La Segunda República Española: Del Gobierno Provisional al Bienio Reformista (1931-1933)

La Segunda República Española: La Constitución de 1931 y el Bienio Reformista

En abril de 1931, el gobierno del almirante Aznar convocó elecciones municipales con el objetivo de devolver paulatinamente a la monarquía de Alfonso XIII a la vida parlamentaria. Las fuerzas políticas y la opinión pública eran conscientes de que las elecciones eran en realidad un auténtico plebiscito sobre la continuidad de la desacreditada monarquía alfonsina. En las elecciones del 12 de abril, celebradas mediante sufragio universal, el número de concejales monárquicos y los pertenecientes a la candidatura conjunta republicano-socialista eran similares, pero la coalición triunfó en las grandes ciudades (en 41 de las 50 capitales de provincias). El gobierno no tardó en reconocer la derrota y entusiastas multitudes republicanas ocuparon las calles en Madrid, Barcelona y otras ciudades importantes. El gobierno (Conde de Romanones) y el mismo rey Alfonso XIII descartaron el recurso a las armas. Así que nadie se opuso a que se formase un gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, y que la Segunda República Española fuese proclamada el 14 de abril de 1931.

El Gobierno Provisional y las Elecciones a Cortes Constituyentes

El nuevo gobierno provisional estaba integrado por las distintas tendencias que se habían coaligado para acabar con la monarquía: desde la derecha republicana (Alcalá Zamora, Presidente; Miguel Maura, ministro de Gobernación) hasta los socialistas (Largo Caballero, ministro de Trabajo), pasando por republicanos de izquierda (Manuel Azaña, ministro de Guerra), o radicales que habían evolucionado hacia posiciones centristas (Alejandro Lerroux, ministro de Estado). Lo primero que hizo el gobierno fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Paralelamente, el gobierno comenzó a abordar algunas reformas urgentes:

• Decretó la amnistía para presos políticos y la libertad de partidos y sindicatos.
• Trató de reducir el número de oficiales del ejército.
• Inició negociaciones con catalanes y vascos para pactar una solución autonómica.
• Protegió a los campesinos expulsados de las tierras por no poder pagar las rentas.

Las promesas de cambio contaron con un amplio apoyo popular, pero también con la animadversión de los propietarios agrícolas, de parte del ejército y de la Iglesia. La quema de conventos (mayo, 1931) por masas anticlericales, que el gobierno no evitó, provocó una pésima impresión entre los sectores católicos. Las elecciones se celebraron el 28 de junio, fueron las más democráticas de las celebradas hasta entonces en la historia de España. Formaban parte del censo todos los varones mayores de 23 años. La participación fue alta (70,14%). La victoria fue de la coalición republicano-socialista (250 sobre 464 diputados). El cometido de estas nuevas Cortes era elaborar un nuevo texto constitucional para la República.

La Constitución Republicana de 1931

La nueva constitución representó un consenso entre los republicanos de izquierda y los socialistas, con algunas concesiones a los nacionalistas catalanes. Se trata de una constitución plenamente democrática, en la que todos los poderes emanaban del pueblo y quedaban reconocidos expresamente los derechos y libertades de los ciudadanos hasta un extremo nunca antes visto en España. El Estado era único e integral, pero admitía posibles autonomías regionales. La jefatura del Estado se atribuía al Presidente de la República; el poder ejecutivo correspondía al Presidente del Gobierno, que debía tener la confianza tanto del Presidente de la República como de las Cortes; el poder legislativo recaía en las Cortes unicamerales y elegidas por sufragio universal (por primera vez se incluía a las mujeres); la justicia era ejercida por jueces independientes sometidos solo a la ley. En materia religiosa, el Estado se declaraba laico, pero se reconocía la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión; aunque se prohibía a la Iglesia ejercer la industria, el comercio y –lo más conflictivo– la enseñanza. La propiedad privada de los medios de producción quedaba subordinada a los intereses de la economía nacional, por lo que se posibilitaban las nacionalizaciones de empresas o las expropiaciones de tierras mediante indemnización. En relación con la enseñanza, la cultura aparecía como una función primordial del Estado.

El Bienio Reformista (1931-1933)

Aprobada la Constitución (diciembre, 1931) se formó el primer gobierno constitucional, presidido por Manuel Azaña, e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y socialistas; éstos últimos ocupaban algunas carteras claves como la de Trabajo (Largo Caballero) y la de Instrucción Pública (Fernando de los Ríos). En un gesto conciliador, se cedió la Presidencia de la República al conservador Alcalá Zamora (hasta entonces presidente del gobierno provisional). El nuevo gobierno emprendió una política de reformas que pretendía transformar sustancialmente las estructuras del Estado y de la sociedad y que por ello despertó mucha oposición:

Reforma Agraria

Preveía la expropiación de los latifundios y su reparto entre los campesinos. Para ello se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) que debía establecer las indemnizaciones a pagar por las expropiaciones. El proceso era lento y el Estado apenas contaba con recursos para las compensaciones. En consecuencia, los resultados fueron escasos e insatisfactorios lo que decepcionó a los jornaleros, sin evitar por ello el malestar de los terratenientes.

Reforma del Ejército

Emprendida por Azaña con un doble objetivo: ganarse la fidelidad del Ejército para la República y reducir el excesivo número de oficiales. El Ejército dejó de encargarse del orden público y para eso se creó la Guardia de Asalto. Más de siete mil oficiales pasaron voluntariamente a la reserva, sin disminución de sueldo, pero no consiguió ganarse la simpatía del Ejército. Prueba de ello fue el pronunciamiento del general Sanjurjo (Sanjurjada) que pretendía acabar con el gobierno de izquierdas, pero fracasó en 1932.

Reforma Laboral

En la que se incluían avances notables como la jornada de ocho horas, el seguro de enfermedad, las vacaciones pagadas o los jurados mixtos. La CNT, sin embargo, aumentó su radicalización y su sector más extremo, la F.A.I., promovió insurrecciones.

Reforma Religiosa y Educativa

La República inició un amplio proceso de secularización: ordenó la disolución de los jesuitas y aprobó una ley que suprimía la subvención estatal a la Iglesia y cerraba los centros educativos católicos. La educación quedaba, pues, en manos del Estado que comenzó a formar maestros y a construir escuelas. Pero el gobierno de Azaña cayó antes de que se pusiera en vigor la ley. Además, se aprobaron otras medidas secularizadoras como la ley del matrimonio civil, el divorcio o la igualdad de los cónyuges. Para la República la difusión de la cultura se convirtió en una obligación fundamental y para ello contó con el apoyo fundamental de importantes intelectuales. En 1931 se creó la Agrupación al Servicio de la República en la que participaron intelectuales como Ortega y Gasset o Gregorio Marañón. Además, la preocupación por la educación motivó la creación de proyectos como el de las Misiones Pedagógicas que trataron de llevar la cultura al mundo rural (Ej. “La Barraca” de Federico García Lorca).

Reforma Territorial

Durante este bienio también se abordó la descentralización del Estado. En 1932 fue aprobado el Estatuto de Cataluña; en las primeras elecciones autonómicas venció Ezquerra Republicana, desde 1933 Lluis Companys se convertiría en Presidente de la Generalitat. El Estatuto vasco no fue aprobado definitivamente hasta 1936.

La Caída del Gobierno de Azaña

La política reformista provocó un fuerte desgaste político, el gobierno fue perdiendo prestigio y apoyos populares por la sucesión de enfrentamientos y por la difícil situación económica. La matanza de Casas Viejas (enero de 1933), terminó por provocar la ruptura de la coalición republicano-socialista. En Casas Viejas (Cádiz), los campesinos ocuparon fincas y el gobierno envió a la Guardia de Asalto para acabar con la insurrección. La represión fue brutal y trece campesinos fueron fusilados. El PSOE rompió con Azaña y la mayoría de los ciudadanos retiró su apoyo mayoritario al gobierno. Alcalá Zamora retiró la confianza a Azaña y convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.