La Reserva de Ley en Materia Penal y la Potestad Sancionadora de la Administración

La Reserva de Ley en Materia Penal

El TC ha señalado que el principio nullum crimen, nulla pena sine legem implica que, si no está legislado, no hay delito ni pena, y esto conlleva una doble garantía:

• Una material: exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes.
• Una formal: el rango de las normas tipificadoras de las conductas ilícitas y reguladoras de sanciones.

El TC ha indicado que el principio de legalidad, en materia penal, se traduce en la reserva absoluta de ley: la predeterminación de las conductas ilícitas y de las sanciones aplicables debe realizarse por una norma con rango de ley, y no en normas distintas o de rango inferior a las legislativas.

Además, el TC ha señalado que, como desarrollo legislativo de un derecho proclamado en la CE, el derecho a la libertad, la reserva absoluta de ley del art. 25 CE es reserva de ley orgánica, porque la consecuencia de la aplicación de la norma es una limitación de un derecho fundamental.

La Potestad Sancionadora de la Administración

La diferencia entre el ordenamiento sancionador penal y el administrativo es que la Administración es susceptible de revisión judicial; su decisión no es definitiva, ya que ante una extralimitación administrativa son los órganos judiciales los que tienen la última palabra.

La reserva de ley en materia penal es absoluta; sin embargo, cuando se aplica a la potestad sancionadora de la Administración, este principio no es tan estricto. Los límites al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración son:

1. En su contenido material: la CE prohíbe expresamente que las sanciones administrativas impliquen penas privativas de libertad. No pueden afectar al derecho a la libertad.
2. En los requisitos formales: obligación de respetar los derechos de defensa reconocidos en la CE. La Administración, por lo tanto, queda obligada a informar de la existencia de un procedimiento sancionatorio.
3. La potestad sancionadora de la Administración está supeditada a la autoridad judicial:
   • Está sometida a la revisión jurisdiccional.
   • Está limitada por la superioridad de las resoluciones judiciales.
   • Está limitada por la efectividad de la cosa juzgada.
   • Está limitada por el principio ne bis in ídem, que impide la duplicidad de sanciones.

También es imposible ejercitar la potestad sancionadora administrativa mientras se halle en curso un procedimiento penal, en sede judicial, por los mismos hechos, lo que supone la suspensión del procedimiento administrativo ya iniciado hasta que no se pronuncien los tribunales en el proceso penal.