La Transición Española (1975-1978): De la Muerte de Franco a la Constitución de 1978

1. Los Inicios de la Transición Española (1975-1978)

1.1. Inmovilistas, Reformistas y Rupturistas

El panorama político español de la década de 1970 presentaba tres alternativas principales. Unos defendían la continuidad del régimen sin Franco (los inmovilistas); otros apostaban por una reforma que culminase en la democratización del sistema (los reformistas); y finalmente, la mayoría se inclinaba por la ruptura con el pasado dictatorial y la construcción de un nuevo sistema político (los rupturistas).

El Inmovilismo del Gobierno de Arias Navarro

Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. El monarca decidió que continuara en el gobierno Carlos Arias Navarro. Cuando Arias Navarro presentó su programa de gobierno ante las Cortes, se hizo evidente que pretendía continuar con el régimen franquista. Su propuesta representaba una reproducción del “espíritu del 12 de febrero” y se limitaba a proponer unas leyes extremadamente restrictivas que no contemplaban la existencia de partidos políticos.

Las Movilizaciones Populares

Para presionar a favor de una alternativa democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definió un programa común para todas las fuerzas antifranquistas. Los organismos unitarios se unieron en la llamada Coordinación Democrática. Su propuesta política se expresaba en la fórmula de la ruptura democrática. Las fuerzas antifranquistas también promovieron una serie de movilizaciones populares que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. Los conflictos laborales aumentaron. En Cataluña y el País Vasco hubo diversas huelgas generales, y en Madrid duraron varias semanas. El gobierno respondió con gran represión.

El Gobierno de Suárez y la Reforma Política

Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, se esforzaron por desplazar del gobierno a los inmovilistas con el visto bueno de la monarquía. Su proyecto de cambio pretendía la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas. El rey y sus colaboradores más cercanos forzaron la dimisión de Arias Navarro para imponer como sucesor a Adolfo Suárez. Tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Además, propuso un proyecto, la Ley de Reforma Política (LRP), que reconocía los derechos fundamentales de las personas. La Ley fue aprobada sin problemas por las Cortes, y en ello desempeñaron un papel decisivo las negociaciones subterráneas del gobierno con muchos de los procuradores franquistas.

1.2. La Construcción de la Democracia

En los meses siguientes a la aprobación de la Ley de Reforma Política se prepararon las condiciones para la celebración de elecciones generales. El primer paso fue una serie de decretos que permitieron:

• La libertad sindical.
• La legalización de los partidos políticos.
• Una amplia amnistía para delitos políticos cometidos durante el franquismo.

La legalización del PCE (Partido Comunista de España), a la que se oponían los inmovilistas y amplios sectores del ejército, se había convertido en la piedra de toque del proceso democrático.

Las Primeras Elecciones Democráticas (1977)

Los partidos de izquierda se prepararon para la celebración de las elecciones generales. A la derecha, Manuel Fraga. Desde el gobierno se constituyó la Unión de Centro Democrático (UCD), cuyo líder era Suárez. Las elecciones generales se celebraron en 1977. El triunfo fue para UCD. Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático de España después de la Guerra Civil.

La Constitución de 1978

Las Cortes elegidas no tenían formalmente el carácter de constituyentes. Su primera tarea debía ser la elaboración de una Constitución democrática. La redacción de la Constitución inició la política de consenso, que resolvía las cuestiones mediante la negociación y el acuerdo entre fuerzas políticas.

La Constitución adoptó un carácter progresista, aunque presentaba una cierta ambigüedad que permitía que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como por la derecha democrática. La Constitución de 1978 define España como un “Estado social y democrático de Derecho”, organizado como una monarquía parlamentaria. El texto confirma el carácter no confesional del Estado. En la Constitución se recogen también los principios rectores de la política social y económica.