La Segunda República Española: Proclamación, Constitución de 1931 y la Crisis Final de la Restauración (1917-1923)

El Advenimiento de la Segunda República y la Constitución de 1931

El Gobierno Provisional y las Elecciones Municipales

A comienzos de 1931, el nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar había decidido convocar elecciones municipales para el 12 de abril. Sería el primer paso para la normalización política del país e irían seguidas después por otras elecciones provinciales y, finalmente, unas elecciones generales. Los republicanos, en coalición con los socialistas, decidieron convertir esa consulta en un auténtico plebiscito contra la monarquía.

Las elecciones municipales del 12 de abril y la proclamación de la República

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, mediante sufragio universal masculino. La participación fue muy alta (67%) y las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades y en la mayor parte de los núcleos industriales, mientras que en las zonas rurales el triunfo fue para los monárquicos. Pronto se hizo evidente que una buena parte del electorado había apostado por un cambio de signo.

El 14 de abril por la mañana, los concejales electos de la localidad guipuzcoana de Éibar proclamaron la República y, a lo largo del día, lo hicieron los concejales de otras ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla...). Al caer la noche, las manifestaciones a favor de la República se hicieron más numerosas.

Prácticamente sin apoyos, el rey Alfonso XIII suspendía deliberadamente el ejercicio del poder real y salía para el exilio, reconociendo a España como “única señora de sus destinos”.

En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron el Gobierno Provisional de la República. Presidido por el exministro monárquico Niceto Alcalá Zamora, proclamaron oficialmente el nuevo régimen desde la madrileña Puerta del Sol en un ambiente muy festivo.

La nueva República contó con un amplio apoyo popular (clases medias urbanas, obreros, jornaleros), pero también con la animadversión de los grandes propietarios agrícolas, la oligarquía financiera, parte del Ejército y la Iglesia.

La Constitución de 1931

El 28 de junio se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes. Las circunscripciones eran provinciales (para evitar el caciquismo) y se elegía un diputado por cada 50.000 habitantes. Se rebajaba la edad del voto a los 23 años. Las mujeres no pudieron votar, aunque sí podían ser elegidas. La participación fue del 70%; la mayoría de la abstención se dio en las zonas de influencia anarquista.

La conjunción republicano-socialista obtuvo una indiscutible victoria. El PSOE (115 actas), seguido por los Radicales Republicanos (90 actas), fueron las dos fuerzas más votadas en una cámara con 470 escaños. La derecha, desunida y desconcertada por los acontecimientos, obtuvo unos 50 diputados, una fuerza muy exigua comparada con su poder real en el país.

El ejecutivo, en manos de la coalición vencedora, ratificó en sus cargos al jefe del gobierno y al presidente de la República. Además, nombraron una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución, que fue aprobado en diciembre de 1931.

La Constitución de 1931 tenía un marcado carácter democrático y progresista, que se evidencia en el artículo primero del título preliminar, donde se define a España como “una República de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de Libertad y Justicia” y se establece que todos los poderes emanan del pueblo.

Los puntos esenciales de sus 125 artículos fueron los siguientes:

• El Estado se configuraba de forma “integral”, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
• El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara (Congreso).
• El poder ejecutivo recaía en el Gobierno, formado por el Consejo de Ministros y el Jefe de Gobierno, así como en el Presidente de la República (Jefe del Estado). El Presidente de la República (título V) tenía la consideración de Jefe del Estado. Era elegido de forma indirecta (las Cortes y una serie de compromisarios designados a tal efecto), representaba a la nación, nombraba al Presidente del Gobierno, tenía capacidad para declarar la guerra y firmaba los decretos.
• El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes.
• Se reconocía una amplia declaración de derechos y libertades. Se garantizaba la igualdad ante la ley, la educación, el trabajo y la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza.
• Se reconocía la facultad del gobierno para expropiar bienes de utilidad social.
• Se definía el trabajo como una obligación social.
• Se establecía el voto desde los 23 años y, por primera vez, se concedía el voto a las mujeres.
• Se afirmaba la laicidad del Estado, al no declarar ninguna religión como oficial (libertad de culto), la secularización de los cementerios y la supresión del presupuesto para el culto y clero. Además, se prohibía a las órdenes religiosas dedicarse al comercio, a la industria y a la educación. Se reconoció el matrimonio civil y el divorcio.

La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, pero fue aprobada por amplia mayoría (368 votos), aunque existían profundas discrepancias, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. Tras aprobarse, Manuel Azaña sustituyó en la Jefatura del Gobierno a Niceto Alcalá Zamora, y éste pasó a ser Presidente de la República.

La Crisis de la Restauración (1917-1923)

La Huelga General de 1917

En marzo de 1917, las centrales sindicales UGT y CNT acordaron firmar un manifiesto conjunto en el que se instaba al Gobierno a intervenir para contener los precios, bajo la amenaza de convocar una huelga general. El gobierno de Dato se negó y fue entonces cuando se formalizó la decisión de las izquierdas de llevar a cabo una huelga general que sería pacífica, extendida por todo el país y que se prolongaría lo que fuera necesario.

¿Cómo empezó la huelga? El 19 de julio se produjo en Valencia una huelga de ferroviarios y tranviarios que acabó en despidos por parte de la Compañía del Norte sin posibilidad de readmisión.

A partir de ese momento empezaron las consecuencias en cadena: huelgas en las principales poblaciones industriales; fuerte represión por parte del Ejército; muertos y heridos en Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias.

Pese a la durísima actitud del Ejército, la huelga tardó en ser dominada; en Barcelona duró 17 días. El balance fue de más de 70 muertos, dos centenares de heridos y aproximadamente 2000 detenidos.

El factor esencial para el fracaso de la huelga fue el Ejército. Los organizadores de la huelga pensaron en un primer momento que llegaría a inhibirse, pero éste actuó al lado del Gobierno y lo hizo para demostrar a todo el país dónde estaba la verdadera fuerza de orden y para dar testimonio de fidelidad a la Monarquía frente a los políticos. La huelga tuvo además unas notables consecuencias: debilitó aún más el régimen y en los años siguientes el sistema político de la Restauración entró en su crisis definitiva.

La Crisis Final del Sistema (1918 - 1923)

Tras la crisis de 1917 ya nada será igual. Se forman gobiernos de concentración (con participación de todos los partidos) que aportan todavía menos estabilidad. El más relevante fue el llamado Gobierno Nacional, impulsado por Maura en 1918, que configuró un gabinete con la participación de los líderes dinásticos (conservadores y liberales) y de los regionalistas catalanes (Lliga). Las diferencias entre partidos impidieron llevar a cabo las reformas, contener la inflación y restablecer el orden social.

A partir de 1918 se volvió al turno dinástico. Hasta 1923 el país conoció diez cambios de gobierno, y ninguno de ellos alcanzó el año de vida. A pesar de recurrir al fraude electoral, ningún partido reunía la mayoría parlamentaria para gobernar y fue constante la clausura del Parlamento.

Pero el panorama podía ser aún peor y el golpe de gracia lo da el desastre de Annual en la guerra de Marruecos, donde más de 12.000 soldados son masacrados por el líder rifeño Abd-el Krim.

El Desastre de Annual (1921)

En 1912 Francia y España habían firmado el Tratado de Fez por el cual se constituía formalmente el protectorado de ambas potencias sobre Marruecos. Desde entonces las operaciones militares se desarrollaron de forma intermitente en la zona española, que estaba habitada por las tribus más belicosas.

La explotación minera y la expansión ferroviaria animaron a los gobiernos a continuar con la ocupación.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Francia presionó a España para que se hiciera con el control efectivo del territorio asignado. De manera precipitada se hicieron los preparativos para concluir la conquista. Enfrente estaban las cabilas rifeñas de Abd-el Krim, conocedoras de las dificultades del terreno y expertas en el hostigamiento de las tropas españolas.

El comisario español en Marruecos, el general Berenguer, se encargó de ocupar la zona occidental. La zona oriental estuvo al mando del general Fernández Silvestre, que inició una ofensiva tratando de ocupar la región del Rif (entre Ceuta y Melilla) y llegar hasta Alhucemas donde los rebeldes tenían su refugio. Su avance, arriesgado dado la naturaleza del terreno, la escasez de agua y la deficiente preparación de las tropas españolas, chocó con la firme oposición de las cabilas rifeñas de Abd el-Krim, que habían decretado la guerra santa contra los infieles.

En julio de 1921, la vanguardia de las tropas españolas, que habían alargado de forma imprudente sus líneas de abastecimientos, se toparon con el ataque de los marroquíes en Annual. Rodeados y superados en número por el enemigo, los soldados españoles intentaron la retirada, que degeneró en una auténtica desbandada. La cadena de pequeñas fortificaciones españolas que se habían ido estableciendo los meses anteriores fue cayendo una tras otra.

Particularmente sangriento fue el episodio del sitio de Monte Arruit donde más de 3.000 españoles, tras haberse rendido, fueron asesinados por los rifeños. En total la matanza superó las 12.000 víctimas y las fuerzas de Abd el-Krim llegaron a las puertas de Melilla.

Los cuerpos quedaron abandonados insepultos. Cuatro años más tarde, cuando las tropas españolas reconquistaron la zona, la imagen que encontraron era apocalíptica. La conmoción en la opinión pública fue enorme, el prestigio del Ejército se vio seriamente dañado, y desde todos los sectores políticos de dentro y fuera del sistema se clamó pidiendo responsabilidades. Incluso se sugirió que el propio rey habría instado a Fernández Silvestre (muerto en la batalla) a asumir riesgos innecesarios con su ofensiva.

En agosto de 1921, Antonio Maura fue llamado de nuevo a presidir un Gobierno de concentración nacional. En las Cortes se abrió una comisión de investigación, presidida por el general Juan Picasso, que reveló un estado de corrupción y de ineficacia en el Ejército que despertó la indignación general (el Expediente Picasso).