Servicios Públicos en España: Estado de Bienestar, Administración y Protección Social

El papel del sector público ha sido fundamental en el crecimiento de las actividades de servicios en España durante las últimas décadas. La generalización del denominado Estado del bienestar ha originado que el gasto público en enseñanza, sanidad y otros servicios sociales constituya un capítulo fundamental en los presupuestos.

La Administración Pública

En nuestro país, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; existen servicios de carácter local y regional. Estos servicios se concentran en los núcleos urbanos, en aquellos que sirven al resto de sus provincias y, de sus comunidades, en calidad de capitales administrativas.

Protección y Servicios Sociales

En España existe lo que llamamos Estado de bienestar o Estado social. Significa que el Estado Español ha asumido la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos protección de las necesidades o derechos sociales. Esto se traduce en la existencia de una serie de servicios sociales:

• Los servicios educativos. La Constitución establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Abarca desde los 6 a los 16 años, comprende Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
• Los servicios sanitarios. El derecho a la salud está regulado en el texto constitucional, que dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social, garantizando la asistencia sanitaria. El sistema español de S.S. fomenta la medicina preventiva y asegura la asistencia médica y farmacéutica en caso de enfermedad o accidente.
• Las pensiones y los subsidios. Se garantizan ciertas prestaciones sociales en caso de necesidad. Así, el Régimen General de la S.S. cubre las siguientes contingencias: incapacidad temporal, invalidez, jubilación, etc.

Para poner a disposición de los ciudadanos estos servicios y prestaciones sociales, la Administración se sirve de los impuestos y del reparto de los presupuestos. España destina a educación, sanidad, desempleo y otras partidas sociales aproximadamente el 22% del PIB, porcentaje inferior en varios puntos a la media de la U.E. Algunos expertos temen que pueda llegar un momento en que no sea posible mantener este sistema de protección social. Por cada persona mayor de 59 años hay sólo una con menos de 20 años. El resultado es que un porcentaje cada vez menor de población activa tiene que financiar las prestaciones de un número progresivamente mayor de jubilados y parados. Por esa razón se albergan serias dudas sobre el mantenimiento del Estado del bienestar en nuestro país.