La sublevación en Castilla y León: Un análisis del triunfo inicial
El rápido éxito de la sublevación en el territorio castellano y leonés
Los meses que siguieron al triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, contemplaron un fuerte y preocupante aumento de la violencia homicida, junto a una radicalización y proliferación de los enfrentamientos en diversos planos de la vida ciudadana. Este clima de creciente tensión política no afectó por igual a todo el territorio, ni la quiebra de la convivencia se agravó de forma uniformemente acumulativa, siendo el desenlace inevitable, ni previsible de antemano. Por ejemplo, a finales de mayo el clima se suavizó en provincias como Salamanca y Segovia. En el caso de Castilla y León, no era evidente que la guerra fuera inminente, salvo por la existencia de una conspiración.
Un mes después de los comicios, en Mancera de Arriba (Salamanca), tres personas murieron tras los desórdenes ocurridos después de una manifestación a favor de la reforma agraria, tiroteados por grupos derechistas.
En Valladolid, la violencia y la crispación eran evidentes, con asesinatos en pueblos. Como telón de fondo, la contraposición entre miembros de afiliaciones obreras como la FNTT (de índole ugetista) y sindicatos católicos, y aún más entre patronos y trabajadores, que se negaban a contratar a jornaleros de esta índole. Algunos bares donde se reunían miembros de estos sindicatos fueron atacados por personajes derechistas, con réplicas por parte de la izquierda. Se manifestó el resurgir de actividades anticlericales, que tuvieron como diana las procesiones, entre otras cosas. En Salamanca, el gobernador civil prohibió la Semana Santa para evitar enfrentamientos entre clericales y anticlericales. Esta prohibición se levantó, y se dio a los alcaldes la decisión de prohibirlas o permitirlas. Las posteriores celebraciones del Corpus fueron recibidas con insultos por anticlericales y también por católicos que se dirigían de manera ofensiva a personas que estaban en las aceras y no se descubrían al paso de la custodia. En los ayuntamientos donde se produjo la reincorporación de los diputados expulsados tras la revolución de 1934, hubo enfrentamientos dialécticos entre izquierda y derecha. En el ayuntamiento de Burgos, poco después de las elecciones, un pleno muy movido provocó la dimisión del alcalde, Manuel Santamaría, tras ser interpelado por militantes de su antiguo partido, el socialista, por su cambio de partido a raíz de los sucesos de 1934. Las tensiones también se produjeron en los centros de detención, donde ingresaron personas de ideologías muy contrapuestas. En la cárcel de Valladolid, 150 presos falangistas se enfrentaron a presos comunistas y anarquistas. Destacaron en el bando falangista G. Perdiguero y Onésimo Redondo. Este conflicto fue de bastante envergadura y supuso la destitución del gobernador civil, sustituido por el anterior, que fue depuesto tras la sublevación militar, Luis Lavín.
En un interesante análisis de la violencia en Salamanca, se sostiene, por el contrario, que esta violencia de intencionalidad político-social se limitó al periodo entre la segunda quincena de febrero y la segunda quincena de mayo, cesando en los meses siguientes por la aplicación de la ley por el gobierno civil y la magistratura. La cronología de los sucesos en Segovia es parecida a la de Salamanca, ya que los últimos hechos se produjeron también a mediados de mayo.
En Burgos se ha sostenido que, aunque en esos meses hubo creciente violencia, esta se produjo por motivos laborales y no debía interpretarse como síntoma de una reacción inevitable. En este contexto de tensión se fue preparando la sublevación militar. Lo más significativo era controlar la sede de la jefatura de las dos divisiones orgánicas: en Valladolid, sede de la 7ª División Orgánica, y Burgos, sede de la 6ª División Orgánica, que reemplazaron a las antiguas capitanías generales durante la República, modificando bastante el panorama militar. Manuel Azaña, quien tenía la cartera de Guerra, quería modificar aspectos del ejército para republicanizar la institución. Parece que incluso tuvo efectos negativos. Suprimió las capitanías generales, aunque mantuvo a los mandos. Además, en esas ciudades se concentró el poder militar en la región. Esta sexta división orgánica fue muy importante porque abarcaba el territorio norte, que era muy propicio.
Mola dirigió la conspiración desde Pamplona y tuvo interés en ambas ciudades. La División Orgánica de Burgos comprendía el País Vasco y Navarra, y era muy estratégica. En Burgos, desde la primavera de 1936, se constituyeron dos juntas para la sublevación: una militar, entre cuyos miembros estaba el gobernador militar, González de Lara, y una civil, con otro militar, Fidel Dávila, general retirado, donde se incluían organizaciones políticas de extrema derecha como Falange o Requetés. Burgos era muy derechista, con un ambiente propicio para la sublevación. El gobierno se dio cuenta y envió, el 13 de junio, a un general republicano para dirigir la división, Domingo Batet, leal a la República: en Cataluña tuvo que reprimir los sucesos de octubre de 1934 en Barcelona, que fueron muy graves, al estar la Generalitat implicada, promoviendo un gobierno federal. Batet, con su actitud vigilante, se entrevistó con Mola, preguntándole incluso si estaba llevando a cabo un intento de sublevación, pero Mola le convenció mintiéndole. Finalmente, por muchos esfuerzos que hizo, la sublevación triunfó.
Se daba una situación pro-golpista en Burgos, que el gobierno quiso evitar enviando a Alonso Mallol con la orden de detener a los conspiradores, como González de Lara. Sin embargo, este golpe de mano del gobierno de la República, junto con la firmeza de Batet, no impidió que la sublevación finalmente triunfase.
En Valladolid, la conspiración la promovió un comandante de artillería, Gabriel Moyano, quien comenzó a prepararla al día siguiente de las elecciones de febrero de 1936. Como consecuencia, se crearon dos juntas, como en Burgos: una militar clandestina, integrada por el coronel Serrador, Monasterio y Soler, para extender la conspiración, mediante labores de propaganda, a los cuarteles de Valladolid y su distrito, y una civil, dirigida por el teniente de infantería Ángel Soria, para recabar apoyos entre civiles. Se captaron militares en la ciudad, donde se formaron juntas auxiliares. La Jefatura de la División Orgánica de Valladolid estaba a cargo de otro republicano leal, el general Nicolás Molero, que también procuró contrarrestar los esfuerzos de los conspiradores: el 17 de julio inspeccionó los cuarteles de la ciudad. Estaba muy vigilante ante los preparativos conspirativos, y se tenía constancia de que era fiel a la república.
En Valladolid estaban los generales Saliquet, que había quedado sin empleo porque el gobierno no confiaba en él, y Ponte, que conspiraba contra el régimen desde 1931. En otras ciudades, los máximos responsables de la sublevación, como Palencia, León, Segovia, eran los gobernadores militares de la plaza.
En Salamanca también había militares como Fortea y políticos de la provincia pertenecientes a organizaciones de derechas, como Ernesto Castaño, de la CEDA, cercano a Gil Robles, o como el monárquico Marín Veloz, que tenía buenos contactos con militares como Queipo de Llano. También estaba el amigo de Saliquet, que comunicó a García Álvarez, mediante llamada telefónica, que Valladolid había caído. En Palencia estaban Fernández Rodríguez, Jacquetot y Navarro Morenés; también el gobernador militar, el general Ferrer. En León, Bosch, que tropezó con dificultades porque llegaron a la ciudad mineros asturianos, un refuerzo que fue desaprovechado por el general Gómez Caminero, que se encontraba en León para prevenir el golpe de Estado. En Segovia, el general Fernando Sanz, con una junta golpista, representaba a la Academia de Artillería. También había miembros militares como el comandante de la Guardia Civil Joaquín España, quien, una vez triunfante la sublevación, desempeñaría el cargo de gobernador civil, pero que no distribuyó armas a los sindicatos y partidos de izquierda. En Ávila, la sublevación fue dirigida por Florentino Chicote, en un lugar donde casi no había militares, que se apoyó en la Guardia Civil para llevar a cabo sus preparativos. El gobernador civil quería que se proporcionaran armas al Frente Popular, pero los militares ganaron tiempo, hasta que desde Valladolid se recibió la información de que se había declarado el Estado de Guerra.
La sublevación triunfó con bastante facilidad en Castilla y León. En Valladolid comenzó con la llegada, el 17 de julio, a una finca propiedad de la familia Cuesta a las afueras. Al principio querían que comenzara en la madrugada del 18 al 19 de julio. Pero la misma tarde del 18 de julio, antes de lo previsto, en la plaza de Tenerías, donde estaban los cuarteles de la Guardia de Asalto, el gobierno envió contingentes de la Guardia de Asalto de Valladolid a Madrid. Pero los guardias se negaron y se declararon en rebeldía, obligados a no hacerlo por un capitán de artillería, Perelétegui, y un pequeño contingente se subió a la furgoneta para recorrer Valladolid, formándose una columna que recorrió las calles de la ciudad en actitud golpista. Esto tuvo como consecuencia el control de una serie de puntos estratégicos, como el edificio de Correos, la emisora de la ciudad, que era Radio Valladolid, la sede de la CNT, correos y telégrafos, y la Telefónica. Además, la Guardia Civil, a la que llamó el gobernador civil republicano, Lavín, se negó a prestar ayuda y se puso del lado de los sublevados. Las autoridades no pudieron repartir armas entre las Juventudes Socialistas y la radio no pudo emitir proclamas.
Pero todavía nada estaba decidido: el ejército saldría la madrugada del 18 al 19 de julio. Hubo reuniones en el gobierno civil, sin llegar a ningún resultado práctico y sin poder contar ya con la Guardia Civil, que al conocer la actitud de la Guardia de Asalto se unió finalmente a la sublevación. Se distribuyeron inmediatamente armas a las Juventudes Socialistas, que acabaron en manos de los requetés por parte de la Guardia Civil. Los sublevados proclamaron a todo el mundo por la radio la sublevación. La noche del 18 al 19, el ejército, con Saliquet y Ponte, ocupó los centros de poder: gobierno civil, ayuntamiento (con la detención y ejecución de García Quintana, el alcalde, y del gobernador civil), y también la Casa del Pueblo, principal centro del poder socialista, en la calle Fray Luis de León. Allí se concentraron cerca de 500 personas que opusieron una seria resistencia al golpe. Todos fueron detenidos en la Casa del Pueblo. En los días siguientes, hubo tiroteos en la capital y en la provincia. Sin contar África, Valladolid fue la primera ciudad en la que triunfó la sublevación.
En Burgos, el gobierno tomó medidas preventivas: el 17 de julio envió al director general de la policía y detuvo a varios cabecillas, como González de Lara, enviándolos a Guadalajara. Pero no impidieron que el resto siguieran adelante con sus planes, dada la mayoritaria implicación de la oficialidad burgalesa; todos estaban comprometidos o simpatizaban. Detienen al general Mena y a Batet por parte del general Moreno Calderón. Se declara el Estado de Guerra el día 19. Los sublevados en Valladolid y Burgos tenían como objetivo hacerse con el edificio de capitanía general: morirán dos oficiales, uno de cada lado, y Molero quedará herido. En Burgos también lo intentarán y los detendrán. Los dos generales serán procesados: Molero, tras unos años en la cárcel, saldrá, y Batet será fusilado por inquina y odio de Franco, por algo personal.
En Burgos, los sublevados se hicieron con el control. La ciudad tuvo un papel importante al tener allí una Junta Militar, presidida por el general Cabanellas, que ostentó el máximo poder hasta que Franco obtuvo los poderes de Generalísimo y Jefe del Estado. La Junta Militar fue un órgano de poder supremo de la España sublevada, como contrapoder al gobierno de la república. Actuará hasta que los principales responsables se reúnan en una finca de Salamanca y nombren a Franco generalísimo, con las máximas atribuciones políticas. Franco entonces cesará a la Junta.
En otras ciudades también triunfó la sublevación. En León fue más incierto; el general Bosch era la cabeza, pero el 17 de julio llegó a la ciudad una columna de 5000 mineros asturianos con destino a Madrid, lo que retrasó los planes de la sublevación hasta que siguieron su camino. El estado de guerra se declara por el general Bosch el día 20. Sí que hubo reparto de armas a los militantes de izquierda por el gobernador civil y, aunque hubo resistencia en la Casa del Pueblo y el Convento de San Marcos, la ciudad caerá, al igual que Ponferrada, el día 21, al llegar militares sublevados de Lugo (Galicia), lo que permitió vencer la resistencia de los mineros de la UGT y la CNT, aunque subsistiera una franja del norte de la provincia hasta octubre de 1937. Algunos obreros, a falta de armas, siguieron la consigna de huelga general dictada por los sindicatos obreros, pero cuando ya se había producido la sublevación en Segovia. La república mantendrá localidades como La Granja, Nava de la Asunción y Cuéllar durante unos días. En Salamanca, Ávila y Palencia también triunfó la sublevación con facilidad. Solo quedó en manos de la república una franja al norte de León y Burgos, pueblos de la sierra de Segovia y la parte de Ávila al sur del Sistema Central, una parte mínima del territorio regional. La más consistente será la del norte de León, que se vincula a Asturias. Hubo leoneses que se integraron en columnas asturianas.
El regreso de la Guardia Civil permitió a los sublevados hacerse con el control, y en El Espinar se produjeron los incidentes más serios.
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