La Segunda República Española: Reformas y desafíos de un periodo transformador

Contexto histórico

Tras la proclamación de la Segunda República, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. Los grupos pro-reformistas de los partidos republicanos y el PSOE obtuvieron mayoría. Aprobaron la Constitución de 1931, que definía a España como un estado democrático, laico, con un presidente de la República, un gobierno responsable ante el Congreso, sufragio universal masculino y femenino, y una estructura unitaria del territorio con posibilidad de estatutos de autonomía.

Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la república y encargó a Manuel Azaña la formación del gobierno. Azaña optó por una alianza entre republicanos de izquierda y socialistas. Comenzó así el denominado bienio reformista (1931-1933), debido a las importantes reformas realizadas para transformar y modernizar las estructuras sociales, políticas y económicas heredadas de la Restauración, que se apoyaban en la oposición a los grupos oligárquicos que detentaban el poder. Estas reformas se vieron afectadas por la coyuntura económica de la II República, condicionada por el crack del 29, que dificultó la obtención de fondos para su financiación.

Reforma militar

En 1931, el ejército presentaba múltiples deficiencias estructurales (exceso de oficiales, equipamiento escaso y anticuado...). La necesidad de reformarlo era evidente, especialmente tras el desastre del 98. Azaña emprendió la reforma del ejército (iniciada durante el Gobierno provisional, siendo ministro de guerra) con el objetivo de eliminar el poder político de los militares, reducir el número de oficiales, cuerpos y unidades, y aumentar su eficacia.

Estas medidas, recogidas en la Ley Azaña, establecían: el juramento de fidelidad a la República; el sistema de retiros; la supresión de la ley de Jurisdicciones; la reorganización y modernización de las unidades militares; y la supresión de la Academia Militar de Zaragoza (considerada un nido de militares reaccionarios) dirigida por Franco. Los resultados globales fueron positivos, aunque la reforma no consiguió republicanizar completamente el Ejército y parte de la oficialidad mostró resentimiento contra el nuevo régimen. El gobierno no se atrevió a disolver la Guardia Civil y prefirió crear la Guardia de Asalto, una policía nacional leal a la República, para asegurar el orden público en las ciudades.

Cuestión religiosa

En la España de 1931 existía un fuerte enfrentamiento entre una Iglesia muy conservadora, que pretendía mantener su dominio ideológico, cultural y social, y una fuerte corriente anticlerical extendida entre republicanos y grupos de izquierdas. La Constitución de 1931, al establecer la libertad de cultos y la separación entre Iglesia y Estado, agravó el enfrentamiento. El Gobierno llevó a cabo una política de secularización: separación Iglesia-Estado, extinción del presupuesto del clero, libertad de cultos, secularización de los cementerios, matrimonio civil, divorcio, prohibición de enseñar a las órdenes religiosas… La Iglesia y la prensa católica consideraron estas medidas como una persecución anticlerical, y la confrontación entre Iglesia y República fue una de las claves del enfrentamiento de 1936.

Reforma educativa

La Constitución de 1931 establecía el enseñanza obligatoria, gratuita y laica para combatir las elevadas tasas de analfabetismo. El gobierno desarrolló un programa de escolarización con fuertes inversiones (creación y dotación de escuelas, formación del profesorado). También se atendió a la educación popular, buscando formar ciudadanos republicanos libres y responsables. Los intelectuales colaboraron en las Misiones Pedagógicas, llevando la cultura por pueblos y ciudades (ejemplo: García Lorca con el grupo de teatro La Barraca).

Reforma agraria

El gobierno planteó la necesidad de una reforma agraria para resolver los graves problemas del campo español, que no habían logrado solucionar los liberales del siglo XIX con sus procesos desamortizadores. En el sur de España existía una estructura latifundista, caracterizada por la abundancia de tierras y la miseria de los jornaleros. La Ley de Bases de la Reforma Agraria de 1932 planteaba la expropiación, con indemnización, de las tierras improductivas de los terratenientes. Para llevarla a la práctica, se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Los terratenientes, al perder su poder social sobre los jornaleros, intentaron entorpecer el proyecto. Los jornaleros, desesperados ante la lentitud y poca repercusión de la reforma, emprendieron movilizaciones inspiradas en las doctrinas anarquistas. La tensión se hizo evidente en el fracasado golpe de Estado del general Sanjurjo (1932), que contaba con el apoyo de los latifundistas andaluces, y en la matanza de Casas Viejas, provocada por la represión de una revuelta de jornaleros anarquistas.

Reforma de la estructura territorial

La reforma de la estructura territorial del Estado pretendía conceder estatutos de autonomía a las denominadas nacionalidades históricas, descentralizando la administración del Estado. Los catalanes lograron obtener su estatuto en 1932 (suspendido en 1934 durante el bienio antireformista y reposto por el gobierno del Frente Popular). Los vascos no consiguieron el suyo hasta 1936, ya que el propuesto inicialmente por el PNV y los carlistas fue rechazado por considerarse antirrepublicano. En Galicia, se tardó mucho en elaborar el estatuto de autonomía y, cuando los diputados del Partido Galeguista lo presentaron en 1936 (a cargo de Castelao), no llegó a ser confirmado por las Cortes debido al inicio de la Guerra Civil.

Reforma social

La reforma social (iniciada en el Gobierno Provisional) de Largo Caballero (secretario general del PSOE y UGT) trató de mejorar la situación de los obreros, fomentando reformas en las negociaciones de los contratos de trabajo, estableciendo seguros sociales y favoreciendo la actividad de los sindicatos. Estas reformas no contentaron a los obreros y jornaleros, pero molestaron mucho a los empresarios y terratenientes.

Limitaciones de las reformas

La puesta en práctica de las reformas se vio limitada por la inestabilidad política de la República y la oposición de la oligarquía, acostumbrada a ejercer el poder, que optó por organizarse electoralmente. Destacaron la CEDA de Gil Robles, que aglutinaba a los católicos y alfonsinos descontentos, y el partido fascista FE de las JONS de J. A. Primo de Rivera.