Seguridad Ciudadana: Evolución Conceptual y Desafíos Actuales

Concepto de Seguridad: Cuestiones Terminológicas y Antecedentes

El concepto de orden público ha ido modificándose a lo largo del tiempo. El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como esta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás. Con el tiempo, este concepto de orden público evolucionará hacia el de seguridad pública y de ahí al de seguridad ciudadana, mucho más amplio, y que incorpora los valores del estado social y democrático de derecho.

Evolución del Concepto de Seguridad

1. El concepto tradicional de seguridad es el que lo asociaba con la represión del delito y el mantenimiento del orden. Se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada en el entorno del control de la criminalidad y eminentemente reactiva.
2. La evolución natural hizo que se sopesara la seguridad de la represión a la prevención, intentando actuar, también, sobre las causas y no solamente sobre los síntomas. Es esta una primera concepción preventiva y, por tanto, pro-activa de seguridad.
3. Con la democratización de nuestra sociedad y la consecuente proclamación de la Constitución de 1978, a las tareas policiales de represión y prevención del delito, se les añadió y antepuso el de protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos (Art. 104 CE: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana).

Elementos para una Definición de Seguridad

La Seguridad: Un Problema Complejo

La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad, sino que está atada a los problemas de sanidad, de medio ambiente, de urbanismo, de formación; es el resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos; pone en juego conflictos de intereses, sobre todo con respecto a la división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad. La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles. Por lo tanto, ante un problema complejo hace falta descartar soluciones simplistas. El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano común, razonando con los elementos a su alcance, delante del incremento de la sensación de inseguridad, inequívocamente pide, en primer lugar, más presos y más penas y, en segundo lugar, más policías.

Cariz Transversal del Problema de la Seguridad

Un concepto de seguridad de los habitantes tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un estado constitucional de derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos del bienestar social. El concepto es el del desarrollo humano sostenible. La seguridad ciudadana se relaciona con el estado de bienestar.

El Sentimiento Subjetivo de Seguridad

La seguridad engloba dos conceptos: el objetivo, que estaría representado por el incremento del delito y el subjetivo que vendría determinado por la sensación de incertidumbre, riesgo o miedo que tiene el ciudadano por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia ordinaria y los actos incívicos, diversos y no agrupables pero que no entran dentro de la categoría de delitos. La gran delincuencia no afecta, de manera habitual, a la percepción de inseguridad de los ciudadanos, lo que sí afecta es la delincuencia ordinaria. De esta forma, el delito no es la causa exclusiva que afecta a la sensación subjetiva de inseguridad de los ciudadanos: por una parte están los delitos ordinarios y por otra la de los comportamientos incívicos (ruido, incumplimiento de horarios, etc.).

Principales Problemas de Nuestro Modelo de Seguridad

1. España carece de políticas públicas para responder a la inseguridad ciudadana. Su actuación es reactiva y enfocada a la represión de delitos, pero poco más. Hay problemas que requieren la elaboración de políticas integrales y transversales, a través de programas y planes de actuación, que deben articularse con la participación de todas las administraciones públicas y no solo a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad.
2. Las funciones asignadas actualmente a las policías locales o resultan excesivas o suponen un importante desaprovechamiento de recursos. Existe un error al establecer las mismas funciones para todos los cuerpos de policía local.
3. Con el marco normativo actual no se ofrecen alternativas a los pequeños municipios para el adecuado ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. La mejor alternativa es posibilitar la mancomunización de servicios de policía local bajo determinados criterios, o bien generalizar la constitución de policías autonómicas con cierta dependencia funcional de los alcaldes en el ámbito rural.
4. No son proporcionales los recursos económicos que los ayuntamientos reciben del estado en relación a su contribución a la seguridad pública. Resulta absolutamente urgente y necesario desarrollar una política decidida de aportación de recursos económicos de la administración central y las comunidades autónomas a los ayuntamientos.
5. El modelo actual desprecia un elemento esencial para articular las políticas de seguridad pública: la participación ciudadana.