Transformaciones Sociales y Políticas en el Siglo XIX: Un Análisis Detallado
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El Siglo XIX: Transformaciones Sociales y Políticas
Con la entrada del siglo XIX, los problemas sociales se consolidan como una cuestión de naturaleza pública y de responsabilidad política. Destacan dos hitos fundamentales:
1. La Revolución Industrial
La Revolución Industrial trajo consigo una profunda transformación de las condiciones de vida y trabajo, dando origen a nuevas clases sociales. Este proceso supuso un cambio rápido e importante en la estructura de la sociedad, implicando, sobre todo, la disociación entre trabajo y capital.
Se crearon grandes fábricas, donde el capitalista aportaba los medios de producción y otros ofrecían su capacidad de trabajo, personas que se veían obligadas a trabajar para subsistir. Se produjo un incremento de la natalidad y una emigración significativa del campo a la ciudad.
Este cambio propició el surgimiento de dos clases sociales principales: la capitalista y la trabajadora. Esto, a su vez, generó la conciencia de clase: la idea de que, aunque no todos los individuos son iguales, juntos poseen la fuerza necesaria para enfrentarse a la clase dominante. Surge así el llamado "intervencionismo estatal".
2. La Revolución Democrática
Paralelamente, emergen principios revolucionarios. La política deja de ser un asunto exclusivo de minorías, la soberanía reside en el pueblo y se promueve el sufragio universal. Comienzan a surgir los primeros partidos políticos y movimientos sindicales, como la UGT en 1880. En España, estos cambios se producen con cierto retraso en comparación con el resto de Europa.
Se reconoce que el ciudadano de bajos recursos también necesita asistencia integral.
Acciones Jurídico-Institucionales Destacadas
Destacamos tres acciones jurídico-institucionales clave:
Constitución de Cádiz (1812)
Primer plan organizativo de la beneficencia pública. Es la primera vez que se recoge en una constitución el problema de la asistencia social. Establece la obligación de los españoles de ser “justos y benéficos” y otorga un papel importante a los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Ley de Beneficencia de 1822
Aumenta la dimensión pública del tratamiento del problema. A partir de 1812, el sistema evoluciona. De un sistema liberal se pasa a uno absolutista, y en 1820 se retorna al trienio liberal (ideas más cercanas a la Ilustración). En 1824, se restaura el poder absoluto del monarca, y durante casi todo el siglo XIX se alternan ambos sistemas. Estos cambios provocaron que las normas tuvieran una vigencia limitada. Se crean Juntas Municipales en cada pueblo y Juntas Parroquiales de Beneficencia.
Ley de Beneficencia de 1849
Nuevo cambio de régimen, con una nueva constitución y una ley de Beneficencia renovada. Se concibe la beneficencia como un servicio público, cuyos establecimientos son públicos y accesibles a todos. El Gobierno se encarga de la creación y supresión de centros, y la gestión de la Beneficencia corresponde al Ministerio de Gobernación. Se establece una Junta Central, Juntas Provinciales y Juntas Municipales, que auxilian al Gobierno y están compuestas por personal civil, eclesiástico, facultativo y vocales. De estas juntas dependen los establecimientos Generales, Provinciales y Municipales.
La Comisión de Reformas Sociales de 1883
El último hito importante del siglo XIX es la creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883. La cuestión social se convierte en un problema de Estado de gran relevancia.