Transformaciones Agrarias en España: De la Desamortización a la Modernización del Regadío

Socioeconómicas (dirigidas a transformar el modelo de propiedad y las relaciones laborales)

En el caso de las desamortizaciones (1836- Mendizábal; 1855-Madoz) sirvieron para hacer desaparecer el tipo de propiedad vinculada característica del Antiguo Régimen, sustituyéndola por el modelo de propiedad privada propio del capitalismo; en el caso de los mayorazgos nobiliares, simplemente convirtiéndolos en propiedades plenas, en el caso de los bienes de la Iglesia y los comunales, mediante la expropiación de los mismos y la venta en subasta pública. Con estas y otras medidas, la economía española empezó a funcionar por leyes de mercado pero sin que se transformara la concentración de las propiedades (pasaron a manos de la nobleza o burguesía tierras antes de la Iglesia o los pueblos) ni el sistema de cultivo (el predominio de sistemas extensivos, con empleo de una masiva mano de obra de campesinos sin tierras y ahora sin ningún derecho laboral, sería, desde entonces, la situación generalizada en la mitad sur de España: la España de los latifundios).

En cuanto a la Ley de Reforma Agraria que aprobaron las Cortes del primer Bienio republicano en 1932, pretendía hacer lo que no hicieron los liberales como Mendizábal en el s. XIX: repartir la propiedad de la tierra, acabar con los latifundios, entregando la tierra a los trabajadores. Los avatares políticos de la República hicieron que la Ley pasara por periodos muy desiguales en cuanto a su aplicación y resultados, pero, en todo caso, la llegada al poder de Franco supuso la marcha atrás de la misma con devolución de las tierras expropiadas.

Técnicas (destinadas a transformar el sistema de cultivo, intensificándole)

La política hidráulica en España tiene sus precedentes en la labor de los gobiernos ilustrados del s. XVIII (canales de Castilla y Aragón…) pero hubo que esperar al s. XX para que el tema del “atraso del campo español” se hiciera popular en la generación “regeneracionista” tras el desastre del 98. Autores como Joaquín Costa difundieron la idea de que “el agua”, junto a otras medidas, tenía que ser la base del desarrollo de una agricultura limitada por la aridez de buena parte del país.

A comienzos del s. XX, los regadíos existentes en España afectaban a 1.230.000 Has.

En 1902 se elabora el Plan Gasset de regadíos que se convirtió en Ley en 1911: asignaba al Estado el papel dominante en la construcción y financiación de las obras hidráulicas, pero, el avance de esas obras fue limitado, incluso con el impulso que se intentó dar a las obras de regadío en los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera. El conde de Guadalhorce, responsable de Obras Públicas de ese periodo, dio un paso adelante en el modelo que se iba aplicar desde entonces en España al situar a las cuencas hidrográficas como unidad básica de actuación, a través de la organización de las Confederaciones Hidrográficas. Durante estos años se realizaron obras en las cuencas del Duero y Ebro, primordialmente. Precisamente sería el responsable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Lorenzo Pardo, el auténtico precursor de la moderna política hidráulica: es el primero que se plantea una visión integradora de las obras hidráulicas, no un mero catálogo de proyectos como habían sido los planes anteriores. Sus ideas se plasmaron en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 durante la IIª República, cuya ejecución fue escasa dadas las dificultades económicas de esos años, pero, que fue la base de las obras del periodo de la dictadura de Franco.

Tras la guerra civil, en 1940, había en España en torno a 1.5 millones de Has. regadas, lo que nos muestra la escasa realización de los planes del 1º tercio del s. XX; no obstante, hay que destacar que el incremento del regadío fue unido a la introducción o desarrollo de nuevos cultivos que rompían con la tradicional trilogía mediterránea de buena parte del país: remolacha, alfalfa, cítricos…

Durante el Franquismo la política hidráulica hizo acto de presencia muy pronto: en 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización y se aprobó la Ley de Colonización de Grandes Zonas; la política de regadíos se asociaba a la política de colonización, cuyo objetivo primordial era el asentamiento de colonos en las tierras que los propietarios beneficiados por las obras financiadas por el Estado debían entregar; el asentamiento de colonos fue muy escaso, en cambio, el número de embalses y áreas regadas empezó a dar sus frutos en los años 50, de forma que en 1960 se llegó a 1.8 millones de Has. regadas.

Fueron los años 60 y 70 cuando la política de regadíos se convirtió en una de las claves de la modernización del campo y del aumento y diversificación de alimentos, al recibir dentro de los Planes de Desarrollo presupuestos muy importantes: en 1980 había en torno a 2.8 millones de Has. regadas. Hay que tener en cuenta que no todas esas hectáreas correspondían a obras de iniciativa pública; la Ley de reservas había permitido y estimulado la expansión del regadío privado mediante subvenciones, beneficios fiscales, créditos blandos… lo que dio lugar al desarrollo de multitud de iniciativas a través de obras sencillas, basadas, sobre todo, en pozos para extraer agua de acuíferos. La expansión sin control de este tipo de obras ha incidido en forma muy negativa en buena parte de los humedales españoles (Tablas de Daimiel, Doñana…).

Los regadíos en España han vuelto a ser impulsados a partir de la promulgación en 1985 de la Ley de Aguas, siendo ahora competencia su control de las Comunidades autónomas, aunque la planificación general la mantiene el Estado (Ley de Aguas de 1985, Planes Hidrológicos de cuenca, Plan Hidrológico Nacional…); en la actualidad se hace especial hincapié en el ahorro de agua pues nuestros regadíos han sido en buena medida despilfarradores de este bien escaso. La oportunidad de ampliar mercados exteriores con la U.E., unido al aumento del nivel de vida y consumo del país, ha dado nuevamente un fuerte impulso al regadío: en 1995 eran ya 3.363 las Has. Regadas y actualmente en torno a 3,7 mill. de Has. de las 18 millones de Has. de uso agrícola.

La política de concentración parcelaria comenzó en 1952 tras la elaboración de un nuevo Catastro que hizo patente lo extremado de la parcelación de las explotaciones agrarias de muchas regiones españolas (el caso más palpable lo constituía Galicia donde la parcela media era de 0.17 Has.); el escaso tamaño y la dispersión de las parcelas entorpecía la modernización agrícola y de ahí que fuera durante los años 60 cuando se aceleró el proceso de concentración parcelaria: a mediados de los 70 se habían concentrado 5.5 millones de Has. especialmente en las 2 Castillas y varias provincias andaluzas.