La Segunda República: Reformas y Oposición (1931-1933)
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La Constitución de 1931 permitía ejercer la industria, el comercio y la enseñanza. Se disolvía a los jesuitas sin citarlos y se establecía la posibilidad de nacionalizar los bienes de la Iglesia. El Artículo 27 garantizaba la libertad de conciencia y de práctica de cualquier religión, establecía cementerios civiles, etc. En conjunto, la Constitución era de talante claramente progresista y un texto que permitía el desarrollo de un sistema político abierto a la izquierda y la derecha. Fue atacada frontalmente por la Iglesia y por los partidos de la derecha, que convirtieron la cuestión religiosa en la principal causa de su rechazo.
El Bienio Reformista (1931-1933)
Tras las elecciones de diciembre de 1931, y como resultado de una alianza entre republicanos de izquierdas y socialistas, Manuel Azaña asumió la Jefatura del Gobierno hasta septiembre de 1933. Niceto Alcalá-Zamora fue reelegido Presidente de la República.
Este gobierno impulsó una serie de reformas fundamentales basadas en la propia Constitución:
La Reforma del Ejército
Estuvo dirigida a adecuar el número de efectivos militares a las necesidades del país, reduciendo el número de oficiales mediante el retiro con sueldo íntegro. Otras medidas buscaban someter al ejército al poder civil: Se suprimió el Consejo Supremo de Justicia Militar y se vinculó la enseñanza militar a la Universidad, dejando en segundo plano la Academia General Militar de Zaragoza.
Reforma Religiosa
Fue la que generó mayor oposición a la República. El problema se originó en la propia Constitución, provocando divisiones incluso dentro del gobierno. Se consideraba que la educación religiosa podía tener excesiva influencia y, por tanto, se prohibió la enseñanza por parte de las órdenes religiosas. A esto se sumaron leyes polémicas como la del divorcio o la supresión del presupuesto para el clero. Incluso se llegó a disolver la Compañía de Jesús y se obligó a otras órdenes religiosas a registrarse oficialmente. En definitiva, supuso la ruptura del Estado con la Iglesia.
La Reforma Agraria
Fue la más importante por su impacto en la economía española. En 1932 se aprobó la llamada Ley de Reforma Agraria, que se extendía por todo el país y sería aplicada por el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Sus principales problemas fueron la complejidad de la ley y la falta de medios para llevarla a cabo. Las consecuencias fueron graves para el gobierno: por un lado, los campesinos más impacientes vieron la revolución como única solución; por otro, los propietarios consideraron que se atentaba contra su estatus económico al desvalorizarse sus tierras ante la posibilidad de expropiación.
Junto a la ley anterior, se creó la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los terratenientes a contratar a los jornaleros de su término municipal.
La Cuestión Autonómica
La represión de los nacionalismos durante regímenes anteriores había agravado el problema. La Segunda República tuvo que afrontar este problema. En Cataluña, en septiembre de 1932, se aprobó el Estatuto de Autonomía, por el cual se reconocía un régimen autonómico para la región. La fuerza política más importante fue Esquerra Republicana, liderada por Francesc Macià. En el País Vasco no se logró aprobar un estatuto de autonomía durante este bienio. La fuerza política más importante era el PNV.
La Oposición al Bienio Reformista
El gobierno de Manuel Azaña tuvo que hacer frente a la oposición, fundamentalmente de monárquicos y anarquistas.
La oposición monárquica y de derechas aprovechó un período de fuerte tensión política para intentar un golpe de Estado. El 10 de agosto de 1932, el General Sanjurjo lideró este intento de golpe. Fracasó por haber sido preparado precipitadamente y sin asegurarse apoyos civiles suficientes.
Los anarquistas, por su parte, aprovecharon la impaciencia de los trabajadores agrícolas, sometidos a una mala situación laboral. La violencia y los altercados alcanzaron su punto álgido en 1933. El suceso más grave fue el 12 de enero de 1933 en el pueblo de Casas Viejas. En este lugar, la Guardia Civil llevó a cabo una auténtica masacre contra un grupo de anarquistas que se había hecho fuerte en el pueblo. Las consecuencias del escándalo fueron importantísimas, debilitando la imagen del gobierno hasta forzar la convocatoria de elecciones.