La Segunda República Española: Reformas, Constitución de 1931 y Tensiones Sociales (1931-1933)
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El Gobierno Provisional y las Primeras Reformas (1931)
El Gobierno Provisional de la República, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, convocó elecciones legislativas para el 28 de junio de 1931. En relación con el ejército, tradicionalmente vinculado a la monarquía, se ofreció a los generales, jefes y oficiales la posibilidad de jubilarse con el sueldo íntegro. Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, clausuró la Academia Militar de Zaragoza, entonces dirigida por el general Francisco Franco. Además, se anularon todos los ascensos por elección o méritos de guerra obtenidos durante la dictadura de Primo de Rivera, lo que generó malestar entre algunos sectores militares. Para mantener el orden público, se creó la Guardia de Asalto, un cuerpo de policía armada moderna y leal a la República.
La Cuestión Religiosa y la Tensión Social
El Vaticano inicialmente instó a los obispos a respetar la nueva situación política y a mantener la unidad de cara a las elecciones. Sin embargo, dos incidentes agravaron la relación entre la República y la Iglesia. El primero fue una pastoral del cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo, que contenía elogios al rey Alfonso XIII y términos que herían la sensibilidad republicana. El Gobierno solicitó su destitución, pero los obispos españoles respaldaron al cardenal Segura.
El segundo incidente, y más grave, fue la quema de conventos e iglesias en Madrid y otras ciudades el 11 de mayo, perpetrada por grupos incontrolados tras una provocación de jóvenes del Círculo Monárquico. Estos sucesos llevaron a muchos católicos a percibir a la República como un régimen hostil a sus creencias.
La Iglesia también se opuso a medidas como la implantación del matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios y la Ley de Congregaciones Religiosas, que establecía que los templos y monasterios pasaran a ser propiedad pública.
Reformas Sociales y Educativas
En el ámbito educativo, se decretó la creación de numerosas escuelas y plazas de maestros, con un incremento considerable de sus salarios. Se impulsó una ambiciosa reforma agraria con el objetivo de crear una clase de pequeños propietarios entre los jornaleros sin tierra, a expensas de los latifundios improductivos. Asimismo, el Gobierno legisló a favor de la jornada laboral de ocho horas.
La Constitución de 1931
Las elecciones del 28 de junio de 1931, consideradas las más transparentes celebradas hasta entonces en España, otorgaron la victoria a las fuerzas de izquierda y de centro. La nueva Constitución reflejó los valores laicos e izquierdistas de la mayoría parlamentaria: soberanía popular, un sistema unicameral, un Estado aconfesional, amplios derechos individuales y la posibilidad de autonomía para las regiones que lo solicitaran.
- Artículo 1: Define a España como una "República democrática de trabajadores de toda clase", proclama la igualdad jurídica de hombres y mujeres.
- Artículo 3: Establece la aconfesionalidad del Estado: "El Estado español no tiene religión oficial". Este artículo, junto con los artículos 26 y 27, prohibía a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Este anticlericalismo constitucional se basaba en la idea, extendida entre el republicanismo de izquierdas, de que la Iglesia era responsable del atraso de la sociedad española.
- Artículos 11 y 12: Reconocen la posibilidad de constituir regiones autónomas y el reconocimiento de las lenguas de España.
El Gobierno de Azaña y la Continuación de las Reformas
Tras ser elegido presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora encargó a Manuel Azaña la formación de Gobierno. El nuevo ejecutivo continuó con las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional.
La Reforma Agraria y la Agitación Social
La Ley de Reforma Agraria, sin embargo, no logró los resultados esperados en cuanto a la creación de nuevos propietarios. Este fracaso, atribuido tanto a la complejidad del problema como a la ineficacia administrativa, generó una profunda decepción entre los campesinos y, al mismo tiempo, alarmó a los terratenientes, que consideraban la ley como una medida revolucionaria. Esta situación provocó una creciente agitación social en el campo.