Transformaciones Económicas del Siglo XIX: La Desamortización en España
Transformaciones Económicas del Siglo XIX: Las Desamortizaciones
1. Introducción
La desamortización supone la expropiación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, ya sean eclesiásticos o civiles, que, tras la correspondiente nacionalización y venta en subasta, pasan a formar una propiedad nueva y privada. Los primeros antecedentes hay que buscarlos en el reinado de Carlos III, cuando apareció la crítica a la propiedad amortizada. Con Carlos IV y Godoy, ya se plantea una primera desamortización de bienes de instituciones religiosas. Durante la Guerra de la Independencia, tanto el gobierno bonapartista como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación de supresión de conventos y órdenes religiosas, así como la puesta en venta de sus propiedades, para amortizar la deuda del Estado. Estas medidas continuaron en el Trienio de Riego, pero hasta 1836 estas leyes no tendrán una repercusión notable.
2. Desarrollo
Durante el reinado de Isabel II, hubo tres desamortizaciones. Primero, la de Mendizábal en 1836, que afectó a los bienes del clero regular, completándose con la de los bienes del clero secular bajo el mandato de Espartero en 1841. La siguiente desamortización vino de la mano de Madoz durante el Bienio Progresista en 1855, siendo Ministro de Hacienda, con la desamortización de bienes municipales.
El motivo principal era establecer un proceso de reforma agraria contra las tierras de “manos muertas”, que no se podían comprar o vender por ser de los municipios, del clero o de mayorazgos, y que eran poco productivas. Por la ley de Mendizábal (conocida como la desamortización eclesiástica) en 1836, se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular y se procedía a la disolución de las órdenes religiosas masculinas. Como consecuencia de esta medida, la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras.
Los bienes del clero secular se declararon propiedad del Estado hasta su venta en 1841, durante la regencia de Espartero. También se suprimió el diezmo. Los fondos obtenidos se destinaban a la amortización de la deuda pública, a sufragar la guerra contra los carlistas y a crear una masa de propietarios formada por terratenientes, burgueses y campesinos que fuesen adeptos al sistema y al nuevo régimen, y que trabajaran la tierra para hacerla rentable, aumentando el nivel de la cosecha.
Con la vuelta de los moderados (Narváez), en 1844 se suspendieron las subastas. Se había amortizado el 62% de las propiedades de la Iglesia. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran, en teoría, asequibles para grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica, los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez. Además, se hicieron manipulaciones en las subastas, creándose grandes lotes de tierra inasequibles para los pequeños propietarios, siendo solo accesibles a las oligarquías muy adineradas. Los pequeños labradores no pudieron entrar en las pujas y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses urbanos adinerados, de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media en España.