Situaciones jurídicas de los administrados: derechos, intereses, deberes y cargas en el procedimiento administrativo

Situaciones jurídicas de los administrados

La Administración se encuentra frente a los administrados en situaciones jurídicas activas y pasivas.

Situaciones jurídicas activas

• Derechos subjetivos: son el poder basado en un título jurídico específico que permite a su titular, en su interés, exigir una conducta positiva o negativa a un tercero. Es una posición dirigida a satisfacer un interés propio de su titular. El derecho subjetivo es, en principio, renunciable, transmisible y susceptible de prescripción. Los derechos subjetivos desde que nacen son accionables ante jueces y tribunales. Conviene distinguir entre los atribuidos directamente por norma jurídica y los que tienen su fuente en otros actos jurídicos.
• Intereses legítimos: consisten en una situación que se da por efecto indirecto de una norma. La jurisprudencia ha establecido que el interés legítimo consiste en una posición individualizada en relación con una actuación administrativa, que se produce porque el acto que pueda resultar del procedimiento afecta a su círculo vital de manera posible y cierta, por implicar ventaja o perjuicio. No es necesario que el interés sea económico en todo caso. Son accionables ante tribunales e impugnatorios.
• Interés simple: es el interés de cualquier ciudadano en que la Administración cumpla las normas del ordenamiento, y que normalmente carece de protección jurídica, salvo en aquellos casos en los que el ordenamiento otorgue la acción pública.

Situaciones jurídicas pasivas

Suponen una posición desfavorable para el administrado:

• Deber: nace de una norma. Los deberes públicos necesitan de un proceso de concreción sucesiva que se concreta en actos de aplicación.
• Obligación: nace en el ámbito de una relación jurídica determinada entre la Administración y el administrado.
• Carga: condición que el ordenamiento impone a los ciudadanos para que puedan ejercitar sus derechos. Está establecida en interés del propio sujeto sobre el que pesa, y su incumplimiento no entraña pérdida de ventajas.

Relaciones de especial sujeción

Conviene distinguir dos tipos de administrados: los que se encuentran en relación de supremacía general y los que se encuentran en relación de especial sujeción, debida a su integración, más o menos intensa, en la organización de las Administraciones Públicas.

LRJPAC: Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

La Ley 30/1992 (LRJPAC) se dictó en ejercicio del mencionado título competencial del Estado. En algunas de las instituciones que pretendía innovar no estuvo afortunada, y obligó a efectuar una importante reforma parcial.

Ámbito de aplicación

Aunque la LRJPAC es directamente aplicable a las actuaciones de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho administrativo, los procedimientos administrativos en materia tributaria, social y de Seguridad Social se rigen por su legislación específica, y solo se aplicará la LRJPAC de forma supletoria. No existe dificultad en admitir el carácter supletorio de la LRJPAC en actuaciones administrativas realizadas por órganos ajenos a la Administración en sentido subjetivo.

Contenido

Las garantías comunes contenidas en la LRJPAC son de muy diversa naturaleza. En ocasiones son garantías formales, ya que se limita a establecer exigencias de cobertura legal o a tratarse de una específica reserva de ley. Impone a las normas sectoriales deberes positivos en el sentido de que habrán de contener determinaciones mínimas. La LRJPAC prevé como garantías a los ciudadanos reglas supletorias. En otros casos, la garantía consiste en imponer deberes a la Administración, y por último, las garantías que constituyen también derechos subjetivos directamente accionables. Una buena parte de las Comunidades Autónomas ha dictado normas generales sobre procedimiento administrativo.

Términos y plazos en el procedimiento administrativo

Existe un término cuando la norma exige la realización de un acto en un momento determinado. Existe un plazo cuando la norma fija un espacio temporal más o menos amplio para realizar un acto. Estos obligan tanto a los interesados como a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas al cumplimiento de los términos y plazos.

Incumplimiento por parte de la Administración

Por un lado, se distinguen los plazos procedimentales, cuyo incumplimiento no implica la invalidez del acto realizado fuera de plazo, sino que se trata de una mera irregularidad no invalidante. Los plazos sustantivos (aquellos que operan como límite para el ejercicio de potestades administrativas), cuyo incumplimiento supone la invalidez del acto dictado fuera de tiempo.

Incumplimiento por los interesados

Se produce cuando los interesados no cumplen un trámite concreto o no subsanan los defectos requeridos por la Administración, que puede declararles decaídos en su derecho al trámite correspondiente, lo que determina la pérdida de la oportunidad de realizar la actuación de que se trate.

Cómputo de los plazos

Para el cómputo de los plazos se determina el día inicial, los plazos por días hábiles o naturales, y por meses o años, así como el día final.