumento para garantizar estos derechos básicos de los españoles, su tarea principal es recoger las reclamaciones de los ciudadanos referentes a la vulneración de sus libertades por parte de la Administración. En los siguientes establece las Instituciones de la nación:

• a) Rey: ocupa la Jefatura del Estado, su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria (primando la línea de sucesión masculina). Sus atribuciones están subordinadas a la Constitución y consisten en: representación simbólica de la nación, sanción de las leyes aprobadas por las Cortes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas.
• b) Poder legislativo: Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo (formadas por el Congreso de los Diputados y Senado). Entre sus funciones esenciales destacamos: elaboración de las leyes, control del gobierno, aprobación de los presupuestos económicos anuales del Estado y la autorización de los tratados internacionales.
• c) Poder ejecutivo: formado por el presidente de gobierno (nombrado por el Congreso, entre los líderes políticos de los partidos que lo integran). El presidente de gobierno elige a los ministros, nombramiento que debe ser ratificado por el rey.
• d) El poder judicial corresponde a los jueces y tribunales, no son objeto de elección popular, pero se encuentran sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional (máximo órgano constitucional).

Organización territorial del Estado: comunidades autónomas

La Constitución declara que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones con capacidad para tomar decisiones políticas. Las comunidades Autónomas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden a su autogobierno, pero manteniendo instituciones comunes dentro del Estado español: El gobierno Central se reserva la exclusividad las competencias sobre relaciones internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, sistema monetario y Hacienda. Las Comunidades Autónomas tendrán competencias de: Urbanismo, turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, policía y protección del medio ambiente. Cada Comunidad Autónoma formará unos parlamentos propios y elegirá a su presidente de gobierno propio y las tasas nuevas que en cada una se puedan crear. También disponen de recursos económicos propios para gestionarlos libremente, ya que se financian mediante los impuestos cedidos por el Estado Central, salvo en el caso del País Vasco y Navarra que el proceso es inverso.

I. LOS GOBIERNOS DE LA DEMOCRACIA

1. Gobiernos de la U.C.D. (1979-82)

a) El gobierno de Adolfo Suárez (1979-81)

Cumplida su tarea constituyente, las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones para el 1 de marzo de 1979. La urnas volvieron a dar la victoria a la U.C.D. de Suárez con el 48 % de los votos emitidos. Seguida por el Partido Socialista con 35,5 %. A distancia se situaban el Partido Comunista con el 10,8% y la Coalición Democrática (de derecha) con el 5,9%. Nueve formaciones regionalistas, encabezadas por CiU, con ocho escaños, entraron en el Congreso. Con estos resultados Suárez procedió a la formación de un nuevo Gobierno. En los meses siguientes se recrudecieron los actos terroristas, y las presiones involucionistas añadieron dificultades a las negociaciones de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco, que finalmente fueron aprobados en 1979. En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en ambas comunidades,

que dieron el triunfo a los nacionalistas en los dos casos: Convergencia i Unió (CiU), con Jordi Pujol a la cabeza en Cataluña y Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) en el País Vasco. Estos resultados aumentaron las tensiones entre los “barones” de las distintas tendencias políticas integradas en la U.C.D. También crecieron las críticas al Presidente Suárez, que se encontró cada vez más aislado y carente de la capacidad de reacción que hasta entonces había demostrado. Entre tanto, el P.S.O.E. presentó una moción de censura al Gobierno, que aumentó el prestigio del líder socialista, Felipe González, ante la opinión pública. La división y las críticas en el seno de la U.C.D. prosiguieron. Finalmente, el 29 de enero de 1981, Suárez presentó la dimisión.

b) El gobierno de Calvo Sotelo (1981-82)

Para suceder a Suárez en la presidencia del gobierno fue designado Leopoldo Calvo Sotelo. Durante la sesión de investidura en las Cortes, se produjo la reacción más grave contra el proceso democrático: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Un grupo de guardias civiles y algunas unidades militares secuestraron al gobierno y al Congreso de los diputados, creando la alarma en todo el país hasta la madrugada del dicho día. La aparición del Rey en televisión, desautorizando a los rebeldes y exigiendo su rendición, fue decisiva. Los responsables del golpe fueron detenidos, juzgados y condenados a prisión, entre ellos figuraban Tejero y Milán del Bosch. Bajo el mandato de Calvo Sotelo, el Gobierno tuvo lugar:

• La aprobación de muchos de los estatutos de autonomía (menos Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid que se aprobarían el 25 de febrero de 1983).
• Dos grandes problemas sociales: “el escándalo del aceite de colza” y la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
• Se tramitó el ingreso de España en la OTAN, aprobado con la oposición del P.S.O.E. y otras fuerzas políticas de izquierdas.

Esta oposición, unida a las nuevas divisiones dentro del partido, debilitaron el apoyo social a U.C.D. Se convocaron nuevas elecciones en octubre de 1982, que pusieron fin a la etapa centrista al ser ganadas por el P.S.O.E.