Tercera Guerra Carlista, regencias y transformaciones políticas en España (1833–1876)

La Tercera Guerra Carlista (1872–1876) y su impacto

La Tercera Guerra Carlista (1872–1876), desarrollada en un contexto de gran inestabilidad política durante el Sexenio Democrático y los inicios de la Restauración, permitió al pretendiente Carlos VII controlar amplias zonas del norte peninsular, sitiar Bilbao y crear un efímero Estado alternativo en Navarra y el País Vasco. Finalmente fue derrotado por las tropas alfonsinas, lo que supuso la supresión definitiva del sistema foral vasco y dejó graves consecuencias demográficas, económicas y patrimoniales. Además, el conflicto favoreció el ascenso político de numerosos militares liberales.

Consecuencias principales

• Supresión de los fueros vascos: pérdida de las instituciones forales y su impacto político y jurídico.
• Consecuencias demográficas, económicas y patrimoniales: desplazamientos, pérdidas humanas y deterioro del patrimonio.
• Ascenso de militares liberales: consolidación política y militar de cuadros liberales en la monarquía restaurada.

Regencias y construcción del Estado liberal (1833–1843)

Durante la regencia de María Cristina (1833–1840) se impulsó la construcción del Estado liberal. Ese proceso se inició con el gobierno moderado de Cea Bermúdez y la división provincial de Javier de Burgos en 1833, que reforzó el centralismo, y continuó con Martínez de la Rosa y el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que mantenía la soberanía en la Corona y establecía Cortes con poderes limitados.

Movilización social y reformas progresistas

El descontento social, la crisis económica y la evolución negativa de la guerra carlista propiciaron la movilización popular y el ascenso de los progresistas, que llevaron al poder a Mendizábal en 1835. Mendizábal impulsó la desamortización eclesiástica de 1836 para financiar la guerra y reducir la deuda. El intento de la regente y los moderados de frenar las reformas provocó el motín de La Granja en 1836, que restauró la Constitución de 1812 y dio paso a un gobierno progresista presidido por Calatrava.

Reformas aprobadas por los progresistas

• Supresión de señoríos y mayorazgos.
• Liberalización de la economía: eliminación de gremios, aduanas internas y privilegios como la Mesta.
• Refuerzo de la Milicia Nacional.
• Aprobación de la Ley de Imprenta de 1837.
• Promulgación de la Constitución de 1837, de carácter moderado-progresista, que reconocía la soberanía nacional, los derechos individuales, la división de poderes y un sistema bicameral; sin embargo, otorgaba amplios poderes a la monarquía, mantenía el sufragio censitario y excluía a los territorios coloniales.

Retorno moderado y regencia de Espartero

Entre 1837 y 1840 los moderados regresaron al poder con el apoyo de María Cristina. Limitaciones como la de la libertad de imprenta y la aprobación de la Ley de Ayuntamientos, que permitía al monarca nombrar alcaldes, provocaron una nueva insurrección progresista organizada en juntas revolucionarias. Esto desembocó en la renuncia y exilio de la regente y dio paso a la regencia del general Espartero (1840–1843).

La regencia de Espartero (1840–1843)

La regencia de Espartero estuvo caracterizada por un ejercicio autoritario del poder apoyado en la Milicia Nacional, la reanudación de la desamortización eclesiástica y una política económica librecambista. Un tratado comercial con el Reino Unido perjudicó a la industria textil catalana y provocó el motín de Barcelona de 1842, reprimido con el bombardeo de la ciudad. La creciente oposición culminó en el pronunciamiento de Narváez en 1843, con la caída y el exilio de Espartero y la proclamación de Isabel II como reina a los trece años tras adelantar las Cortes su mayoría de edad.

La Baja Edad Media: crisis demográfica y estructuras políticas

Durante la Baja Edad Media los reinos cristianos peninsulares atravesaron una profunda crisis demográfica: descendió el número de habitantes tras sucesivos años de malas cosechas, cambios climáticos y el agotamiento de algunas tierras. La expansión de la peste negra contribuyó a la disminución de la mano de obra, lo que provocó alteraciones económicas y un aumento de las tensiones sociales.

Estructura política común

Los reinos presentaban una estructura política parecida, basada en tres instituciones principales:

• La monarquía
• Las Cortes
• Los municipios

Administración en Castilla

En Castilla se produjo un fortalecimiento de la monarquía para gobernar mediante la curia, la regia, la audiencia o la chancillería y la hacienda. En cuanto a la administración territorial, destacaron las merindades y los adelantamientos. En la administración local sobresalieron los concejos y los regidores.

Administración en la Corona de Aragón

En la Corona de Aragón, formada por la unión de territorios, la debilidad del poder real se manifestó en un sistema de pactismo en el que se respetaban fueros y privilegios y los nobles mantenían amplias libertades. En la administración central destacaban el Consejo Real, las Cortes, la hacienda, la audiencia y la corte. En la administración territorial cada reino contaba con un gobernador; los territorios se dividían en honores y, en Cataluña, en veguerías. En la administración local, los consejos o municipios se fueron convirtiendo en instituciones fundamentales.

Administración en Navarra

En Navarra destacaron el rey, las Cortes, el Consejo Real, la Corte Mayor, el Óctimo general y la Cámara de Comptos.

Resumen

En conjunto, tanto en la Baja Edad Media como en el siglo XIX, las transformaciones demográficas, económicas y políticas condicionaron la evolución de las instituciones y la relación entre los distintos órdenes de poder: la monarquía, las Cortes y los municipios. Estas dinámicas explican numerosos conflictos y reformas que marcaron la España moderna.