El Siglo XIX en España: Reinados, Revoluciones y la Construcción del Estado Liberal

El Reinado de Carlos IV y la Guerra de la Independencia

El reinado de Carlos IV (1788-1808) coincidió con la crisis del Antiguo Régimen, iniciada con la Revolución Francesa en 1789, y con el temor de que sus ideas se expandiesen por España. Esta situación se agravó con una crisis económica y social que desprestigió a la monarquía. La crisis económica se debió al aumento de población que, ante un incremento de la demanda de alimentos, no se pudo cubrir por la baja productividad y las malas cosechas, lo que produjo una crisis que arrastró a todos los sectores económicos. En el plano social, el miedo a la propagación de los ideales revolucionarios obligó a redoblar la vigilancia de las fronteras y el comercio con Francia; se frenaron las reformas ilustradas, se introdujo la censura y se reactivó la Inquisición. En noviembre de 1792, a través del conde de Aranda, se nombró a Manuel Godoy como persona de confianza de los monarcas. Tras la ejecución de Luis XVI en 1793, España rompió los Pactos de Familia y participó en las Guerras de Coalición (1793-1795) contra la Francia revolucionaria. Tras el fracaso bélico, España firmó con Francia la Paz de Basilea en 1795 (cediendo Santo Domingo y aceptando acuerdos comerciales). Las relaciones entre ambos países se calmaron, plasmándose en los Tratados de San Ildefonso (1796 y 1800), lo que convirtió a España en su aliada. Esta nueva alianza involucraría a España en conflictos, como la Batalla de Trafalgar contra los ingleses (1805), que imposibilitó el bloqueo comercial a Gran Bretaña y supuso la destrucción de la fuerza naval de Carlos IV.

La nefasta situación económica, la desamortización de los bienes de la Iglesia iniciada en 1798 y la política exterior de Godoy generaron un profundo descontento en la población española. Este malestar se plasmó en la formación de un partido fernandino, contrario a las reformas ilustradas de Godoy, que apoyaba la subida al trono del príncipe Fernando, hijo de Carlos IV. Fernando lideró varias conspiraciones para derrocar a su padre, como el fallido Motín de El Escorial en 1807. En 1807, Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau, autorizando el paso del ejército francés a Portugal para completar el bloqueo comercial a Inglaterra. Godoy, al percibir las intenciones de invasión de la Península, intentó trasladar a la familia real a Andalucía, lo que provocó el Motín de Aranjuez (marzo de 1808). Con este motín, Godoy cayó y Carlos IV abdicó en su hijo Fernando. Napoleón aprovechó la situación atrayendo a la familia real a Bayona, donde tuvieron lugar las Abdicaciones de Bayona (6 de mayo de 1808): Fernando renunció al trono en favor de su padre, y este, a su vez, en favor de Napoleón, quien entregaría el trono a José Bonaparte. Este último hizo publicar el Estatuto de Bayona (6 de julio de 1808).

La Guerra de la Independencia comenzó como resultado del malestar generado por la propia monarquía y la presencia de tropas francesas en Madrid. El 2 de mayo, el general Murat cargó contra el pueblo madrileño que protestaba a las puertas del palacio tras el intento de sacar a los últimos miembros de la familia real. Esto desencadenó los Fusilamientos del 3 de Mayo. En los territorios no ocupados se estableció un nuevo poder: las Juntas Locales y Provinciales, que asumían la soberanía nacional y legitimaban su autoridad en nombre del rey ausente. Entre mayo y noviembre de 1808, destacaron la guerra de guerrillas y la resistencia en las ciudades. Tras la derrota del ejército francés en la Batalla de Bailén el 19 de julio, a manos del general Castaños, los franceses no pudieron ocupar Andalucía y José I tuvo que abandonar Madrid rumbo a Vitoria. El 30 de noviembre, Napoleón entró en España con más de 250.000 soldados y, tras vencer al ejército español (Batalla de Guadarrama), restableció en el trono a José I el 4 de diciembre. La Junta Central Suprema se trasladó a Sevilla y posteriormente a Cádiz. La línea de resistencia española se rompió con la rendición de Zaragoza y Gerona (1809), y los franceses ocuparon Andalucía, a excepción de Cádiz. El campo se hallaba en manos de las guerrillas. En 1812, el ejército inglés, al mando del general Wellington, junto con tropas españolas, derrotó a los franceses en julio en Arapiles; y en el verano de 1813, en Vitoria y San Marcial. Las derrotas del ejército francés, sobre todo en Rusia, llevaron a Napoleón a firmar el Tratado de Valençay en diciembre de 1813, por el que reconocía a Fernando VII como rey de España.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Las Abdicaciones de Bayona (mayo de 1808) y el Estatuto de Bayona (julio de 1808) habían propiciado un vacío de autoridad. Se organizaron Juntas Locales y Provinciales que asumieron la soberanía, en contra de un Gobierno dirigido por José Bonaparte al que consideraban ilegítimo. En septiembre de 1808, se constituyó la Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca, que asumió la totalidad de los poderes soberanos y se estableció como máximo órgano de gobierno. El 31 de enero de 1810, la Junta dejó el poder en manos de un Consejo de Regencia que gobernó en nombre del rey ausente. Este Consejo convocó las Cortes de Cádiz en 1810. La elección de los diputados se realizó mediante el voto de los varones mayores de 25 años. Las sesiones de las Cortes Constituyentes comenzaron el 24 de septiembre de 1810, y en ellas se distinguieron tres grupos enfrentados:

• Liberales: Partidarios de reformas revolucionarias, inspiradas en los principios de la Revolución Francesa, destacando que la soberanía recayera exclusivamente en el pueblo.
• Moderados: Asumían parte del programa de la Ilustración y la división de poderes, pero defendían la soberanía compartida entre el pueblo y el monarca.
• Absolutistas o "serviles": Partidarios del mantenimiento del Antiguo Régimen, de la monarquía absoluta, la sociedad estamental y la economía mercantilista.

Los liberales iniciaron la primera revolución liberal burguesa en España, con dos objetivos: adoptar reformas que acabaran con las estructuras del Antiguo Régimen y aprobar una Constitución que cambiara el régimen político, la cual fue aprobada el 19 de marzo de 1812. Los diputados liberales Argüelles, Muñoz Torrero y Pérez de Castro fueron las figuras más destacadas en su elaboración.

Los rasgos principales son:

• Soberanía nacional: Reside en la nación, ejercida mediante los representantes en Cortes a través de sufragio masculino indirecto.
• División de poderes: El poder legislativo reside en las Cortes; el poder ejecutivo, en el Rey y sus ministros; y el poder judicial, en los tribunales. El monarca no puede suspender ni disolver las Cortes.
• Igualdad ante la ley y de derechos políticos: Se establece la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos políticos para peninsulares y americanos. Se omite toda referencia a los territorios con fueros.
• Reconocimiento de derechos individuales.
• Abolición de la Inquisición.
• El catolicismo es la única religión permitida.
• La Nación está formada por ciudadanos de los territorios peninsulares y las colonias americanas.
• Extinción de los señoríos y defensa de un proceso de liberación económica en la agricultura, la artesanía y el comercio.

El Reinado de Fernando VII y la Cuestión Sucesoria

Con el Tratado de Valençay, Fernando VII recuperó los derechos a la Corona. Regresó a España en abril de 1814 y recibió el Manifiesto de los Persas, en el que se reclamaba la vuelta al absolutismo. El entusiasmo por su vuelta propició un plan para derribar cualquier símbolo liberal que impidiera el establecimiento del Antiguo Régimen. El 4 de mayo, el rey promulgó un decreto por el que disolvía las Cortes, suprimía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz.

Podemos distinguir tres etapas:

1. El Sexenio Absolutista (1814-1820)

   Fernando VII se centró en la represión de los liberales. Se restauraron los Consejos, la Inquisición, algunas condiciones del régimen señorial y el sistema gremial; se devolvieron los bienes desamortizados y se puso fin a las libertades comerciales. Los afrancesados se exiliaron. La vuelta al sistema anterior resultaba imposible debido a los desastres de la guerra. El estado de la Hacienda de la Corona, junto a la restauración de los señoríos y los privilegios estamentales, provocó que la crisis económica persistiera, agudizada por el proceso de independencia de las colonias americanas. El persistente ambiente liberal, iniciado en las Cortes de Cádiz, generó un malestar constante capitalizado por la oposición. Muchos militares optaron por posturas liberales, pero fueron reprimidos.

2. El Trienio Liberal (1820-1823)

   El 1 de enero de 1820, triunfó un pronunciamiento liberal, liderado por Rafael de Riego en Cabezas de San Juan. El 9 de marzo de 1820, Fernando VII juró la Constitución de 1812, poniendo en marcha la obra de las Cortes de Cádiz. Al mismo tiempo, se liberó a los presos políticos, retornaron muchos exiliados y se convocaron elecciones a Cortes. En esta etapa surgieron dos tendencias del liberalismo:

   • Moderados o doceañistas: Defendían un sistema bicameral, sufragio restringido y representaban los intereses de la burguesía de negocios, otorgando al rey un papel más relevante en la toma de decisiones.
   • Exaltados o progresistas: Defendían la aplicación estricta de la Constitución de 1812, un sistema unicameral, el sufragio universal y representaban los intereses de las clases medias y populares.

   La división de los liberales introdujo una gran inestabilidad política durante el Trienio. Los liberales moderados en el poder aplicaron una política económica liberal y anticlerical. Se inició una nueva organización administrativa y se reconstruyó la Milicia Nacional, elemento clave de la revolución liberal. Fernando VII trató de frenar el máximo número de leyes usando su poder de veto, y buscó el apoyo de los partidarios realistas con peso en el ámbito rural de Navarra y Cataluña, así como de las potencias absolutistas europeas. La Santa Alianza, en abril de 1823, envió un ejército francés bajo el mando del duque de Angulema, conocido como los "Cien Mil Hijos de San Luis", que restableció el poder de Fernando VII. Este ejército ocupó fácilmente el país. El 1 de octubre puso fin al último foco de resistencia del gobierno liberal en Cádiz y repuso a Fernando VII como monarca absolutista. Riego fue ejecutado.

3. Década Absolutista u Ominosa (1823-1833)

   Se promulgó un decreto que anulaba todo lo legislado durante el Trienio. Se inició la represión contra los liberales y miles optaron por el exilio, aunque las conspiraciones militares liberales continuaron, sobre todo después de la Revolución Liberal de 1830 en Francia. Esto llevó a Fernando VII a tomar medidas extremas: la disolución del ejército y la utilización de tribunales de justicia para perseguir a los liberales. Pidió a Francia que se mantuvieran en España los Cien Mil Hijos de San Luis mientras se reorganizaban las fuerzas armadas. Fernando VII y el Gobierno, conscientes de la imposibilidad de volver al Antiguo Régimen, llevaron a cabo políticas económicas tímidas, como la creación de la Bolsa de Madrid, el Banco de San Fernando y la fijación de un presupuesto anual estatal. El mayor problema al que tuvo que hacer frente Fernando VII fue la cuestión sucesoria. En 1830 nació Isabel. En ese momento estaba vigente la Ley Sálica, que impedía subir al trono a las mujeres. Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que anulaba la Ley Sálica. Este hecho no fue aceptado por Carlos María Isidro, lo que supuso el inicio de las Guerras Carlistas, que enfrentaron a los partidarios del absolutismo (apoyando a Carlos) y a los partidarios del liberalismo (apoyando a Isabel y a María Cristina).

El Proceso de Independencia de las Colonias Americanas y el Legado Español en América

Las causas fueron diversas: el reformismo borbónico, la extensión de las ideas ilustradas y liberales, la debilidad de España y los intereses ingleses. El desarrollo del proceso de independencia se distingue en dos etapas:

• 1808-1814: Los territorios americanos se declararon independientes de la España napoleónica, pero mantuvieron sus lazos con las autoridades de Cádiz, enviando representantes a las Cortes. Cuando Fernando VII fue repuesto en el trono, todas las colonias volvieron a unirse a la Corona española.
• 1814-1824: La vuelta del absolutismo propició pronunciamientos militares que derivaron en posturas independentistas. Entre los caudillos independentistas destacan San Martín y Simón Bolívar. La derrota española en Ayacucho puso fin a la dominación española en América.

Como consecuencia, la Hacienda española quedó al borde de la quiebra. España quedó relegada a un papel de potencia de segundo orden al perder sus territorios americanos, a excepción de Cuba y Puerto Rico. En América, el poder quedó en manos de la minoría criolla, desapareció la esclavitud, hubo inestabilidad política por la irrupción del caudillismo y dependencia económica de británicos y estadounidenses. Los intentos de Bolívar de crear unos Estados Unidos de América del Sur fracasaron. El legado español se caracterizó por una herencia basada en el uso de una lengua, su cultura, sus ciudades, sus universidades, la religión cristiana y una organización administrativa y comercial. La lengua española era compatible con varias lenguas autóctonas (quechua, aimara o maya, entre otras). Se crearon universidades, y destacaron el arte y los periódicos. La religión configuró una identidad nacional: el catolicismo. Las ciudades se comunicaban mediante una importante red de puertos.

Tras la independencia de las colonias, los recursos fueron gestionados por potencias como Gran Bretaña o Francia. Por último, la monarquía española en América transformó radicalmente América Latina con un carácter ilustrado, reformando el sistema fiscal y comercial. Las instituciones existentes consolidaron una organización poderosa a nivel administrativo. El proceso emancipador trajo la desaparición del aparato institucional y no supo sustituir al antiguo imperio español, por lo que no trajo cambios significativos en la estructura administrativa ni tampoco mejoras sociales. La independencia no trajo ninguna mejoría a corto plazo.

Isabel II: Las Regencias, Guerras Carlistas y el Marco Constitucional

La Regencia de María Cristina (1833-1840) fue una etapa difícil, marcada por la Primera Guerra Carlista. En este periodo se alternaron en el poder los moderados y los progresistas. Los moderados, liderados por Martínez de la Rosa, promulgaron el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que establecía unas Cortes bicamerales y otorgaba amplio poder a la Corona. En 1836, el Motín del Palacio de la Granja obligó a María Cristina a aceptar la Constitución de 1812, aunque poco después se aprobó la Constitución de 1837, que reconocía la soberanía compartida. Durante este tiempo se impulsaron medidas como la supresión de los diezmos, la libertad de imprenta y la eliminación de aduanas interiores. Tras la dimisión de María Cristina, la Regencia pasó a Espartero (1840-1843), cuyo gobierno autoritario provocó malestar. Un pronunciamiento militar liderado por Narváez forzó su salida y adelantó la mayoría de edad de Isabel II.

La Primera Guerra Carlista (1833-1839) fue causada por la cuestión sucesoria, ya que los carlistas defendían a Carlos María Isidro y la vigencia de la Ley Sálica, frente al liberalismo isabelino. También existía un fuerte componente ideológico: los carlistas defendían el absolutismo y los fueros, mientras que los liberales defendían la soberanía nacional y la centralización. La guerra tuvo tres fases: el avance carlista (1833-1835), con éxitos como en Amézcoas; el repliegue carlista (1835-1837), tras la derrota en Luchana; y el triunfo isabelino (1837-1839), con el Convenio de Vergara entre Maroto y Espartero. La guerra terminó con el reconocimiento de Isabel II, aunque Cabrera resistió en el Este. También hubo una Segunda Guerra Carlista (1846-1849), centrada en Cataluña por el fracaso del matrimonio carlista con Isabel II, y una Tercera Guerra Carlista (1872-1876), que terminó con la Restauración Borbónica y el debilitamiento definitivo del carlismo.

Durante este periodo se consolidaron las bases del Estado liberal, articulado en torno a partidos, la Corona y el ejército. En 1834, los liberales se dividieron en dos grandes grupos: el Partido Moderado, liderado por Narváez, que defendía la soberanía compartida y el sufragio censitario, representando a la alta burguesía; y el Partido Progresista, encabezado por Espartero, que defendía la soberanía nacional y un sufragio más amplio, vinculado a la mediana y pequeña burguesía. Ambos se alternaron en el poder mediante pronunciamientos militares y apoyaron la construcción del sistema constitucional en torno a la monarquía de Isabel II.

Isabel II: Reinado Efectivo, Partidos Políticos y Constituciones

El reinado efectivo de Isabel II (1843-1868) comenzó tras la caída de Espartero, dando paso a la Década Moderada (1844-1854), liderada por Narváez. Durante esta etapa se promulgó la Constitución de 1845, que establecía el sufragio censitario muy restringido, la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, y unas Cortes bicamerales. Se reforzó el centralismo con la Ley de Ayuntamientos (1845), y se tomaron medidas como la reforma de la Hacienda, la firma del Concordato con la Santa Sede y el inicio de la construcción del ferrocarril. En este contexto, se consolidaron estructuras clave del Estado liberal centralizado.

El Bienio Progresista (1854-1856) se inició con el pronunciamiento del general O'Donnell y la publicación del Manifiesto de Manzanares. Durante este breve periodo, se intentó impulsar una serie de reformas: se elaboró la Constitución de 1856 (no promulgada), se aprobó la Ley de Desamortización General de Madoz (1855), y se impulsaron leyes económicas vinculadas a la banca, la minería y los ferrocarriles. Sin embargo, la inestabilidad política impidió la consolidación de muchas de estas reformas, y el periodo terminó con un nuevo giro hacia gobiernos más conservadores.

La Segunda Década Liberal Conservadora (1856-1868) estuvo marcada por la alternancia en el poder entre Narváez y O'Donnell, y se caracterizó por una prosperidad económica sostenida por las colonias de Cuba y Filipinas. El autoritarismo del régimen provocó tensiones sociales y políticas, como la represión violenta de las protestas estudiantiles tras la destitución de profesores republicanos. En este contexto surgieron nuevos partidos políticos: el Partido Demócrata (1849), que defendía el sufragio universal y los derechos ciudadanos; el Partido Republicano (desde 1856), apoyado por intelectuales y sectores populares; y la Unión Liberal (1856), que defendía posturas más conservadoras. La creciente oposición desembocó en la formación de una alianza entre progresistas y demócratas, que abogaban por el fin del régimen isabelino y la convocatoria de Cortes Constituyentes.

El Sexenio Revolucionario: Constitución de 1869, Amadeo I y Primera República

El desprestigio del régimen de Isabel II llevó a una alianza entre progresistas y demócratas, quienes firmaron el Pacto de Ostende (1866) con el objetivo de destronarla, formar un gobierno provisional y convocar Cortes Constituyentes. En septiembre de 1868 se produjo la sublevación de la armada en Cádiz, liderada por el almirante Topete con el apoyo de Prim y Serrano: comenzaba así la Revolución Gloriosa. La revolución triunfó y se aprobó la Constitución de 1869, considerada la primera constitución democrática en España. Establecía la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos, un sistema bicameral con Cortes elegidas y la monarquía como forma de gobierno. Serrano presidió el gobierno provisional y, tras las elecciones, la mayoría fue para la coalición de progresistas y demócratas. Prim, como jefe de gobierno, impulsó la búsqueda de un monarca europeo que no perteneciera a los Borbones. La elección recayó en Amadeo de Saboya, quien llegó a España tras el asesinato de Prim.

El reinado de Amadeo I (1871-1873) fue breve y conflictivo. Desde su llegada se enfrentó a la oposición de carlistas, republicanos y alfonsinos. Tuvo que apoyarse en el Partido Constitucional (liderado por Sagasta) y el Partido Radical (de Ruiz Zorrilla). Aumentaron la conflictividad social y las huelgas, impulsadas por un movimiento obrero cada vez más organizado. También estalló la Guerra de los Diez Años en Cuba. Sin apoyos estables y en medio del caos político, Amadeo presentó su abdicación en febrero de 1873. Ese mismo día, Congreso y Senado proclamaron la Primera República. Aunque los líderes republicanos eran personas de gran talla intelectual y moral, no contaban con el respaldo político ni social suficiente. Se sucedieron rápidamente los presidentes: Figueras, que enfrentó intentos golpistas y abandonó el cargo en junio; Pi i Margall, que propuso un modelo federal pero dimitió tras el estallido del Cantón de Cartagena; y Salmerón, que reprimió militarmente los cantones pero dimitió al negarse a firmar penas de muerte.

Nicolás Salmerón fue sucedido por Emilio Castelar, quien aplicó medidas autoritarias: restableció la pena de muerte, gobernó por decreto y reforzó el poder central, abandonando el federalismo. Cuando las Cortes se reunieron en enero de 1874, Castelar fue sometido a una moción de confianza que perdió. En ese momento, el general Pavía irrumpió en el Congreso y disolvió las Cortes republicanas. Se instauró un régimen dictatorial presidido por Serrano, bajo un deseo creciente de restaurar la monarquía. Finalmente, en diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó en Sagunto rey a Alfonso XII. La monarquía borbónica fue restaurada mediante un golpe militar.

El Sistema Canovista: Constitución de 1876, Turno de Partidos y Oposición

La inestabilidad política del Sexenio Democrático y el fracaso de la Primera República provocaron un giro de la burguesía hacia posiciones conservadoras y el deseo de restaurar la monarquía. El principal defensor de Alfonso fue Cánovas del Castillo, quien redactó el Manifiesto de Sandhurst, en el que Alfonso XII expresaba sus intenciones conciliadoras. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII mediante un pronunciamiento en Sagunto. Con la llegada del nuevo monarca en enero de 1875, se inició el periodo conocido como la Restauración (1875-1902). Durante su reinado (1875-1885), Cánovas sentó las bases del sistema canovista, con tres objetivos principales: la pacificación del país —terminando con la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Cuba—, la institucionalización de un bipartidismo estable y el sometimiento del ejército al poder civil. Se consolidaron dos partidos: el Partido Conservador, liderado por Cánovas, defensor del sufragio censitario, el proteccionismo económico y la alianza con la Iglesia; y el Partido Liberal de Sagasta, más progresista, favorable al sufragio universal, las libertades civiles y el librecambismo.

Ambos partidos acordaron turnarse pacíficamente en el poder mediante el "turno pacífico", basado en la manipulación electoral. El rey encargaba formar gobierno al partido correspondiente y, mediante el sistema de "encasillado", los gobernadores civiles y caciques manipulaban los resultados (compra de votos, amenazas, falsificación de censos), en lo que se conoce como "el pucherazo". Mientras tanto, surgieron partidos y movimientos opositores al sistema, que fueron ganando fuerza y contribuyeron a su progresivo deterioro, especialmente tras la crisis de 1898. El movimiento obrero se organizó legalmente gracias a la Ley de Asociaciones de 1887. Dividido tras la ruptura de la AIT en 1872, el socialismo marxista (PSOE, fundado en 1879 por Pablo Iglesias) defendía la abolición de las clases y la mejora de las condiciones laborales, consolidando su sindicato, la UGT, en 1888. Por su parte, los anarquistas rechazaban toda forma de organización jerárquica, siendo la CNT (fundada en 1911) su sindicato más destacado.

También surgieron movimientos regionalistas y nacionalistas que se oponían al centralismo del sistema canovista. En Cataluña, el catalanismo cultural de la Renaixença derivó en nacionalismo político, con la Unió Catalanista y las Bases de Manresa (1892), dando lugar a la Lliga Regionalista (1901) y posteriormente a Esquerra Republicana (1931). En el País Vasco, Sabino Arana fundó en 1895 el PNV, con raíces foralistas y católicas. En Galicia, autores como Murguía o Alfredo Brañas reclamaron autonomía desde un galleguismo cultural. En Andalucía, el cantonalismo de 1873 influenció el pensamiento de Blas Infante, aunque no se consolidó un partido andalucista. En Valencia surgió un movimiento cultural regionalista. Todo este contexto evidenció las limitaciones del sistema canovista. La Constitución de 1876, que lo legitimó, establecía una monarquía parlamentaria, con el poder ejecutivo en manos del rey y el legislativo en Cortes bicamerales. La religión oficial era la católica, aunque se reconocían ciertos derechos como el de asociación. Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, comenzó la Regencia de María Cristina, que mantendría el sistema hasta el siglo XX.

Guerras de Cuba, Conflicto Hispano-Americano y Crisis del 98

La Primera Guerra de Cuba (1868-1878) tuvo un carácter antiesclavista y anticolonialista. Fue iniciada por Carlos Manuel de Céspedes con el Grito de Yara. Las causas fueron tanto políticas como socioeconómicas. La quema de plantaciones, los motines y las rebeliones se extendieron por toda la isla, provocando una serie de concesiones por parte del gobierno español para calmar los ánimos. Aunque Prim decretó la abolición de la esclavitud, tras su muerte siguieron las revueltas. En 1876 comenzaron los primeros intentos de acuerdo entre los rebeldes y el gobierno, culminando en la Paz de Zanjón (1878), que supuso la amnistía para los insurgentes. Sin embargo, algunos líderes independentistas, como Antonio Maceo, rechazaron el acuerdo y siguieron luchando por la independencia.

En 1895 estalló una nueva insurrección independentista liderada por José Martí, junto a los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, que dio lugar a una guerra más radicalizada. La sociedad cubana estaba dividida: los españoles defendían la unidad y el proteccionismo; los criollos, autonomía y libre comercio; y los mestizos, la independencia total. Martínez Campos, enviado a sofocar el conflicto, fue sustituido por Valeriano Weyler, que aplicó una dura represión militar. Sin embargo, la presión internacional y el rechazo interno a su política provocaron su destitución. En este contexto, Estados Unidos decidió intervenir y envió el acorazado Maine a La Habana. Su misteriosa explosión fue atribuida a España, lo que llevó a la declaración de guerra en 1898. La superioridad militar estadounidense quedó patente con la destrucción de la flota española en Santiago de Cuba y la derrota en Filipinas, donde también existía un movimiento independentista encabezado por José Rizal, posteriormente ejecutado. La guerra finalizó con el Tratado de París, por el cual España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. En 1899 vendió además las islas Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania.

El desastre de 1898 tuvo profundas consecuencias para España. A nivel económico, la repatriación de capitales permitió cierto desarrollo bancario e industrial. En el ámbito ideológico, el desastre provocó un gran desencanto y originó el pensamiento regeneracionista, que se dividió en dos corrientes: una dentro del sistema (con figuras como Francisco Silvela o Antonio Maura) y otra fuera del sistema (representada por Joaquín Costa). Este malestar también dio origen a la Generación del 98 en el ámbito cultural. Políticamente, España dejó de ser una potencia imperial y sufrió un profundo desprestigio militar. Además, el conflicto propició un crecimiento del movimiento obrero y un notable impulso de los nacionalismos periféricos, que comenzaron a reclamar con más fuerza su identidad y autonomía.

Evolución Demográfica y Social en el Siglo XIX: De Estamentos a Clases

En el siglo XIX, sobre todo a partir de 1833, se sentaron las bases de una nueva sociedad en la que, en teoría, todos eran iguales ante la ley.

Crecimiento Demográfico

La población española experimentó un notable crecimiento gracias a la mejor alimentación, los avances de la medicina preventiva y la introducción de medidas higiénicas. Había una tasa de natalidad muy elevada, pero la elevada mortalidad fue insuficiente para permitir un fuerte crecimiento demográfico. La alta mortalidad se debía a las crisis de subsistencia o hambrunas, las epidemias y las enfermedades endémicas. La población tenía una distribución desequilibrada, con un alto contraste entre la periferia litoral y el interior.

Desde mediados del siglo XIX se inició el éxodo rural. Las ciudades con una incipiente industria se convirtieron en focos de atracción para la población rural. Destacó también la emigración a América. Los años finales del siglo XIX supusieron una disminución de la tasa de mortalidad, aunque la natalidad se mantuvo alta.

Desarrollo Urbano

En el último tercio del siglo, se aceleró en España el proceso de urbanización, aunque de forma desigual. Para dar cabida a los nuevos pobladores, se proyectaron los "ensanches".

De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

Durante el reinado de Isabel II, se produjo el paso definitivo del Antiguo Régimen al liberalismo burgués, configurando así una monarquía constitucional basada en los principios del liberalismo político. Se sentaron las bases de una economía capitalista y desapareció la sociedad estamental. España contaba con una burguesía escasa y débil, y la monarquía tuvo que apoyarse en los militares liberales.

• Alta nobleza: Conservó sus títulos y se integró en los grupos dirigentes.
• Media y baja nobleza: Tendieron a desaparecer al fundirse con las nuevas clases sociales.
• Alta burguesía: Emerge como nuevo grupo social, beneficiándose de las tierras desamortizadas.
• Clases medias: Constituían un grupo menos numeroso que en otros países de Europa.
• Campesinos: Eran la mayor parte de la población debido al escaso desarrollo industrial y fueron la clase social que menos se benefició de las reformas liberales.
• Proletariado urbano: Era la nueva clase en aumento.

Transformaciones Económicas del Siglo XIX: Desamortizaciones, Industria y Transportes

Durante el reinado de Isabel II, la agricultura siguió siendo la actividad económica más importante, pero se necesitaban técnicas de mejora. Una de estas medidas fue la desamortización. Consistía en la expropiación por parte del Estado de tierras eclesiásticas y municipales para su venta en subasta pública. Como compensación, el Estado se hacía cargo de los gastos de culto y del clero. La desamortización se desarrolló a partir de 1836, en dos fases principales:

• La Desamortización de Mendizábal (1836-1837): Consistió en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia. Sus objetivos fueron: sanear la Hacienda y financiar el Ejército para acabar con la Primera Guerra Carlista.
• La Desamortización de Madoz (1855-1856): Afectó a bienes municipales, del Estado y eclesiásticos. Se inició durante el Bienio Progresista. Fue acompañada por la Ley General de Ferrocarriles (1855).

Ambas desamortizaciones pretendían conseguir dinero para emprender reformas y reducir el poder de la Iglesia. Los lotes de tierra se hicieron tan grandes que los pequeños campesinos no pudieron adquirirlas. Los beneficios fueron para la alta burguesía.

Industrialización en España

En la España del siglo XIX, se trató de impulsar el proceso de revolución industrial con el objetivo de transformar la vieja estructura económica. Entre los factores que explican el retraso de la industrialización en España podemos señalar:

• Inexistencia de una revolución agrícola previa, a diferencia de otros países avanzados.
• Inexistencia de una burguesía financiera emprendedora.
• Dependencia técnica y financiera del exterior.
• Escasez de carbón de calidad y otras materias primas.
• Falta de coherencia en las políticas económicas de los diferentes gobiernos.

La escasez de carbón de calidad y la insuficiente demanda explican el difícil desarrollo de la industria siderúrgica. En cuanto a la minería, alcanzó su apogeo en el último cuarto del siglo. El comercio aumentó considerablemente en volumen.

Comunicaciones y Ferrocarril

La revolución de los transportes llegó con el ferrocarril. La primera línea se construyó en Cuba, en 1837. En España, la primera línea se construyó en 1848 entre Barcelona y Mataró. La Ley General de Ferrocarriles de 1855 tuvo como consecuencias:

• La construcción de la red española apenas estimuló la industria siderúrgica nacional.
• El escaso capital privado se invirtió en la industria.
• Apenas había mercancías que transportar.

Proteccionismo y Librecambismo

El proteccionismo propugnaba la protección de la producción nacional mediante la aplicación de elevados impuestos. El librecambismo defendía la libertad en los intercambios comerciales y la aplicación de aranceles bajos. La política proteccionista se mantuvo con altibajos. Un paréntesis fue el arancel Figuerola de 1869, por el que se bajaban las tarifas que se aplicaban a las importaciones de productos industriales.

La Banca Moderna y el Sistema Financiero

El sector financiero jugó un papel fundamental. Con Fernando VII se crearon el Banco Español de San Fernando (1829) y la Bolsa de Madrid (1831). La Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856) inició la modernización del sistema bancario. Destacó también la reforma de los ministros Mon y Santillán (1845), que sentó las bases de una Hacienda moderna, lo cual suponía la aplicación del principio liberal de igualdad ante la ley. En el proceso de modernización de este sector fueron también importantes la creación de la peseta y la fundación del Banco Hipotecario (1872).